Obras por impuestos: restricciones a la participación en los Pdet

Los Pdet son la promesa integral de una Reforma Rural que no anda. El Acuerdo pensó dar vida a un proceso realmente participativo hasta que llegaron los privados.

Altas expectativas se han generado alrededor de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Las comunidades esperan que las deudas del Estado en la provisión de bienes y servicios, que se convierten en programas y proyectos en estos documentos, sean el marco para los modelos de desarrollo local y regional.

Sin embargo, su implementación ha estado atravesada por la falta de certeza sobre qué tan vinculantes son para la planeación del desarrollo, cómo se financian y quién vigila su ejecución. En particular, existe una gran incertidumbre sobre los mecanismos de participación en los procesos de diseño de proyectos, ejecución, evaluación y seguimiento, especialmente cuando son las empresas privadas las que financian las obras Pdet.

De acuerdo con la filosofía del punto número 1 del Acuerdo de Paz: “la efectividad, transparencia y el buen desarrollo de la Reforma Rural Integral (RRI) depende en gran medida de la promoción de una amplia participación de las comunidades, mediante la generación de espacios institucionales participativos y democráticos donde estos tengan capacidad de transformación e incidencia en la planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas acordados”.

En el caso de la Amazonía, el proceso de participación en la formulación de los Pdet Caguán y Piedemonte caqueteño y Pdet Putumayo llevó a la priorización de 169 iniciativas subregionales y más de 1.000 iniciativas municipales que esperan convertirse en proyectos de desarrollo. Las principales fuentes de financiación de las obras Pdet son los recursos públicos de los municipios, recursos del gobierno nacional, de cooperación internacional y de las empresas privadas.

Las empresas privadas entran a jugar un rol importante en la financiación de obras Pdet a partir de la Reforma Tributaria del 2016 que permite a las empresas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, más de 1.070 millones de pesos, pagar el 50 por ciento de sus impuestos de renta con obras públicas priorizadas en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac), dentro de las que se encuentran los municipios Pdet. El decreto 883 del 26 de mayo del 2017 amplía los términos de las industrias que pueden participar de esta modalidad de pago de impuestos para que participen las empresas extractivas.

En el caso de la Amazonía, por medio del mecanismo de obras por impuestos se ha ejecutado 1 proyecto y se esperan ejecutar otros 10. 

El argumento es simple: el Estado es corrupto, la burocracia ineficaz y las empresas privadas pueden cumplir con los compromisos de provisión de obras públicas de mejor manera. Consideraciones que se ven contradichas por casos como el de Odebrecht, el desplome del puente Chirajara y Reficar, entre otros. La corrupción no es privativa del sector público. 

Ahora, el hecho de que los Pdet sean ejecutados por empresas privadas no debería excluir las disposiciones del Acuerdo arriba citadas. Todo el proceso de los Pdet debería fortalecer los mecanismos de participación, seguimiento y veeduría ciudadana como garantía para el correcto desarrollo de los proyectos, tal como lo dispuso el Acuerdo de Paz.

En efecto, entre los lineamientos para la construcción de los Pdet, el Acuerdo de Paz establece: asegurar la participación comunitaria en la ejecución de las obras y su mantenimiento, establecer mecanismos de seguimiento y veeduría de los proyectos. El punto 1.2.6 del Acuerdo sobre los Pdet plantea: “Seguimiento y evaluación: los programas y planes de acción para la transformación regional de cada zona priorizada tendrán mecanismos de seguimiento y evaluación local, regional y nacional, como parte de los mecanismos generales de verificación y seguimiento de los que trata el punto 6 para garantizar que lo que se acuerde, se implemente y se cumpla”.

Por su parte, el artículo 8 del Decreto 893 del 2017 que reglamenta los Pdet expresa: “Seguimiento y evaluación. El Gobierno Nacional definirá el esquema general de seguimiento y evaluación a la ejecución de los Pdet, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia y lo establecido en el Acuerdo Final. Dicho esquema tendrá en cuenta las particularidades de los territorios”.

Pese a lo anterior, al preguntarle a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) sobre los mecanismos de seguimiento y veeduría de la sociedad civil sobre los proyectos financiados por medio del mecanismos de obras por impuestos, esta entidad responde que:

Una vez aprobada la vinculación del pago al proyecto o proyectos seleccionados, el contribuyente asume la realización de la obra en forma directa, por lo cual la referida disposición legal prevé que los contribuyentes podrán celebrar con terceros los contratos necesarios para la preparación, planeación y ejecución del proyecto y la construcción de la obra, de acuerdo con la legislación privada, en consecuencia, y en la medida en que la ejecución de estos proyectos no se lleva a cabo siguiendo las reglas del Estatuto de Contratación Estatal, por lo mismo, no existe información relacionada con los registros en SECOP. (Respuesta 20212300023201).

Así pues, el carácter público de las obras y de los recursos (porque al fin y al cabo corresponden a dineros públicos, pues es el impuesto de renta) quedan supeditados a la naturaleza del actor.

En estos casos, la información de los proyectos no es de fácil acceso, no se desarrolla bajo los parámetros de la contratación pública, ni existen mecanismos de participación en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de las obras Pdet. Esto desvirtúa las pretensiones de los firmantes del Acuerdo y de la sociedad en general que confió en hacer parte de un proceso de profundización de la democracia por medio de la participación activa, no solo en la formulación de necesidades, sino en la construcción de soluciones y el seguimiento a las inversiones de tal forma que se garantice que los recursos públicos no se los hagan fiesta ni los funcionarios, ni los privados.