¿Para dónde va el Gobierno en la lucha contra el hambre?

El Gobierno Petro-Márquez empezó con el gran objetivo de poner los temas de hambre cero y seguridad alimentaria como elementos de primer nivel en su agenda. Sin embargo, esa visión, que se trazó durante la campaña, que enfatizó en su discurso de posesión y que se llevó a escenarios internacionales de alto nivel, contrasta con el vacío y desarticulación de sus primeros meses de gobierno. Hasta ahora no se están construyendo las bases de largo plazo para erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria. 

La meta más clara que se había propuesto el Gobierno en esta área, que en Colombia no murieran niños de hambre, ya se incumplió. Desde el 7 de agosto hasta mediados de diciembre, y solo en la Guajira, han continuado las muertes de niños por desnutrición. Esto es inaceptable y, además, un hecho que el mismo Petro calificó como un fracaso para el Gobierno.

Desde su posesión, el Gobierno ha lanzado una serie de estrategias y programas que parecieran no tener coordinación entre sí y, aún más preocupante, no tienen metas claras. Además, es alarmante que la implementación de esas estrategias no esté basada en evidencia. Hasta ahora su accionar ha sido más reactivo y de emergencia que una estrategia de largo plazo que permita llegar a hambre cero y a garantizar el derecho a la alimentación a la población colombiana.

¿Qué ha hecho entonces el Gobierno con relación a su promesa de lucha contra el hambre?

Baja participación de las juntas de acción comunal en las ollas comunitarias

El pasado primero de noviembre y ante la declaratoria de situación de desastre nacional por la temporada de lluvias, el Gobierno anunció que a través del Ministerio de Interior realizaría la transferencia de recursos a las Juntas de Acción Comunal de todo el país para la realización de ollas comunitarias. Su objetivo es garantizar acceso a alimentos al menos dos veces al día a través de la contratación de las juntas de acción comunal con el gobierno en lo que han denominado alianzas público-populares.

Esta estrategia al parecer se quedó corta desde su etapa temprana. En el país existen aproximadamente 45.000 Juntas de Acción Comunal, pero a comienzos de diciembre solamente 120 habían respondido a la convocatoria, según dijo Petro.

La estrategia genera varias preguntas. ¿Qué cobertura tendrá la estrategia de ollas comunitarias? ¿Cuál es el estimado de personas en situación de inseguridad alimentaria ocasionada por la temporada invernal y cuántas ollas se necesitan para atender la emergencia? Si bien las ollas comunitarias pueden garantizar un componente clave, que es el acceso, ¿cómo se van a garantizar los componentes de inocuidad y de nutrición de la estrategia?

Aunque la idea descentralizar la estrategia para atender el hambre en situaciones de contingencia en principio es buena, es incierto si las juntas tienen la capacidad de ejecutar recursos de emergencia. Y aún más, no es claro si van a poder responder rápidamente como es requerido, teniendo en cuenta su capacidad y los trámites administrativos que exige el Estado.

Un programa que ni es de choque ni ataca directamente el hambre

Aunque en su programa de Gobierno Petro y Márquez se habían comprometido a implementar un plan de choque contra el hambre desde el 7 de agosto, este solo empezó cuatro meses después, el 7 de diciembre, y al parecer sin una perspectiva integral.

El Plan de Choque Contra el Hambre fue presentado en rueda de prensa por Prosperidad Social, y consiste en una transferencia extraordinaria de $500.000 para beneficiarios de los programas de Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción y Familias en Acción. La transferencia se realizará adicionalmente a alrededor de 300.000 personas que no estaban inscritas en ninguno de los programas sociales y que están en condición de vulnerabilidad.

El plan no es de choque, pues es una estrategia que se viene desarrollando desde hace años a través de los programas sociales de Prosperidad Social. Además, no mapea las regiones del país en la que la situación de inseguridad alimentaria es más grave y no distingue entre temas de acceso, calidad o nutrición.

Las transferencias monetarias son una estrategia efectiva para atender situaciones críticas de hambre y desnutrición, en especial en lugares donde funcionan los mercados y hay condiciones para el acceso de alimentos a través de su compra. Estas, sin embargo, no pueden constituirse como la única forma de atender el hambre y la inseguridad alimentaria, pues no están atendiendo los problemas estructurales y las transformaciones que se requieren en los sistemas agroalimentarios.

De este plan no existe un documento que le cuente al público cuáles son sus estrategias de corto, mediano y largo plazo, ni que muestre cómo se le va a hacer seguimiento y monitoreo a su implementación. Tampoco se sabe si hay una coordinación entre Prosperidad Social y el Ministerio de Interior o si son programas que van completamente aparte.

Un Puesto de Mando Unificado

El hambre y la desnutrición en la Guajira no son una sorpresa ni una situación que haya aparecido de la noche a la mañana. Esto es algo que desafortunadamente se ha ido arraigando en la región desde hace años. Tristemente nos hemos acostumbrado a las recurrentes noticias de muertes de niños asociados a desnutrición en esta zona del país.

Ante la trágica noticia de la muerte por causas asociadas a la desnutrición de varios niños en lo que va de este gobierno, el presidente Petro junto con el Icbf instaló un Puesto de Mando Unificado para atender el hambre en La Guajira. Poco después hicieron un anuncio de la llegada de raciones extra de Bienestarina y la ampliación de la cobertura del Icbf en la región.

La pregunta es si después del los Diálogos Regionales Vinculantes de la Guajira, que ya se habían realizado en los meses anteriores, y con el conocimiento de la sentencia T-302 de la Corte Constitucional sobre la garantía del derecho a la alimentación a la salud y al agua el gobierno no se había enterado de la situación en este departamento. 

Aún después de la instalación del Puesto de Mando Unificado en la Guajira, la pregunta es qué va a pasar en los otros departamentos donde también hay numerosos casos de muertes asociados a la desnutrición. Chocó, Cesar y Bolívar son departamentos con casos muy graves. ¿Van a instalar Puestos de Mando Unificado allí también? ¿Cuál va a ser la estrategia a nivel nacional?

Entonces, ¿para dónde va el Gobierno en su “lucha frontal contra el hambre”?

La pregunta que muchas personas nos estamos haciendo es: ¿para dónde va entonces el Gobierno en materia de alimentación? Lo que hemos visto en estos primeros meses es que, ante la falta de una visión, las acciones y estrategias que se están implementando son reactivas, de corto plazo y sin articulación.

Las bases del Plan Nacional de Desarrollo que se compartieron recientemente ofrecen una visión más articulada en la lucha contra el hambre y la garantía del derecho humano a la alimentación que contrasta —como contrastan los discursos del Presidente— con lo que se ha hecho durante los primeros meses de gobierno. Allí se abordan, con más integralidad, temas de productividad agropecuaria, infraestructura, nutrición y monitoreo. Solo podemos esperar que lo que se propone en ese documento oriente la acción de los próximos meses y años de este Gobierno.

Un compromiso decidido por el hambre y la seguridad alimentaria debería empezar por rendir cuentas sobre la ausente Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ensin), reactivar el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y reconocer la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan) como el ente rector de la política y máxima autoridad de seguridad alimentaria en Colombia.

Aún más importante, se necesita liderazgo y trabajo articulado. Si el presidente está tan preocupado por el hambre y la seguridad alimentaria del país, él mismo debería ser quien lidere las estrategias de acción gubernamental contra el hambre. Así mismo, ningún ministerio ni agencia del Gobierno podrá por si sola implementar un programa exitoso para acabar con el hambre en el territorio nacional. Este trabajo requiere trabajo interinstitucional y coordinación del más alto nivel que se refleje y que produzca resultados en el territorio para las personas que más lo necesitan.

La mayor tragedia de nuestro país es que en nuestro territorio no hagamos lo suficiente para impedir que niños y niñas mueran por desnutrición. En el país de la biodiversidad, del agua y de la producción agropecuaria, nadie, absolutamente nadie, debería pasar hambre y, mucho menos, morir a causa de ello. La lucha frontal contra el hambre y la seguridad alimentaria necesita liderazgo y determinación política. Pero también necesita de una participación activa de la sociedad civil y del sector privado.

El Gobierno está a tiempo de corregir el rumbo.