Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Siempre he creído en una sociedad que respeta el sistema democrático y abandera la participación ciudadana como un valor fundamental en la construcción de un mejor país. En Colombia hay muchas personas que trabajamos en pro de ello y que buscamos que, cada día, la ciudadanía pueda formarse políticamente de una mejor manera. Asimismo, visualizo el día en que los tomadores de decisión y representantes sean realmente transparentes y coherentes con sus representados.
Lo que sucedió esta semana con la aprobación del Presupuesto Nacional en el Congreso, que incluía un artículo para modificar la Ley de Garantías, amilana esa visión.
Es un hecho que deslegitima la confianza en las instituciones públicas, envía un mensaje erróneo a la ciudadanía, restringe la representación y deja en firme la falta de garantías para los procesos de elección popular.
Por donde se vea, es una vulneración directa a los derechos de los colombianos; es un reflejo de cómo se maneja el poder en nuestro país, un poder que busca mantenerse sin importar si va en contravía de la sociedad y sus votantes.
Que esto suceda en uno de los momentos en que la ciudadanía más se ha movilizado en la historia de nuestro país solo demuestra la incapacidad del Estado y de los políticos para asegurar condiciones democráticas para la participación de todos los colombianos.
La Ley de Garantías significaba un paso enorme hacia la transparencia y lucha contra la corrupción; su esencia era prohibir que alcaldes, gobernadores, secretarios y directores de entidades estatales entregaran contratos a cambio de votos.
Por eso, en términos prácticos, la aprobación de esta modificación mina el espíritu de la democracia y la Constitución al seguir profundizando el desmonte de los pesos y contrapesos, un sistema que nos ha permitido ampliar la participación política y la protección de las minorías.
Esta modificación lleva al favorecimiento de algunos en el proceso de participación y representación de los ciudadanos y ciudadanas en las contiendas electorales.
Quitar la Ley de Garantías, reitero, significa validar el hecho de que los intereses partidarios y personales están por encima de las reglas de transparencia. Y no, no vamos a dejar que esto pase, pues es realmente la ciudadanía de Colombia la que terminará perdiendo.
Esto es un llamado claro y directo a las instituciones para que ejerzan un control constitucional y un llamado a la coherencia a quien deberá sancionar la ley en las próximas semanas.
No es posible que sigan empecinados en atropellar a la ciudadanía. Hoy les decimos que estamos más despiertos que nunca y que llegó el momento en que todas las personas en el país puedan alzar su voz.
Por esto no vamos a descansar y seguiremos generando diferentes espacios de difusión, participación y construcción colectiva en la sociedad.
