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La educación colombiana, pese a sus precarios resultados y a su panorama de crisis generalizada, ha sido la gran ausente del paquete de reformas en las que el gobierno nacional ha apalancado el discurso y la ruta de acción para un cambio estructural que responda a las demandas de la sociedad y a los retos que plantean nuestros volátiles, inciertos, complejos y ambiguos tiempos.
Aprobado el Plan Nacional de Desarrollo y conocidos los lineamientos gruesos de la política educativa, el plan indicativo y la gestión legislativa para lograr transformar el sistema de salud, el panorama laboral y el régimen de pensiones, se concluye que para el sector educativo no se presenta una estrategia equivalente pese a que diferentes actores del sector educativo y la sociedad la vienen demandando.
Colombia lleva tres planes decenales de educación y dos misiones de sabios. Los primeros invariablemente han venido planteando el desafío de articular el sistema educativo y replantear el modelo educativo para que sea pertinente a las condiciones actuales de nuestro país y de nuestro planeta.
Los más connotados pedagogos hablan de la urgente necesidad de cambiar el currículo y las academias de ciencias hablan de una “reforma integral del sistema educativo colombiano que responda a las necesidades de formación de los estudiantes del siglo XXI” (Forero, 2023).
El Foro de Ciencia y Educación por el Desarrollo y la Paz presentó una declaración con similares demandas en un evento sobre la transformación de la educación la ciencia y la innovación realizado en el Congreso de la República el 24 de abril con diversos actores de la academia, de la política y del gobierno.
Y, más recientemente, representantes del Movimiento Pedagógico, del Movimiento Social por la Educación, de las Expediciones Pedagógicas y de otros sectores de la Educación se reunieron en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional el 4 de mayo con el viceministro de educación inicial básica y media, dos integrantes de su equipo asesor y dos del despacho de la ministra y plantearon la constitución de una Mesa por la Reforma Educativa Integral.
Entre las apuestas del gobierno se encuentra crear 500.000 nuevos cupos para educación superior, constituir nuevas instituciones y avanzar en la gratuidad de este nivel educativo y consagrarla como un derecho humano.
Estas propuestas, referidas a un solo nivel del sistema educativo, se podrían incluir en lo que expertos llaman reformas de disponibilidad y acceso dirigidas a la cobertura, que descartan o posponen decisiones de fondo como la mejora de la calidad.
La comunidad académica y otros sectores de la sociedad claman por una reforma de tipo estructural, con énfasis en la gobernanza, que implica una amplia participación para lograr un consenso en los cambios de la arquitectura institucional, los mecanismos de articulación del sistema, el modelo educativo, el currículo, la política de formación docente y la financiación para echarlo a andar.
En virtud de ello, la Mesa por la Reforma Integral de la Educativa propone al gobierno nacional recuperar la institucionalidad de instrumentos de política pública que favorecen la construcción participativa de políticas de largo plazo como son los planes decenales de educación, los foros educativos locales, regionales y nacional y las juntas educativas (nacional, departamentales, distritales y municipales) cuya función ha sido minimizada, tergiversada o invisibilizada en las recientes décadas.
Las actuales condiciones planetarias han presionado para cambiar el paradigma educativo por uno nuevo dirigido a formar en las llamadas habilidades del siglo XXI: iniciativas como el Proyecto Engauge de las grandes transnacionales tecnológicas Intel, Cisco y Microsoft, la propuesta por el Foro Económico Mundial; la Iniciativa Global de Innovación y Aprendizaje para el siglo XXI de la Universidad de Harvard y las Competencias para el Siglo XXI del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos (NRC), entre otras, proponen un conjunto de competencias que en su concepto deberían privilegiar los sistemas educativos.
Aunque algunas ponen el énfasis en preparar a las poblaciones para los aparatos económicos, es claro que la sociedad global demanda también formar ciudadanos activos en los ámbitos de la vida, la cultura y en la política.
Sistemas educativos que vuelvan a la multidimensionalidad humana que no es solo cognitiva sino emocional, cultural, natural, física y mental y demandan estrategias de formación y de evaluación múltiples y flexibles.
Se cuenta con muchos ejemplos de naciones que han abordado reformas educativas para las competencias del siglo XXI como Singapur, China, Finlandia y en nuestra región, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y México. De todas se pueden aprender lecciones; ninguna transformación estructural es fácil y cualquiera genera resistencias, dificultades y retos, pero es una tarea inaplazable y para que sea viable y con posibilidades de ser exitosa, es necesario construirla con docentes y con los territorios para que se tengan en cuenta los diversos contextos.
Nuestra reforma más reciente, de principios de los 90, liderada por el magisterio, abrió puertas para definir fines y objetivos; avanzar en el derecho a la educación, la autonomía institucional y la gestión de calidad pero también se generó una contrarreforma para limitar esos derechos y esa autonomía. Y, aunque el balance es favorable, mucho ha cambiado y hoy son otros los desafíos que reclaman una renovada legislación.
En el Plan de Desarrollo conciliado, se incluyó, por la proposición de un representante del Pacto histórico, el artículo 122 sobre la reforma integral de la Ley 30 de la educación superior, que prescribe que “El Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) y el Sistema Universitario Estatal (SUE) adelantarán de manera participativa, con la ciudadanía, las organizaciones y actores de la educación superior, la reforma integral de la Ley 30 de 1992”.
Esta reforma integral debe extenderse a todo el sistema educativo. Estamos frente a una nueva era que debe estar signada por la educación, en la cual, con los liderazgos del gobierno y de la política y con amplia participación ciudadana, se materialice lo que ordena nuestra Constitución Nacional de 1991: que la educación sea una responsabilidad de toda la sociedad y que sea pertinente para los territorios, las culturas y las etnias y relevante para nuestra niñez y para nuestra juventud.
