Aunque el Congreso de la República parece enfocado en la vacancia presidencial y la cuestión de confianza, pronto tendremos otro terreno de disputa: el de los derechos civiles, sexuales y sociales. Con fuerzas progresistas mínimas frente a una mayoría conservadora, Ojo Público conversó con especialistas y activistas para detectar actores, plataformas y mecanismos que se renuevan en cada nuevo proceso electoral.
Una velada confrontación con cinco días de diferencia se presentó a inicios de octubre en las puertas del Poder Legislativo peruano. El primer día de ese mes, la congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, anunció un Proyecto de Ley para la despenalización del aborto en casos de violación, como ocurre en otros 6 países de América Latina (Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, México y recientemente Argentina). Solo unos días después, el 6 de octubre, la congresista de Renovación Popular y pastora de la iglesia evangélica La Casa del Padre, Milagros Jáuregui de Aguayo, realizó una conferencia de prensa acompañada de algunos colectivos provida y anunció otra iniciativa, esta vez, un proyecto de Ley que reconoce derechos al niño por nacer. “Estamos luchando juntos por los que no tienen voz, pero sí tienen derechos”, señaló la parlamentaria.
El Perú es uno de los pocos países de la región en el que el aborto está penalizado en todos los casos (incluida la causal de violación). Solo se permite este procedimiento por razones terapéuticas, cuando peligra la salud de la gestante. Comparado con el resto de Latinoamérica, Perú tiene una legislación bastante restrictiva sobre el tema.
Por ello, el episodio en el Congreso de la República revela una pugna inminente: de un lado, quienes defienden una agenda que promueve los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, derechos civiles para la población LGTBIQ, y el enfoque de género como eje transversal de las políticas públicas; y del otro, un sector recalcitrante de los sectores conservadores, que consolida su presencia en diferentes partidos y espacios políticos. En el actual Congreso, estos grupos están fuertemente representados en la bancada de Renovación Popular (RP).
El líder de este partido y excandidato a la presidencia, Rafael López Aliaga, alcanzó el tercer lugar en la primera vuelta electoral con 11,75%, es decir, 1 ‘692,279 votos a nivel nacional. Durante su campaña impulsó un discurso violento, de odio y basado en la desinformación: no solo acusó de “genocidio” al Gobierno peruano por no permitir que privados comercialicen vacunas y amenazó de muerte a su contendor (hoy presidente) Pedro Castillo asociándolo con el comunismo. También ha arremetido contra lo que él llama “Nuevo Orden Marxista” que, según dice, propone controlar al Estado para que el comunismo se dedique a promover el aborto y a homosexualizar a la población.
El discurso ultraconservador de Renovación Popular y de los grupos extremistas que lo apoyan, replica mensajes ya vistos en Brasil -con el presidente Jair Bolsonaro a la cabeza- y en Argentina -con el ascenso del economista Javier Milei en las elecciones primarias. A ellas se suman otras voces desde España. En septiembre, la comitiva conformada por el vicepresidente y diputado del partido de ultraderecha VOX Víctor González, el eurodiputado Hermann Tertsch y el director de la Fundación Disenso, Martín Frías, trajo a Lima la “Carta de Madrid” y consiguió adhesiones “en defensa de la democracia y la libertad” de líderes de tres organizaciones políticas: Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.
La lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, suscribió la carta y comentó en su cuenta de Twitter que ambos partidos comparten su “preocupación sobre el avance del comunismo”. El mismo día, los legisladores de Renovación Popular, los exalmirantes Jorge Montoya y Jose Cueto Aservi, recibieron a VOX en la Sala Bolognesi del Congreso; al igual que el congresista Jose Daniel Williams Zapata del partido Avanza País (liderado por el economista y excandidato presidencial Hernando de Soto).
¿De qué manera estos encuentros y alianzas podrían impactar en las futuras discusiones legislativas en torno a los derechos sexuales, civiles y sociales de los peruanos? En OjoPúblico entrevistamos a investigadores, especialistas y activistas sobre los retos de lograr consensos mínimos en un entorno parlamentario adverso como el reciente.
El panorama en el Legislativo
Los peruanos creen que cada nuevo Congreso es peor que el anterior. Así lo cree un 69% de encuestados por Ipsos, cuando se le preguntó por el Congreso del 2020 respecto al disuelto en septiembre de 2019.
Este 2021 no es la excepción. Un sondeo de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicado en octubre, concluye que entre abril 2020 y agosto 2021 la desaprobación del Congreso creció de 42% a 61%. A esta ciudadanía recelosa del Poder Legislativo, se suma la inexperiencia y falta de cuadros del partido de Gobierno.
Perú Libre no tiene mayoría parlamentaria, ni incluyendo a sus aliados políticos como Juntos por el Perú. Los partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Renovación Popular superan juntos no solo al oficialismo en el Parlamento sino también a las demás organizaciones políticas más afines a una agenda de derechos como Juntos por el Perú y el Partido Morado (del centro liberal) en alianza con Somos Perú.
Un mapeo realizado este año por la asociación civil Manuela Ramos, señala que de los 130 congresistas electos, 40 podrían considerarse como actores favorables a las políticas de igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos. Entre ellos, dice el informe, la bancada de Juntos por el Perú es la única cuyos miembros, en su totalidad, apoyan estas medidas preventivas contra la violencia de género. Otra de las conclusiones del documento afirma que las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular tienen una postura bastante homogénea opositora a dichas políticas. Es decir, sus integrantes comparten opiniones muy similares que podrían desembocar en votaciones en bloque.
Por ejemplo, la congresista Jáuregui de Aguayo aseguró que un aborto voluntario aumenta el riesgo de sufrir problemas psicológicos basándose en un estudio académico del 2009 que, posteriormente, fue desestimado por la comunidad médica por ostentar gruesos errores en metodología, análisis y conclusiones.
Además considera que el rol de la mujer está sujeto a los designios del esposo: “Tengo que aprender a respetar a Guillermo (Aguayo) como el rey, profeta y sacerdote de mi hogar (…) ninguna mujer de Dios tiene que socavar la autoridad que Dios le entregó al varón”. Por su parte, Rosangella Barbaran, de Fuerza Popular, utilizó el término “ideología de izquierda” en la campaña para oponerla a la corriente “provida”, y luego de ser electa afirmó que en la escuela quieren aprovecharse para introducir la “ideología de género”.
