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En el informe de transparencia por Colombia salen a relucir las fallas en los controles a la contratación local, en donde el círculo vicioso de “yo te financio tu me contratas”, sigue estando presente. Un carrusel de contratos y elecciones que no se detiene.
Es un pico que difícilmente estamos cerca de superar los colombianos: el de la corrupción. Como lo advierte un reciente estudio de Transparencia por Colombia, en la pandemia por el covid se dispararon los riesgos y hechos por corrupción en el país. De su informe territorial: “ciudadanía activa con los recursos puestos en el covid-19”, se desprende que el 85 por ciento de la contratación pública se realizó de forma directa, y el 36 por ciento ligados a urgencia manifiesta, una utilización desmedida de esta forma discrecional de contratación.
Fueron 1.5 billones de pesos que tuvieron serias irregularidades en la idoneidad de los contratistas, sobrecostos o información incompleta, entre otros. Una total opacidad en la contratación, en medio de la desazón por las muertes y necesidades de miles de familias que se quedaron sin nada.
En el informe también se menciona el aumento de las denuncias ciudadanas sobre posibles hechos que lesionan la transparencia en la contratación, lo cual coincide con la alta preocupación ciudadana revelada en la reciente encuesta de Invamer-Galup, en donde la ciudadanía se muestra más preocupada por la corrupción que del covid.
Es una situación endémica en nuestra sociedad que parece no tener vacuna y mucho menos inmunidad a la vista. Un tema en el que, a pesar de la fuerte discusión pública en los últimos años -con incluso una consulta popular en la mitad-, parece no ser atendido por la institucionalidad del país,que termina mirando para otro lado o incluso participando -directa e indirectamente- en su proliferación. ¿Qué nos pasa y hasta dónde vamos a llegar? La corrupción y sus protagonistas no fueron capaces de respetar la pandemia y sus víctimas.
Según diversos analistas, lo que ocurre es que se han naturalizado este tipo de prácticas. Para Gustavo Duncan, la imposibilidad de los colombianos de sancionar moralmente a nuestra clase política, ha impedido la consolidación de una institucionalidad que juzgue y persiga efectivamente a los corruptos. Una reconfiguración institucional y cultural que en algunos territorios les permite a los corruptos andar a sus anchas: “es que roban, pero hacen”
También, la ausencia de fuertes controles institucionales que impiden un juzgamiento efectivo de las practicas delictivas. Eso se ve expresado en la cooptación de los órganos de control, que salvo contadas excepciones, los sigue poniendo el ejecutivo. Lo que ha pasado en los últimos días con la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría y el Congreso es inédito; un conejo presidencial a su promesa del fin de la mermelada.
En el informe de transparencia también salen a relucir las fallas en los controles a la contratación local, en donde el circulo vicioso de “yo te financio tu me contratas”, sigue estando presente. Un carrusel de contratos y elecciones que, de acuerdo a Perry Rubio, debe ser desactivado por una necesaria reforma política.
Los datos para el Atlántico, consolidados por la Fundación Foro Costa Atlántica son preocupantes. Muestran que el 88,6 por ciento de los contratos durante la pandemia fueron efectuados por contratación directa, llamando la atención en temas como: falta de información, idoneidad de los contratantes, sobre costos e incongruencias en los objetivos contractuales con las necesidades de la pandemia.
Además de los ruidos por los mercaditos, en el caso de la Gobernación, se encontraron significativos sobre costos en la compra de elementos médicos (lo cual esta investigando la contraloría); y recursos para el mantenimiento de escenarios deportivos en el Distrito de Barranquilla, usados para la emergencia, ¿preparándonos para los panamericanos en plena pandemia? Absurdo.
Para colmo de males como lo mencionan Newman y Angel, sin la una adecuada rendición de cuentas (accountability) las posibilidades de corrupción aumentan. Mientras se hacen millonarias contrataciones 112 mil millones de pesos en total en el todo el Departamento (incluyendo Barranquilla), brillan por su ausencia los órganos de control político: Asambleas y Concejos; la contraloría y personería distrital (Inmersos en escándalos); e igualmente, la total ausencia del control social por parte de organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Un preocupante escenario en donde los riesgos por corrupción en la pandemia parecen imparables.
