La voracidad por las intervenciones en la salud

La denuncia del Superintendente de Salud, Gustavo Morales, de que los senadores Roy Barreras y Karime Mota se acercaron a él para que cambiara al interventor de la EPS Solsalud, es una prueba más de cómo las intervenciones forzosas que hace la Superintendencia a las EPS se han convertido en un atractivo botín para algunos políticos. Las revelaciones del Supersalud amenazan ese status quo pero posiblemente también la Reforma a la Salud.

La polémica entre Morales y los congresistas surgió el viernes, cuando el Superintendente le dijo a Néstor Morales, de Blu Radio, que tres congresistas habían ido a su despacho a preguntarle si había posibilidades de cambiar el interventor de Solsalud, la EPS que fundó Luis Alberto Gil en Santander y cuya inoperancia llevó a la muerte de una niña de nueve meses hace algunos días.

Eso produjo respuestas de los dos senadores de La U. Barreras explicó que le pidió al Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que cambiara el interventor de SolSalud, pero que no pidió puestos. Mota afirmó lo mismo, dijo que no tenía ninguna cuota burocrática en el sector y señaló que esa solicitud era parte de su deber de control político, pues sabía de los problemas que tenía la EPS y de ahí su solicitud de cambiar el interventor. Los dos dijeron, además, que Morales era el responsable de la muerte de la bebé por ser el ‘jefe’ del interventor.

El atractivo de las intervenciones

Como ha contado La Silla, las intervenciones forzosas que hace la SuperSalud a las EPS se han convertido en una puerta para que políticos inescrupulosos aprovechen los recursos de la salud.

Las intervenciones se dan cuando una empresa vigilada por una superintendencia está en serias dificultades como es el caso, por ejemplo, de Interbolsa, que está intervenida por la Superfinanciera.

Eso quiere decir que una empresa privada termina siendo administrada por una persona nombrada por el Estado, por un período muy breve hasta que se solucionen los problemas que habrían llevado a la empresa a la quiebra o hasta que se decida liquidarla.

Aunque por ley las interventorías duran solo dos meses, mientras se revisa si una EPS es sostenible o no y qué hacer con sus afiliados, lo normal es que éstas se prolonguen por más tiempo, mientras se aclara la contabilidad y la realidad de la EPS.

Durante este lapso de tiempo, los políticos aprovechan para lucrarse.

Lo hacen de dos formas. Por un lado, a través de un interventor “puesto” por ellos, pueden direccionar la entrega de los contratos a proveedores, afines a sus intereses políticos o que les paguen una comisión por recibirlos, ya que si bien una EPS no tiene muchos puestos para repartir sí tiene un presupuesto jugoso.

Una EPS como SolSalud recibe mensualmente unos 55 mil millones de pesos del Estado (con una UPC de 55 mil pesos y un millón de afiliados).

Y la otra forma en que se aprovechan de una intervención, es controlando los pagos que hace el interventor. Las empresas intervenidas suelen tener deudas pendientes y es normal que se demoren en pagar.

Por eso, si un político es amigo del interventor, puede ser una excelente palanca para que a un contratista o proveedor la EPS intervenida le pague antes una deuda. De eso hay varios ejemplos.

En el caso de la intervención de SaludCoop, como contó La Silla en su momento, se denunció que personas utilizando los nombre de Piedad Zuccardi y Dilian Francisca Toro (hoy detenidas) se estaban ofreciendo en la Costa Atlántica y en Cali, respectivamente, como intermediarias para agilizar los pagos de la EPS intervenida a los proveedores, pagos que en principio no deberían requerir de ninguna ‘recomendación’. Como los proveedores estaban desesperados y a punto de la quiebra, estaban dispuestos a pagar ese peaje con el fin de saltarse la cola y recibir primero su pago.

La Silla también contó que hubo denuncias de que en Caprecom, SelvaSalud y Salud Cóndor, todas EPS intervenidas, había personas diciendo que podían acelerar el pago de deudas a proveedores, afirmando que lo harían a través de Roy Barreras y Piedad Zuccardi; los dos senadores respondieron que eran personas que ellos no conocían y que estaban usando abusivamente sus nombres.

Y en el caso de Caprecom, el sindicato denunció que Barreras no solo tendría cuotas sino que habría intervenido entre contratistas y la EPS para que les pagaran deudas más rápidamente; Barreras reiteró que eran avivatos hablando a nombre de él.

SolSalud está intervenida desde febrero de 2012, cuando el Superintendente era Conrado Gómez, y en febrero de este año el interventor anunció que seguiría intervenida otro año más. En ese momento, como contó La Silla, había una puja entre La U y los liberales por tener el interventor.

La definición de quién es su interventor es lo que produjo los roces entre los congresistas y Morales, que ha defendido la importancia de que esas intervenciones se queden por fuera del ajedrez político y burocrático, una posición que pone la salud de los colombianos por encima de los acuerdos políticos.

El de la interventoría de SolSalud no es el primer pulso entre Morales y Roy Barreras. Como contó La Silla en octubre, el nombramiento de Morales fue objeto de un pulso entre Barreras y Alejandro Gaviria, que quería poner a un técnico en la Superintendencia y ganó ese muñequeo.

El superintendente anterior, Conrado Gómez, era muy cercano a las farmacéuticas, como contó La Silla y a Dilian Francisca Toro y Barreras, y no se enfrentó a los congresistas como sí lo ha hecho Morales.

Las implicaciones

Aunque lo que hizo Morales es lo que se espera de cualquier buen funcionario, que no se acomode a las realidades del clientelismo, su denuncia puede hacer que tambalee no solo su puesto sino la misma reforma a la Salud.

El apoyo que hasta ahora ha tenido el Superintendente del alto gobierno no quiere decir que esté atornillado en su cargo. Sus decisiones sobre interventores de EPS como Selvasalud lo han puesto en la orilla opuesta a Barreras y, además, su elección está demandada porque al nombrarlo el gobierno incumplió y sigue incumpliendo la ley de cuotas en las superintendencias.

Como Morales no tiene más apoyo político que el del Ministro, en últimas su permanencia depende de la voluntad de Santos. Hasta ahora ese respaldo ha sido suficiente para tomar decisiones frente a EPS que en el pasado tuvieron influencia de políticos y para mantener interventores al margen de las presiones de los políticos.

El problema es que con la reelección acercándose y proyectos importantes del Gobierno en el Congreso, los congresistas tienen cada vez más poder. Y con una reforma a la salud en curso, la pelea con Roy Barreras, actual presidente del Congreso, podría ser bien costosa.

Si políticos como Barreras logran que el gobierno cambie a Morales por un Superintendente más dado a darles juego en las interventorías, la reforma podría tener un trámite más expedito. La pregunta es cuál es la reforma a la Salud que puede resultar de este tipo de negociaciones y si vale la pena pagar el costo.