Dos días antes de su posesión, Gustavo Petro se reunió con organizaciones sociales para consolidar un plan de protección para los líderes sociales durante su gobierno. El plan, sin embargo, todavía no aterriza. En el primer semestre de este año, 77 personas con diferentes tipos de liderazgo han sido asesinadas en 21 departamentos y 58 municipios del país.
Esto es 26 líderes menos que en el mismo semestre del 2022, que estuvo atravesado por la temporada electoral, y terminó con la muerte de 103 líderes sociales.
La Silla Vacía revisó la información del seguimiento que hicieron la ONG Indepaz, Human Rights Watch, la Defensoría y la JEP al asesinato de líderes sociales durante el primer semestre de 2023 para consolidar una base de datos propia sobre los líderes asesinados.
Para hacerlo, La Silla tomó la información de las cuatro bases de datos y revisó con sus investigadores los criterios utilizados en su elaboración para construir una propia con los líderes que coinciden en más de una base de datos. Además, de complementar esa información con reportería propia sobre cada uno de los casos para establecer qué tipo de liderazgo ejercían las víctimas. El resultado fue una base de datos que consolida la cifra de 77 líderes sociales asesinados hasta el 30 de junio de 2023.
La definición de líder social usada, para efectos de esta base de datos, a la persona que defiende una causa específica, vela por los derechos de su comunidad o denuncia la violación de sus derechos.
Estos son los principales resultados de esa revisión:
Cauca, Antioquia y Nariño son los departamentos más peligrosos para los líderes desde el año pasado
Arley Jaramillo Monsalve era un comerciante y líder social en Yarumal, Antioquia. Como amante del Deportivo Independiente Medellín, su labor como líder consistía en organizar a las barras en su municipio para que pudieran costear el viaje a los partidos del DIM. Además, organizaba donaciones de mercados para las familias de los barristas.
Fue asesinado en su casa en enero de este año, a sus 50 años de edad. Como él, hubo otros 9 líderes asesinados en el departamento de Antioquia, el segundo más peligroso para ser líder social.
El primer departamento con más muertes es Cauca con 20 asesinatos, el doble de Antioquia que registró 10. Estos dos departamentos y Nariño se han posicionado como los más peligrosos para los líderes sociales desde el balance del año pasado. Durante este semestre, el 47 por ciento de los asesinatos de líderes tuvieron lugar en Cauca, Antioquia y Nariño.
“En el Cauca hay distintas dinámicas que explican el asesinato de líderes. En el norte del departamento está relacionado con la represión de las disidencias de las Farc contra los indígenas, quienes se resisten al control territorial de estos grupos armados”, explica Juan Pappier, subdirector en funciones de Human Rights Watch para las Américas.
Para Ana Gimena Sánchez, directora regional para los Andes de la Oficina de Washington para América Latina (Wola), la violencia contra los líderes en el Cauca se explica porque “es una zona en donde se concentran múltiples actores, que buscan tener control sobre rutas de narcotráfico”, explica.
En Antioquia hay varias dinámicas del conflicto que amenazan la vida de los líderes. “Por un lado, algunas tienen que ver con un ejercicio de gobernanza del Clan del Golfo, otras con el conflicto entre el Clan y facciones de las disidencias de las Farc”, asegura Pappier.
En Nariño, hay un conflicto entre las disidencias del Estado Mayor Central, liderada por “Iván Mordisco”, y la Segunda Marquetalia, que encabeza “Iván Márquez”. Además, hay dinámicas de conflicto relacionadas con la zona fronteriza y el narcotráfico.
“En el Pacífico nariñense, por ejemplo en Tumaco, no ha cambiado nada en este año que lleva el gobierno”, le dijo a La Silla un líder indígena de la zona, que pide no publicar su nombre por seguridad. “Fuimos los líderes quienes impulsamos al presidente porque queremos un cambio de país, pero no hemos visto resultados”, agrega.
El ELN tiene presencia en el 72% de los municipios donde mataron líderes
William Vargas, de 22 años, era miembro de la guardia indígena Kiwe Thegnas del norte de Cauca. Murió en medio de un enfrentamiento entre las disidencias de las Farc y el ELN en Jambaló, Cauca, en mayo pasado. Quedó herido en la emboscada de las disidencias y murió en el centro de salud al que lo llevaron.
El caso de Wilson Bomba Piamba es parecido. Era concejal de Caldono, Cauca, y comisario del cabildo y lo mataron hombres armados el mismo día que se registró un enfrentamiento entre las disidencias de la columna Dagoberto Ramos (que hace parte del Estado Mayor Central) y el ELN, en marzo.
Tanto con el ELN como con el EMC hay acercamientos dentro de la política de “paz total” del gobierno Petro. La mesa de diálogos con el ELN ya logró un cese al fuego inédito y con el Estado Mayor Central, a pesar de que fracasó el cese al fuego bilateral, ya está conformado el equipo negociador que encabezará Camilo González Posso, director de Indepaz.
Aunque los ceses al fuego reducen la confrontación entre estos grupos y el Ejército, los enfrentamientos que persisten entre ellos dejan en la mitad a la población civil. Así sucede en el departamento del Chocó, en donde los combates entre el ELN y el Clan del Golfo han causado el desplazamiento y confinamiento de 9 mil personas en el último mes y medio.
El ELN hace presencia en la mayor parte de los municipios en los que asesinaron líderes. Aunque eso no significa que es responsable, sino que es el grupo criminal con mayor presencia entre los municipios peligrosos para los líderes. El Estado Mayor Central (EMC) y el Clan del Golfo le siguen con presencia en el 60 por ciento de los municipios en donde asesinaron líderes.
Cauca y Nariño también padecen esos enfrentamientos. “El Estado Mayor Central lleva más de año y medio bajando del Cauca hacia Nariño, y la Segunda Marquetalia ha recogido a disidencias que surgieron en la zona inmediatamente después del acuerdo de paz. Eso ha agravado la situación. Los líderes sociales quedan en el medio o son acusados de apoyar a un bando o al otro”, explica Pappier de Human Rights Watch.
En los departamentos del Pacífico la influencia de los grupos ilegales lleva incluso a que organizaciones, como las guardias indígenas, sean presionadas o reclutadas en las filas de los grupos. “Los actores armados llegan a presionar, a reclutar a las comunidades indígenas, a tomarlos a su favor, a obligarlos a tomar el bastón para que los protejan”, cuenta un líder indígena de la región.
“Estos compañeros que aparecen asesinados, a veces, toman un camino erróneo. Si un miembro de la comunidad decide irse a los grupos armados, salen de la comunidad. Eso no significa que toda nuestra guardia indígena esté relacionada con actores armados, pero sí hemos visto casos”, agrega.
La violencia contra los líderes indígenas “está desbordada”
José Taicus Pascal tenía tan solo 16 años. En la guardia indígena del resguardo Awá Alto Albi, ubicado en el municipio de Tumaco, Nariño, los jóvenes empiezan su proceso de formación en la guardia durante la adolescencia.
“Ser líder social en esta zona es un delito”, dice un indígena del mismo municipio, que pide no publicar su nombre por la compleja situación de seguridad que viven en Tumaco. En marzo, Taicus fue abordado por hombres armados durante un evento familiar en zona rural de su resguardo. Es el líder más joven de todos los asesinados durante este semestre.
Marlon Hernando García Pascal tenía 19 años. Él era miembro de la guardia indígena del resguardo Awá El Gran Sábalo, también ubicado en Tumaco. Fue asesinado en su casa por hombres armados, aunque no se tiene mucha certeza sobre quiénes lo mataron.
Tres de los cinco líderes asesinados en Tumaco en lo que va del año son indígenas como Taicus o García. Por esa razón, el 7 de marzo de este año, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 008-23, que no solo va para Colombia sino también para Ecuador porque busca llamar la atención sobre los riesgos a los que está expuesta la Familia Binacional Awá, que se distribuye en los dos países. En Colombia están en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo.
“Como guardia indígena, yo defiendo mi territorio y no permito que la ilegalidad y los grupos armados atenten contra nuestro territorio”, cuenta el líder indígena de Tumaco. “Por defender la vida lo señalan a uno, más si uno pertenece a la guardia indígena”, explica.
“Ha habido mucha estigmatización contra la guardia indígena”, dice Sánchez, de Wola. “Los Awá han sido víctimas de muchas masacres, pero suceden en zonas muy remotas, en donde estas situaciones ocurren con menos escrutinio público y mayor impunidad”, agrega.
Como contó La Silla, el gobierno Petro no ha logrado cambiar la situación de los Awá. “Acá se han hecho consejos de seguridad, un PMU por la vida, dos veces ha venido la vicepresidenta y nada ha funcionado”, dice el líder Awá, quien votó por Petro, de quien esperaba que “fortaleciera” la guardia indígena.
En el 45% de los municipios donde asesinaron a un líder hay coca
Enrique Tombé era profesor de un colegio en la vereda Navarro, en el corregimiento de Pueblo Nuevo en El Tambo, uno de los municipios con más cultivos de coca del Cauca. La región del Pacífico concentra casi 90 mil hectáreas de coca, según los últimos datos de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito. Aunque no había recibido amenazas, su cuerpo fue encontrado con el de su esposa en una fosa común del municipio en junio.
Casi al otro lado del país, José Antonio Santiago Pérez corrió con la misma suerte en el municipio de Tibú, Norte de Santander, el segundo con más hectáreas de coca sembrada en Colombia. Él era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Socuavo y delegado de la Federación de las JAC para Norte de Santander.
Con ellos, 35 líderes sociales en todo el país han sido asesinados en municipios en donde hay coca sembrada, lo que corresponde al 45 por ciento de los territorios en donde mataron a un líder.
Esta cifra es una reducción mínima en comparación con el balance del año pasado, según el cual en el 50 por ciento de los municipios en donde asesinaron a líderes, había coca.
Esta reducción, aunque pequeña, tiene relación además con la crisis que viven las economías cocaleras en el país. Como reveló La Silla en esta nota, cultivadores de coca, el eslabón más vulnerable de la cadena, no logran ni vender una arroba de hoja, ni un kilo de pasta base hace meses. Detrás de esta crisis, estaría la sobreoferta de la coca, que aleja a los líderes de esa economía ilícita.
“La coca está bajando, no el cultivo, sino el negocio y la comercialización”, explica Leonardo González, coordinador de la ONG Indepaz. “El narcotráfico ya no es la economía de guerra por excelencia, ahora, los grupos criminales le apuestan a otras como la minería ilegal, la extorsión o, incluso, el secuestro”, agrega.
Otra reducción en comparación con el año pasado es el asesinato de líderes de sustitución de cultivos ilícitos. El año pasado mataron a 10 de esos líderes, mientras que en la primera mitad de este solo hay uno.
Su nombre era Jorge Luis Jaraba Plata y era integrante de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) y era parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Uso Ilícito (Pnis). Era padre de cuatro hijos y fue asesinado en Tierralta, Córdoba.
El 76% de municipios que reportó líderes asesinados votó para elegir las curules de paz
Joan Marcelo Montaño era miembro del grupo “Activos y Pendientes” en Buenaventura, con el que hacía veeduría y denuncias sobre corrupción y seguridad en el municipio. Murió en un atentado sicarial en mayo.
Yenifer Córdoba Henao era candidata al Concejo de Miraflores, en el Guaviare con el aval del Polo Democrático y el movimiento Vamos por los Derechos. Además, hacía parte de la Junta de Acción Comunal y del Comité de Tierras de la inspección Barranquilla del municipio, con las cuales hacía veeduría de la deforestación en la región.
Los dos tienen en común además que hicieron campaña y votaron por un representante que ahora ocupa una de las circunscripciones transitorias especiales de paz. Esas 16 curules nacieron del acuerdo de paz con las Farc para que en el Congreso hubiera representantes de los territorios víctimas de la violencia.
El 20 de junio marcó el final de la primera legislatura en donde participan estos representantes. Pero este balance demuestra que “siguen asesinando allí, siguen siendo los municipios más amenazados, en donde hay más enfrentamientos, o siguen siendo municipios en disputa”, dice González, de Indepaz.
Una pregunta que ha surgido con la creación de las curules de paz es sobre la efectiva representatividad de las víctimas. Para González, “no todas las víctimas están representadas, pero es que no todas las víctimas están agrupadas en una misma asociación”, dice.
Hay casos notables que no representan a las víctimas. Como William Romero, quien representa a las víctimas de la Sierra Nevada, pero es conocido en el departamento del Cesar por ser la mano derecha de Cielo Gnecco, la matrona de ese clan político. O James Hermenegildo Mosquera, quien fue elegido para representar a las víctimas del conflicto del Chocó, pero está siendo investigado por fraude en su registro de víctimas.
Los líderes comunitarios y políticos son los más amenazados
Henrisol Mora Rodríguez era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guavarín, en Tame, Arauca. Era delegado de Asojuntas por el municipio y miembro de la Asociación Campesina Manantiales (Asocam). Murió en un atentado en la vereda de Santo Domingo.
Como él, 39 líderes comunales fueron asesinados en esta mitad del año. Los comunales son el grupo de líderes más amenazados y representan el 49% de los asesinados, seguidos por los líderes sociales con el 27 y los étnicos con el 21 por ciento.
Sergio Luis Castro hacía parte de la Colombia Humana y era precandidato al Concejo de Tibú, en Norte de Santander. Venía denunciando presuntas irregularidades en temas de contratación pública, pero fue asesinado por sicarios en su casa en mayo. Castro es uno de siete líderes asesinados, que tenían pensado participar en las elecciones regionales de octubre.
“Cada vez que se acercan las elecciones, que hay más movimientos electorales, los grupos armados tratan de ejercer control territorial”, explica González, de Indepaz. “Parte de ese control territorial es obligar al elector a que vote por algún candidato u obligar a alguno a que no se presente”, concluye.
Una de las principales conclusiones del balance del año pasado es que la temporada electoral es la más peligrosa para los líderes sociales.
Este año, el primer semestre cerró con 77 muertes, pero al gobierno aún le falta hacerle frente a la seguridad durante la campaña para las regionales, en la que ya se reporta la influencia de los grupos armados para impedir la inscripción de cédulas o intimidar a candidatos que no sean afines a ellos.
