El primer proyecto aprobado bajo el nuevo sistema de regalías es el puente Francisco José Peñaloza, ubicado en Suárez, Tolima. Es un puente colgante con una larga historia de desidia: fue trasladado de un municipio a otro, cuando lo estaban arreglando -después de dos contratos entregados a dedo al mismo constructor y varias adiciones-colapsó sobre el río Magdalena y dejó incomunicado al municipio durante cuatro años.

El puente, construido en 1953 en Saldaña (Tolima), había sido trasladado en 1995 y había mejorado las comunicaciones de Suárez, permitiendo a los suareños sacar sus productos agropecuarios, el comercio comenzó a moverse y en general, las condiciones de educación, salud y turismo mejoraron, pues ya se encontraban a sólo 10 minutos de El Espinal.

Ahora, después de casi 18 mil millones de pesos, se convertirá en el símbolo del éxito o el fracaso del nuevo sistema de regalías.

La Silla Vacía, a través de su periodista invitada Tatiana Calero, reconstruye su historia:

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Julio 2009

 

El puente funcionó hasta que un día una tractomula de seis ejes golpeó el puente. El golpe hizo que se soltara uno de los cables que sostenían el puente -que no había tenido mantenimientos importantes en los 14 años que llevaba en Suárez- y que la estructura cediera 29 centímetros. El paso por el puente fue suspendido.

Septiembre 2009

 

El 18 de septiembre el gobernador, el conservador Oscar Barreto, declaró el estado de urgencia manifiesta para resolver el problema del puente.

Octubre 2009

El 19 de octubre la Gobernación del Tolima -representada por los secretarios de Desarrollo Físico, Alejandro Martínez Sánchez, y de Hacienda, Olga Alfonso-entregó a dedo el contrato para arreglar el puente al ingeniero Eduardo Garzón Alarcón.

El contrato tenía un valor de 330 millones de pesos, debía ser ejecutado en 60 días calendario y comprometía a Garzón a reponer los anclajes que fallaron con el accidente, tensar 36 cables y reparar las juntas del puente. Además, 20 de los 330 millones estaban destinados a que Garzón hiciera los estudios y cálculos necesarios. La Silla Vacía intentó comunicarse con el ingeniero pero no pudo contactarlo.

Diciembre 2009

El 9 de diciembre Garzón Alarcón solicitó una adición al contrato argumentado que “el día 19 de noviembre a las 8:00 am al inicio de las labores se presentó rotura de dos anclajes para dos cables, uno en el macizo derecho y otro en el macizo izquierdo”.

Eso, como le explicó a La Silla un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Físico, se debió al efecto dominó: al soltarse el primer cable en julio, los demás cables tuvieron que resistir una tensión mayor, y por eso se terminaron soltando. Por ese motivo,la Gobernación le concedió la adición.

Ahora el ingeniero debía intervenir cuatro anclajes para evitar que el puente se cayera, y para eso necesitaba un mayor plazo y 120 millones de pesos más, con lo que el departamento ya estaba invirtiendo 450 millones de pesos para salvar el puente. En esta adición se aclaró que los trabajos de rehabilitación que se adelantaran debían cumplir con el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y las especificaciones del Invías, requisitos que no se habían incluido en el contrato inicial.

Marzo 2010

A partir de los estudios que realizó en el 2009 en virtud del primer contrato, el ingeniero Garzón determinó que había que hacer trabajos más de fondo para salvar el puente. Adujo que la torre que sostenía los cables trabajaba con un sobreesfuerzo del 9 por ciento, que se debían reemplazar 72 anclajes para evitar una falla súbita y la caída del puente, y mencionó la necesidad de revisar los elementos que se encontraran oxidados.

De nuevo, los representantes del Departamento, Alejandro Martínez y Olga Alfonso, le dieron la razón y el 12 de marzo se celebró un segundo contrato con Garzón Alarcón para salvar el puente.

Esta vez era un contrato mucho más caro, pues era por 1.048 millones, y ahora incluía una rehabilitación más integral del puente. Con este contrato la gobernación de Barreto le entregaba a dedo dos contratos al ingeniero Garzón, sumando unos 1.500 millones de pesos, para salvar el puente.

Junio 2010

El 15 de junio, mientras avanzaban los trabajos para rehabilitarlo y volver a abrir el paso, el puente se cayó. En la caída murieron dos de los obreros que trabajaban en él, y el caso pasó a las primeras planas de los medios locales y apareció en los nacionales como EL Tiempo.

Para ese momento los 4.500 habitantes de Suárez llevaban nueve meses incomunicados por vía directa con El Espinal, y ahora era claro que esa dificultad se iba a prolongar. Desde entonces, para llegar por tierra tienen que tomar una vía interna en mal estado, que los conduce a Purificación en el sur o a Carmen de Apicalá en el norte. Eso dificulta el traslado de enfermos a los hospitales del centro del Departamento, así como el transporte de carga.

La otra forma para llegar al Espinal es tomar una canoa para cruzar el río Magdalena, servicio que tiene un costo de mil pesos. Si necesitan cruzar con sus vehículos deben utilizar un ferry que cuesta diez mil pesos y que solamente funciona si el nivel del río es suficientemente alto. La Silla Vacía visitó el lugar el martes pasado y comprobó que, desde hacía por lo menos dos semanas, el ferry no está funcionando.

Diciembre 2010

El 17 de diciembre de 2010 la Gobernación, representado por el nuevo secretario de desarrollo físico, Cristóbal Ricaurte, le adjudica un nuevo contrato para arreglar el puente al consorcio Puentes Suárez, cuyo representante nuevamente era el ingeniero Garzón Alarcón.

En esta ocasión el contrato no se entregó directamente sino a través de un proceso de selección abreviada de mínima cuantía, en el que ese consorcio fue el único proponente. Este nuevo contrato, de 330 millones de pesos, era para retirar la estructura del puente colgante que había colapsado. Es decir, el departamento ya había destinado casi 2 mil millones de pesos, primero para salvar y ahora para quitar el puente, como efectivamente se hizo.

Este mismo mes, un informe de auditoría integral a las regalías en el Tolima, de la Contraloría General, señaló que si la Gobernación no recuperaba el anticipo del contrato de 2010, habría un detrimento patrimonial.

Septiembre 2011

Con la necesidad inminente de un nuevo puente, se abrió una licitación para adjudicar un nuevo contrato. Sus condiciones básicas venían de cuando Alejandro Martínez era secretario de desarrollo físico, y consistían en construir un nuevo puente utilizando las bases del que se había caído, una obra cuyo presupuesto era de 8 mil millones de pesos.

El proceso para entregar el contrato no fue sencillo: el 20 de septiembre, después de dos licitaciones desiertas, se le adjudicó a una sociedad colombo-española, OCA Geotechnics S.A., que ha desarrollado proyectos como la adecuación de espacio urbano para la Metrolínea de Bucaramanga, intervenciones en vías en Envigado y la construcción de un puente en Itagüí.

El contrato tenía un valor de los 8.240 millones de pesos –2.240de regalías directas del Tolima y el resto de Invías -, y su objeto era “el diseño, construcción, adecuación y obras complementarias para el puente Francisco José Peñaloza”.

Marzo 2012

En febrero de 2012, con un nuevo gobernador, el liberal Luis Carlos Delgado, se firmó el acta de inicio del contrato, que tenía que empezar con los estudios y diseños del puente. Y, precisamente a partir de ello, el 12 de marzo Carlos Hernando Enciso, secretario de desarrollo físico, anunció que la obra ya no costaría 8 mil millones sino 16 mil millones de pesos.

Enciso le explicó a La Silla que el incremento se debe a novedades que se encontraron los contratistas al hacer los diseños del puente. “Había que tener en cuenta, dentro de los diseños, los niveles del río Magdalena en los próximos 100 y 200 años, porque esas son las exigencias de la autoridad ambiental. Por eso, al hacer los diseños se llegó a la conclusión que hay que subir el nivel del puente 4 metros”, explicó.

Esto hace que en lugar de simplemente tener que poner una nueva base sobre los pilotes del puente viejo, se deba construir bases nuevas, crear rampas de acceso y aumentar el largo, o la luz, del puente.

El problema era que no había plata para aumentar el presupuesto. Pero la solución apareció rápidamente: el 31 de marzo el presidente Juan Manuel Santos estuvo en Chaparral, en el sur del Tolima, y allí el gobernador Delgado le explicó el problema y Santos se comprometió a darle prioridad al proyecto en el Ocad centro sur, que aunque aún no existía era el espacio para que se destinara plata de regalías en el marco del nuevo esquema.

Septiembre 2012

Tal como lo prometió Santos, el proyecto del puente fue aprobado en el Ocad. La urgencia era tal que, para agilizar el proceso, la sesión se realizó virtualmente. Así, el sistema de regalías le puso 7.988 millones al nuevo puente, y el Tolima se comprometió con 60 millones.

Febrero 2013

Actualmente, se ha ejecutado un 40 por ciento del contrato, según le dijo el secretario Enciso a La Silla Vacía. “Se espera que la obra sea entregada en junio, si no hay contratiempos”, afirmó. De ser así, Suárez volverá a estar comunicada directamente con El Espinal, después de cuatro años, cuatro contratos y casi 18 mil millones de pesos.

 

 

Esta publicación es un resultado del curso Tras la pista de los dineros públicos