Victorias y derrotas político-militares en el marco de la paz total

Tradicionalmente en nuestro conflicto armado las acciones políticas y militares de los actores irregulares se desarrollaban con cierta armonía en el marco de sus planes estratégicos. En el actual ciclo de violencia armada –posFarc– su desarrollo es menos simétrico al interior de los grupos armados y esta nueva trayectoria ha tenido implicaciones directas en los escenarios de diálogos y negociaciones que ha venido materializando el actual gobierno. 

Como señalamos en una anterior columna, la paz total se ha vuelto un campo de disputa político-militar y, en ese sentido, el análisis de estas dos dimensiones en cada actor irregular de nuestro amplio tablero de violencias armadas tiene una importancia nodal para entender algunas posturas y aspectos claves de las mesas de negociación que gestiona el gobierno de manera simultánea. 

Este texto apunta a identificar estas trayectorias dispares para mostrar que la paz total ha producido un quiebre en la dinámica del conflicto armado que partía del hecho de que lo político y lo militar eran las dos caras de una misma moneda por su dinamismo e interdependencia. Esto ya que, parafraseando a Clausewitz, las acciones militares son el medio dinamizador de la actividad política, es decir, a mayor intensidad y capacidad de desarrollar acciones militares, mayores serán los espacios y escenarios de difusión e interacción política que se generen para el actor armado en cuestión.

A continuación, analizaremos cuáles han sido las victorias y derrotas políticas y militares del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia (SM) en el marco de la paz total para mostrar cómo los protagonistas compensan su retroceso en una de esas dimensiones y los impactos que esto tiene en los acercamientos y negociaciones que sostienen con el Estado.

El ELN: lo que se pierde en terreno militar se gana en la mesa de negociación 

El ELN es uno de los grupos armados que muestra un polo bastante marcado en esta relación. Si bien se ha destacado en los últimos años que esta guerrilla ha tenido un crecimiento militar y ha consolidado su presencia territorial en la frontera con Venezuela y dentro de ese país. La decantación de algunos escenarios y disputas violentas en diversas zonas del país muestran un panorama desfavorable en el campo militar, llegando al punto de depender de escenarios humanitarios, derivados de la mesa de negociación, para intentar recomponer y preservar sus fuerzas. En territorios de Cauca, Nariño, Chocó, Bajo Cauca, Nordeste antioqueño (Segovia y Remedios) y el Sur de Bolívar es el grupo armado que más ha retrocedido militarmente. 

Este retroceso en el campo militar contrasta con las sustanciales ganancias en la arena política. Un nuevo intento de negociación, donde la nota distintiva ha sido una carta abierta a sus peticiones, formas y ritmos de negociar, le ha significado importantes réditos políticos. 

Primero, se le ha reivindicado su carácter político y la “objetividad de su lucha armada”. 

Segundo, el ELN logró acordar con el gobierno una agenda de negociación sin límites temáticos, es decir, no hay líneas rojas en cuanto a lo negociable, lo que se confirma en algunos apartes del acuerdo de México que han servido de base para varias rondas de negociación: los variados temas pasan por la discusión sobre el modelo económico, el tipo y calidad de la democracia, el sistema político, la estructura y tenencia de la tierra en el campo y temas ambientales, entre otros. En pocas palabras, refundar la patria con sus ideas de Estado y sociedad. En la práctica, de llevarse a cabo todas estas transformaciones, estaría logrando hacer una revolución por contrato, que solo podría conseguir por la vía que tanto se le criticó al Partido Comunista en los años 60 y 70.

Tercero, la naturaleza itinerante de la mesa (Caracas, La Habana, Ciudad de México) le ha valido al ELN ampliar el espectro de sus relaciones políticas y publicas en el nivel nacional e internacional. El equipo negociador no tiene las restricciones propias de la clandestinidad para dar entrevistas, intervenir en el debate público y ha construido y afianzado sus relaciones con agentes oficiales de distintos países, así como con organizaciones sociales que aún ven con simpatía su actuar armado. 

Cuarto, la idea y desarrollo de la Convención Nacional, que venía planteando desde mediados de la década de los noventa del siglo anterior. Esto no solo es otro logro, sino que los resultados de ese espacio les servirá como agenda de negociación definitiva y como brújula para justificar la no entrega de las armas hasta que todo lo definido en la Convención Nacional se cumpla.

Quinto, el acuerdo para la creación del “observatorio sobre las formas de paramilitarismo” durante el quinto ciclo fue un golazo. No solo revivió a un muerto como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sino que también le permitirá realzar su discurso de que la Fuerza Pública y el Estado conviven con el paramilitarismo. En este caso, los boletines, mapas de situación, mesas de análisis, informes prospectivos, instrumentos de prevención y protección y recomendaciones de la mesa de diálogos serán los insumos para comprobar los señalamientos y sindicaciones. Esto no solo deja grandes dudas respecto a quién (cualidades de los investigadores y su formación, así como los marcos interpretativos que utilizarán) y cómo se elaborarán (parámetros metodológicos y conceptuales). A fin de cuentas, se le estaría dando carta abierta a este grupo para que señale, caracterice y establezca recomendaciones en materia de política pública de seguridad.

AGC: ¿expansión territorial y fortalecimiento militar para lograr el reconocimiento político?

Las AGC son quizás el otro polo de la situación descrita para el ELN. Durante los últimos años ha tenido avances territoriales y militares importantes, llegando a ser el grupo que actualmente tiene mayor presencia territorial en el país. Este protagonismo militar le ha valido consolidar y/o expandir su presencia en zonas de Chocó, Cesar, Magdalena, La Guajira, Sur de Bolívar, Bajo Cauca, Nordeste antioqueño (Segovia y Remedios) y el Sur del Cesar.

Estos avances, para algunos analistas, lo hacen el grupo que mayor iniciativa militar tiene actualmente y quien mayores éxitos ha logrado en términos de expansión territorial. Ahora bien, este protagonismo militar y su acelerado proceso de politización contrasta con lo que podríamos llamar sus derrotas políticas. 

Primero, para el presidente no son más que una expresión criminal y narcotraficante de un fallido proceso de desmovilización que inició Álvaro Uribe con los grupos paramilitares federados en las extintas AUC. 

Segundo, esto ha permitido que se les niegue reiteradamente su carácter político, no en el sentido ideológico, sino en su capacidad para gobernar y ordenar territorios. Manteniendo el análisis sobre lo que hace político o no a un grupo armado anclado a variables de la guerra fría y los tradicionales discursos de la guerra contra las drogas, que asocian la regulación de los cultivos ilícitos con la criminalidad no política.  

Tercero, este veto tiene implicaciones en cómo algunos analistas, medios de comunicación y el mismo gobierno entienden el poder político que ostenta este grupo. En sus zonas de influencia, sobre todo en el Bajo Cauca, las expresiones organizativas de mineros son criminalizadas y se les niega la legitimidad de sus reivindicaciones. 

Cuarto, hasta el momento este protagonismo militar no le ha permitido, como sucedió con las AUC en los años noventa, ganar reconocimiento político a través del campo militar.

EMC: combatir y negociar para ganar unidad y visibilidad

A pesar de la reciente fractura que expuso el EMC en los diálogos de paz con el gobierno, este es quizás el actor que más balanceado se muestra en términos militares y políticos en este transcurso de la paz total. 

Después de las AGC, el EMC es quizás el actor armado que más ha avanzado territorialmente o se ha consolidado en escenarios de disputa. En Cauca y Nariño tiene arrinconadas y en jaque a las estructuras del ELN. Muy diciente es que el EMC haya ganado el control de zonas de Argelia y el Tambo que habían sido conquistadas por el ELN hace más de una década atrás, o que haya hecho retroceder a este grupo en el triángulo del Telembí. En el Catatumbo, ha logrado una importante recomposición, al punto que está casi de igual a igual que los frentes guerrilleros que conforman el Frente de Guerra Nororiental de los rojos y negros. En Caquetá, Meta y Guaviare es un actor hegemónico y lo más diciente es que contra los pronósticos de muchos analistas ha logrado hacerle frente al ELN en Arauca, derivando un escenario de guerra crónica como sucedió hace ya casi dos décadas con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep). Finalmente, ha logrado consolidar sus posiciones o incursionar en Putumayo, nordeste antioqueño y sur de Bolívar.

Esta nueva generación de guerreros o tenientes rebeldes, muy distanciados del mito fundacional marquetaliano y de la experiencia de la colonización armada en el piedemonte amazónico, poco habían interactuado entre sí. Y posiblemente es de ahí, de donde vienen sus éxitos en el campo político. Lo que conocemos como EMC se configuró y consolidó en medio de los diálogos con este gobierno. En efecto, los ceses al fuego con el Estado y los primeros encuentros le permitieron reconocerse mutuamente para crear una organización que no existía y ampliar las perspectivas militares estratégicas más allá de sus territorios originales. 

Segundo, los diálogos y la política de paz le dieron al EMC la oportunidad de darse a conocer dentro de la opinión pública, realzando su discurso de que lo pactado con el Estado no se cumplió. Finalmente, este fortalecimiento político le dio alas para crear nuevas estructuras en el fragor de las negociaciones.

Segunda Marquetalia: un actor armado que se reencauchó en la retina de la opinión pública

La realidad de la SM es ciertamente análoga a la del ELN. Su “victorias” están más en el campo político que en el militar. En la primeria dimensión, lograron con su inclusión en la paz total que se cambiara la narrativa sobre el caso de Jesús Santrich y su entrampamiento por parte de la Fiscalía. 

Segundo, a la par de este cambio, se le reconoció y otorgó un estatus político a la organización, a pesar de las controversias políticas y jurídicas que implica esta decisión. Finalmente, la llegada a buen puerto de este proceso significaría una salida digna de la vida en armas para algunos de sus mandos; o, en otras palabras, abandonar la clandestinidad con algo de dignidad ante el estrepitoso fracaso de su emprendimiento armado.

Estos triunfos contrastan con su imperceptible protagonismo militar. Salvo la estructura del Putumayo (Comandos de Frontera) las restantes son marginales en términos de capacidad militar y control territorial. No es casual que su mando estratégico se encuentre en suelo venezolano y se proyecte que sus espacios de negociación se establezcan en zonas de frontera con Venezuela o Ecuador, precisamente en el territorio del Putumayo controlado por los Comandos de Frontera.

Conclusiones

Entender la relación e interacción entre la dimensión política y militar nos puede ayudar a analizar y comprender dos elementos importantes para la actual coyuntura. Primero, los incentivos positivos o negativos que ha creado la paz total y las posturas y demandas de cada parte dentro de su respectiva negociación.

Segundo, muestra el sesgo que hay dentro de la actual administración de privilegiar lo político sobre lo militar, en el sentido en que solo los grupos insurgentes o con pasado revolucionario, sin importar su realidad actual, son los únicos a los que se les reconoce carácter político a pesar de no luchar por la toma del poder nacional. 

Tercero, esto muestra un desconocimiento de la actual ontología de la violencia, como escribió uno de los autores en este medio. Ahora no priman los elementos ideológicos, es decir, la violencia posFARC es poco ideológica, pero si muy política, y esa política se evidencia en la capacidad de controlar y ordenar territorios y comunidades que varios actores armados de distinta naturaleza han desarrollado en diferentes subregiones del país por medio de la construcción o consolidación de gobernanzas armadas.

Por último, la paz total y su diseño a “ritmo de jazz” han creado como efecto impremeditado que las negociaciones sean un campo de disputa donde lo que no se consigue en el terreno militar se trate de buscar en la arena política; algo que marca un contraste con las anteriores experiencias, sobre todo en el caso del ELN, donde la dinámica era la contraria: lo militar permitía el posicionamiento político.