Una semana después de que estallara el escándalo por las chuzadas a las empleadas de Laura Sarabia, ex secretaria privada de Gustavo Petro, y los audios de Armando Benedetti diciendo que la campaña del presidente había recibido 15 mil millones de pesos por debajo de la mesa, muchos se preguntan qué va a pasar. La respuesta es nada si la expectativa es que enjuicien o tumben al presidente. Lo que no quiere decir que, políticamente, su gobierno vaya a seguir siendo el mismo.
Comencemos por el principio. Nadie va a darle “un golpe de Estado” a Petro ni un “golpe blando” como lo dijo para movilizar a sus seguidores durante las marchas de la semana que acaba.
La denuncia que pusieron los políticos de oposición Miguel Uribe y Federico Gutiérrez ante la Comisión de Acusaciones para que investigue la acusación de Benedetti tiene poco futuro.
Primero, porque el apodo de “Comisión de Absoluciones” que tiene ese comité del Congreso no es gratuito; desde el juicio al general Gustavo Rojas Pinilla en 1958, no ha declarado culpable a ningún presidente.
Pero segundo, porque el presidente tiene mayorías en esa Comisión. La Comisión está integrada por 18 representantes a la Cámara. De esos, tres pertenecen al Pacto Histórico y otros seis, aunque son de partidos tradicionales, han votado hasta ahora a favor de todas las iniciativas del gobierno. La oposición solo tiene cinco de los 18 votos de esa comisión.
Dada esa composición política, es altamente improbable que esa investigación avance. Y dado que, sí o sí, cualquier actuación contra el presidente tiene que entrar por la Comisión de Acusaciones porque goza de fuero presidencial, no existe un camino para ese ‘golpe blando’ del que habla el mandatario, aún si las investigaciones sobre la presunta financiación ilegal de su campaña avanzan.
Las investigaciones
Las investigaciones judiciales siguen dos carriles. Está el del Consejo Nacional Electoral, donde ya hay una investigación abierta por presunta violación de topes electorales.
El magistrado liberal Benjamín Ortiz, que está a cargo de la investigación a la campaña de Petro, citó la semana pasada a Benedetti a diligencia de declaración, al igual que a Laura Sarabia, exjefe de gabinete de Petro, después de las explosivas declaraciones del embajador en Venezuela sobre los topes que habrían violado en campaña.
Cuando La Silla Vacía reveló hace unas semanas que la campaña no había reportado el pago de los testigos electorales y por ende muy posiblemente se había volado los topes, el presidente calificó la noticia de falsa y dijo que ya “el CNE aprobó las cuentas de campaña”.
Sin embargo, como dice el exmagistrado del CNE Armando Novoa “pueden sobrevenir hechos no conocidos que obliguen a revisar el tema nuevamente”.
“El riesgo es que haya nuevas revelaciones, esa posibilidad es alta y puede agravar la situación del gobierno. Lo de los testigos electorales demuestra que por lo menos la contabilidad que presentaron era incompleta”, dice el analista político Carlos Franco. “Es un asunto de tiempo que salga, es difícil ocultar el elefante.”
Pero incluso si aparece el “elefante”, en el CNE Petro no solo tiene mayorías (6 de los 9 magistrados son afines al gobierno) sino también la presidencia con la magistrada Fabiola Márquez hasta mitad de año.
A partir de agosto le corresponde a los liberales. Pero, según contó El Tiempo ayer, al interior de esta corporación se vive un intenso pulso de poder pues los magistrados petristas están intentando todo tipo de argucias para quitarle el expediente a Ortiz para controlar la investigación.”
En todo caso, como dice el exmagistrado Novoa, “la capacidad investigativa o judicial del CNE es muy limitada”.
El otro carril de investigación está a cargo de la Fiscalía pues desde 2017 la violación de los topes o límites en los gastos de campaña se volvió un delito.
Este camino puede ser más expedito. “Había un pacto tácito de que las cosas que pongan en riesgo la estabilidad política no se investigan, pero ese pacto se rompió con la elección de Petro”, dice el columnista de La Silla Héctor Riveros. “Ahora hay una fiscalía que quiere investigar y que tendría alguna capacidad de conseguir pruebas.”
Podría ofrecerle, por ejemplo, un principio de oportunidad a Benedetti para que aporte las pruebas de financiación ilegal a la campaña —si es que las tiene—. También lo podría hacer eventualmente Laura Sarabia.
El abogado penalista Francisco Bernate explicó a La Silla que a la exsecretaria privada de Petro le podrían abrir varias investigaciones en la Fiscalía: una alrededor del orígen de la plata que le robaron. Otra por el uso de las instalaciones oficiales para hacer el polígrafo, que podría configurar el delito de peculado por uso con fines privados de cosas públicas. Y si se prueba que ella ordenó o autorizó las chuzadas, la podrían esperar 12 años de prisión. Es decir que si la Fiscalía tiene pruebas suficientes en su contra, la presión para que negocie un acuerdo a cambio de evidencia sobre delitos cometidos en la campaña será alta.
Sin embargo, aún si el CNE y la Fiscalía demuestran una eficacia sin precedentes y descubren algo que eventualmente implique al presidente Petro, tendrán que entregar la evidencia a la Comisión de Acusaciones. Y ahí seguramente morirá cualquier embate jurídico. Pero todo será usado como munición política en su contra.
El impacto político
La semana que termina dio una medida del impacto que podría tener este escándalo sobre el gobierno a futuro.
Como lo analizó Riveros en su columna, el golpe no inmovilizó al presidente Petro, quien fiel a su carácter dejó claro que no meterá al congelador su gobierno mientras se defiende.
Lo que no quiere decir que varias cosas cambiarán al interior de la Casa de Nariño y en la relación entre el presidente y los demás “factores de poder”.
La primera es que el presidente se atrincherará en el círculo de “leales” de su gobierno. Tras décadas de ser víctima de persecución, el presidente tiene una tendencia a la paranoia. Este escándalo, provocado por personas muy cercanas a él, no hará sino agudizarla. Una señal de eso es la inminente llegada a Casa de Nariño de Augusto Rodríguez en reemplazo de Sarabia.
Rodríguez, el actual director de la Unidad Nacional de Protección, es una de las pocas personas que tienen capacidad de influir sobre Petro. Y durante la alcaldía de Bogotá instaló en el gobierno distrital una cultura de “detectivismo” para identificar eventuales “traidores” dentro del equipo, según contaron dos funcionarios de la época. Una cultura que ya ha asomado la cara dentro del gabinete presidencial, y que seguramente lo permeará.
La idea de ser víctima de una conspiración —como la que esgrimió sobre el ‘golpe blando’ esta semana— también será más notoria y frecuente en la retórica presidencial. Así como el discurso populista contra las élites y los medios de comunicación, a quienes ha construido como enemigos.
“Petro está en un dilema: va por un acuerdo para recomponer las mayorías en el Congreso y pasar las reformas, o va por la vía de tratar de imponerlo, generando polarización y enfrentamiento”, dice Carlos Franco.
A juzgar por la semana pasada, Petro intentará radicalizar el discurso para mantener movilizadas a sus bases mientras en el Congreso intenta armar una coalición más pequeña con los creyentes y los enmermelados.
“Le están dando un montón de juego al ministro del Interior para reacomodar las fichas y está logrando una cantidad de cosas con los liberales”, dice Gonzálo Araújo, socio de Orza, firma de relacionamiento estratégico, con gran conocimiento del Congreso. “Pero todo el mundo se va a radicalizar y eso va a generar un bloqueo institucional entre el gobierno y el Congreso”.
Araújo dice que los conservadores están viendo que el sector empresarial nuevamente se interesa en ellos y que lo mismo comienza a pasar con la U. El partido Verde, por su lado, ha implosionado. Eso enredará el paso de las reformas por las plenarias.
Sobre todo porque el escándalo de las chuzadas también ha avivado en el Congreso la paranoia de estar interceptados y episodios como el reciente del Fondo Nacional del Ahorro han creado hondas desconfianzas al interior de la coalición oficial. Para muchos de los que quieren colaborarle al gobierno, la preocupación ahora es cómo blindarse para no terminar expuestos en los medios o en la Corte, según le dijeron algunos congresistas a La Silla.
Si las principales reformas se enredan, el gobierno podría seguir dos caminos, ambos igualmente arriesgados.
El primero es el de ejecutar sus políticas a punta de decreto y ejercer una versión maximalista del presidencialismo. “Los superintendentes se van a volver unas figuras muy importantes, van a ser el garrote”, pronostica Araújo. “Son como la policía del Ejecutivo. Cada vez más, el Estado les ha entregado más competencias.”
Ya el gobierno Petro ha comenzado a hacer uso de ellas contra empresas con las que ha entrado en controversias públicas.
El otro camino podría ser la negociación con el ELN. Ahora que firmó el cese del fuego, la mesa ha anunciado que está trabajando en el punto de participación. Según lo que ha planteado el ELN y el gobierno, trabajan en un gran mecanismo de consulta a diferentes sectores del país “para trazar transformaciones sociales que se acuerden en la mesa” y que serán ejecutadas inmediatamente.
El miedo de algunos es que la mesa con el ELN se convierta en un “congreso paralelo” provocando un choque institucional.
El último efecto tiene que ver con el siguiente fiscal general, que sucederá a Barbosa a partir de febrero. Dadas las investigaciones contra Nicolás Petro, Benedetti, Sarabia y la propia campaña de Petro, difícilmente será una persona independiente del presidente.
Hasta ahora comienza a verse el impacto político del escándalo Sarabia-Benedetti. Pero las primeras señales no son halagadoras.
