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Los beneficios tributarios son un instrumento de política fiscal. Reducen la carga de impuestos sobre ciertos sectores o actividades específicas con el objetivo de incentivar la inversión, el emprendimiento, el ahorro o el empleo. En resumen, persiguen estimular el crecimiento económico. Se clasifican en exenciones, deducciones o descuentos que, si bien se traducen en disminución de los tributos, su resultado se obtiene a través de fórmulas contables diferentes.
Según el informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios del 2021, cuando estos instrumentos son diseñados y evaluados adecuadamente, pueden mejorar el bienestar social, aunque conlleven un costo en términos de recaudación tributaria. Sin embargo, es importante reconocer que estos beneficios pueden generar problemas de distribución indirectos, ya que ciertos sectores tienden a privilegiarse de estos instrumentos, lo que puede profundizar las deficiencias estructurales en nuestro sistema tributario.
Una de las principales ventajas de los beneficios tributarios radica en su capacidad para incentivar la inversión empresarial. En la búsqueda del desarrollo económico regional, países como Colombia ofrecen beneficios tributarios principalmente para atraer inversiones extranjeras y promover la creación de empleo. Un ejemplo claro de ello ocurrió en 2017, cuando el gobierno colombiano ofreció reducciones progresivas en las tarifas del impuesto sobre la renta para empresas que invirtieran en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) por un periodo de 10 años, con el objetivo de estimular el crecimiento local y la competitividad regional, y así generar oportunidades de desarrollo para las comunidades más vulnerables del país.
Asimismo, los beneficios tributarios pueden desempeñar un papel significativo en la promoción de sectores clave para el desarrollo sostenible del país. La exención de impuestos a la inversión en energías renovables, por ejemplo, no solo impulsa la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible, sino que también reduce la dependencia de fuentes de energía no renovables y contribuye a mitigar los efectos del cambio climático.
Sin embargo, es importante reconocer que los beneficios tributarios pueden ser objeto de abuso, convirtiéndose en privilegios para determinados grupos o sectores. Podemos identificar tres causas principales que conducen a que algunas medidas tributarias se transformen de un beneficio a un privilegio:
- Su adopción sin justificación ni transparencia.
- La falta de una revisión periódica para evaluar si cumple con sus propósitos.
- La persistencia del beneficio a pesar de no cumplir con sus objetivos establecidos.
Podemos señalar el caso de un sector específico en el que se cumple al menos dos de las tres causales señaladas. El ejemplo está en las empresas del sector de hidrocarburos, pues en primera instancia algunas de ellas están ubicadas en zonas francas (ZF), donde se paga el 20% de impuesto de renta frente al 35% que pagan las empresas en territorio aduanero nacional. Adicionalmente, el sector de hidrocarburos en general no paga tributos aduaneros como IVA y aranceles, y cuentan con deducciones en su declaración de renta por concepto de pago de regalías que, como hemos mencionado en Dejusticia, prácticamente es una reducción que equivale a la tarifa de impuesto de renta que fija el estatuto tributario.
Además, la falta de acceso público a reportes de seguimiento periódicos que puedan evidenciar su aporte a la economía como generación de empleo directo o inversiones es un tema que define el cumplimiento de los objetivos de las medidas fiscales. Sin estrategias de transparencia, existe el riesgo de que los beneficiarios de estos incentivos se conviertan en un grupo privilegiado en términos tributarios.
Por otro lado, el hecho de que este sector esté relacionado con la explotación de recursos no renovables y contribuya a la emisión de gases de efecto invernadero plantea un desafío adicional. Sus beneficios fiscales contradicen los esfuerzos por desincentivar la producción que afecta el medio ambiente y va en contra de las metas de conservación ambiental. En resumidas cuentas, con la información que tenemos en este momento podemos presumir que existen grupos económicos con privilegios tributarios.
Esta conversión de beneficios tributarios en privilegios socava los principios de equidad y justicia fiscal, y puede exacerbar las desigualdades económicas y sociales en el país.
Tan solo para el 2022, los beneficios tributarios en Colombia, representaron un gasto fiscal de $114,3 billones de pesos, correspondiente al 7,8% del PIB, según estimaciones publicadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023. Y peor aún es que no se cuentan con suficientes evaluaciones, ni mediciones de costo beneficio que ha traído esos beneficios tributarios para la inversión, el empleo y el crecimiento.
En conclusión, si bien los beneficios tributarios pueden ser una herramienta clave para impulsar el desarrollo económico y social en Colombia, es necesario abordar críticamente su potencial de convertirse en privilegios injustos. Solo a través de una gestión responsable y transparente de estos beneficios, y un compromiso firme con la equidad y la justicia fiscal, se podrá aprovechar plenamente su potencial para beneficiar a toda la sociedad colombiana. Esto se puede alcanzar a través de mecanismos de monitoreo y evaluación efectivos para garantizar que los beneficios tributarios se utilicen de manera transparente y equitativa, y que contribuyan realmente al desarrollo económico y social del país.
