Anoche la bancada de congresistas de la Alianza Verde empezó a aterrizar la idea de pasar de ser parte de la coalición de gobierno a la independencia frente al gobierno de Gustavo Petro. Fue apenas un primer paso porque la última palabra la tiene la dirección nacional, que, por el contrario, se inclina por mantenerse del lado de Petro.
La dirección nacional, conformada por unos 48 miembros (25 delegados nacionales y los 23 congresistas), aún no tiene definido cuándo se va a reunir para analizar esa propuesta. Anoche se habló de febrero de 2024. Por lo que, por ahora, el llamado a la independencia es más un intento de unos integrantes de la bancada y no una postura institucional del partido.
Pero en caso de darse ahora o más adelante, la declaración de independencia oficializaría algo que ya se está viendo de facto en el Congreso: que de los 23 congresistas, unos 13 mantendrán distancias con el gobierno y solo lo acompañarán en lo que consideren bueno y lo que no, no. Y que el ala más “petrista” tiene votos claves, pero no mayoritarios.
En la Cámara los aliados están divididos
El eventual giro del Verde confirmaría el escenario de incertidumbre para el futuro de las reformas, especialmente el de la de salud. Aunque la mayoría de la bancada Verde votó por abrir el debate con la ponencia positiva, en el transcurso se ha ido apartando. Las diferencias con el texto que se está aprobando los ha llevado a salirse de la Plenaria y desarmar el quórum, que es la estrategia de la oposición para tratar de hundir el proyecto.
Sin el pleno de los 15 verdes de Cámara, al gobierno le queda más difícil garantizar que estén presentes los 94 representantes que se necesitan para seguir votando el articulado restante. Una fragilidad que puede agravarse por la propuesta del director del partido Liberal, César Gaviria, de también declararse en la independencia.
En la Cámara, el gobierno cree tener el respaldo de entre 90 y 100 votos de los 187 representantes. Siempre y cuando estén organizados. Son 27 del Pacto Histórico, unos 25 liberales, las 16 curules de paz, los cinco de Comunes, unos 12 de La U y cerca de una decena del Verde.
Además, tiene a un bloque de 12 de los 33 conservadores cerca como rueda de repuesto ante pinchazos. Aunque la orden de ese partido es votar siempre en contra de la reforma, el hecho de que esa docena se mantengan dentro de la Plenaria ayuda implícitamente a que se mantenga el quórum.
Son votos que pueden garantizar por lo menos el debate de los 53 artículos que restan, y que son los más complejos. Pero que son limitados para sacar adelante tres artículos que tienen características de estatutarios (122,123 y 128) y que requieren una mayoría especial. No solo que haya mínimo 94 representantes en el recinto, sino que los 94 voten a favor.
Por ahora, de los 15 verdes de Cámara, el gobierno ha logrado tener de su lado a una decena dependiendo de la votación. Ese grupo lo encabeza Martha Jurado, del Tolima, quien se identifica plenamente con el programa de gobierno de Petro. Tanto, que es la coordinadora de ponentes de la reforma a la salud y ha tenido que capotear todos los cuestionamientos que le han hecho al proyecto desde que se radicó en marzo.
En esa defensa de la reforma, Jurado se ha enfrentado hasta con sus compañeros de bancada. Hace unos días tuvo un fuerte cruce con Catherine Juvinao, quien ha sido una de las voces más críticas del verde con la reforma.
Jurado está en la comisión Séptima, por donde también deberán pasar las reformas laboral y pensional, que son los otros pilares de la apuesta progresista de Petro.
Con Jurado está de frente Santiago Osorio, de Caldas, quien no solo ha votado las reformas como lo ha pedido el gobierno, sino que se la jugó de frente por rechazar la propuesta de independencia. Él está en la comisión Primera, en la que se tramitará una parte de la reforma a la educación.
Otras aliadas inamovibles son Olga Lucía Velázquez y Liliana Rodríguez. Las representantes de Bogotá y Cundinamarca, respectivamente, están con Petro desde la primera vuelta de la campaña presidencial. Velázquez tiene vínculos fuertes con el gobierno porque su esposo, Ovidio Claros, fue nombrado presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá gracias al guiño presidencial.
Velázquez es clave para el gobierno porque, además, es uno de los tres miembros de la comisión de Acusaciones que está estudiando todas las denuncias contra Petro por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial.
Petro tiene otros apoyos estratégicos, que puede conservar así se declaran en independencia. Por ejemplo, los dos representantes de Boyacá, Wilmer Castellanos y Jaime Salamanca. Ellos hacen parte de la casa política del electo gobernador, Carlos Amaya, quien además es copresidente del Verde.
Anoche, antes de entrar a la reunión de bancada, Amaya pidió públicamente mantener al partido como parte de la coalición de gobierno. El gobernador electo de Boyacá ha construido un fuerte vínculo con la administración Petro a pesar de que él y el representante Castellanos votaron por Rodolfo Hernández en segunda vuelta.
Para Amaya es estratégico tender puentes con el gobierno nacional porque así puede bajar inversiones al departamento. De eso se aseguró, vía Castellanos, quien siendo miembro de la comisión Tercera, logró que el gobierno le avalara millonarias inversiones en el plan nacional de desarrollo. Algo que ya se empezó a aterrizar con el presupuesto 2024.
Petro considera vital esa alianza. Por eso, metió a Boyacá como uno de los departamentos en los que su frente amplio supuestamente ganó en las elecciones regionales de octubre.
En ese mismo sentido, el representante Juan Diego Muñoz, del Meta, también puede sostenerse del lado gobiernista. Fue clave en la elección de la gobernadora Rafaela Cortes, y consiguió que hace unos días el gobierno le empezara a abrir las puertas. La semana pasada, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, los recibió en sus despacho y se comprometió en ayudar a conseguir inversiones para ese departamento.
De la orilla gobiernista ha estado también el representante Juan Camilo Londoño de Antioquia. Fue determinante en el primer debate de la reforma en la comisión Séptima, su voto fue uno de los once con los que el gobierno logró destrabar el proyecto justo cuando Petro rompió oficialmente la coalición con los partidos Conservador, Liberal y La U.
Pero esos apoyos no le alcanzan al gobierno para asegurar el paso de la reforma a la salud, que es la prueba más cercana. El ala independiente se impone con la ventaja de que es más vocal y se eligió con votos de opinión, lo que les da ventaja para no depender del gobierno para su reelección. Las representantes de Bogotá, Katherine Miranda y Catherine Juvinao, lideran el bloque de los que votarán los proyectos, a veces con el gobierno y a veces en contra.
Por ejemplo, Juvinao dice que se necesita una reforma a la salud, pero cree que la del gobierno no es la indicada y por eso se está oponiendo. Por su parte, Miranda votó para hundir la reforma, pero fue clave para sacar adelante el proyecto de presupuesto para el 2024 como coordinadora ponente. A ellas las secundan Alejandro García y Carolina Giraldo de Risaralda, que llegaron a la reunión de bancada con la consigna de la independencia.
Mientras que Elkin Ospina, de Antioquia, Duvalier Sánchez del Valle y Cristian Avendaño, de Santander, han dejado explícito que estarán en lo que consideren bueno y se abstendrán en lo que no.
Hoy, en el reinicio del debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara, esos matices van a quedar más claros.
En el Senado, la fragilidad es mayor
Por ahora, el Senado no ha abordado ninguna reforma clave y el gobierno no puede medir qué tanto apoyo tiene en la bancada Verde. Pero hay señales que muestran que no goza de una influencia mayoritaria.
Por ejemplo, en la elección de Presidencia del Senado, el veterano Iván Name se les enfrentó y les ganó, cuando el gobierno se la había jugado por Angélica Lozano. Ocurrió algo similar en la votación del último debate del proyecto de regulación del consumo de cannabis cuando Name y el senador Jonathan Pulido, más conocido como Jota Pe, no votaron o lo hicieron en contra a pesar del respaldo al proyecto del gobierno.
Bajo esos gestos y las posturas que han asumido en medio de la coyuntura de si mantener o no el respaldo a Petro, es que dentro de la bancada dan por hecho que la mayoría se inclina por una independencia.
Del lado del gobierno se mantienen Inti Asprilla y Ariel Ávila, quienes compaginan con la apuesta de la “Paz total” y las reformas. Lado al que suman las senadoras Carolina Espitia, quien hace parte del grupo de Carlos Amaya, y Andrea Padilla, la animalista que ha acompañado las apuestas presidenciales de Petro desde 2018.
Un grupo al que se podría sumar, paradójicamente, el pragmatismo de Name, el presidente del Senado. Anoche, en la reunión de bancada, el senador dijo de todas las maneras posibles que un camino para mantener una buena relación con Petro es que les den un ministerio.
“Estar en el gobierno es estar en un ministerio, no como estamos”, dijo en medio de la bancada.
Lo de Name es clave porque en sus manos está agendar o no el segundo debate de la reforma pensional, que debe pasar por la plenaria del Senado.
Hasta ahí estarían los potenciales aliados del gobierno en el Senado. El resto se apartan con un discurso de opinión. La senadora Lozano se ha ido apartando en la medida en que ha notado que el gobierno no ha acompañado la apuesta legislativa del partido. Ayer, por ejemplo, se quejó de que el ministerio de Hacienda le pusiera trabar a un proyecto de la ley del deporte que ella viene impulsando desde el año pasado.
Y también por las peleas que han tenido recientemente el presidente Petro con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, especialmente por el proyecto del metro.
“Jota Pe”, incluso ha pedido que se pasen a la oposición.
En el camino intermedio, de los que pueden ayudar con condicionamientos cómo Lozano y Name, está Fabián Díaz. Se eligió con votos de opinión y ahora hace parte de la comisión Séptima del Senado, por donde faltan por pasar las reformas laboral y de salud si llegan a avanzar.
Más allá de los aliados, la burocracia del Verde quedaría en dudas
El camino de la independencia del partido Verde va a abrir otro frente jurídico por los alcances del estatuto de la Oposición, que se aprobó en 2018. Porque no es claro si dirigentes del partido que están en altos cargos del gobierno Petro deben salir si pasan del gobierno a la independencia.
El estatuto dice que los independientes no podrán ser nombrados en cargos administrativos de un gobierno, más si vienen de ser candidatos o directivos de la colectividad. Algo que le pegaría de frente al director del Dapre, Carlos Ramón González – quien fue codirector del verde hasta hace unos meses- y es la nueva sombra de Petro en Casa de Nariño; o al director del Icetex, Mauricio Toro, quien fue candidato a la Cámara el 2022.
O indirectamente a las otras cuotas del partido en el gobierno. Están el director nacional del Sena, Jorge Londoño; la consejera para las regiones, Sandra Ortiz; y el director del Fondo de Paz, Wilmer Leal. Londoño y Ortiz fueron integrantes del comité ejecutivo del Verde hasta el año pasado.
La duda es que esos nombramientos fueron hechos con el verde como parte de la coalición de gobierno y la norma no establece puntualmente si deben salir cuando el partido decide cambiar su declaración. O si solo aplica de ahí en adelante para nuevos nombramientos.
Un factor que va a pesar fuertemente en la discusión de la dirección nacional del partido donde, por ejemplo, Carlos Ramón González tiene una marcada influencia.
