Hoy recuperó su libertad Judith Pinedo, más conocida como la ‘María Mulata’. Con su absolución, la Corte Suprema, corrige una gran injusticia y se abre una segunda oportunidad para una líder que enarboló la decencia en la política en una ciudad que la necesita a gritos. Si después de este fallo Pinedo decide volver a la política, se rebaraja el rompecabezas de las elecciones para la Alcaldía de Cartagena en 2023.
La historia de una injusticia
Cuando Judith Pinedo llegó a la Alcaldía de Cartagena en 2008, rompió varios moldes: que una mujer llegara a ese cargo y como resultado de haber ganado ella misma sus votos; que pusiera de presente que existían “dos Cartagenas” y que se la jugara de lleno por superar la pobreza; y que se enfrentara a la clase política que había saqueado la ciudad y nombrara a sus propios secretarios y no los partidos en el Concejo.
Durante los tres años que ella gobernó la ciudad, la inversión en educación en Cartagena pasó de $5.600 millones en el cuatrienio anterior a $117.000 mil millones; la pobreza se disminuyó en un 6 por ciento; el promedio de oferentes en las licitaciones se multiplicó por tres y se duplicó el número de contribuyentes; y Cartagena por primera vez logró una calificación histórica en el Índice de Desempeño Fiscal.
Por estos logros y por su pelea contra la clase política tradicional, ‘María Mulata’ se convirtió en un símbolo de la política alternativa y decente en Cartagena. Por eso su condena diez años después fue recibida como un mensaje disuasorio para los idealistas que trabajaban o aspiraban a trabajar en el sector público de una ciudad que ha padecido como pocas la corrupción y/o la ineptitud de sus gobernantes.
“Relacionamos a Judith como un símbolo de decencia e identidad política”, dijo cuando la condenaron Muriel Jiménez, historiadora e investigadora cartagenera. Agregó que esa condena “desincentiva la participación de sectores alternativos e independientes para llegar al gobierno local, un poco el mensaje es ‘si no gobiernas con las casas políticas de la ciudad te van a empapelar el resto de tu vida y van a anular tu vida pública’”.
Y es que la injusticia del fallo del Tribunal de Cartagena que la condenó en 2021 a 12 años de cárcel era protuberante.
Los hechos del caso
La historia del caso se remonta a 1959, cuando el gobierno nacional de turno sancionó la Ley Tocaima, en virtud de la cual la Nación cedió los terrenos baldíos urbanos a los municipios y distritos donde se encontraban para que recogieran con ellos rentas.
Con base en esa ley, en 1999, el alcalde Eduardo Vizcaíno, empezó a construir un programa de baldíos para el Distrito de Cartagena, que buscaba recuperar esas zonas que no tenían dueño o que habían sido secadas.
El programa de baldíos, con el respectivo inventario incluido, fue aprobado por el Concejo de Cartagena en 2006, dos años antes de que Pinedo fuera elegida. En ese inventario aparecía el lote que la puso tras las rejas durante dos años, pues este polígono Las Velas, había sido declarado baldío desde 1999, diez años antes de que ella tomara posesión. Y llevaba 50 años bajo posesión del Hotel Dann. Es más, la piscina del hotel estaba ubicada en el terreno.
Cuando Judith Pinedo llegó a la Alcaldía en 2008 —venciendo al candidato del tres veces alcalde Nicolás Curi— en el presupuesto aprobado en 2007 para ese año aparecía un rubro de 300 millones por concepto de venta de baldíos, según le contó a La Silla su secretaria jurídica de entonces Erica Martínez.
El contratista que venía trabajando con el Distrito desde 1992, continuó su labor con la alcaldía de Pinedo y realizó la gestión de escribirles a los hoteles que tenían baldíos adjuntos ofreciéndoles las tierras en venta. El Hotel Dann estaba interesado. Y el 23 de febrero de 2009 compró el lote de escritura pública del 8 de noviembre de 1999 por unos 207 millones de pesos.
En la zona aledaña a ese lote, existía otro predio, ese sí público de 583 metros cuadrados, y allí funcionaba el establecimiento Sunset Beach, de Juan Diego Useche. Cuando el Hotel Dann trató de sacarlo, Useche denunció ante el Concejo que la ‘Maria mulata’ había vendido una playa. Era el caballito de batalla que estaban esperando los políticos desplazados del poder para golpear a la alcaldesa.
Y lo hicieron con fuerza.
El golpe
A partir de la denuncia de Useche, políticos de la ciudad montaron una campaña masiva para denunciar que la “Mariamulata” estaba vendiendo las playas de la ciudad.
Para eso contaron con el altavoz que les prestaron los periodistas que habían quedado huérfanos de la pauta oficial a la que estaban acostumbrados, pues la alcaldesa, como parte de un piloto de la Fundación para la Libertad de Prensa para darle mayor transparencia a la pauta oficial, había implantado unas reglas claras de asignación de la pauta que tenía enfurecidos a los medios locales que vivían de los favores del alcalde de turno.
El caso, como suele suceder, terminó en los estrados penales.
La Procuraduría de la época del ultraconservador Alejandro Ordóñez conceptuó a favor de la muy liberal Pinedo.
El juez de primera instancia también la absolvió a ella, a su secretaria de Hacienda y a todos los demás involucrados. Entre otras cosas, el juez encontró que el valor acordado por el predio “fue superior a los demás avalúos de baldíos en semejantes condiciones” y que “el valor que fuera pagado superó el 15,57 % de la previsión inicial para el baldío”.
Es decir, determinó que el bien se podía vender porque estaba escriturado como baldío y que su avalúo no fue fijado para defraudar al vendedor ni existió un pacto paralelo realizado en las sombras por un valor superior.
Sin embargo, tanto Useche como víctima, como la Fiscalía apelaron la absolución.
Y más de diez años después de los hechos, el Tribunal les dio la razón y condenó a la exalcaldesa y a su ex secretaria de Hacienda.
El Tribunal le dio validez a la respuesta que dio la asesora jurídica del Incoder a un derecho de petición de la víctima sobre que el terreno estaba sobre la playa. Un concepto, que según verificó el tribunal, se basó no en una revisión ocular del terreno sino en un análisis con Google Maps.
Y también en un concepto de la Dimar, que pese a que durante diez años nunca objetó el inventario de los baldíos, conceptuó en 2009 que el lote formaba parte de la playa. Pinedo alegó que lo hizo después de la transacción.
El Tribunal nunca probó que Pinedo hubiera actuado con dolo, y aún así la condenó en segunda instancia.
Después del fallo se destapó el escándalo del Cartel de la Toga, que puso en evidencia la influencia que tenía sobre ese tribunal de Cartagena el magistrado Gustavo Malo, uno de los condenados por el cartel de la Toga. Y también se destaparon sus entronques con políticos corruptos de la ciudad que Pinedo no solo había denunciado sino desbancado.
Por eso su absolución, le abre una segunda oportunidad a la política decente de Cartagena, que después de la condena de la ‘Maríamulata’ había quedado descorazonada y derrotada. Una opción política para las elecciones de 2023 en su cabeza o en la de cualquier otro idealista que puede confiar en que la justicia cojea, pero llega.
