Hace poco apareció en la entrada del edificio de la fiscalía regional de Tunja una placa negra que dice: “Durante la administración del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se gestionó y adecuó esta sede”. La letra del nombre del fiscal Barbosa, quien dejará su cargo la próxima semana, sobresale por su tamaño.
Pero la sede ya existía desde hace años, y la adecuación consistió en arreglar las baterías sanitarias. “Imagínese si todos los fiscales pusieran una placa por arreglar un baño o pintar un muro, tendríamos la pared repleta”, dijo uno de los funcionarios que pidió reserva de su nombre por temor a perder su trabajo.
En otras cuatro fiscalías regionales, donde La Silla Vacía recibió denuncias similares, aparecieron placas o fueron puestas en ceremonias lideradas por el mismo fiscal Barbosa. En todos los casos, la contribución de Barbosa o los arreglos fueron mínimos.
Además, estas placas son ilegales, según un viejo decreto de Presidencia, que ya metió en líos a una placa que puso el expresidente Iván Duque.
Un capricho ilegal con méritos mínimos
La escena de las placas a la entrada de sedes de la fiscalía recuerda al incidente del letrero del túnel de La Línea. Como las de Barbosa, el nombre del entonces presidente Duque aparecía igual de grande al del túnel. En 2020, la abogada Marla Gutiérrez solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenar el retiro de la placa por estar incumpliendo el decreto 2759 de 1997, que prohíbe expresamente la instalación de placas o monumentos que recuerden la participación de funcionarios en ejercicio en la construcción de obras públicas.
Una decisión de primera instancia del Tribunal estableció que las autoridades demandadas desconocieron la prohibición y ordenó retirarla. La placa sigue en pie, porque el Consejo de Estado advirtió que la demanda para tumbarla se hizo por la vía incorrecta y de ahí, no se volvió a pedir su retiro.
Según respondió a La Silla Vacía la Fiscalía, ese decreto “aplica únicamente a la Rama Ejecutiva del poder Público, no a entidades de la Rama Judicial, como es el caso de la Fiscalía General de la Nación”. Sin embargo, el decreto no hace esa excepción, y no existe legislación adicional que así lo afirme. Lo que sí encarga el decreto a la rama ejecutiva es asumir el rol de hacer cumplir la prohibición.
En el caso de Barbosa, las placas además perpetúan méritos engañosos del fiscal Barbosa. La placa a la entrada de la sede de la fiscalía en La Plata, Huila, el fiscal se atribuyó “gestionar y poner en funcionamiento la sede”. “Uno lee la placa y es como si en La Plata no hubiera existido antes una unidad local y anteriormente claro que existía, solo que en otra sede”, dijo una trabajadora que, al igual que los otros denunciantes, pide omitir su nombre por temor a represalias laborales.
Sobre el motivo de las placas la Fiscalía le respondió a La Silla que “en las diferentes sedes de la Fiscalía General de la Nación, se encuentran constancias de intervención o adecuación de infraestructura de sedes, como trazabilidad de las modificaciones realizadas en las diferentes administraciones”.
La placa de la sede en La Plata apareció sin ceremonia inaugural, sin visita del fiscal y sin que ocurriera nada distinto al trasteo de la sede anterior a una nueva. La sede nueva a la que se trasteó la unidad fue arrendada, igual que la anterior. “La placa es falsa. Ni gestión, ni funcionamiento, sólo nos trasteamos de sitio”, concluyó la fuente.
El mismo fenómeno ocurrió en Pitalito, Huila. “La sede se trasladó en diciembre de 2022 porque en el edificio anterior se entraba el agua siempre que llovía”, contó una fuente que trabaja en la entidad desde antes del trasteo. Igual que la sede de La Plata, la nueva sede en Pitalito está arrendada y con la placa del fiscal a la entrada.
Dos placas le dan un gran mérito al fiscal Barbosa. La primera es la de la sede en San José del Guaviare. En ella se lee que durante su administración “se construyó y puso en funcionamiento el primer búnker de selva en la Dirección Seccional Guaviare”. En esa sede sí hubo inauguración, corte de una cinta y palabras del fiscal, pero palabras sobre una sede que no se planeó durante su administración.
Según consta en el contrato suscrito por la Fiscalía General, la propuesta aprobada para la construcción de la Dirección se hizo en el periodo 2016-2020, cuando Barbosa aún no estaba en el cargo. Es más, todos los estudios previos para poder diseñar y construir la sede se hicieron en 2019, igual que la consecución del terreno donde se levantó. Por eso, una fuente de la Dirección en el Guaviare catalogó la placa como “engañosa”. Porque si bien sí se construyó durante su periodo, la propuesta y gestión no fue suya.
La segunda placa que da bombos a la gestión “en la calle y en los territorios”, según el eslogan que usa el fiscal Barbosa, es la de la nueva fiscalía en Neiva. En la placa se lee que el fiscal gestionó la construcción del nuevo búnker. “Pero la gestión empezó hace mucho, hace más de 7 años que estaban intentando unificarnos porque acá estábamos trabajando en varias sedes pequeñas”, relató la fuente de la sede.
La sede empezó a construirse antes de que la pandemia obligara a parar todas las construcciones y estaba a más de la mitad para noviembre de 2020, cuando tuvieron que utilizarla como centro transitorio de detención para descongestionar los establecimientos penitenciarios de la ciudad. Barbosa entró en febrero de 2020, luego la gestión del terreno y los estudios previos venían de administraciones pasadas.
Y está el caso de Tunja, donde arreglar los baños y reforzar unas vigas de manera temporal dio para placa. “La Fiscalía le hizo mantenimiento a las baterías sanitarias porque eso estaba terrible entonces tuvieron que destaparlas y le hicieron unos refuerzos a los muros”, relató una fuente al interior de la sede en Tunja.
La Silla recibió fotos de cómo quedaron los arreglos por los cuales se instaló la placa que asegura una “adecuación” a la edificación. Se trata de unos soportes a las columnas desgastadas.
“¿Cómo presupuestó el gasto de las placas?, ni idea”, dijo la fuente. Y de hecho la compra de las placas no aparece ni en la base de datos de la Fiscalía General ni en el Sigep.
