Frente a las amenazas al derecho al aborto, el Sur Global tiene mucho que decir

Pocos días antes de que la Corte Constitucional de Colombia ampliara el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) más allá de las tres causales de 2006, Lorena Gelis murió en un aborto inseguro dejando huérfanos a sus hijos. Tan solo un día después de la sentencia, Jimena, migrante y madre cabeza de familia de cuatro hijos, a quien le habían hecho una ligadura de trompas defectuosa, pudo interrumpir de forma segura y rápida su embarazo. Acogidas en el sistema de salud, sin miedo a la denuncia, mujeres como ellas y otras personas con capacidad de gestar podrán también acceder a anticonceptivos y ser informadas y protegidas. Aunque las barreras de acceso al aborto legal no han desaparecido, la sentencia de Causa Justa ya está salvando vidas y familias.

Efectos como estos fueron los que llevaron a que, no mucho después de la sentencia, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia recomendaran eliminar el derecho penal de las regulaciones sobre aborto voluntario y garantizar el acceso seguro al mismo. Sin embargo, hay quienes insisten en cerrar las puertas de los sistemas de salud y condenar al riesgo de cárcel y muerte.

Gracias a una filtración de un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos, nos enteramos hace poco que “Roe contra Wade”, la sentencia que hace casi 50 años reconoció el derecho constitucional a optar por un aborto en ese país, podría ser revocada, lo que motivó extensas protestas en el país. Y no es para menos. Las consecuencias para las que viven en contextos de vulnerabilidad serían muy negativas. Las que tengan dinero y acceso a información podrán viajar a otros estados o incluso a otros países. Las que no, quedarán a su suerte, como Lorena. Esta noticia también ha causado revuelo mundial. Se trata de un tribunal que cuya jurisprudencia ha sido referente en varias regiones del mundo por lo que se tratará de usar la posible caída de Roe para impedir avances y plantear retrocesos en otros países.

En Colombia tampoco faltan quienes quieren devolvernos al pasado. El embajador en la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez, quien como Procurador desconoció las decisiones de la Corte Constitucional sobre IVE, acaba de firmar, en representación del país, el denominado “Consenso de Ginebra”, un documento político que reúne a gobiernos que se oponen al aborto legal y seguro, la mayoría de ellos de talante alta y reconocidamente antidemocrático. Aunque esto no tiene ningún peso jurídico ni efecto sobre la decisión de la Corte Constitucional, demuestra una vez más el desprecio del actual Gobierno por las instituciones, en particular por las decisiones judiciales que no son de su agrado.

En este panorama hay que recordar que desde la aparición de “Roe contra Wade” en varios países del Sur Global se han producido una serie de casos emblemáticos con argumentos y evidencia más integrales y actuales. Hoy en día, antes que “importar” precedentes nefastos, el Sur Global tiene decisiones judiciales para “exportar” en materia de derechos reproductivos. Sin duda, una de esas decisiones es la que se produjo en Colombia, gracias a la demanda del movimiento Causa Justa. México, Ecuador, Kenia, Tailandia y Corea del Sur son otros ejemplos a destacar.

Estas sentencias tuvieron en cuenta argumentos que no estuvieron presentes en “Roe”, firmemente afincados en derechos explícitamente protegidos en las respectivas constituciones de sus países, la mayoría de las cuales son mucho más recientes y ricas en derechos que la estadounidense. Algunos de estos fallos judiciales también tuvieron en cuenta tratados internacionales de derechos humanos, fuente de derecho débil en el sistema jurídico de Estados Unidos por la aversión de su Gobierno a firmarlos. Mucho peso tuvieron las evidencias contundentes de la inutilidad del derecho penal, y las graves consecuencias del aborto inseguro y de la persecución penal en mujeres que viven en alta vulnerabilidad.

Estas decisiones no solo otorgan, con límites, libertad para decidir sobre el aborto como “Roe”, sino que restringen cada vez en mayor medida el uso del derecho penal y, con enorme claridad en las decisiones latinoamericanas, obligan a garantizar el acceso sin barreras y en igualdad, algo que “Roe” nunca protegió directamente. Varias de estas sentencias exhortan a los cuerpos legislativos a regular el aborto consentido dentro de los límites constitucionales y del derecho internacional, sin usurpar sus competencias.

Estos son solo algunos ejemplos de sistemas de justicia que, con argumentos serios y basados en la evidencia, han entendido que penalizar y dificultar el acceso el aborto no salva ninguna vida. Es hacia esa dirección donde debería moverse el mundo. Juezas, jueces, congresistas y gobiernos deben tener en cuenta que sus decisiones tienen un impacto real en la vida de las personas como Lorena y Jimena y sus familias. Nosotras seguiremos inspirándonos unas a otras y exigiendo a quienes gobiernan, legislan y juzgan que aseguren los derechos que tanto nos ha costado conseguir.