Aunque hay una reducción de homicidios frente al año anterior, para siete de las diez fuentes con las que hablamos la gestión en términos de seguridad se ha quedado corta en Cali.
Cuando Jorge Iván Ospina fue alcalde de Cali en 2008, la seguridad se convirtió en su talón de Aquiles. Hoy, 12 años después, lo sigue siendo.
Aunque por primera vez en 28 años, Cali reporta la cifra más baja de homicidios, las cifras en detalle indican que la mayor reducción de homicidios se dio justo cuando estuvieron vigentes las medidas más estrictas por la pandemia, como fue la ley seca, el toque de queda y la cuarentena estricta durante marzo, abril y mayo. Una vez se acabaron las restricciones de movilidad, a excepción de agosto, los números mensuales de homicidios comenzaron a sobrepasar los del año pasado, lo que refleja una tendencia preocupante.
Siete de las diez fuentes con las que hablamos, entre concejales y expertos en seguridad, le dijeron a La Silla que las medidas y los resultados del Secretario de Seguridad de Ospina se han quedado cortas para Cali.
Un problema estructural
Hasta el año pasado, Cali estaba entre las más violentas del mundo (ocupaba el puesto 26 de 50) y cerró el 2019 con 1123 homicidios.
La ciudad es receptora de migrantes y desplazados de todo el Pacífico, es el principal centro urbano del Suroccidente, que es el epicentro del narcotráfico en el país, y es a donde muchos narcos llegan a esconderse o alejarse de grupos enemigos y gastarse el dinero sin la persecusión de la Policía. Y como contamos, más allá de la tasa de homicidios, hay un mercado permanente de sicarios y armas que llegan por vía legal e ilegal.
Cuando Ospina llegó a la Alcaldía, dijo que el eje transversal de su alcaldía sería la seguridad. Era un tema sensible para su equipo, pues en su primera alcaldía había sido su flanco débil y la seguridad es un tema que la centro-izquierda quiere arrebatarle en el discurso a la derecha.
En 2008, Ospina recibió una ciudad que había cerrado el año anterior con 1524 asesinatos y una tasa de homicidios de 69,9. Cuatro años después, la entregó con 1849 asesinatos y una tasa de 81 homicidios por cada 100 mil habitantes, según un informe de la Alcaldía de ese momento. La percepción de seguridad también empeoró: sólo 25 de cada 100 caleños se sentían seguros cuando en 2008 eran 37, según la encuesta de percepción de Cali Cómo Vamos.
Durante los primeros meses de su segunda gestión como Alcalde este año, se dio en febrero una reducción de homicidios frente al mismo mes del año anterior (once menos), según el informe de Seguridad y Convivencia, del Observatorio de Seguridad de la Secretaría.
Después vino la cuarentena, y durante marzo, abril y mayo en Cali hubo 89 homicidios menos, una reducción del 30,4 por ciento frente al mismo periodo de 2019. Fue, en todo caso, inferior a la que se dio a nivel nacional, de un 34 por ciento.
Pero de ahí en adelante comenzaron a dispararse los homicidios por encima de los niveles del año anterior, a excepción de agosto; septiembre, por ejemplo, ha sido el mes más violento del año con 122 asesinatos, 14 más que en septiembre de 2019.
A esto se suma la alza en los feminicidios, que hasta este mes iban en 20, el doble del año anterior en el mismo periodo.
Y en delitos menos graves, como los hurtos, han aumentado en 138 casos los de autopartes. Aunque según la secretaría se ha disminuido en un 29 por ciento los hurtos frente al año anterior.
Estas cifras han centrado la atención y las críticas en la gestión de Ospina, y en particular, de su Secretario de Seguridad, Carlos Rojas.
Las críticas
Como contamos, las primeras críticas a la Secretaría fue que no hubo continuidad en los programas de prevención de la violencia de la Alcaldía de Maurice Armitage.
Por ejemplo, acabó con el programa de gestores de paz, que formaba y empleaba jóvenes víctimas del conflicto armado, expandilleros y excombatientes de las Farc con el fin de promover la cultura ciudadana y la sana convivencia.
A raíz de la pandemia, la Alcaldía centró su atención en aspectos como acabar fiestas y cerrar moteles, descuidando su gestión en otros asuntos no relacionados con el covid.
Una de las mayores quejas se ha centrado en la baja ejecución del secretario de Seguridad, Carlos Rojas, que después de 10 meses sólo había invertido el 47 por ciento de su presupuesto (que era de 79 mil millones pero le redujeron 19 mil millones por la caída del recaudo del municipio tras la pandemia).
Según el observatorio Cali Visible, en ese momento era la segunda dependencia con menor ejecución (teniendo como abse el presupuesto de 79 mil millones).
Rojas le dijo a La Silla que la vigencia del presupuesto va hasta el 30 de diciembre para ejecutarlos, por lo cual aún tiene tiempo y aseguró que está realizando compras de equipos y firmando contratos necesarios para la ciudad con el fin de lograr la ejecución de un 82 por ciento al final de año.
Para Álvaro Pretelt, investigador y consultor de seguridad, cuando se ejecuta casi la mitad del dinero en tres meses “es porque se hicieron convenios y procesos de selección abreviados y cortos” o donde se unifica todo y se contrata un sólo operador.
Es ahí donde, según Pretelt, existe un riesgo de corrupción.
A las críticas se sumó que el 70 por ciento de las cámaras de la ciudad no están funcionando, según el Secretario porque hasta el segundo semestre no hubo dinero para el mantenimiento y la reparación de las mismas y de ahí seguía un proceso de licitación que tardaba meses.
“Uno no puede tener una estrategia de seguridad andando sin cámaras”, dice Pretelt. Las cámaras disuaden de cometer un delito porque el agresor sabe que está siendo observado y ayudan a la judicialización porque el video sirve como prueba en un juicio.
Otro de los cuestionamientos a Rojas fue porque el helicóptero denominado ‘Halcón’ que es exclusivo para la vigilancia de Cali estaba inactivo hasta principios de este mes. Apenas a finales de octubre se firmó un convenio para su funcionamiento por parte de la Secretaría.
En este caso, Rojas le aclaró a La Silla que abrió el proceso licitatorio (que es para contratar la gasolina y el mantenimiento) en agosto y septiembre pero en ambos casos no hubo proponentes.
Katherine Aguirre, quien le sigue la pista a la seguridad en Cali y es economista e investigadora del Instituto Igarapé, un centro de investigación brasilero sobre seguridad, añadió otra crítica y es que “el secretario parece escudarse mucho en dinámicas como el narcotráfico, pero aún no ha explicado cómo entiende Cali y cómo afronta las violencias”.
Para Aguirre esto puede convertirse en un escudo para no implementar estrategias que reduzcan la violencia a largo plazo aludiendo a que es algo más estructural
Infortunadamente Cali se ubica estratégicamente para que los procedimientos del narcotráfico se faciliten y conecten el suroccidente con el resto del país. pic.twitter.com/2Jql4BPI3P— Carlos Alberto Rojas (@SoyCarlosRojas) November 23, 2020
Frente a esto, el secretario Rojas dijo que quienes lo señalaban por esto caían “en un error porque no logran dimensionar que casi el 70 por ciento de la criminalidad en Cali está dinamizada por los recursos ilícitos del narcotráfico”
Según cifras de la secretaría, hasta el momento y sólo en el oriente de Cali se contabilizan 32 grupos delincuenciales dedicados al microtráfico y se han incautado más de 1300 kilogramos de drogas.
La cereza en el pastel de las críticas, es que en la propuesta presentada al Consejo para el presupuesto de 2021, la secretaría de Seguridad pasaría a tener un rubro de poco más de 50 mil millones de pesos, una reducción de casi 30 mil millones frente al presupuesto de este año.
El Secretario dijo que el presupuesto para 2021 tenía “un enfoque un poco conservador” teniendo en cuenta que se prevé que para el siguiente año sigan las dificultades en el recaudo por la pérdida de casi 200 mil empleos.
“Pedir o no plata para un sector es una declaración política directa”, dice Alberto Sánchez, refiriéndose al presupuesto inicial de Ospina. Sánchez aseguró que en un panorama ideal Cali debería invertir entre 160 mil y 180 mil millones de pesos en seguridad.
Por lo pronto, el balance en seguridad de la capital del Valle no es del todo positivo y a Rojas y a Ospina les queda tres años cuesta arriba más cuando tendrán que lidiar con una pandemia y el impacto en el desempleo, la pobreza, la violencia y la percepción de seguridad que deje.
