Necesitamos nuevos indicadores para evaluar la política de drogas

Hubo revuelo esta semana porque los medios reportaron que Estados Unidos no seguirá monitoreando los cultivos de coca en Colombia. A mí esto me parece un momento interesante, casi que una buena noticia.

Por supuesto que debemos tener y conocer esta información, así como también debemos conocer las hectáreas cultivadas de café o cacao. Y la información la tendremos con los reportes que históricamente ha hecho el Simci de Naciones Unidas, y a la que los investigadores y el gobierno colombiano tenemos acceso para tomar decisiones y hacer análisis del contexto.

Así que seguiremos teniendo la información sobre cuánta coca hay en el país, aunque esta siempre se publica un año después. Actualmente estamos esperando el reporte del 2022.

Sin embargo, el anuncio es interesante porque puede abrir la puerta para discutir nuevos indicadores alineados con la estrategia antinarcóticos de la Casa Blanca presentada en octubre del 2021, como lo hemos discutido en un documento reciente con Luis Felipe Cruz (investigador de Dejusticia) y Lucas Marín (investigador del Cesed).

En la estrategia de Washington se determinaron tres objetivos: 1) reducción de la oferta, 2) seguridad y desarrollo rural integral, y 3) protección ambiental.

Con 22 millones de consumidores de cocaína en el mundo y un mercado ilegal que proporciona rentas e incentivos altísimos para quien participe en la comercialización, las intervenciones para reducir la oferta van a ser necesariamente limitadas. Así, en el contexto de la prohibición, las intervenciones deben considerar el uso eficiente de recursos minimizando los costos sociales.

En este contexto, más que en el número de hectáreas de coca cultivadas o erradicadas, el foco podría estar en: 1) lavado de activos, 2) cantidades incautadas de cocaína y 3) organizaciones criminales desarticuladas.

En las incautaciones de sustancias, por ejemplo, actualmente el foco está en otro lado. Se incauta más marihuana (¡regulada en 21 estados de Estados Unidos!) que cocaína, y las incautaciones de cocaína son en su gran mayoría pequeñas cantidades. De hecho, la cantidad incautada de cocaína ha caído en 18% entre 2022 y 2023, año corrido hasta mayo.

Más importante aún: si de lo que se trata es de solucionar problemas estructurales de la sociedad, los indicadores con los que medimos nuestro éxito en política de drogas deberían enfocarse en identificar el efecto en seguridad, desarrollo rural y protección ambiental de la política de drogas.

Estas son algunas propuestas de indicadores para estas dimensiones y para las cuales el Estado tiene la información o las metodologías para construirlos.

En temas de seguridad, las intervenciones deberían enfocarse en la protección de las comunidades, especialmente de los líderes sociales. Ahí podemos pensar en indicadores más interesantes:

1. Asesinato de líderes sociales en municipios afectados por la presencia de cultivos de coca.
2. Amenazas contra líderes sociales en municipios afectados por la presencia de cultivos de coca.
3. Veredas confinadas y desplazadas por grupos armados en municipios afectados por la presencia de cultivos de coca.
4. Enfrentamientos entre la fuerza pública y las comunidades.
5. Violación a los derechos humanos en regiones cocaleras.

Pero si se trata de atacar las causas estructurales de la presencia de los cultivos de coca, los indicadores de éxito deberían medir:

1. Dependencia económica de la economía cocalera (ingresos que dependen de la economía de la coca).
2. Índice de pobreza multidimensional de los hogares en regiones (veredas) cocaleras.
3. Mediciones territoriales, como estado de vías terciarias, números de centros de acopio, números de instituciones educativas, número de asociaciones productivas, entre otros.

La política de drogas no puede ser responsable de la política ambiental. Sin embargo, la expansión de la coca afecta los ecosistemas, y las intervenciones para controlarla han aumentado la deforestación. Ambas políticas deben coordinarse.

Así que nuevos indicadores en esta dimensión podrían incluir:

1. Número de hogares beneficiarios de Pagos por Servicios Ambientales en zonas afectadas por cultivos de coca.
2. Cobertura forestal en áreas previamente afectadas por los cultivos de coca.
3. Contención de cultivos de coca en zonas ambientalmente estratégicas.
4. Contaminación de fuentes hídricas.

Hay otros indicadores que deberíamos también discutir, como temas de confianza en las instituciones, justicia y proporcionalidad criminal.

Por supuesto, en la dimensión de la demanda debemos considerar indicadores de salud pública, orientados a la prevención del consumo temprano, indicadores de reducción de daños, acceso a medicamentos, y derechos humanos, temas que merecen otra columna.

Y todos los indicadores podrían pensarse en clave de población vulnerable, precisando las afectaciones para los pueblos étnicos, mujeres y otros grupos históricamente marginalizados.

En resumen, hay muchas cosas que discutir sobre cómo queremos medir la política de drogas. El dato de hectáreas cultivadas es importante. Sobre eso no hay discusión. Pero no es lo más importante ni lo único. No está claro por qué Estados Unidos dejó de medirlo: ¿va a sacar una nueva metodología? ¿No quiere replicar esfuerzos con monitoreos que otros están haciendo? ¿Está reorientando recursos al fentanilo? ¿Está pensando en nuevos indicadores para sus países aliados?

Quisiera pensar que es lo último. Pero, aunque esta no sea la razón y Estados Unidos aún no lo esté pensando, que esta sea la oportunidad para que al menos lo planteemos en el debate público nacional y pensemos en mejores indicadores para medir el éxito de la política de drogas.