Esta mañana la Procuraduría destituyó e inhabilitó por dos años a la Curadora Cuarta de Bogotá, Nohora Cortés Cuéllar, por haber entregado de manera irregular una licencia de construcción al Centro Comercial Unicentro. Con esto, la Procuraduría le da la razón a los vecinos y le asesta otro golpe a las pretensiones del centro comercial.

Aunque esta decisión queda pendiente de la segunda instancia, pone una vez más en evidencia la débil institucionalidad que hay para la entrega de licencias de construcción en Bogotá.

El Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Brito, destituyó a la Curadora por entregar la licencia sin el plan de movilidad ni el plan de implementación.

La licencia debía haber estado condicionada a que Unicentro se comprometiera a realizar las obras necesarias para amortiguar el impacto de la nueva torre, de 25 pisos, en la ciudad. Como Cortés no comprobó que Unicentro asumiera estos compromisos (de hecho Unicentro nunca lo hizo), la Procuraduría la destituyó por cometer una falta gravísima dandole la razón a los vecinos y a la ex directora de Planeación Distrital María Camila Uribe.

Pero la Procuraduría encontró que no había problema en que Cortés hubiera otorgado la licencia para adecuación y modificación y no para obra nueva. Además, tampoco vio ningún problema en la forma en que la asamblea de copropietarios del centro comercial aprobó la obra. Con respecto de estos dos hechos, que también han tenido argumentos de los opositores de la nueva torre, la victoria fue para Unicentro. Aunque la destitución de la curadora es una importante victoria de quienes se oponen a la obra, el debate sigue abierto y los procesos siguen avanzando. 

En 2008, el centro comercial solicitó a la Curadora Cuarta una licencia para construir una torre de 25 pisos en una esquina del lote de Unicentro, donde antes había una estación de gasolina. Unicentro solicitó una licencia de ampliación, que tiene muchas menos exigencias que una licencia de obra nueva, y la concedió la curadora Cortés, en enero de 2009.

Como los proyectos de licencias de ampliación no exigen que se les comunique a los vecinos, Unicentro sólo notificó a sus copropietarios con un anuncio en su cartelera interna y los vecinos solo se enteraron varios meses después, a mediados de 2009. Enfrentados a una futura torre de oficinas que generará más contaminación, más basuras, más trancón y mayor consumo de agua, los vecinos empezaron a movilizarse, como lo informó La Silla Vacía.

Finalmente, en febrero de 2010 pidieron a la Secretaría Distrital de Planeación que revocara la licencia. Después se produjeron otras seis solicitudes de revocatoria, incluyendo las de la Contraloría Distrital, la Personería y la Procuraduría General. Como lo explicó La Silla Vacía, la Secretaria de Planeación no revocó la licencia porque las solicitudes fueron tardías y entendió que ya no tenía la potestad para revocarla. Sin embargo, demandó la licencia ante la justicia porque creía que había sido concedida irregularmente por la Curadora y le pidió a la Alcaldía Local de Usaquén que suspendiera la obra. Es decir, se alineó con los opositores de la licencia, aún sin revocarla.

La licencia terminó demandada por todos lados, con acciones populares y de nulidad en su contra; y atacada por todos los organismos de control y los vecinos de Unicentro. El pasado 22 de marzo, el Juzgado 20 Administrativo de Bogotá ordenó la suspensión provisional de la licencia, dentro de la acción popular que interpuso la Contraloría Distrital. Es decir, para la juez a primera vista la licencia tenía tantas irregularidades que había que suspenderla, aún antes de la sentencia. Un duro golpe para las pretensiones del centro comercial.

Con la destitución de la curadora que otorgó la licencia se suma otra derrota para Unicentro. Es un golpe indirecto porque si bien en prinicpio no afecta el estado de la licencia, sí le da más argumentos a un juez para anularla de manera definitiva. Nohora Cortés terminaba su período en tres semanas o sea que en la práctica tampoco cambia mucho la situación. Pero esta decisión le da la razón a sus críticos.

La Curadora Cuarta de Bogotá es una arquitecta, especializada en derecho urbano en el Externado. Antes de ser curadora estuvo vinculada, como contratista, entre 1999 y 2005 con Planeación Distrital, donde participó en la elaboración del POT de 2000 y su revisión de 2003. Conoce los temas urbanísticos, que son clave en el trabajo de un curador. Y también trabajó con constructores; estuvo en la Caja de Vivienda de la Policía Nacional y en la constructora Ospinas y Cía. por más de 13 años. Es decir, conoce las dos caras de la moneda.

En 2005 se abrió un concurso público para elegir curadores en Bogotá. Después de la evaluación que hizo la Universidad Nacional, quedó de segunda en la lista de elegibles, con un excelente puntaje en su experiencia profesional, uno muy alto en la prueba escrita de conocimientos y uno muy bajo en el ítem de condiciones profesionales. Finalmente fue designada por el entonces alcalde Lucho Garzón y su directora de Planeación Distrital Catalina Velasco, para reemplazar al curador número 4. Su período, de cinco años, vencería a finales de este mes.

Cortés heredó la curaduría que tenía la mayor porción del mercado y la ha mantenido: según datos de la Secretaría de Planeación, entre 2008 y 2010 otorgó el 31 por ciento de todas las licencias de Bogotá. Pero, sobre todo, tiene los mayores ingresos: en ese mismo período otorgó licencias por el 45 por ciento de los ingresos totales por licencias concedidas.

Como curadora, además, ha tomado decisiones polémicas, fuera de la de Unicentro. Ella fue quien le otorgó una licencia a Pedro Gómez y Cía. para la construcción de un centro comercial en la carrera quinta con calle 72, que se iba a llamar Quinta Avenida. Después de que Planeación Distrital revocó esa primera licencia, la constructora presentó otra solicitud y Cortés la otorgó, aunque finalmente se cayó en la segunda instancia. Planeación Distrital la revocó por problemas en el estudio de movilidad, según certificó la entonces secretaria de Tránsito Patricia González. Esta decisión le valió un enfrentamiento con los vecinos de la obra y una denuncia de la Sociedad de Mejoras y Ornato ante la Procuraduría.

Y es que Cortés ha tenido varios roces con vecinos de obras y con entidades cívicas como la Sociedad de Mejoras y Ornato. Para Juan Luis Moreno, Vicepresidente Ejecutivo de esa entidad, eso se debe a que ella ha tenido la tendencia de interpretar las normas jurídicas a favor del constructor. Para ello pone como ejemplo la licencia, que actualmente está en debate, que obtuvo Pedro Gómez y cía para construir unos edificios de vivienda en el antiguo Colegio Colsubsidio, en la calle 79 con carrera 2. A juicio de Moreno, en ese caso, la licencia, al igual que Unicentro, la licencia se solicitó y otorgó como si fuera una ampliación cuando en realidad el cambio era tan drástico que se trata de una obra nueva. Cortés también tuvo un enfrentamiento con expertos y vecinos por una licencia de construcción en el norte de Bogotá, una zona cuya regulación, el Plan Zonal del Norte, aún estaba en proceso. 

Pero es que el problema está, precisamente, en la dificultad de interpretar las normas de urbanismo y en la multiplicidad de conceptos contradictorios que ha emitido Planeación. 

En el fondo, los curadores son a la vez el eslabón más debil de la cadena de planeación urbana y uno de los cargos más apetecidos. Como son indivudos expertos que no dependen de ninguna entidad pública, y pueden llegar a ganar 80 millones de pesos mensuales, como le aceptó Nohora Cortés a El Tiempo hace unos años, muchos desearían convertirse en curadores. Pero tienen un régimen jurídico confuso y, cuando existen problemas legales, son ellos quienes se deben defender directamente. Por eso la destitución de la Curadora Número 4, a pocas semanas del final de su período, no es sólo una victoria de los vecinos de Uncientro, sino también un llamado a la reflexión sobre la figura del curador urbano.

Las curadurías urbanas son un esquema relativamente nuevo, que nació en 1995 por iniciativa del gobierno nacional. Hasta ese entonces, las licencias de construcción las otorgaban las oficinas de planeación de los municipios o distritos, en un esquema que se hizo famoso por las demoras y la corrupción. Por eso se planteó que se debería delegar a particulares esa función, por lo menos en las ciudades más grandes.

La idea era que unos particulares, con sus propios recursos, prestaran este servicio, en un esquema similar al de las notarías: cobran por trámites, según unas tarifas que establecen las normas (no la libre competencia) , y con ese dinero pagan los costos de prestar el servicio. Por eso, un tema clave para incentivar la construcción, remunerar a los curadores y asegurar que prestaran un buen servicio, era que no ganaran poco dinero para hacerlos menos proclives a la corrupción.

Los curadores ganan dinero por cada metro cuadrado que licencian. Por eso, el esquema mismo incentiva que sean laxos con los constructores y que tiendan a permitir la construcción de edificaciones grandes. Cuando un curador pone límites a un proyecto de construcción, por ejemplo recortando los pisos de un edificio o imponiendo zonas que lo aíslan de su vecinos, está reduciendo sus ingresos.

Pero, además, los curadores se enfrentan a una maraña de normas y conceptos que ha emitido Planeación Distrital. Y es que los curadores deben acogerse a las directrices que da Planeación a través de respuestas a preguntas de arquitectos y abogados, y a las decisiones de la entidad cuando alguno de los interesados apela una licencia de construcción. Es decir, aunque desde hace 15 años Planeación no entrega licencias de construcción, sí orienta la actividad de los curadores. Y, de esa manera, interviene en las licencias.

Pero, además, la misma normatividad de las curadurías ha sido confusa. Aunque tienen una estructura similar a la de las notarías, no existe una superintendencia que las vigile y las sancione, en caso de que cometan irregularidades. Por ahora, existe un Colegio Nacional de Curadores Urbanos, que ha resultado ser más una agremiación que una figura de autoregulación. Y aunque existen unas comisiones de veeduría que las debe vigilar, según la ex alcaldesa de Chapinero, Angélica Lozano, cuando se acercó a la de Bogotá en su rol como alcaldesa local, la encontró “muy temorosa” de vigilar a los curadores.

Con la decisión de esta mañana, en el corto plazo nada cambia. Cortés se mantiene en su cargo mientras se decide la apelación o se termina su período, lo que ocurrirá en los próximos días. Y el esquema de los curadores urbanos sin entidad de control clara, también sigue vivo.