El presidente Gustavo Petro aterrizará hoy en Córdoba con su gabinete en el marco del programa “Gobierno con el pueblo” en el Caribe. Petro llega a una región en la que las altas tarifas de energía han crecido hasta convertirse en un problema político, social y económico de grandes proporciones. Pese a los diálogos recientes entre el gobierno y distintos sectores, la solución está estancada y luce lejana.
Mientras gobernadores, gremios y usuarios le piden plata al gobierno para subsidiar tarifas costosas, el gobierno no ha dado respuestas en ese sentido. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ha enfocado su discurso en apostarle a la transición energética y a una reforma de servicios públicos, que le daría al presidente las facultades de regulación que hoy tiene la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Es una movida que ya intentó antes vía decreto, pero fue tumbado por el Consejo de Estado.
En un comunicado, gremios y cámaras de comercio rechazaron la posibilidad de una reforma a la ley de servicios públicos porque consideran que con la ley actual se pueden reducir las tarifas del Caribe. En su gira, Petro tendrá reuniones alrededor de tema de las tarifas, pero sin una alternativa para el problema, su gobierno tendrá poco que ofrecer al principal clamor del pueblo costeño.
El diálogo de sordos
La cumbre energética que realizó el 9 de marzo el Ministerio de Minas en Sincelejo no tuvo éxito. “La luz nos está matando a todos y no pasa nada. Estuvimos pendientes de la Cumbre Energética en Sincelejo y no pasa nada, nadie nos voltea a mirar”, dijo el alcalde de Barranquilla, Álex Char, en sintonía con varios mandatarios de la región.
El exministro de Minas, Amylkar Acosta, dice que se ha tratado de un “diálogo de sordos”. “No salió ninguna declaración conjunta, los gobernadores llegaron con unas propuestas que ya conocía el ministro, pero no les dio respuestas”, dijo Acosta a La Silla.
El costo de la energía en el país viene aumentando desde octubre de 2023 y, según informe del Dane, la variación anual en enero fue de 22%. Ese alto costo se explica por factores relacionados con la generación, a la fórmula de la tarifa y al cobro de la “opción tarifaria”, una medida del gobierno Duque que congeló las tarifas en pandemia.
El principal agravante que tiene la tarifa en el Caribe es que funciona con un régimen transitorio especial, que hace que los usuarios paguen altos costos por el componente de “pérdidas”, aquellas que se dan por robo de energía y por fallas en las redes eléctricas. En el resto del país la mayoría de esas pérdidas las asumen las empresas, pero en el Caribe son los usuarios. Esto ha dado pie a un círculo vicioso, en el que las altas tarifas incentivan más robos, y entre más robos hay más sube la tarifa.
La razón es que en 2020, el gobierno Duque vendió la operación de la fallida y liquidada Electricaribe con unas condiciones muy favorables para los compradores. Uno de esos endulzantes para la venta fue el régimen transitorio especial, que hoy tiene a los usuarios pagando las tarifas más caras del país. En el 2022 la energía en algunas ciudades subió hasta 32% y en 2023 hasta 33%.
A eso se le suman las deficiencias en la infraestructura eléctrica y el uso constante de electrodomésticos como ventiladores y aires acondicionados por el calor. Por ejemplo, en Barranquilla, un hogar de cuatro personas en estrato cuatro, puede estar pagando una factura de un millón de pesos al mes.
La relación de los usuarios con los operadores de energía es tan tensa que en 2023 fueron agredidos 81 operarios de Air-e, la empresa que presta el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y los altos costos de la luz son un obstáculo para el desarrollo industrial de una región conectada que cuenta con grandes puertos, pero que tiene una competitividad muy baja.
En ese escenario se hizo la cumbre en Sincelejo. La propuesta con más peso, por quienes la firmaron, fue la de los gobernadores y los gremios de la región. El documento tenía ocho puntos.
Cuatro de las propuestas requieren millonarias inversiones del gobierno en el corto plazo. Por un lado, proponen un fondo que cubra hasta por 120 kilovatios hora el costo de las pérdidas de forma temporal, y que se financie con recursos de la nación o con una sobretasa de cinco pesos por kilovatio en la tarifa de todo el país.
Otro punto es que el consumo de subsistencia pase de 173 kilovatios por mes a 252 kilovatios por mes para los territorios con menos de 350 metros sobre el nivel del mar y temperatura mayores a los 24 grados centígrados. Actualmente, ese subsidio sale del 20% de la factura de los estratos 5 y 6 y del gobierno nacional.
El otro punto que requeriría millonarias inversiones es el que propone que el gobierno invierta en la modernización de las redes eléctricas de la región. Con eso reducirían las tarifas, pues las inversiones que actualmente hacen las empresas a las redes se les cobran al usuario.
Las otras propuestas de los gremios y los gobernadores apuntan a que el gobierno promueva la entrada de nuevos actores al mercado de la generación y transmisión, lo que generaría más competencia y mejores precios. Es una propuesta que va enfocada a un plano más nacional.
Las propuestas de los gremios energéticos, como Andesco y Andeg, coinciden en varios puntos con los gobernadores y los otros gremios. Le piden recursos al gobierno de 3.5 billones del Presupuesto General.
Sin embargo, el ministro de Minas, Andrés Camacho, no se ha referido en detalle a esos puntos. Al final de la cumbre en Sincelejo, Camacho dio una breve declaración que sonó más a choque que a conciliación: “Que no nos sigan planteando que la solución es seguir salvando empresas, hay que salvar a la gente”.
La declaración fue leída como un mensaje contra las propuestas que ponían la carga económica sobre el Estado, y no sobre las empresas.
“Sentimos que el gobierno no escucha a la región a Caribe”, dice Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios del Atlántico. El presidente de Intergremial Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, le dijo a La Silla que “hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta por parte del gobierno nacional frente a las propuestas que hemos planteado”.
Para el gobierno, la solución central del problema va por otro lado.
La apuesta de una reforma de servicios públicos
El presidente Petro ya ha intentado intervenir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Es el órgano que regula las tarifas de energía, y está conformado por tres funcionarios del gobierno y seis expertos que nombra el presidente.
Es una comisión a la que el gobierno Petro tiene sin dientes porque solo está nombrado uno de los seis expertos que la conforman, lo que impide el quórum para tomar decisiones. Este año el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente nombrar a los comisionados en un plazo de 30 días. Sin embargo, la Presidencia apeló la decisión.
Desde el año pasado, Petro ha dejado clara su intención de asumir las funciones de la Creg. En 2023, Petro firmó un decreto en el que asumió las funciones para definir las tarifas de energía, pero dos semanas después el Consejo de Estado suspendió el decreto alegando que esas funciones eran de la Creg y no del Presidente, con base en la ley 143.
La posibilidad de la intervención resurgió este año. En enero, el ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció una reforma a la ley de servicios públicos y el periódico económico El Portafolio dio a conocer el borrador de ese proyecto.
El documento tiene 140 artículos. El artículo 40 le da poderes al presidente para que se encargue de la regulación de los servicios públicos directamente. El ministro Camacho la ha defendido como un proyecto contra el modelo “neoliberal”.
“El cambio consiste en enfrentar los grandes problemas que durante décadas nos ha dejado el modelo neoliberal (…) en las diferentes intervenciones sobresale un consenso, el consenso de la necesidad de reformar el mercado eléctrico colombiano, de reformar la ley de servicios públicos”, dijo Camacho en un reciente debate de control político.
Sin embargo, no genera ese consenso. Julián López, director de la firma de soluciones regulatorias Nalanda Analytica, dice que es altamente inconveniente quitarle funciones a la Creg porque no va a generar confianza en los inversionistas del sector. “La manera como en el mundo se prueba que las reglas son estables (las del negocio de energía) es poderle decir a los inversionistas que no las desarrolla un presidente, un ministro, sino un cuerpo colegiado que tiene independencia frente a los políticos”.
Los gremios y las cámaras de comercio de la región también sacaron un comunicado expresando que no es necesario cambiar la ley de servicios públicos para resolver la situación energética del Caribe.
Si tuviera las facultades de la Creg, el presidente podría modificar la fórmula de las tarifas en todo el país. Sin embargo, esos poderes adicionales no le alcanzarían para cambiar el cobro por pérdidas que tanto afecta al Caribe pues hubo un acuerdo de los privados con el Estado al momento de comprar la operación.
La otra apuesta del gobierno para reducir las altas tarifas es la transición energética. El ministro Camacho anunció inversiones de un billón de pesos para comunidades energéticas, que son entidades jurídicas formadas por socios que generan y consumen su propia energía. La transición energética ya arrancó con cuestionamientos pues un programa piloto fue contratado con varias irregularidades por el Ministerio a Euclides Torres, como lo reveló una investigación de La Silla Vacía. Torres ha sido señalado de ser financiador de la campaña de Petro, y el Ministerio anunció luego de la publicación que revisará cómo fueron entregados los contratos.
Más allá de estos líos, es una propuesta con la que los gobernadores y gremios se alinean. Pero mientras el gobierno considera que esa es una solución a corto plazo, los otros sectores la ven como un problema de largo plazo, que necesita tiempo y grandes inversiones públicas y privadas.
Un mandatario, que prefirió no ser citado para no entrar en conflicto con el gobierno, le dijo a La Silla que el tema es de plata. “Nosotros estamos hablando de cuáles son las acciones concretas: y es plata. Cuánta plata va a poner el gobierno nacional del presupuesto general de la nación para subsidiar la tarifa. Pero de ese tema no han dicho nada”. Con ese chicharrón aterriza Petro en el Caribe.
