En medio de la crisis migratoria en el tapón del Darién en la frontera con Panamá, el presidente Gustavo Petro dijo que el sueño de vivir mejor en Estados Unidos se podía hacer realidad en Latinoamérica. “Nuestro sueño debe ser construir la prosperidad de nuestras propias naciones”, dijo y siguiendo con la misma línea, el Departamento Nacional de Planeación invitó en un trino a que el “sueño americano” se viva en Colombia.
Ese llamado a permanecer en Colombia para los 9 mil migrantes que quedaron represados la semana pasada entre Necoclí y Acandí tras las medidas anunciadas por Estados Unidos, y en general, para los 2,2 millones de venezolanos que están en el país según Migración Colombia, supone la integración de la población migrante. Una política a la que este gobierno le ha bajado la prioridad en la agenda estatal.
Dentro de la reestructuración administrativa de la Presidencia, la recién creada Oficina para la Integración Socioeconómica de la Población Migrante –antes conocida como la Gerencia de Fronteras– desaparecerá. Mientras tanto, sus labores están en un limbo y por ahora no hay nadie a la cabeza del tema.
El final de la gerencia de Fronteras
La gerencia de Fronteras fue un invento de la Cancillería de María Ángela Holguín en 2018, al final del gobierno de Santos. La creó en plena crisis migratoria y cuando era clave tener una figura a cargo de la atención humanitaria a los migrantes venezolanos en zonas de frontera.
En el cargo arrancó Felipe Muñoz, quien después de coordinar la disolución del DAS tenía fama de solucionar problemas. En ese entonces, coordinar a ministerios, cooperación internacional y gobiernos locales para garantizar la atención en temas como salud y educación para migrantes era todo un chicharrón. Y su labor fue clave en medio de la pandemia y el fenómeno de retornados.
Cuando Duque llegó y rompió relaciones con Venezuela el tema migratorio ganó más importancia. Su último encargado, Lucas Gómez, logró gestionar la creación de la Oficina para la Integración Socioeconómica para la Población Migrante en Presidencia, lo que le dio un poco más de estatus, con una asignación de recursos mínima para contratar algunas personas; la idea es que arrancara a operar formalmente con el nuevo gobierno.
Pero desde que se posesionó Petro, la Oficina ha quedado a la deriva. Y aunque aún hay contratistas de cooperación internacional con contratos vigentes cuyo objetivo era apoyar las labores de la Oficina, hoy no están trabajando con el Gobierno porque no hay ninguna directriz.
“Están haciendo funciones básicas. Se presentan para algún evento pero no como representación institucional sino como cooperación”, le dijo a La Silla un miembro de cooperación internacional que tiene cómo saberlo y pidió la reserva de su nombre.
Desde la Oficina se lideraban mesas migratorias en regiones clave como Arauca, Barranquilla, Bogotá o Bucaramanga. Espacios quincenales o mensuales donde se hacía seguimiento a los proyectos en función de la integración migratoria, midiendo los avances y presionando a cada entidad encargada.
En el caso de Bucaramanga, la Alcaldía ha continuado las mesas por su propia cuenta pero con ciertas limitantes.
“Estamos esperando orientaciones del gobierno nacional para ciertos temas específicos. En los temas más administrativos, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los permisos de protección temporal (PPT)? ¿Se va a ampliar la fecha para la inscripción? ¿Cómo se hará la entrega de los plásticos que estén pendientes? Eso está pendiente”, dijo el secretario de Desarrollo, Jorge Neira.
En Norte de Santander, el departamento por el que entra la mayoría de población migrante, solían hacer puestos de mando unificados casi quincenales para hacerle seguimiento al tema. El único que han hecho en este Gobierno fue el liderado por el ministro de Comercio Exterior, Germán Umaña, a mediados de agosto. Pero se centró en la reactivación económica y la reapertura de la frontera en función del intercambio comercial.
“La gerencia era quien articulaba y ante la ausencia de una directriz clara, ni la Gobernación ni nosotros hemos podido volver a articular. Hace falta el peso de Presidencia para dar lineamientos en temas humanitarios, de migración y de seguridad”, le dijo a La Silla la fuente de cooperación.
Las directivas, decretos y Conpes que dejó Iván Duque firmados para garantizar la integración de la población migrante, lo cual es el fin en sí mismo de su mayor legado que fue el Estatuto Temporal de Protección, son medidas que la Oficina debería estar gestionando en los ministerios encargados para que se concreten.
La ninguneada
Aunque tres fuentes de Gobierno le confirmaron a La Silla que el gobierno seguirá apostándole a la integración de los migrantes, esta política aún no tiene doliente y no se sabe quién la asumirá ahora que desapareció la oficina encargada en medio de la reestructuración del Dapre.
Una de las fórmulas que está en el tintero es dividir las funciones de la Oficina entre la Consejería para las Regiones, en cabeza de Luis Fernando Velasco, y la vice cancillería de Asuntos Internacionales de Laura Gil.
Sin embargo, en ninguna de las dos entidades nos dieron una versión oficial al respecto.
“Sé que hay avances para que se cree una gerencia de fronteras desde Cancillería pero no se ha protocolizado el tema”, le dijo a La Silla otra de las fuentes del gobierno Petro que conoce de cerca el proceso.
Que asuman funciones compartidas desde dos oficinas tan distantes podría volver más engorrosos los trámites para la atención a la población porque Presidencia pierde capacidad de mover coordinadamente a su Gabinete, a la comunidad internacional y a las autoridades locales en pro de la integración de esta población.
Esa falta de claridad administrativa se suma a la de enfoque.
¿Un nuevo enfoque?
Más allá de la promesa del “sueño americano” en Colombia, ni Petro ni ningún miembro de su gabinete ha tomado la vocería en función de la integración de los migrantes.
Es más, el único que se ha pronunciado ha sido el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien ha asumido como propio parte del discurso del chavismo y se refirió a la migración como “el éxodo que supuestamente hay”.
Tras la crisis en el Darién, el nuevo director de Migración Colombia, Fernando García, estuvo en Turbo, Antioquia, y llevó a cabo su primer diálogo fronterizo. Según anunció, los diálogos fronterizos son similares a los diálogos regionales vinculantes, en los que él directamente va a escuchar los problemas de la gente en regiones fronterizas (algo que en parte es el objetivo de la Oficina de Integración) y llevarlas como insumo al Plan de Desarrollo.
Sin embargo, los alcances de Migración Colombia son más técnicos, pues hace las veces de notario y policía de quienes entran y salen del país. Aunque intentamos hablar con García para entender los alcances de su estrategia, no fue posible.
Durante el empalme, su coordinador, el hoy director de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, dijo que el gobierno de Petro buscaría un plan de retorno voluntario para los migrantes venezolanos, algo que no solo desconoce las razones por las que la gente sale del vecino país sino que también va en contravía de la apuesta de integración social que arrancó Iván Duque y de las declaraciones más recientes de Petro y el DPS.
Y específicamente en el empalme de la Oficina de Integración, un exasesor de Oficina de la Gerencia de Fronteras le aconsejó al nuevo Gobierno fortalecer la oficina para continuar en la línea de la integración socioeconómica de los migrantes, pero vio que sus representantes estaban más enfocados en tratar la migración más como un tema de derechos humanos.
Hay varios frentes preocupados
Eduardo Battistini, el último embajador del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dice que la eliminación de la gerencia de Fronteras deja un “hueco en la ejecución de políticas migratorias. Yo lo viví en el ejercicio de la embajada. Los 2,4 millones de venezolanos tenían en la gerencia un aliado”.
Por eso, Battistini le envió una carta a Petro pidiendo que mantenga la gerencia. Para él, si la reestructuración de Presidencia nace de la necesidad de austeridad, eliminar la gerencia no tiene sentido. “Si solo el gerente estaba contratado directamente con Presidencia” le dijo Battistini a la Silla, “el resto de los empleados eran de cooperación internacional, entonces el ahorro no es una razón lógica para su eliminación”.
Para Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, es preocupante que a falta de lineamientos claros de integración social, la xenofobia sea un móvil político en las elecciones.
“Como no hay quien controle la xenofobia como propaganda política, como lo hacía la oficina, esta se puede convertir en la regla en 2023”, dijo Rodríguez.
Y ayer la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, le pidió a Petro que ayudara a visibilizar la crisis humanitaria en Venezuela y también que le apostara a la integración a través del Estatuto Temporal de Protección.
“La implementación de este programa (Estatuto Temporal) podría representar un modelo para la región en un contexto en el cual varios gobiernos han ido en la dirección contraria, adoptando políticas que violan los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y restringen su posibilidad de obtener asilo o estatus legal”, dice la carta.
Y en últimas, ante una nueva contingencia, como una nueva crisis en Venezuela que traiga consigo otra ola migratoria, hoy no hay quien se apersone del asunto.
