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Nuevamente, el sur de Bolívar ha llamado la atención de la prensa y la opinión pública por los impactos humanitarios que se han venido produciendo en el marco de la confrontación militar entre varios grupos armados ilegales. Si bien estos episodios no son nuevos, sí pueden marcar un punto de inflexión en la trayectoria de esta subregión del país.
Este texto apunta a analizar dos dimensiones que resultan útiles para el análisis y la comprensión de las dinámicas y lógicas violentas, más allá de la visibilización de la crisis humanitaria que está experimentando esta subregión del país. Uno, quiere señalar y comprender qué está en juego en este territorio, con esto nos referimos al valor estratégico del lugar, la disputa por los recursos y las posibilidades de gobernar y ordenar a las comunidades que lo habitan. Segundo, qué nos devela esta nueva guerra territorial y cómo se puede leer a la luz de la ontología violenta del actual ciclo violento pos Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
De dónde partimos
El sur de Bolívar, así como otros lugares del país, ha pasado por períodos de relativa estabilidad, en particular, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) había logrado posicionarse como el actor armado dominante en el territorio. Basta recordar su momento dorado, en los años ochenta, cuando de la mano de la naciente élite política y económica santa roseña creó todo un modelo de gobernanza que se extendió hasta mediados de los años noventa. La erosión del dominio eleno, hasta reducirse a sus mínimas expresiones con la entrada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se dio en la segunda mitad de la década de los noventa por sus intentos de mayor control de la vida política local, intensificación de extracción de recursos y la entrada de la coca, de la mano de las Farc.
Desde ese entonces esta insurgencia ha permanecido en el sur de Bolívar gracias a toda una serie de pactos, muy cambiantes a lo largo del tiempo y con disputas violentas de por medio, con diversos actores armados, siendo el más duradero el que estableció con las extintas Farc. No obstante, esta aparente tregua y paz se empezó a romper con el asesinato y amenaza que de excombatientes de la extinta guerrilla.
En un intento de ganar terreno político y militar, para recuperar lo perdido años atrás, los combatientes elenos restringieron toda actividad proselitista y de sustitución de cultivos de uso ilícito por parte de los militantes del Partido Comunes. Si bien al igual que en otras zonas del país (como el Cauca, Catatumbo o Nariño) entre 2010-2018, su avance era innegable, su dominio no era completo ni tan sólido en las antiguas zonas farianas. Dos hechos sostienen esto. Uno, la paz mafiosa y de repartición territorial con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), tal y como señaló un mando de la segunda organización en el sur de Bolívar:
Con el ELN, presente en la serranía, “tenemos un acuerdo de no pisarnos las mangueras, juntos, pero no revueltos, ellos en su zona y nosotros en la nuestra. Nosotros tenemos minas, explosivos, pero no queremos enfrentamientos con el Ejército ni el ELN para evitar ataques del Estado que produzcan desplazamientos”.
Y, segundo, el ELN tenía limitaciones y obstáculos para regular a las antiguas zonas y bases de dominio fariano, porque sus formas y métodos eran desconocidos y hasta extraños para aquellos pobladores; algo que también ha sucedido en otras zonas del país como en Catatumbo.
Estos dos elementos explican no solo de donde viene esta disputa, sino que también qué hay detrás de ella. El quiebre o fin de esta paz está vinculada con la percepción de los balances de poder que tienen los actores armados en los territorios donde tiene presencia. Pues en vista de estas dificultades y viendo los éxitos que estaban teniendo otras estructuras de las AGC en diferentes áreas del país contra esta guerrilla, se inició un proceso de expansión en 2020, que no es más que una prolongación de los éxitos de este grupo en Urabá, sur de Córdoba y el bajo Cauca.
Así, el sur de Bolívar sería un eslabón más de una cadena de territorios mineros, conectados naturalmente entre sí: el bajo Cauca (el Bagre-Nechí, nordeste antioqueño, Segovia-Remedios) y la serranía de San Lucas (Santa Rosa del Sur-Simití) donde las AGC han estado replicando su modelo de gobernanza aurífera ya patentado en hace años en el bajo Cauca.
La actual dinámica violenta tiene en un bando a las AGC quien lucha al tiempo con el ELN y una disidencia de las antiguas Farc adscrita al EMC, que se trasladó desde el Catatumbo. Quien más ha perdido terreno, así como en Nariño y Cauca, son los elenos, quienes en vista de un tablero adverso se han aliado con unidades de los Frentes 4, 24 y 37 del EMC para intentar detener el avance de un enemigo común. Esto muestra cómo se ha señalado en otras columnas que las disputas, alianzas y pactos de repartición territorial están más en función de los factores endógenos de poder y el pragmatismo que de las lógicas nacionales del actual ciclo violento; exponiendo un contraste con el capítulo insurgente de 1980 a 2016, cuando años atrás las disputas en una zona reflejaban las dinámicas nacionales. Basta recordar las guerras sostenidas entre las AUC y las Farc en los años noventa o las guerras entre el ELN y las Farc en diversas zonas del país entre el 2005 y el 2011.
Lo que está en juego
Diversos informes de la Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), han señalado de la intención de las AGC de consolidar un corredor de movilidad que vincule el extremo occidental (Urabá-Chocó) del país con el oriental (Catatumbo-sur del Cesar).
Esto no es algo nuevo, ya que las antiguas AUC construyeron y afianzaron este corredor de movilidad años atrás como un muro contención para frenar el asedio insurgente sobre la costa Caribe, así como para consolidar un corredor de movilidad para desplazar recursos y pie de fuerza del occidente al oriente del país. Esto mismo intentó hacer el ELN durante las negociaciones de paz de las antiguas Farc con el Estado colombiano, pero sus derrotas en el bajo Atrato, bajo Cauca y su retroceso en el sur de Bolívar están mostrando su incapacidad para hacerlo.
El corredor de movilidad tiene varias ventajas estratégicas. Hay militares, patentadas en el éxito de las AGC en el norte del país; políticas, como las bases sociales vinculadas a actividades como la coca y la minería; y económicas, ligadas a la coca y el oro. Intuimos que anclado a estas experiencias y a sabiendas de estas ventajas, las AGC pueden estar tratando de reeditar el antiguo corredor paramilitar, ya no para dividir un norte contrainsurgente de un sur guerrillero, pero sí para vincular diversos dominios territoriales que les permitan consolidar una avanzada hacia un territorio al cual llevan tratando de incursionar años atrás: el Catatumbo.
Lo que nos revela esta guerra
Las disputas y el éxito militar que han logrado las AGC hasta el momento revela la fortaleza militar que ostentan en el presente. De acuerdo a algunos testimonios, se menciona que ha logrado conformar una fuerza militar en el sur de Bolívar de la que hacen parte gaitanistas curtidos –muchos antiguos AUC– que se han reforzado con excombatientes de las antiguas Farc, elenos que cambiaron de bando y exmilitares.
Esta riqueza político militar le ha permitido enfrentar a una organización como el ELN, que no se destaca mucho en el campo militar, así como interactuar con sectores de la población que están bajo dominio guerrillero, aprovechando las destrezas y acumulados de los antiguos insurgentes ahora en sus filas para ofertar orden y regulación. Estas gobernanzas híbridas en poco o nada se diferencian de las guerrilleras (establecimiento de normas-reglas de convivencia y formas de tramitar los problemas), salvo que ofrecen mayores canales de ascenso social y son un menor obstáculo para la articulación de estos territorios con la institucionalidad local-regional.
Por otro lado, para el ELN el sur de Bolívar tiene un valor simbólico y de “memoria histórica”, a la vez que representaba la posibilidad de conectar a los Frentes de los extremos del país (Occidental y Oriental), pues es un punto bisagra en todas las direcciones del país (mundo andino, Caribe, Pacífico y los santanderes). Así que perder su posición hegemónica en el sur de Bolívar significaría una derrota estratégica y contra el actor que más terreno ha perdido: las AGC.
Las AGC merecen en esta coyuntura la atención del caso, porque han logrado trazar una ruta de despliegue estratégico que les ha permitido el control del Baudó, en Chocó, el Paramillo, en Córdoba y Urabá, y el bajo Cauca y han avanzado sostenidamente en el nordeste Antioqueño (Segovia y Remedios) y la serranía de San Lucas. Estos triunfos locales y la vinculación de los dominios territoriales de estas áreas le permitirían llegar al Catatumbo. Palabras más palabras menos, ganar la guerra del sur de Bolívar significaría para las AGC acceder a una importante fuente de recursos económicos, derrotar al ELN y dejarlo malherido a nivel nacional, y poder ingresar al Catatumbo con el fin de controlar no solo la frontera con Panamá sino también una importante franja de la frontera con Venezuela y los territorios que son bisagras entre el norte y el centro del país.
Vislumbrando posibles escenarios, ¿será esta derrota un nuevo catalizador para la emergencia de otra disidencia elena para la paz? Ya veremos.
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