La marca insigne de Rodolfo Hernandez, la lucha contra la corrupción, aterriza de dos formas en su plan de gobierno. Por un lado, con propuestas de austeridad, recortando gastos o priorizando la inversión en lo que, a juicio de Rodolfo, es más importante. Por otro lado, con propuestas para dar recompensas a cambio de denuncias por corrupción y ser más estrictos con la aplicación de sanciones.
Como parte de esta serie sobre las propuestas principales de los candidatos, hablamos con nueve expertos en materia de transparencia, de relaciones internacionales y poder judicial para pasarle el carretómetro a sus principales propuestas anticorrupción. Buscamos ampliarlas con su equipo programático, pero según informó su campaña no hay, y las propuestas vienen “de la cabeza del ingeniero”.
Con la limitación de hacer análisis de propuestas muy escuetas, los expertos encontraron que algunas son cumplibles pero poco ambiciosas. Otras, en cambio, requieren del Congreso y su voluntad política. Y otras más, bordean la ruptura de la separación de poderes.
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El Carretómetro evalúa dos aspectos de las propuestas de los candidatos: si son innovadoras y si son logrables.
Después de investigar a profundidad sobre el tema, puede haber cuatro resultados:
- Transformadoras: las que son innovadoras y logrables.
- Carreta: las que son innovadoras, pero no logrables.
- Aterrizadas: las que son poco innovadoras y logrables.
- Pfff: las que son poco innovadoras y además, tal como están planteadas, no son logrables.
Crear un instituto anticorrupción
Propuesta: “Crear un instituto virtual que le devuelva a los colombianos el dinero robado. La idea es recompensar la denuncia ciudadana hasta con el 20 % de lo recuperado”.
Calificación: Aterrizada
En Colombia ya existen mecanismos y entidades que se encargan de recuperar la plata perdida por corrupción, por lo que la propuesta no es ambiciosa.
Está la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, una entidad que defiende los intereses del Estado y los recursos públicos (sus resultados no son visibles, porque los litigios que sostiene tardan años y además solo tiene cerca de 120 mil millones de presupuesto anual y de esos solo 14 mil millones son para invertir en defensa jurídica, el resto es funcionamiento).
En cuanto a los mecanismos, hay de todos los colores. Por ejemplo, en 2011 el Estatuto Anticorrupción reactivó la Comisión Nacional de Moralización, que coordina acciones conjuntas entre las ramas del poder público y los organismos de control.
En 2015, los entes de control hicieron un convenio para investigar actos de corrupción e intentar recuperar plata a través de multas o acciones de reparación. En 2018 el entonces presidente Juan Manuel Santos creó el Comando Anticorrupción para investigar casos de corrupción con más herramientas de inteligencia.
En 2020 Iván Duque lanzó la creación de un Bloque de Búsqueda contra los Corruptos y su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez impulsó la ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la corrupción, firmada en enero pasado. Esa ley contempla la creación de un fondo administrado por la Procuraduría para indemnizar a las víctimas de los hechos de corrupción.
Lo que sí resulta transformador de su propuesta es recompensar la denuncia ciudadana. En otros países como Estados Unidos hay casos de éxito con ese tipo de medidas. El False Claims Act gringo es una de las normas pioneras en ese sentido y otorga recompensas económicas a quienes denuncien y ofrezcan información de movidas fraudulentas contra el Estado. Gracias a esa norma, el Gobierno estadounidense ha recuperado más de 3.500 millones de dólares anuales en los últimos cuatro años, según el Departamento de Justicia.
Y aunque la propuesta de Hernández no especifica de dónde saldría la plata de las recompensas, sí insinúa que sería de lo recuperado. El director del Instituto Anticorrupción (una ONG que trabaja detectando e investigando macro casos de corrupción), Camilo Enciso, ha promovido el sistema de recompensas en el pasado, pero advierte que mal reglamentada puede ser un arma de doble fijo. Para él, podría estimular un fenómeno de cazarrecompensas y no una verdadera lucha contra la corrupción.
“Pagarle plata a un denunciante con la plata del Programa de Alimentación Escolar recuperada sería un incentivo perverso. Lo ideal sería ofrecer la recompensa sobre la base de las multas que se le impongan a los corruptos”, dijo Enciso.
En todo caso, esta propuesta ya se cayó en el Congreso en 2018. En medio de la discusión del proyecto de Ley de Protección de Denunciantes, uno de los primeros artículos que el Congreso desechó fue justamente el de las recompensas.
Promover las veedurías ciudadanas
Propuesta: “Incentivar las veedurías ciudadanas, facilitándoles elementos de trabajo. Se les pagará recompensa por el dinero que se recupere de los políticos corruptos que denuncien. Dejarán de ser mal tratadas y sus recomendaciones tendrán que ser atendidas con prontitud”.
Calificación: Transformadora
Hernández parte de que en Colombia las veedurías, que son una herramienta de participación y control ciudadano sobre las actuaciones del Estado, son ninguneadas. Aunque desde 2015 existe una ley que regula su funcionamiento e incluso contempla una red de acompañamiento por parte de organismos de control, Ministerio de Interior y la Defensoría del Pueblo para capacitar o apoyo legal, en la práctica los veedores se enfrentan a falta de recursos, amenazas y también politización.
“La responsabilidad de la investigación y la denuncia pública que asume el veedor puede ser considerado un factor de riesgo. Abundan casos en los que veedores municipales o distritales se ven amenazados por ejercer sus funciones”, dice Ginny Varela, abogada y académica que ha estudiado los mecanismos de participación ciudadana.
De modo que materializar con plata el acompañamiento que se supone las veedurías deben recibir por parte del Estado, según los expertos con los que hablamos, puede resultar transformador.
Además de plata, en su programa de Gobierno Rodolfo no especifica qué elementos de trabajo buscaría facilitarle a los veedores, eso podría estar dirigido a suplir las necesidades más básicas de los veedores, como sacar fotocopias, impresiones o gastos de transporte que hoy salen de recursos propios.
En todo caso, Pablo Bustos, el presidente de la red Nacional de Veedurías Ciudadanas, que agrupa cerca de 600 veedurías, afirma que el simple hecho de que el programa de Gobierno de Rodolfo Hernández las tenga en cuenta, ya es relevante:
“Ningún otro programa ha hecho siquiera mención de ellas, cuando son el único mecanismo ciudadano de lucha contra la corrupción, el más reconocido de la sociedad civil”, dijo.
Poner en cargos diplomáticos a colombianos que viven en el exterior
Propuesta: “Ocupar la mayor cantidad posible de cargos diplomáticos y consulares con los mismos colombianos que viven en el exterior”.
Calificación: Carreta
Fiel a su lógica empresarial que busca el máximo ahorro, Hernández le apunta a reducir gastos de los cargos diplomáticos y consulares con esta propuesta. Aunque novedosa y ambiciosa, es irrealizable en la práctica, es decir, carreta.
Primero, porque desconoce un principio básico de la diplomacia: la alternación. No es un tratado de común acuerdo en el mundo pero sí se da por sentado en muchos países, como Colombia, en donde está reglamentada. Implica que los diplomáticos pueden serlo solo si viven entre Colombia y el exterior, por períodos de cuatro años.
Un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 2018 explica que tanto para esa alta corte como para la Corte Constitucional, la alternación garantiza que los diplomáticos mantengan contacto permanente con el país y así puedan representarlo mejor afuera.
“Se busca que los funcionarios que pertenecen a la carrera no permanezcan indefinidamente en el servicio exterior, circunstancia que les impediría mantenerse en un contacto directo y saludable con la problemática nacional y que iría en desmedro de su propia identidad cultural”, dice la Corte Constitucional, por ejemplo.
En eso coincide una asesora diplomática de un país europeo que nos pidió no ser citada porque es funcionaria. “Es que es absurdo. Todos los sistemas de carrera diplomática se basan en la alternación, usted no puede representar lo que no conoce. ¿Cómo una persona que vive hace 15 años en Francia puede hablar de Colombia en el exterior?”, nos dijo.
Más allá de ese principio, hay otros requisitos para ser diplomático que la gente que vive en el exterior podría no cumplir. Por ejemplo, no tener doble nacionalidad, haber nacido en el país o tener libreta militar.
Prohibir las recepciones y fiestas innecesarias en las embajadas
Propuesta: “Se prohibirá que, con cargo al presupuesto nacional, las embajadas realicen recepciones y fiestas innecesarias, o que los titulares sigan disponiendo de cuantiosos gastos de representación”.
Calificación: Aterrizada
El derroche de dinero tanto en las embajadas como en cualquier entidad pública, ya está prohibido. En el programa Hernández no menciona qué medidas va a imponer para prohibir el derroche o si diseñará un sistema de control más estricto sobre las embajadas o consulados.
En su primer y único ejercicio como administrador público en la Alcaldía de Bucaramanga, él mismo se sentaba con los jefes de cada cartera a revisar uno por uno qué gastos, a su juicio, eran innecesarios o se podían suprimir, y así fue como ahorró plata, así que puede que esta sea una propuesta que dependa enteramente de su talante de gerente.
El problema es hasta qué punto lo que él considera innecesario, en efecto lo es dentro de la naturaleza del servicio diplomático.
“Los cócteles y recepciones por lo general también tienen la misión de promover el soft power de un país dando a conocer aspectos tan importantes como la cultura, gastronomía, artes y música, entre otros aspectos que son vitales para la imagen de un país y que se traducen posteriormente en turismo y relaciones comerciales, en educación y promoción de servicios”, dice la profesora María Catalina Monroy, internacionalista e investigadora de la Universidad del Rosario.
La clave al respecto, como señala el exasesor de despacho de la Cancillería con el que hablamos, es que esas actividades se hagan respetando el papel de las embajadas y sus recursos.
“Ese tipo de actividades forman parte de la vida diplomática, tienen que hacerse y se hacen con criterios de razonabilidad, hay reglas y condiciones que deben cumplir las misiones. No dependen de caprichos de embajadores y hay un presupuesto que debe ser respetado”, comenta.
Según datos de la Dirección Administrativa y Financiera facilitados por la Cancillería, en la ejecución presupuestal para abril de este año se destinan más de 3.700 millones de pesos para la vivienda para embajadores; más de 9 mil millones en gastos de representación; y más de 17 mil millones en viáticos para los funcionarios del servicio exterior.
Suena como mucho dinero, sin embargo, en el presupuesto de más de 350 billones de pesos, es una fracción muy reducida.
Vigilar a los jueces
Propuesta: “Hacer seguimiento estricto a las actuaciones de los jueces para que cumplan los términos, porque los procesos se dilatan por ese incumplimiento y la justicia tarda mucho en hacerse efectiva. La medida debe incluir sanciones a los jueces que no le den cumplimiento oportuno a los términos, que podrían ir desde su suspensión por seis meses, si es la primera vez, hasta la destitución, si se reitera el incumplimiento”.
Calificación: Pfff
Pero para los expertos que consultamos, esta propuesta no es ambiciosa en la medida en que ese trabajo ya lo hacen otras entidades y además, poco lograble en la medida en que no respeta la separación de poderes.
En Colombia existe un código disciplinario y una Comisión de Disciplina Judicial que regula la actuación de los abogados y eso incluye a los jueces. Ambos, del resorte del Consejo Superior de la Judicatura, corte que hace parte del poder judicial.
Si Rodolfo Hernández quisiera hacerse cargo, tendría que pasar por el Congreso y reformar la ley que regula ese código y la Comisión. Así lo explica el catedrático Jorge Enrique Carvajal: “Esa jurisdicción disciplinaria en Colombia fue creada por la ley, el código disciplinario también fue creado por la ley, luego, sería el legislador el que podría hacer reformas de ese tipo”
Para Camilo Enciso, del Instituto Anticorrupción, además, la idea de Hernández sería contraproducente porque le inyectaría más presión al ya de por sí saturado trabajo de los jueces.
“Hay fiscales en Colombia con 700 expedientes en su despacho, y tienen por mucho dos funcionarios de policía judicial. Terminaría metiendo a todos los fiscales y jueces presos, y se quedaría sin dar un paso serio en materia de justicia”, acota.
Por otro lado, como la medida implica asumir responsabilidades del Consejo Superior de la Judicatura, también violaría la separación de poderes y situaría el poder del ejecutivo en un límite que estaría infringiendo la ley. Como señala Carolina Villadiego, investigadora de Dejusticia, la medida sería “antidemocrática”, pues el presidente se otorgaría una competencia que no le pertenece por simple independencia de las ramas del poder público.
“No le corresponde al presidente en el marco del Estado de derecho donde hay separación de poderes (y la rama judicial es independiente) y cuando el rol de un presidente respecto de la rama judicial es respetar la independencia judicial, cumplir las decisiones judiciales y no usar sus vínculos políticos para incidir en la sanción de jueces porque no está de acuerdo con sus actuaciones”, dice la investigadora.
Si Hernández quisiera imponer una norma desde el Ejecutivo para vigilar y sancionar a los jueces tendría que pasar una iniciativa vía Congreso, o en su defecto, decretar un estado de conmoción que le permita legislar sin mayores contrapesos. Justamente, en los últimos días Rodolfo ha agitado la idea de decretar esa figura una vez asuma el Gobierno para poner en marcha sus primeros decretos. “Ese decreto tiene que estar revisado por la Corte Constitucional, y vamos a ver si es capaz de tumbarlo”, dijo.
