Que los niños alcen la voz

Hay que fomentar las organizaciones de padres, fundaciones y jóvenes para que sean un contrapeso a los demás grupos de interés disputándose la atención del gobierno.

A pocas semanas del segundo pico de la pandemia, la vida en Bogotá sorprende por su normalidad. Los restaurantes, centros comerciales y hasta los gimnasios están abiertos. A pesar de las medidas de bioseguridad, muchos son espacios cerrados, donde el uso correcto de tapabocas es difícil por la necesidad de comer o la dificultad de ejercitarse con tapabocas, y donde la evidencia ha demostrado que la propagación del virus es relativamente fácil.

Mientras tanto, a pesar de algunos avances alentadores, la reapertura de colegios es preocupantemente lenta. A primero de marzo, en Bogotá solo 42 de más de 400 colegios públicos han abierto (y 23 de ellos abrieron este lunes), lo cual representa solo el 2 por ciento de la matrícula pública. En Barranquilla la situación es aún peor con a penas 2 colegios abiertos, mientras que en Cali no ha abierto el primero. Medellín es la ciudad capital que ha logrado mayores avances, con el 54 por ciento de colegios públicos actualmente en alternancia. Pero, en general, el estado de reapertura en el país es desalentador. 

El sindicato de profesores, Fecode, ha sido uno de los focos de resistencia a la apertura de colegios. Sus dirigentes argumentan que los colegios no cuentan con las medidas de bioseguridad que les permitirían retornar a clase de forma segura. Y aunque esto sin duda es cierto en muchos sitios, no es claro por qué después de un año de pandemia la gran mayoría de colegios aún no están preparados. Por otro lado, los estándares que exige Fecode en ciertos casos son inalcanzables, como algunos exigiendo que todos los profesores estén vacunados antes de regresar a aulas.

Es difícil medir el nivel de riesgo aceptable, pero la realidad es que la gran mayoría de colombianos se ve obligado a enfrentarse a niveles de riesgo elevados por la necesidad de ganarse la vida. Los trabajadores de supermercados y farmacias y conductores de transporte público, sin mencionar a los trabajadores de la salud que le ponen el pecho todos los días a la pandemia, enfrentan riesgos de contagio relativamente altos. ¿Qué nivel de riesgo es, entonces, razonable pedirles a los profesores?

Es una pregunta difícil de contestar, pero es necesario sopesar la evidencia existente sobre el riesgo a los maestros (que parece ser relativamente bajo) con los riesgos a la salud y bienestar para los niños de mantener los colegios cerrados (que es multidimensional y alto).

La evidencia que tenemos sobre la apertura de colegios es tranquilizante. Los niños, en contra de lo que se cree, son juiciosos y respetan las normas. Un resumen de la evidencia existente indica que la reapertura de colegios, bajo ciertas condiciones razonables de aislamiento, ventilación y uso de tapabocas, no representa un riesgo grande de volverse focos de contagio, y que los docentes no están en mayor riesgo de contraer el virus que otras profesiones. A pesar de que la evidencia viene principalmente de países europeos y Estados Unidos, que han priorizado la apertura de colegios, existen algunos casos preliminares de éxito en Colombia, como Palmira, Pereira y Antioquia, que tienen pilotos de colegios abiertos desde el año pasado con tasas de contagio bajas.

Evidentemente, tanto estudiantes como profesores con factores de riesgo elevados, con comorbilidades o riesgo en el hogar, deben ser protegidos hasta que puedan ser vacunados.  Sin embargo, muchos profesores jóvenes que llevan haciendo malabares para poder educar a sus estudiantes en la virtualidad seguramente podrán empezar a dictar presencialmente antes. Esto quizás también podrá aliviar su carga que, en la gran mayoría de casos, se ha multiplicado en la virtualidad.

Mientras los riesgos de abrir parecen ser relativamente bajos, los riesgos de mantener los colegios cerrados no lo son (Sandra García da un buen resumen de la evidencia de los impactos en todos estos aspectos en la vida de los niños, niñas y jóvenes en una nota reciente del Pnud). Si bien, los docentes se han esforzado por llevar clases a distancia, la falta de conectividad, y condiciones precarias de muchos hogares dificultan la educación virtual. Esto conlleva a una preocupante pérdida de aprendizaje, particularmente para los niños y niñas más vulnerables, ampliando brechas socioeconómicas que ya eran altas antes de la pandemia. Muchos jóvenes se verán obligados a desertar, lo cual les cierra oportunidades a lo largo de su vida. Una encuesta realizada por dos colegas de los Andes, Sandra García y Darío Maldonado, junto con ProBogotá, encuentra que el 2,5 por ciento de los hogares encuestados reportan que por lo menos un estudiante (mayoritariamente mujeres de estratos 1 y 2) dejó de estudiar por la pandemia. 

Adicionalmente, para muchos niños los colegios son entornos protectores, y el encierro y estrés producido por la crisis económica pueden aumentar la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil. Finalmente, no se puede subestimar la importancia de la interacción social, el deporte y el juego para el desarrollo y bienestar de los niños; ya hay preocupantes indicios de los efectos negativos del encierro y el aislamiento social sobre la salud mental de los niños, con altas tasas de depresión, ansiedad y estrés. Según la encuesta de ProBogotá, aproximadamente 1 de cada 3 padres de familias reporta aumentos en estrés, ansiedad y sobrecarga en sus hijos.

Los problemas no son solo para los niños: sus madres y principales cuidadoras también se han visto obligadas a reducir su participación laboral y escatimar sus ya escasos tiempos de descanso ante el aumento en las necesidades de cuidado y trabajo del hogar, lo cual se ve reflejado en la gran ampliación de la brecha de género en la participación laboral.

¿Quién lucha por los intereses de los niños?

La semana pasada los dueños de los gastrobares en Bogotá salieron a protestar por la nueva norma que les impide operar. Por un lado, es entendible su frustración y su preocupación por nuevos cierres que los ponen a ellos y a sus trabajadores en riesgo de perder sus negocios y empleos. Por otro lado, que los bares estuvieran abiertos y los colegios cerrados es un triste reflejo de la bajísima prioridad que ha tenido la reapertura de colegios en Colombia.

¿Dónde están las protestas de niños en las calles exigiendo la apertura de colegios? Los profesores tienen sus voceros, ¿pero quién defiende los intereses de los niños? Las madres y padres de familia son sus representantes naturales, pero no suelen estar organizados al mismo nivel que los sindicatos. Recientemente un grupo de colegas académicos, padres de familia, fundaciones y educadores se ha organizado para tratar de presionar por la apertura de colegios bajo el #LaEducaciónPresencialEsVital. Estos esfuerzos han sido admirables y valiosos en presionar la apertura de colegios, pero se generaron precisamente como respuesta al vacío de representación de los intereses de los niños.

La crisis de representación de la educación pública ha empeorado con la fuga de la clase media hacia la educación privada. Un patrón común en América Latina es que tan pronto las familias de clase media ahorran lo suficiente, mandan a sus hijos a un colegio privado. Familias que a duras penas sobreviven con el ingreso mensual, prefieren invertir sus pocos ahorros en darle una mejor oportunidad a sus hijos en un colegio privado (aunque estos no siempre resultan ser de mejor calidad que los públicos). En muchos países desarrollados, la educación privada es la opción de una pequeña élite. En Colombia, en cambio, el 98 por ciento de los estudiantes de estrato 6 van a colegio privado, pero lo sorprendente es que, en los estratos 3 y 4, más del 80 por ciento también elije colegios privados. Quizás eso ayude a explicar por qué la educación pública sigue estancada: los grandes esfuerzos son por evitarla, y esto hace que cada vez menos familias exijan que los gobernantes se preocupen por mejorarla.

Esta fuga masiva de la clase alta y media de los servicios del Estado dificulta enormemente su mejora. Cuando los poderosos de la sociedad responden a la baja calidad del Estado sustituyéndolo por provisión privada, y la clase media los sigue tan pronto le es posible, cada vez se oirán menos voces exigiendo esas mejoras tan necesarias en la calidad del Estado.

Quizás deberíamos condicionar la apertura de comercios, bares y restaurantes, a que todos los colegios estén operando. Por lo menos así tendríamos a todos los gremios protestando en las calles y haciendo lobby en los palacios de Nariño y Liévano para exigir que se cumplan los protocolos de bioseguridad que permitan que los colegios abran.

Más seriamente, necesitamos trazar el camino para volvernos una sociedad que prioriza la educación y el bienestar de los niños. Necesitamos fortalecer la voz de los niños más vulnerables, fomentando las organizaciones de padres, fundaciones y jóvenes para que puedan ser un contrapeso a los demás grupos de interés disputándose la atención del gobierno. Esto es crítico no solo para que los niños regresen a clases lo antes posible, sino para poder convertirnos en un país en el que, en la próxima crisis, los colegios —y no los centros comerciales o bares— sean los últimos en cerrar y los primeros en abrir.