El sábado, catorce exministros de Minas y Energía y de Hacienda le escribieron una carta a Gustavo Petro alertando sobre la aguda crisis financiera del sector energético, que de no resolverse pronto podría llevar a un apagón, algo que el país no vive desde comienzos de los 90s con el famoso racionamiento y la “hora Gaviria”.
La idea de la carta nació en un chat de WhatsApp que tienen varios exministros de esas carteras, y que vienen de distintas orillas ideológicas —han trabajado en gobiernos tan diferentes como el de César Gaviria, Iván Duque o Juan Manuel Santos—. En el chat normalmente comentan temas del sector, pero desde hace una semana llegaron al consenso de que era urgente mandar un mensaje al presidente sobre la necesidad de evitar la quiebra de varias comercializadoras de energía.
El actual ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, les respondió por Twitter. Dijo que la carta es una oportunidad para discutir el modelo energético “neoliberal” del país. E insistió en que “las preocupaciones sobre el negocio de las empresas no están equilibradas con la preocupación por las altas tarifas que pagan los colombianos”.
La Silla buscó al ministerio de Minas y Energía para indagar sus soluciones a cada preocupación planteada por los exministros. Informaron que la respuesta ya estaban resumidas en los trinos del ministro Camacho y que están pensando en reunirse de urgencia con el sector y los gremios en los próximos días. Por ahora estas son las alertas de los funcionarios y lo que se ha resuelto:
1. Pagar los saldos pendientes desde la pandemia
En 2020, en plena pandemia, el gobierno de Iván Duque congeló los costos de las tarifas eléctricas, que se habían disparado porque la gente en las cuarentenas consumía mucha más electricidad y tenían menos plata para pagarla.
Para ello sacó un decreto acudiendo a la figura de la “opción tarifaria” que existe desde 1994 para proteger a los usuarios frente a incrementos abruptos en la tarifa de la electricidad. La opción permite acumular saldos que luego son pagados en diferido por el consumidor. En el entretanto, son las comercializadoras de energía las que asumen la deuda, que hoy llega a los 4,9 billones de pesos.
La idea era que la plata que dejaron de cobrarles a los consumidores, se les retornaría una vez terminara la pandemia. Pero con la llegada del gobierno Petro, y la promesa del Pacto por la Justicia Tarifaria para bajar tarifas en 2022, este aumento en la tarifa para pagar la deuda entró en el congelador.
Según precisó en agosto pasado la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, Asocodis, las empresas comercializadoras tienen un problema de liquidez por la deuda que dejó la opción tarifaria de Duque. El riesgo es que por ese hueco 17 comercializadores (que atienden casi el 40 por ciento de la demanda comercial del país) quiebren.
Como cuenta ColombiaCheck en una completa investigación sobre este problema, el flujo de caja de estas empresas se ha visto agravado también por otras deudas por cobrar que les debe el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingreso (que subsidia esa deuda para estratos bajos). Ese valor asciende a 1,2 billones de pesos a julio de este año y el gobierno tampoco les ha girado esa plata.
En suma, el gremio del sector calcula que si no se toman decisiones urgentes para solucionar estos problemas de liquidez, esos saldos por cobrar podrían llegar a ser de 10,5 billones de pesos; que equivalen a más de tres veces el ingreso anual de todas las comercializadoras.
La respuesta del gobierno: Ante esta petición, el presidente Petro le echó la culpa al gobierno Duque y dijo que “los cinco billones de alivio que se dio en la pandemia en tarifas de energía a los usuarios nunca debió haberse dado a título de deuda. Esa deuda hoy es asumida por las comercializadoras y no por las generadoras”.
Para Petro, el problema está en como las generadoras, como las hidroeléctricas y otras formas de generación eléctrica, venden la energía en subastas, donde la especulación de mercado puede traducirse en tarifas más altas para los usuarios.
El presidente propuso una solución que luego detalló el ministro Andrés Camacho en su hilo de respuesta a la carta. Propuso crear una línea de crédito a través de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) por $1 billón. Según dijo Petro, estos recursos ya están disponibles, y, de hecho, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya expidió el decreto para crear esa línea de crédito desde ayer.
Sin embargo, para expertos en el sector, si bien la medida va en la vía de aliviar el problema de liquidez no basta para solucionarlo totalmente.
Según Tomás González, exministro de Minas y Energía y uno de los firmantes de la carta, “el monto cubre la quinta parte del problema, pero eso no resuelve el lío de la liquidez en su totalidad. Es fundamental que sea un crédito por la totalidad de los saldos, y que luego las empresas lo puedan pagar de vuelta”.
González sostiene que “las comercializadoras están apretadas porque como la energía está más cara les toca poner más plata para comprarla. El problema es que si no se agiliza ese salvavidas muchas pueden quedar en iliquidez, y ahí el efecto dominó será más grande”, dice el exministro de energía de Santos.
Otra propuesta sobre la mesa, frente a la que el gobierno no se ha pronunciado, es que en el proyecto de ley del presupuesto para 2024 se adicionen estos recursos para que en el primer trimestre del año entrante las empresas acudan a ese financiamiento. También se propone crear una ley para que las empresas de transmisión aporten un monto de contribución para fondear esa plata que se le debe a las comercializadoras.
2. Incorporar nuevos proyectos de generación y transmisión
En el sector eléctrico el objetivo es que exista una oferta de energía mayor a lo que se demanda para así evitar que haya escasez energética. Hasta hoy, el país ha tenido un saldo positivo de oferta, por lo que no ha tenido grandes apagones desde los 90s, a pesar de los distintos fenómenos del Niño que ha enfrentado y que han supuesto aumentos en el consumo y reducción en la oferta. La sequía golpea a los embalses, que generan el 68% de la energía, y hace que en zonas cálidas la gente use más el aire acondicionado.
Sin embargo, lo que expresan los exministros es que se está haciendo muy difícil sacar adelante nuevos proyectos de energía, tanto en la parte de la generación como en la distribución, por lo que ese excedente podría empezar a reducirse, y eso amenazar la seguridad energética del país.
Amilkar Acosta, exministro de Minas, y otro de los firmantes de la carta, dice que hoy la demanda de energía del país está alrededor de 222 gigavatios hora/día y la oferta en 225 gigavatios hora/día, por lo que basta con que se presente una contingencia menor para poner en aprietos al sistema.
“Hay un atraso tan grande en proyectos de generación como de distribución. Entre el año 2018 y 2021 debieron entrar unos 4 mil megavatios de potencia al sistema eléctrico nacional. Sólo entraron 600 megavatios de las dos primeras unidades, de ocho, de Hidroituango. Como estamos ahora, mientras la demanda en el país crece al seis por ciento a nivel nacional, la oferta no crece a más del tres”, dice el exministro de esa cartera en 2013.
Un ejemplo sobre lo difícil que está siendo esta nueva incorporación lo da el exministro Tomás González con la convocatoria pública -abierta desde 2022- para el servicio de almacenamiento, transporte y servicios asociados a la importación de gas del Pacífico. La convocatoria fue declarada desierta por segunda vez en agosto pasado. También destaca el retraso en los proyectos de energía de fuentes no convencionales en la Guajira, donde el 82% de los proyectos cuentan con atrasos.
“Hay muchos riesgos percibidos en su operación, por lo que nadie se le quiere medir a eso”, dice. Van desde los problemas de seguridad, hasta los tiempos que toma tramitar las licencias ambientales con la Anla, y las consultas previas con las comunidades. Esto sumado a los impuestos más altos que se han cargado sobre las iniciativas de energías convencionales, desincentiva las grandes inversiones en ese sector.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarollo, también ha sacado sus cálculos sobre el tema. Explicó que actualmente el consumo energético per cápita de Colombia es de 37 gigajulios (GJ), para un país con ingresos como los de Colombia el consumo per cápita debería ser de 83 GJ, por lo que hoy en día, el consumo energético colombiano se encuentra 46 GJ por debajo de su nivel de ingresos per cápita. Es decir, un país con el nivel de ingresos de Colombia debería consumir más del doble de energía per cápita de lo que produce actualmente, como muestra una gráfica que presentó.
De hecho, según Mejía, se espera que Colombia pase de producir 18 gigavatios este año a 30 gigavatios en el 2028, y que 12 de esos gigavatios provengan del desarrollo de fuentes no convencionales de energía. Sin embargo, incluso con estas perspectivas, Mejía advierte que el país podría entrar en un déficit energético en 2028, pues para entonces el aumento pronosticado de la demanda superaría la oferta disponible, contando como posibles todos los planes de expansión energética actuales.
Acolgen, el gremio en representación de las generadoras, emitió un comunicado señalando también ese punto: “el balance energético ha cambiado significativamente. Esto se debe a que hace 10 años Colombia tenía un “exceso” de oferta de energía, pues los embalses podían abastecer la demanda actual y hasta les sobraba. Sin embargo, con el paso de los años y el crecimiento de la población, los niveles que hay en estas represas casi no alcanzan a cumplir con la demanda de todo el país”.
La respuesta del gobierno: Aunque no ha respondido directamente a esta gran petición que hace la carta, una reciente resolución de la Creg, del 5 de octubre, da vía libre para flexibilizar las ventas de gas, precisamente para asegurar la provisión de combustible. Esto ayudaría a que las quince empresas termoeléctricas del país tengan disponibilidad de gas para operar en una coyuntura en la que han denunciado que no tienen acceso a gas por contratos bilaterales.
Esto ayudaría, según cuenta Luis Ferney García, profesor de derecho minero-energético del Externado, a que las termoeléctricas entren a apoyar la oferta de energía del sistema y la confianza en momentos en que se bajen los estanques”, dice.
Pero el profesor García añade que ese decreto es insuficiente, y dice que el gobierno debe preparar una ley que impulse los proyectos que están pendientes de entrar de forma para que los trámites sociales, ambientales y territoriales no impida que entren en operación nuevos proyectos. Todavía no se ve claramente cómo hará el gobierno para incorporar a la red eléctrica los más de 4 mil megavatios que no han entrado en operación desde 2018.
3. El nombramiento de los comisionados de la Creg
Uno de los temas en los que se viene insistiendo desde el sector, y que la carta pide también, es el nombramiento en propiedad de los comisionados de la Creg. Desde que llegó el gobierno Petro tiene casi todos sus miembros en interinidad, lo que muchos señalan como un problema para la credibilidad e independencia de esa comisión.
En Colombia existen tres comisiones de regulación: Energía y Gas; Agua y Saneamiento Básico, y Telecomunicaciones. Normalmente, estas están formadas por ocho miembros independientes, que deben tener unos requisitos de experticia y ejercer su cargo en periodos fijos, por lo que no pueden ser despedidos. Además de estos, en ellas tienen asiento miembros del gobierno. En la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se sienta también el ministro de Minas y Energía y el de Hacienda, o sus delegados.
A principios de este año, el presidente Petro quiso asumir las funciones de la Creg para controlar directamente el alza en las tarifas de energía, pero el Consejo de Estado negó esta pretensión.
A esos intentos de intervención se suma que a varios comisionados expertos se les acabó el periodo de cuatro años y han dejado su cargo, por lo que actualmente, de los 6 comisionados expertos que deberían estar nombrados, apenas hay uno en propiedad, otro termina su periodo este mes y hay cuatro nombrados en interinidad por el gobierno.
El primer periodo de interinidad de tres meses ya pasó y se prorrogó de nuevo. Pero, como han expresado analistas como Luis Ferney Moreno, experto en derecho minero energético, tener comisionados en forma interina condiciona su independencia, ya que el presidente puede removerlos cuando quiera si no está de acuerdo con sus decisiones.
“Los problemas para nombrar en propiedad comisionados es que, tal vez, el gobierno teme que los comisionados no obedezcan a la línea que le quiere dar al sector eléctrico. Pero esa prevención es infundada porque las comisiones de regulación, aunque son autónomas, deben ir en la misma dirección de las políticas del gobierno”, dice el profesor Moreno.
Para el exministro González no hay razón para demorar tanto estos nombramientos: “La Creg fue diseñada para que funcionara como el Banco de la República. Lo que pasa cuando se nombran encargados es que se pierde el principio de independencia. No puede ser que les tome seis meses nombrarlos. Ahora están teniendo problemas para armar quorum para tomar decisiones, por lo que tiene una Creg inoperante en semejante situación que estamos viviendo”, dice.
La respuesta del gobierno: Ni Petro ni el ministro Camacho han dado ninguna señal de que estén planeando designar a comisionados en propiedad. Por el contrario, el presidente ha insistido recientemente en que la Creg, como está compuesta actualmente, “va a tomar decisiones de cambios de fórmulas para definir el precio de la energía, y así evitar que no se especule con ese precio”, como dijo el pasado 6 de octubre en un discurso en Villavicencio.
También afirmó que las empresas generadoras ganan 5 o 6 veces más de lo que les cuesta producir la energía, y equiparó esas ganancias a las de la cocaína o el petróleo. Las señales son de que el gobierno no tiene urgencia en esos nombramientos, y que la Creg actual le sirve para cumplir su objetivo de bajar las ganancias de las empresas generadoras de energía.
4. Mejorar la demanda de la energía
Otra de las propuestas de la carta, que fue incluida por sugerencia del exministro Amylkar Acosta, es mejorar la demanda de la energía eléctrica. Para esto propone vincular la demanda con entrega de excedentes de energía por autogeneración que puedan incluirse en la red nacional de energía.
Aquí el exministro está refiriéndose a procesos como los que se dan actualmente con el bagazo de caña de azúcar, que algunos ingenios azucareros utilizan para generar su propia energía y luego venden los excedentes que generan en la red nacional. Se trata de una propuesta que también ha lanzado el presidente Petro con su idea de instalar paneles solares en hogares, que consumen esa energía durante el día, y pueden vender los excedentes al sistema.
Según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) “la generación de energía eléctrica a partir del bagazo alcanzaría para atender las necesidades de 1.2 millones de colombianos”. Actualmente, la mayoría de los ingenios en el Valle del Cauca, Cauca, Risaralda y Meta, generan, en plantas propias, excedentes para la red eléctrica nacional y el consumo propio, así como energía térmica.
Hoy en día, sólo el 0,9 por ciento de nuestra energía (164 megavatios) se produce en procesos de autogeneración energética a gran escala. Y a pequeña escala, con 5.729 usuarios que le entregan excedentes al sistema nacional, con una capacidad total de 143 megavatios, según datos de Adriana María Jiménez, experta comisionada de la Creg. Por eso, según la carta de los exministros, incentivar este tipo de proyectos debe ser una prioridad.
La respuesta del gobierno: Sobre este punto no se ha pronunciado el gobierno nacional en ninguna de sus intervenciones en respuesta a la carta. Según Luis Ferney Moreno, por ahora el gobierno se ha enfocado más en atender el problema financiero de los comercializadores que en estas medidas más estructurales: “hoy las medidas del gobierno están enfocándose en impulsar el fondo de Findeter, pero no se ven soluciones estructurales para impulsar más generación de energía o hacer más eficiente la oferta”, dice.
Está por verse si en la reunión de urgencia que ha convocado el Minminas con las empresas, los gremios, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Comité Nacional de Usuarios de Servicios se ponen sobre la mesa otras soluciones.
