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El sábado, la delegación negociadora del gobierno con el ELN publicó un comunicado afirmando que no ven “jurídica y políticamente” viable dos diálogos paralelos con esa guerrilla: uno territorial en Nariño con un frente y otro en una mesa de diálogos nacional. Lo hizo tres días después de que las conversaciones que ha entablado el comisionado de Paz, Otty Patiño, con el Frente Comuneros del Sur en ese departamento producían su primer resultado concreto con un acuerdo para desminar el territorio.
Esto plantea al presidente Petro un dilema: continuar con el proceso de paz con el Frente Comuneros del Sur que ha expresado que quiere dejar las armas o seguir con la negociación nacional y buscar un proceso más amplio, sin la garantía expresa de la comandancia de querer entregar sus fusiles pronto.
Desminado humanitario: primer paso en Nariño
En una casa de madera y techo de lata, en el caserío de la vereda Buenavista, en Samaniego, Nariño, el gobierno, la gobernación de Nariño, las comunidades de la subregión de Abades de ese departamento y el Frente Comuneros del Sur del ELN acordaron un protocolo para remover las minas antipersonales que los mismos guerrilleros sembraron y que les impiden a los campesinos andar libres por sus fincas.
Lo lograron después de tres reuniones formales entre el gobierno y los guerrilleros para concretar los detalles de este compromiso. El frente lo ofreció unilateralmente después de que el gobernador Luis Alfonso Escobar lanzó en Samaniego, el pasado 9 de marzo, su propuesta de diálogo regional con las comunidades.
Al día siguiente de este evento, la comandancia del frente reiteró en un vídeo su interés en la apuesta de paz del presidente Petro y del gobernador Escobar. Como gesto de buena voluntad, ofreció remover las minas antipersonales que plantaron el año pasado, en su guerra contra las disidencias de las Farc.
En un inicio, la idea de los guerrilleros era hacerlo ellos mismos. Pero los convenios internacionales firmados por el Estado exigen unos protocolos y personal capacitado para el desminado. Por eso, desde la primera reunión en marzo acordaron hacerlo con la participación de un operador profesional de desminado, la comunidad y del mismo grupo armado.
En la segunda reunión, la comandancia del frente empezó a ubicar en un mapa las zonas minadas. Y en la tercera reunión, acordaron el protocolo de desminado y los pasos a seguir.
Para eso conformaron el Equipo Mixto Aicma (Acción Integral Contra Minas Antipersonal). Participan Carlos Erazo como delegado del comisionado para la paz; Nathalie Ochoa como coordinadora del Aicma en Presidencia; Paola Forero como asesora del Ministerio de Defensa; Alex González como secretario de Paz de la gobernación; representantes de las comunidades; y representantes del Frente Comuneros del Sur.
“Nosotros estamos respondiendo al clamor de las mismas comunidades, que en los últimos siete años han sufrido los efectos de las minas antipersonales acá en Nariño y respondiendo ante la decisión tomada por el frente”, le dijo Erazo a La Silla, el pasado miércoles, rodeado de casi todos los miembros del equipo y la comandancia del Frente Comuneros. Dijo que el protocolo entra ahora a una revisión jurídica en Presidencia, pero que los pasos a seguir ya están planteados.
Aunque es un proceso técnico y lento, Nathalie Ochoa es optimista. Cree que si los guerrilleros identifican las zonas minadas, el proceso puede ser mucho más rápido. “Quienes estamos en el sector de desminado humanitario entendemos la importancia de la rapidez con que ha evolucionado este mecanismo”, dice Ochoa, como coordinadora de la Aicma
Para el secretario de paz de la Gobernación de Nariño el desminado es necesario para concretar las vías, las escuelas, los proyectos productivos, el proyecto de agroindustrialización y la construcción de los distritos mineros que ha prometido el gobernador Escobar. “Hay una primera condición necesaria que son los temas humanitarios, y el desminado es el primer paso”, dice.
La gobernación, los delegados del gobierno y el Frente Comuneros dicen que este es un primer avance, pero no el último. Aunque no existe formalmente una mesa de diálogos con los Comuneros, la intención de este frente del ELN es lograr una negociación política con el gobierno Petro que termine en la dejación de armas.
“No nos sentimos representados en la mesa nacional”, fue la razón que dio “HH” en una entrevista a La Silla Vacía para plantear un proceso de paz aparte de la negociación del gobierno con la comandancia elena. Sus declaraciones llevaron tanto a la delegación negociadora del ELN como a la del gobierno a pedirle al presidente Petro que elija: negocia con los Comuneros o con el Comando Central (Coce) de esa guerrilla.
El dilema de Petro
Después de esa entrevista, la delegación del gobierno envió un comunicado al presidente argumentando que el ejecutivo no puede adelantar dos procesos de negociación en paralelo. “Tal circunstancia es jurídica y políticamente inviable”, dice el documento firmado por la jefa negociadora Vera Grabe, el senador Iván Cepeda, y el resto de la delegación.
La carta dirigida directamente a Petro se salta la posición del comisionado para la paz, Otty Patiño, que desde que asumió su cargo le ha apostado por aterrizar en los territorios la política de paz y ve en el proceso de Nariño una oportunidad para mostrarle un camino posible al resto del ELN. Hasta la publicación de esta historia, el comisionado Patiño no se había pronunciado sobre la carta.
Patiño cree que el proceso de paz debe apuntar no solo a desarmar a los grupos armados, sino a transformar los territorios que viven de la coca y la minería ilegal de oro, como pasa en la subregión de Abades en Nariño, donde estos negocios ilegales financian al frente Comuneros del Sur y son el sustento de las comunidades de la región. Y que así, del territorio hacia arriba es que se logrará la paz total con la que sueña Petro.
Pero el Comando Central de esa guerrilla no piensa igual. Le ha exigido a Petro terminar con ese proceso en Nariño, como quedó claro en la última reunión de emergencia de la mesa nacional en Caracas, Venezuela, el 11 de abril. Según fuentes cercanas a la mesa, que piden no ser citadas, fue una reunión tensa. En los cinco días que duró, solo se reunieron formalmente unas pocas horas.
Diez días después, en una entrevista a El País América, el jefe negociador eleno “Pablo Beltrán” advirtió que si el gobierno no suspendía el diálogo con los “comuneros”, el ELN se pararía de la mesa; algo que nunca han hecho en el pasado.
El comunicado posterior del equipo negociador del gobierno refrenda esa posición y le deja al presidente como salida que el Frente Comuneros renuncie al ELN para avanzar en una negociación paralela. El comandante de este frente, “HH”, descartó esa posibilidad. “Nosotros somos elenos”, dijo en la entrevista.
El proceso con el Coce, a pesar de vivir de crisis en crisis, viene marchando con la participación de la sociedad. Un grupo elegido de 81 delegados de 30 sectores y organizaciones escogidos por ambas delegaciones está definiendo un mecanismo de participación para llegar a consensos políticos para las transformaciones estructurales del país. Su norte es un acuerdo nacional, un tema clave para un presidente que impulsa una Constituyente.
Sin embargo, el proceso de negociación con la comandancia elena ha sido difícil, lento y sin la garantía expresa en la agenda de diálogos de que al final el ELN entregará las armas. Por lo que de continuar por este camino, el presidente no tendría un triunfo asegurado al terminar su periodo. Varios analistas han planteado que el tiempo ya no da para un acuerdo final.
Por otro lado, en Nariño, Petro tiene la posibilidad de seguir avanzando en un proceso con un grupo armado con gran poder en ese departamento, con alrededor de unos 200 combatientes con control sobre economías ilícitas, y que ya ha expresado su deseo de dejar las armas.
Además, es un proceso que él mismo planteó en mayo del 2023, en el pacífico nariñense. Desde allí, Petro le propuso al ELN hacer un diálogo regional para “comenzar a trabajar en la idea de una paz territorial”. Fue una declaración incluso antes de que empezaran formalmente los acercamientos entre delegados del gobierno y el Frente Comuneros.
Ahora, esa idea no solo se ha concretado, sino que se ajusta a la visión que quiere darle su comisionado de paz, Otty Patiño, a la política de paz total. Además, coincide con el deseo de una paz regional del gobernador Luis Alfonso Escobar, uno de los pocos mandatarios locales realmente aliados del gobierno. Entonces, aunque sea parcial y no total, Petro tendría la posibilidad de terminar con éxito al menos un proceso de su política de paz.
Con las cartas puestas sobre la mesa, solo queda que el presidente tome una decisión.
