Cuatro pistas sobre gestión de la migración para nuevos alcaldes y gobernadores

Teniendo en cuenta que las entidades territoriales están en procesos de empalme, presento cuatro aspectos que considero claves en la gestión de la migración de alcaldes y gobernadores y que pueden dar luces hacia dónde orientar los nuevos planes de desarrollo 2024 -2027.

La migración debe estar en la agenda de los nuevos gobernantes. Aunque algunos sostienen que la población migrante tiene vocación de tránsito o que los venezolanos retornan voluntariamente a su país tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la verdad es que estas afirmaciones carecen de evidencia suficiente.

En contraste, lo que sí se observa, es que el 81,7% de la población migrante tiene vocación de permanencia, según la quinta ronda de la encuesta Pulso de la Migración del DANE en 2023. Cálculos propios realizados a partir de la GEIH indican que solo el 10,9% de los venezolanos mayores de 15 años tiene intenciones de salir de Colombia en los próximos 12 meses.

En otras palabras, y por encima de las narrativas que hablan de un supuesto retorno, las ciudades colombianas necesitan políticas que garanticen la integración y promuevan la sana convivencia.

1. Asegurar la institucionalidad de la gestión migratoria.

Es necesario contar con una arquitectura institucional que facilite la articulación entre todas las áreas al interior de las entidades. Esa articulación debe ser liderada por una figura próxima al mandatario y que cuente con legitimidad política para convocar y orientar a resultados coordinados.

Se puede aprender de la eliminación de la Gerencia de Fronteras de Presidencia que dejó un vacío institucional en el gobierno nacional que aún no se ha podido llenar. En comparación, Bogotá creó la “Alta Consejería para las Migraciones”, una figura prometedora al coordinar acciones entre Secretarías y la cooperación internacional. Con el liderazgo de la Consejería, la Alcaldía de Bogotá logró la aprobación de una política pública orientada a la inclusión de los migrantes (queda pendiente institucionalizar esta Consejería).

2. Apuntarle a la inclusión económica

La inclusión económica de los migrantes se traducirá en beneficios económicos para la región. La evidencia recopilada en Innovations for Poverty Action (IPA) advierte que las entidades locales deberán poner especial atención a temas asociados a la precarización laboral y al subempleo. Es importante que los mandatarios promuevan el reconocimiento del Permiso de Protección Temporal como un documento válido para la contratación e inclusión financiera.

Además, se necesitan estrategias para reducir costos de apostilla, homologación y convalidación de títulos, así como incentivar capacitación técnica y tecnológica que responda a las demandas de las economías locales. Finalmente, apoyar los nacientes emprendimientos con transferencia de conocimientos, capital semilla y fortalecimiento de capacidades.

3. Acercar la oferta de servicios a la población migrante.

Persisten retos para que la población migrante conozca y use los servicios que les ofrecen las entidades públicas y los aliados de cooperación. La clave para los nuevos mandatarios radica en comunicar mejor y llevar los servicios a quienes los requieren con más urgencia.

Modelos de atención por ventanilla única como los Centros Intégrate que han atendido a más de 116.500 personas (corte a 31 de octubre de 2023) son un buen punto de partida. Estos esfuerzos respaldados por Usaid y otros cooperantes deben ser fortalecidos y apropiados.

Los nuevos mandatarios podrán explorar diferentes formas de comunicarse efectivamente con la población migrante. En evidencia de investigaciones donde IPA ha participado se ve crucial contar con líderes y lideresas de Venezuela para este fin. Es relevante explorar diversos canales de comunicación y aprovechar esfuerzos de la cooperación que se ha organizado para realizar ferias de servicios en barrios y reunir su oferta proyectos en la app #GifmmContigo

4. No olvidar a las mujeres y su salud mental

Tener una mirada diferencial hacia las mujeres migrantes es necesario pues, según el DANE, en 2022 la pobreza monetaria tuvo incidencia mayor en los hogares con jefatura femenina (41,4% vs 33,1% con jefes del hogar hombres), y esta brecha es aún más alarmante en los hogares con jefe del hogar migrante (67.4% mujeres como jefe vs 52.1% en hombres). Además, asuntos como la violencia intrafamiliar, de pareja, abuso sexual, explotación laboral e incluso el aislamiento social derivado de las labores de cuidado y crianza requieren especial atención de las Alcaldías y Gobernaciones.

En cuanto a la salud mental, IPA identificó que en la medida en que las mujeres tienen redes de apoyo más sólidas en la comunidad de acogida, experimentan en menor proporción sensaciones asociadas a estrés y ansiedad. Por esta razón es importante que se promuevan redes de apoyo, familiares, comunitarias o barriales, como un factor protector primario para la población migrante; esto sumado a los esfuerzos de prevención y atención de violencias contra las mujeres.

Finalmente, considero valioso para los equipos de empalme revisar los compromisos acordados en las “Mesas Migratorias” que tienen las principales ciudades y varios departamentos, instancias de coordinación territorial donde participan Secretarías, cooperación internacional, sociedad civil y otras entidades de gobierno. Aquí se encuentran planes que pueden dar luces sobre las nuevas metas a incluir en los planes de desarrollo.

Los efectos de la migración se materializan en las principales ciudades, por eso hoy la gestión de la migración del país está en las manos de los nuevos Alcaldes y Gobernadores.