Lo paradójico para los autores del reportaje titulado “La ayuda estadounidense, implicada en abusos de poder en Colombia” es que la investigación que logró primera página en The Washington Post y que causó y sigue causando tanto revuelo, no salió de una filtración, ni de investigación detectivesca o clandestina de varios periodistas y durante varios años. Salió de una noticia que tuvieron todos los medios en Colombia, pero a la que sólo Claudia Julieta Duque le hizo seguimiento.
En la tarde del miércoles se conoció que dos congresistas demócratas exigieron al Gobierno de Estados Unidos que hiciera una auditoría extensa a todos los fondos y ayudas que le entregaron al DAS cuando Álvaro Uribe era el Presidente de Colombia. Jim McGovern y Janice Schakowsky pidieron interrumpir toda ayuda que ese país esté brindando al organismo de inteligencia y evaluar cómo se financian las operaciones contra el terrorismo en nuestro país.
En una entrevista a Caracol, el congresista McGovern dijo: “Yo quiero saber cómo fue usada nuestra ayuda. Estados Unidos debe demandar un reporte de cuentas completo de Colombia y creo que eso no está sólo en los intereses norteamericanos, sino también en los de Colombia. Pero necesitamos saber la verdad”.
El origen de esa petición fue el artículo publicado en The Washington Post el 21 de agosto y escrito por Claudia Julieta Duque y Karen DeYoung?, con el apoyo de Juan Forero, y que La Silla Vacía publicó traducido. El reportaje básicamente cuenta que ayuda estadounidense que recibió el Gobierno de Uribe terminó en manos de los agentes del DAS que protagonizaron las “chuzadas”.
¿Rectificaciones? Hasta ahora ninguna. La Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó el artículo al día siguiente de su publicación en un comunicado pero no envió ninguna solicitud de rectificación al periódico estadounidense. Por eso Claudia Julieta Duque dice que la Embajada no debió decir que la información publicada en el artículo era incorrecta, sino más bien que era “políticamente incorrecta”.
Tampoco de parte de Álvaro Uribe, quien desvirtuó todo el artículo y publicó dos cartas diferentes dirigidas al editor del periódico. Una en twitter que decía que el artículo “manipulaba los datos” y “distorsionaba la realidad” y que nunca llegó a destinatario alguno y otra –moderada y diplomática– que recibió el Washington Post y de la cual un par de párrafos fueron publicados en la sección de cartas al lector del diario.
La legitimidad del texto no está en duda y se refuerza con la declaración de los dos congresistas que exigieron lo que nadie pidió en el país: que se examinaran los hechos. En lugar de eso, el revuelo en Colombia se dio tratando de deslegitimar el texto y a sus autores. Duque aseguró a La Silla Vacía que siente que lo que debería ser un logro para el periodismo colombiano –publicar en uno de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos– aquí se convirtió en una “agonía”.
LA CARPETA QUE COMENZÓ TODO
En mayo de 2010, durante una de las audiencias del juicio que la Corte Suprema le adelanta al ex director del DAS, Jorge Noguera, el magistrado Alfredo Gómez Quintero habló por primera vez de la “Carpeta Especial 2007”. Se trataba de una serie de documentos que fueron el resultado de la investigación que pidió el entonces director del DAS, Andrés Peñate, para esclarecer las versiones de que funcionarios de ese organismo de inteligencia habían entregado al paramilitar “Jorge 40” un listado de nombres de sindicalistas para que fueran asesinados. Ese fue el punto de inicio para la investigación que el 21 de agosto publicó el Washington Post, porque fue ahí donde por primera vez se habló de los agentes de unidades especiales que recibían apoyo por parte de la Embajada de Estados Unidos.
CUANDO LA DEFENSA ERA TRABAJAR PARA LA EMBAJADA
Poco a poco, después de nueve meses de investigación, el círculo en torno a quiénes financiaban las labores de inteligencia del DAS se cerró alrededor del Gobierno de Estados Unidos. El punto clave fue el testimonio de Germán Ospina, coordinador del GONI, quien contó que su capacitación y la de su grupo habían corrido por cuenta del Gobierno de Washington y que no sólo recibían financiación sino que además daban parte a funcionarios de la embajada gringa en Colombia. Textualmente, dice que se hacían labores de inteligencia con dos grupos que tenían apoyo directo de la Embajada y que, por ejemplo, la información que se recibía de los seguimientos se incluía en un software que fue donado por la Embajada de EE.UU. En el documento anexo se pueden leer la declaración de Ospina y de otros funcionarios que confirman la relación de las actividades de inteligencia del DAS con la Embajada norteamericana.
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La historia
Lo paradójico para los autores del reportaje titulado “La ayuda estadounidense, implicada en abusos de poder en Colombia” es que la investigación que logró primera página en The Washington Post y que causó y sigue causando tanto revuelo, no salió de una filtración, ni de investigación detectivesca o clandestina de varios periodistas y durante varios años. Salió de una noticia que tuvieron todos los medios en Colombia, pero a la que sólo Claudia Julieta Duque le hizo seguimiento.
Duque dice que lo más importante del artículo es que se convirtió en una primicia solo por la autocensura que hay en Colombia. Durante la audiencia pública realizada en mayo de 2010 en el juicio al ex director del DAS, Jorge Aurelio Noguera, todos los medios de comunicación del país estaban presentes, cuando el magistrado de la Corte Suprema a cargo del proceso, Alfredo Gómez Quintero, leyó unos apartes de la “Carpeta especial octubre 2007”. Era un documento de carácter reservado –hasta ese día– en el que básicamente se muestra el desarrollo y la conclusión de una investigación interna que el ex director del DAS, Andrés Peñate, ordenó hacer en la entidad.
El encargado de la investigación fue Jorge Alberto Lagos, subdirector de Contrainteligencia del DAS y el objetivo era establecer si algunos funcionarios del DAS habían tenido alguna relación con la lista de sindicalistas que supuestamente el organismo de inteligencia le había entregado al paramilitar “Jorge 40”. Lo que pidió Peñate fue establecer si eso era verdad o no.
Pero la revelación de la “Carpeta especial octubre 2007” fue mucho más allá. La investigación abarcaba desde 2004 y empezó el 17 de septiembre cuando los paramilitares de “Jorge 40” asesinaron al profesor de la Universidad del Norte Alfredo Correa de Andreis. Y el hallazgo principal fue que existía un grupo especial de inteligencia llamado GAME, al que pertenecían los mejores hombres del DAS y que había sido creado por la Embajada de Estados Unidos. Esos hombres reportaban sus labores a la Embajada y mensualmente recibían pagos extras de 300 dólares. Y también permitió confirmar la existencia del G3, otro grupo especial de inteligencia, clandestino, que realizó los primeros seguimientos e interceptaciones ilegales y cuya existencia fue negada sistemáticamente por el DAS cuando surgió el escándalo de las “chuzadas”.
El magistrado Gómez Quintero leyó a lo sumo tres párrafos de la carpeta y Claudia Julieta Duque pensó que esa iba a ser la noticia del día y del año. Pero no. Ni al día siguiente, ni en las semanas siguientes salió algo que hiciera referencia a la “Carpeta especial octubre 2007” en ninguno de los medios. Fue entonces que empezó a investigar el tema por su cuenta.
Entre mayo y diciembre, todos los agentes que habían hecho parte del GAME estuvieron en audiencia pública y todos hablaron de su trabajo en el grupo especial. La periodista asistió a todas las audiencias y fue armando el rompecabezas. Por eso insiste en que “en realidad no fue una primicia, sólo seguimos una noticia”.
Simultáneamente comenzó el trabajo para conseguir los testimonios que no había podido escuchar de primera mano. Envió cientos de derechos de petición y solicitudes de acceso a la información a la Corte Suprema de Justicia y peleó con muchas negativas porque las peticiones eran muy grandes (como la de todos los audios y videos de las audiencias de Noguera) o complicadas (como el audio de la declaración de Martha Leal, la ex subdirectora de Operaciones de Inteligencia del DAS, donde la negativa se sustentó en que era necesario darle protección al testigo).
Con el material que comenzaba a armar, Duque contactó a un periódico brasilero para ofrecerle la publicación. Y efectivamente empezó a trabajar con ellos, específicamente con la corresponsal en Caracas. Como parte del material requerido para adelantar la investigación, el diario envó una solicitud al Departamento de Estado de Estados Unidos. Las preguntas fueron respondidas por el organismo, pero finalmente el diario decidió no publicar la historia.
Aún sin la perspectiva de publicar pronto la investigación, Duque siguió adelante. La siguiente pieza del rompecabezas apareció con el testimonio de Germán Ospina, quien fue el coordinador del GONI. En su declaración, Ospina afirmó que su grupo era apoyado con recursos del Gobierno de Estados Unidos. Eso ocurrió entre julio y agosto de 2010, cuando poco se conocía de las declaraciones de los agentes del DAS relacionados con las chuzadas. Hasta ese momento, uno de los argumentos de defensa de todos los miembros del GONI fue que ellos trabajaban de cerca para la Embajada de Estados Unidos. Eso cambió cuando fueron detenidos. El tema de la Embajada desapareció completamente de su discurso de defensa.
Al Washington Post
Cerca de cinco meses después de iniciada la investigación, Claudia Julieta Duque viajó a Estados Unidos a recibir el premio al Coraje en Periodismo, por su persistencia en las investigaciones al DAS pese a las amenazas que había recibido durante más de una década. Aprovechó entonces para contactar a la periodista Dana Priest, quien había publicado un artículo que cuestionaba el sistema de espionaje y operaciones creado por Estados Unidos después del ataque a las Torres Gemelas.
Durante la reunión estuvo también presente Karen DeYoung, quien se convirtió en coautora del reportaje sobre el DAS. DeYoung estaba encargada de investigar al Departamento de Estado norteamericano. Y así, en noviembre de 2010, comenzó la investigación en llave con el diario de Estados Unidos. Claudia Julieta continuó recopilando la información, asistiendo a todas las audiencias y el corresponsal de Latinoamérica, Juan Forero, se integró al equipo e hizo las entrevistas a los agentes del DAS Gustavo Sierra, William Romero, a la mujer conocida como la “Mata Hari”, a Bernardo Moreno, Jaime Granados y a Felipe Muñoz, el director del DAS. Y Karen, en Estados Unidos, se encargó de la CIA y el Departamento de Estado.
Fue sorprendente para los tres periodistas que, pese a toda la documentación que existía, la respuesta en los organismos de investigación siguiera siendo que no conocían el tema, aunque tenían las declaraciones y los documentos que hablaban de ello. En el caso de la Fiscalía, por ejemplo, se encontraron con que el tema había sido ignorado porque la Embajada de Estados Unidos tiene inmunidad y no puede ser investigada.
Según Duque, todos los sectores implicados fueron entrevistados y por eso es que el artículo no tiene fuentes anónimas, con excepción de un agente de la CIA que prefirió no dar su nombre.
A estos datos se sumaron las declaraciones de los agentes detenidos. Gracias a sus testimonios se supo que el 90 por ciento de los entrenamientos que recibieron fueron pagados por Estados Unidos, los equipos que usaban eran de fabricación estadounidense y detalles, incluso, como que en 2004 el DAS interceptaba avanteles, cuando el único equipo que existía en el país para esa función pertenecía a la Embajada de Estados Unidos.
Con la reportería ya hecha, llegó el momento más difícil del reportaje. El “checking sources” ó verificación de fuentes por la que es famoso el Washington Post. Ese fue un proceso de un mes en que cada dato, por mínimo que fuera, fue corroborado.
Al final, después de la revisión y con el visto bueno de diez editores diferentes, el artículo salió publicado en primera página.
