El acuerdo de paz nos permitirá entrar a la modernidad

El acuerdo final de La Habana con las Farc fortalece la democracia y pone al país, precariamente, al día en la agenda de lo que se llamó modernidad en los siglos XIX y XX. 

En entrevista realizada por la emisora W Radio esta semana, el senador Álvaro Uribe Vélez destacó entre sus razones para votar por el NO en el próximo plebiscito, la inconsistencia entre una agenda negociada con las FARC que compromete varios periodos futuros presidenciales y legislativos, con la posibilidad de que esta guerrilla, una vez desmovilizada y actuando como partido político, pudiera ser derrotada en la contienda electoral por voto popular.

Creo que el posible escenario que imagina el senador no está asociado con una debilidad o inconsistencia de las negociaciones adelantadas en la Habana y, que, por lo tanto, pueda esgrimirse como una razón para votar por el “NO” en el plebiscito que se llevara a cabo el próximo mes de octubre.

Lo primero que hay que recordar es que estas negociaciones se adelantaron sobre el reconocimiento de que ninguno de los dos bandos pudo derrotar al otro en la confrontación armada que se prolongó durante más de cinco décadas. Es un principio de realidad pragmático.

Si bien los acuerdos incluyen garantías para el ejercicio de la oposición política y la participación ciudadana, medidas para promover el pluralismo político y una circunscripción transitoria especial de paz en algunas regiones específicas, el hecho más relevante de esta negociación es que las FARC han aceptado el reto de transitar hacia el juego político democrático que, sin duda, saldrá fortalecido con las medidas pactadas.

Sobre la otra mitad del argumento del senador Uribe, relacionada con una agenda ya negociada que comprometería a futuros gobiernos y legislaturas, tratada de manera desvinculada del incierto resultado político electoral que logre el nuevo partido o alianza que conformen los desmovilizados, me refiero a continuación.

No tengo dudas al afirmar que la agenda pactada es deseable como “política de estado”, esto es, con proyección de largo plazo, pues contribuye a construir un país más democrático, más formal y menos anacrónico, según los términos de modernidad que prevalecieron en el mundo más desarrollado durante los siglos XIX y XX

Para ilustrar esta afirmación, me referiré brevemente a los principales aspectos pactados en el primer punto del acuerdo final y que hace referencia al campo colombiano. ¿Qué se acordó al respecto?

1. Democratización del acceso y uso de la tierra: en un país en el que apenas el 36 por ciento de las familias que habitan el campo poseen tierras como activo productivo,  la mayoría de las cuales la poseen de manera informal, esto es, sin títulos de propiedad registrados, lo pactado incluye titular y formalizar la tenencia de 7 millones de hectáreas; crear un fondo de tierras con un mínimo de tres millones de hectáreas para campesinos sin tierra y para ampliar el área de una gran cantidad de  minifundios antieconómicos;  completar y actualizar el catastro de los predios rurales para que pueda contribuir a cumplir con el mandato constitucional de la función social de la propiedad y avanzar así en una estructura de impuestos prediales progresiva y equitativa.

2. Programas especiales de desarrollo rural con enfoque territorial: se acordó crear 16 programas de este tipo en subregiones con alta incidencia del conflicto armado, altos índices de pobreza y baja presencia institucional. El enfoque territorial incluye el reconocimiento de que los territorios pobres, aislados o particionados sin consideración del tejido comunitario rural, limitan el progreso y las oportunidades de sus habitantes y de la región.

3. Planes de infraestructura, desarrollo, productividad y formalización laboral: en el campo predominan los trabajadores independientes que no están cubiertos suficientemente por el sistema de seguridad social; la población del campo se está envejeciendo y los jóvenes abandonan sus estudios por falta de pertinencia en los contenidos escolares.  La productividad de las tierras en gran propiedad es muy baja y tenemos redes de vías terciarias y de infraestructuras sociales públicas muy deficientes.

4. Seguridad alimentaria: en el campo se sufre hambre. Unos de cada cinco hogares rurales no cuentan con los ingresos suficientes para tener seguridad alimentaria y un alto porcentaje sufre desnutrición.

Pegunto a los lectores:  ¿Qué parte de esta agenda no es deseable?  ¿Qué parte no estamos obligados y en deuda de llevar a cabo?

Tal vez nos duela que sea el resultado de las negociaciones con un grupo guerrillero que tanto dolor nos ha causado como sociedad, eso lo entiendo. Pero siendo realistas y pragmáticos, hay que reconocer que esta es una vieja deuda que la sociedad urbana colombiana tiene con el campo y sus comunidades. Para no ir muy atrás en la historia, me quiero referir al tiempo en que he sido testigo directo y puedo afirmar que esta agenda ha estado presente, de una u otra manera, en las tres últimas décadas de nuestra historia democrática, logrando muy pobres resultados.

Cualquiera sea el resultado del plebiscito, los acuerdos de La Habana contienen deudas pendientes que tenemos con nuestra gente, con una modernidad en la que los derechos ciudadanos se respeten, en la que la democracia signifique un mayor equilibrio social, más incluyente y equitativo, en el que logremos dejar atrás el anacronismo de privilegios atrasados, cuasi medievales, que aún prevalecen en nuestra sociedad rural y que se resisten a desaparecer.