La directora de la agencia para la defensa del Estado, Martha Lucía Zamora, atizó aún más los ruidos de corrupción en torno a la millonaria licitación para la elaboración de pasaportes de la Cancillería.
Tras su renuncia por petición del presidente Gustavo Petro, hoy entregó a la Fiscalía una denuncia sobre reuniones en París entre Jorge Leyva, hijo del Canciller Álvaro Leyva; Juan Carlos Losada, director de Asuntos Jurídicos de La Cancillería; y empresarios europeos para supuestamente cuadrar el negocio que se licitará nuevamente en los próximos meses.
El hijo del Canciller negó tener algún tipo de injerencia en la licitación, pero explicó que sí se reunió con personal de la Cancillería en la capital francesa a título personal y que sirvió de “guía turístico”. Losada también reconoció que se reunió con Leyva, pero detalló que fue a título personal y que el motivo de su viaje fue la modernización del acuerdo de extradición con Francia.
Ese nuevo ruido se convirtió en otra cuenta dentro del rosario de denuncias que hay en torno a ese negocio de 599 mil millones de pesos. La nueva licitación, sobre la que recae la información que denunció Zamora, aún está en etapa de formulación.
Sin embargo, el conflicto que detonó en la salida de Zamora, quien está causando estragos para el gobierno con sus denuncias luego de haber sido una aliada de vieja data del presidente, es resultado de la gestión errática de la Cancillería de Leyva.
Su entidad abrió la licitación inicial con condiciones que favorecían a Thomas Greg & Sons. A pesar de múltiples alertas y denuncias, ignoradas por Cancillería, la empresa terminó como único proponente. Sin embargo, cuando Petro ordenó frenar licitaciones con solo un proponente, Leyva cambió de postura. Declaró la licitación desierta, pero dejó que avanzara hasta el punto en el que Thomas Greg sumó todos los argumentos para ganar un pleito ante el Estado. Por eso, la empresa colombiana, demandó al Estado por 117 mil millones.
Así Zamora, desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, terminó pagando los platos rotos de la Cancillería de Leyva:
1. La Cancillería ignoró alertas del direccionamiento de la licitación
En abril arrancó el proceso de la licitación de impresión de pasaportes. Una vez se conocieron los documentos del proceso, empezaron a conocerse las alertas de que estaban incluidas condiciones que favorecían la posición de Thomas Greg & Sons.
Empresas de Portugal, Alemania, Francia, México y Colombia le dijeron a la Cancillería que los tiempos que había establecido para poner en marcha la operación del nuevo contrato eran demasiado cortos y que si los mantenía tal y como estaban, solo el operador actual, es decir, Thomas Greg & Sons, podía cumplir.
Las condiciones clave que direccionaban el contrato, como contó La Silla Vacía, eran 3:
- La Cancillería solo les dio 15 días a los interesados para tener listas muestras de los pasaportes, cuando adquirir los insumos de seguridad para hacer pasaportes con las características que pedían tarda en promedio 12 semanas. Thomas Greg era el único que tenía en inventario todo y podía cumplir con ese plazo.
- La Cancillería estableció solo 2 meses para que quien se ganara el contrato pusiera en marcha toda la operación, que además de insumos para elaborar pasaportes, incluía la instalación y funcionamiento de plantas de alta seguridad. Ese proceso puede tardar entre 3 y 5 meses. Como Thomas Greg ya tenía la operación andando, era el único que podía cumplir.
- La Cancillería estableció un puntaje adicional para la empresa que tuviera una planta de contingencia en Norteamérica. Thomas Greg era el único de los interesados que cumplía esa condición. Así que aún, si los demás se presentaban, esa empresa ganaría el contrato con el puntaje adicional.
El lío, además de la calificación, estaba en que si una empresa diferente a Thomas Greg ofertaba y ganaba con esas condiciones, corría el riesgo de incumplir y enfrentarse a millonarias multas diarias.
La Cancillería de Leyva defendió la transparencia del proceso e ignoró todas esas alertas bajo el argumento de que la nueva operación debía arrancar el 31 de agosto porque el contrato que estaba vigente se vencía ese día y no tenía más tiempo.
El argumento de que no había tiempo para darle un plazo con garantías a los proponentes quedó en entredicho una vez la Cancillería empezó a alargar la licitación para responder a las denuncias. Al final, ese contrato estuvo vigente hasta el 2 de octubre.
2. La Cancillería mantuvo el direccionamiento y el único oferente fue Thomas Greg
El 5 de julio, tras suspender la licitación por poco más de un mes debido al cúmulo de alertas sobre el direccionamiento, la Cancillería se negó otra vez a cambiar las condiciones de la licitación.
En esa ocasión, como contó La Silla, terminó dando explicaciones con poco sustento, no respondió a las críticas de fondo y encima apretó aún más los tiempos que impedían que otras empresas concursaran.
Los interesados en ofertar pasaron de tener 15 días a solo 8 días para presentar muestras de los pasaportes con todos los insumos de seguridad, cuando conseguirlos tomaba al menos 12 semanas. El tiempo para montar todas las plantas también se redujo de dos a un mes.
Para sustentarlo, la Cancillería nuevamente usó el argumento de que el contrato que estaba vigente solo iba hasta el 31 de agosto. Pero esa excusa se quedó sin piso con los aplazamientos siguientes. El contrato que estaba operando se mantuvo hasta el 2 de octubre.
La Cancillería nunca explicó por qué, con respecto a la licitación de 2019, redujo a la mitad tiempo que daba para puesta en marcha de la operación. Lo pasó de cuatro a dos meses.
Las siete empresas que observaron el pliego de condiciones no se presentaron pese a haber manifestado el interés. Una empresa colombiana llamada Cadena, que se asoció con la portuguesa Inmc, llegó a la audiencia del cierre del proceso para dejar constancia de que la Cancillería armó una licitación direccionada. Lo mismo hizo un abogado de la firma francesa InGroupe.
Así, tal y como lo anticiparon, solo se presentó Thomas Greg & Sons.
En esa audiencia, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien estuvo al frente de la licitación, se mantuvo en que esa entidad no había direccionado el proceso y defendió su transparencia.
Luego, el mismo canciller Leyva salió en medios a defender el proceso y aseguró que “hay garantías para todos”.
3. La Cancillería permitió que Thomas Greg tuviera todos los argumentos para demandar
Después de que Thoma Greg & Sons fuera el único oferente en la licitación de 599 mil millones de pesos, arrancaron una serie de denuncias formales contra la Cancillería.
Hubo una acción popular, una denuncia formal en la Fiscalía contra los funcionarios que armaron la licitación, la Procuraduría le puso el ojo al proceso, y Presidencia empezó a enviar comunicaciones a la Cancillería pidiendo transparencia en medio de los ruidos. Incluso, en medio de la presión, la misma Cancillería le pidió a la Fiscalía que investigara.
En ese plazo, la Cancillería pudo echar para atrás el proceso, pero no lo hizo. En su lugar publicó la evaluación de la propuesta de Thomas Greg que la calificaba con el mayor puntaje.
Ahí cambió el panorama para el Estado, porque desde el momento en que la Cancillería publicó esa calificación, Thomas Greg adquirió el derecho legal de que le adjudicaran el contrato. Es decir, la Cancillería le dio ventaja a Thomas Greg para demandar.
Todo ese tiempo la Cancillería se mantuvo en que no había nada irregular, pero suspendió el proceso otro mes, y cuando lo reanudó tuvo un abrupto cambio de posición.
Por orden de Petro, el Canciller Leyva reasumió formalmente la licitación y le quitó el proceso a su secretario, José Antonio Salazar, al tiempo que anunció que la licitación se anularía debido a las denuncias.
De un tajo, la Cancillería pasó de defender la licitación cuestionada, a aceptar que las condiciones favorecían a un solo oferente, e incluso a reconocer que había desconocido una consultoría contratada por esa misma entidad para someter a concurso la fabricación de pasaportes.
“Existen motivos fundados que configuran una causa que impidió la escogencia objetiva del contratista, pues está comprometido el principio de igualdad”, señaló Leyva en el acta en la que se declaró desierta la licitación.
4. Funcionarios de la Cancillería estuvieron de acuerdo con la conciliación que propuso Zamora
Con ese cambio de posición, Thomas Greg anunció la demanda por 117 mil millones y dio la opción de conciliar si le entregaban el contrato por 3 años.
Cuando la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado entró a revisar, se dio cuenta de que lo más probable es que el Estado pierda si llega ante jueces debido a las actuaciones erráticas de la Cancillería.
Aunque los detalles de la reunión en la que Zamora recomendó conciliar son privados porque incluyen estrategias defensivas, en la entrevista que dio ayer dejó ver que lo que se consideró fue que el Canciller Leyva argumentó mal la anulación de la licitación.
“El señor Canciller se basa en argumentos (…) basados en algunas cortadas sentencias del Consejo de Estado, no actualizadas”, aseguró Zamora.
Según el comunicado de la Agencia, hasta la Cancillería estuvo de acuerdo en llegar a una conciliación con Thomas Greg.
Al Canciller Leyva no le gustó esa posición y terminó gritando a Zamora en los pasillos del Palacio de Nariño por las consecuencias de los errores que él mismo cometió.
“Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto (…). Voy a hablar con Petro, usted no lo cuida. Yo soy el único que cuida al Presidente”, fue una de las frases que le dijo el Canciller, según testigos citados por Daniel Coronell.
El presidente Petro, al referirse a la salida de Zamora, dejó en el aire la idea de que ella estaba favoreciendo intereses privados, en parte, porque la principal consecuencia de que se concilie con Thomas Greg es que la segunda licitación se caiga.
Petro también aseguró que la salida de Zamora obedece a otros desacuerdos previos, pero la saliente funcionaria declaró que nunca le hablaron de inconformidades y, en cambio, explicó que el día que el Canciller la increpó recibió dos llamadas de Presidencia en las que le pidieron la renuncia.
La seguidilla de hechos de la licitación, muestran que Zamora terminó pagando por los errores de la Cancillería de Leyva y que Petro lo prefirió a él.
Ñapa:
Los ruidos sobre la injerencia de intereses europeos en la millonaria licitación de pasaportes vienen desde la licitación que fue anulada. A las supuestas reuniones en París entre el hijo del Canciller y supuestos interesados en la segunda licitación, se suman las versiones que circularon en varios medios sobre que el catalán investigado por corrupción en España y nacionalizado por Petro, Xavier Vendrell, hizo lobby a favor de la alemana Veridos en la primera licitación.
