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Tras el asesinato del director de la Cárcel Modelo, el coronel retirado Élmer Fernández, el interés inicial de las autoridades y de los medios de comunicación se concentró en la discusión sobre la desprotección en que estaba el director en el momento del atentado. La falta de un esquema de seguridad adecuado, teniendo en cuenta los grandes riesgos que tenía, los posibles asesinos y quienes pudieron apoyarlos desde la cárcel.
Hasta ahora solo se ha tomado la medida de trasladar a La Picota al recluso Pedro Nel Caro Triana, conocido con el alias de “Pedro Pluma”, quien supuestamente había amenazado de muerte al director de la Modelo por los operativos de control que se estaban llevando a cabo en los patios en contra de la corrupción y la extorsión.
Son conocidos en las cárceles los famosos “plumas” que, con la participación de algunos guardianes, manejan el comercio de drogas, alcohol, celulares, prostitución, extorsión y en general toda la corrupción. Estos negocios son muy rentables para los cabecillas de las bandas criminales detenidos y para una buena cantidad de guardianes y otros servidores públicos del sistema carcelario y penitenciario colombiano.
La corrupción es el problema
Para nadie es un secreto que uno de los problemas que más afecta el sistema carcelario y penitenciario colombiano es la endémica corrupción del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). El problema se hace evidente en el diario vivir de la mayoría de las cárceles, donde “por todo se cobra”. Pero también es la corrupción administrativa que no pocas veces han hecho evidente los organismos de control, en especial la Contraloría.
En el 2019 el diario El Tiempo publicó un especial titulado “Los crudos testimonios de la corrupción en las cárceles” que recoge testimonios de guardianes e internos sobre este grave problema en varias cárceles colombianas. Como bien lo plantea Elkin Cárdenas, quien lleva más de 20 años como guardia del Inpec, “en los centros carcelarios existe corrupción entre presos y funcionarios”.
En el caso de la Uspec, como lo caractericé en esta columna, la corrupción va desde los contratos de los brazaletes, los inhibidores de señal de celular para evitar las llamadas extorsivas desde la cárcel, hasta los contratos de alimentos, la celebración de contratos de construcción sin diseños definitivos, entrega de anticipos sin respaldos, pagos totales de obras inconclusas, hasta millonarios sobrecostos.
Para vivir bien hace tres años en una cárcel se necesitaban alrededor de diez millones de pesos, hoy la cifra debe ser mayor. Esto significa una buena cantidad de recursos en manos de los grupos criminales dentro de las cárceles, que cuentan con el apoyo de algunos guardianes y servidores públicos corruptos.
Esta corrupción fue la que mató al director de la Modelo y ha matado a otros servidores públicos honestos del Inpec y la Uspec. Mientras estas dos instituciones no sean reformadas profundamente o cambiadas por otras instituciones, se seguirán presentando hechos lamentables, como el asesinato del coronel retirado Élmer Fernández.
Aquí no basta con mejorar los esquemas de seguridad de los directores y guardianes de las cárceles amenazados, que en muchos casos no llegarán, llegarán tarde o serán insuficientes, como ha sucedido con muchos líderes y lideresas asesinadas.
Justo en esos esquemas de protección también hay corrupción e inconsciencia, por aquellos que tienen esos esquemas pero que no los necesitan. Esto no permite que otras personas que sí están amenazadas de muerte y realmente requieren protección, tengan este servicio.
Escoltas: otro problema sin solución a la vista
En la gran mayoría de los esquemas de seguridad, los escoltas son más “grupos de compañía” que facilitan la vida de los protegidos en cuanto a movilidad, status social, labores de oficina, mensajería y hogar, que no tienen nada que ver justo con proteger al personaje.
Es contradictorio que en el país de los años 80, 90 y comienzos de este siglo, en el que los líderes políticos y los ciudadanos en general tenían mayores riesgos en materia de violencia y delincuencia, existían menos de mil esquemas de seguridad.
Fueron las épocas de los magnicidios, los atentados terroristas de los narcos y de las Farc. También de las masacres y los secuestros, estaban activos los grupos guerrilleros y los paramilitares y la tasa de homicidios superaba los 70 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, cuando hay menos riesgos, hay cerca de ocho mil esquemas de seguridad, muchos para proteger personajes que no los requieren y que se les asignaron por los cargos que ostentan u ostentaban.
Hay que reconocer que muchos ministros, funcionarios públicos nacionales, congresistas, alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, exfuncionarios no requieren esquemas de protección, pueden reducirlo al máximo o solo requerir el vehículo y el conductor. Esto permitiría que el Estado pueda proteger como corresponde a los directores de las cárceles más peligrosas; y a los líderes y lideresas que hoy están amenazados de muerte y que los van a seguir asesinando si no se les protege.
Hoy los riesgos son mínimos, casi inexistentes, para buena parte de las personas protegidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), ellos lo saben y no son capaces de renunciar a ese “privilegio inmerecido”, para poder entregárselo a quienes sí son amenazados y están en riesgo real de ser asesinados.
La corrupción, la asignación amañada de esquemas de seguridad y la inconsciencia de la gran mayoría de protegidos que saben que no requieren el servicio de escoltas son problemas que hasta ahora no aparecen en la agenda del gobierno de cambio que prometió acabar con la corrupción. Ese el principal problema de las cárceles y de otras instituciones del Estado.
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