“A esos venezolanos criminales que hoy roban, atracan y consideran que no les aplica la ley colombiana los vamos a llevar a la cárcel y luego los deportamos”, dijo ayer Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá y exministro de Defensa, en entrevista con RCN Radio. Molano usó a la migración venezolana para referirse a sus propuestas de seguridad, entre las que incluye la construcción de una megacárcel al estilo de Nayib Bukele en El Salvador.
La securitización de la política migratoria, es decir, instrumentalizar a la población migrante como una amenaza para la seguridad en las ciudades del país, se está convirtiendo en una constante en la incipiente campaña para las elecciones regionales de octubre.
El uso de ese discurso como insumo político tiene cabida, además, porque el gobierno nacional ha dejado de lado en su agenda a la integración de los migrantes venezolanos. A pesar de las jornadas de pedagogía de Migración Colombia y la Procuraduría, el discurso antimigrantes es cada vez más común entre las propuestas de los candidatos regionales.
Securitización de la política migratoria como campaña
“Antioquia no será más el refugio para delincuentes venezolanos”, se lee en una de las pancartas de campaña del candidato a la gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón, quien preside el movimiento Antioquia Federal. “No toleraré a los venezolanos que han llegado a delinquir en nuestro departamento, ni a ellos ni a ningún delincuente, nacional o extranjero, a los antioqueños nadie nos va a poner en jaque”, trinó Tobón.
El candidato le dijo a La Silla que “combatir la delincuencia no es xenofobia” y puso como ejemplo a los criminales colombianos. “A los narcotraficantes colombianos los han combatido por todos los rincones del mundo y eso no es xenofobia”, afirmó.
La seguridad como elemento central en la campaña regional ha llevado a que los candidatos se concentren aún más en responsabilizar a los migrantes de los delitos que rodean a los ciudadanos. “La principal preocupación de los ciudadanos es la seguridad y las campañas responden a ese miedo”, explica María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. “Por eso es muy importante saber cómo están tejiendo discursos los candidatos sobre el tema migratorio, porque si este se securitiza es muy nocivo, especialmente si tenemos un proceso inacabado de integración y regularización”, agrega.
A menos de 10 kilómetros de la frontera, el candidato a la Alcaldía de Cúcuta, José Luis Mora, propone la construcción de una cárcel binacional de máxima seguridad. “La cárcel la manejamos y la construimos nosotros, pero ponemos a Venezuela a que nos traiga la comida de los presos de ellos, porque ya no podemos seguir manteniéndoles los presos con los impuestos de los colombianos”, dice Mora, quien inscribió su candidatura con más de 100 mil firmas.
Para Julio César Daly, director del Barómetro de la Xenofobia, una plataforma que analiza las conversaciones en Twitter y medios de comunicación sobre la población migrante en el país, las elecciones son una coyuntura clave en la que se dispara el discurso antimigrantes. “Se pueden despertar sentimientos y narrativas antimigrantes para movilizar a la opinión pública e intentar posicionarse”, explica. “En campaña, los actores políticos ponderan el costo o los beneficios de una narrativa antimigrantes”, agrega.
A pesar de que el país ha recibido varias olas migratorias, el discurso xenófobo no había estado tan presente en la campaña regional hasta ahora. Para las pasadas elecciones regionales, el país albergaba poco más de 1,5 millones de migrantes venezolanos. Según las últimas cifras de Migración Colombia —que son de octubre del año pasado—, esta cifra se ha duplicado en los últimos cuatro años, acercándose a los 3 millones de venezolanos que están en el país.
No solo es cuestión de cifras, en los últimos cuatro años se ha creado un discurso antimigrantes que relaciona a la población venezolana con la inseguridad en Colombia a pesar de que haya poco sustento real sobre su participación en la criminalidad del país.
“Colombia no ha tenido muchos escenarios para medir su xenofobia, especialmente no con la población venezolana por ser tan similar. Pero en las regionales pasadas, había una mayor precaución del manejo del tema”, asegura Robayo del Rosario. Para las elecciones del 2019 hubo varias instancias que tenían el ojo puesto en la instrumentalización de la migración como discurso de campaña.
Por un lado, en marzo de 2019, los partidos firmaron el Acuerdo Multipartidista contra la Xenofobia en Elecciones, promovido por la Comisión Accidental de Venezuela en el Congreso. La idea era “eliminar, prohibir y rechazar toda práctica, lenguaje o discurso de los candidatos y miembros de los partidos y movimientos políticos que promueva, incite, o haga apología a actos de xenofobia”, según se lee en el acuerdo.
“Eso hoy en día es más difícil porque los partidos perdieron parte de su estructura y hay divisiones, por lo que se vuelven más difíciles los consensos sobre lo que podría considerarse lo central en la campaña, como la prevención de estos discursos”, dice Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela, sobre el acuerdo. “Además, el tema migratorio ya no es una prioridad del orden nacional y hay un desgaste en la sociedad colombiana”, añade.
Desde la Procuraduría también hubo un intento por controlar la xenofobia en las elecciones de 2019. Para ese año, la migración venezolana estaba en el centro de las preocupaciones mundiales y por eso hubo apoyo del programa para la Estabilización Comunitaria de Usaid y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la campaña “Aquí cabemos todos. Colombia libre de Xenofobia”.
El objetivo de esa campaña, según se lee en la página de Naciones Unidas, era “prevenir discursos xenófobos y discriminatorios contra la población refugiada y migrante de Venezuela, con fines electorales”.
Incluso para las elecciones del año pasado, la Procuraduría puso la lupa en la xenofobia con la circular 002 del 10 de marzo de 2022, dirigida a prevenir el uso electoral de la migración, que se pudiera convertir en xenofobia desde las candidaturas.
“Toda la curva de aprendizaje de los últimos cuatro años tiene la desventaja de que ahora no hay voluntad política del gobierno nacional frente a ese tema. Además, la cooperación internacional movió sus recursos a otras migraciones, como las de Ucrania o Níger”, dice Rodríguez, del Rosario.
Por eso, desde ahora se anticipa que el cambio de mandatarios va a tener implicaciones para los migrantes en las ciudades. “El relevo lo veo doloroso porque implica un tema que no es prioritario, que está debajo de la seguridad, el desarrollo económico. Entre los temas que cada municipio prioriza no está la población migrante”, explica Iván Gaitán, alto consejero para la integración de la población migrante en Bogotá.
Después del rechazo que recibió la alcaldesa Claudia López por sus comentarios xenófobos en 2021, el Distrito ha liderado una ambiciosa política de cohesión social e integración para los cerca de 500 mil “nuevos bogotanos”, como llaman a la población migrante que ahora vive en la ciudad. Según Gaitán, la intención de la administración distrital es dejar consolidada esta política de integración para la siguiente Alcaldía. Pero los candidatos, por ahora, han demostrado poco conocimiento sobre el tema.
“Vemos con preocupación que cambien el rumbo de la integración de la población migrante”, añade Gaitán.
La integración de los migrantes se queda corta
“Se nos apoda de xenófobos, que eso es xenofobia o que ese tema no se tiene que abordar porque es discriminativo (…). El no querer llamarlo por su nombre, hoy tiene a los bumangueses escondidos en la casa, mientras que aquellas personas venezolanas que vinieron a delinquir andan por la calle como Pedro por su casa”, dijo el concejal y hoy candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, durante un debate en el Concejo en marzo.
Beltrán se queja de que en su ciudad no han obtenido respuesta del gobierno nacional frente a lo que él llama “la problemática migratoria en Bucaramanga”. Y aunque su preocupación, como la de la mayoría de los candidatos, es sobre la seguridad, el gobierno nacional se han quedado cortos también en la integración de los cerca de 3 millones de venezolanos que viven en Colombia.
Esa política que con Iván Duque había sido prioritaria, quedó rezagada en el nuevo gobierno. Durante los primeros meses de la Presidencia de Petro se eliminó la Oficina para la Integración Socioeconómica de la Población Migrante —conocida como Gerencia de Fronteras— que era la encargada de articular esfuerzos desde la cabeza del Estado para promover esa integración. La Gerencia coordinaba con cada ministerio las labores correspondientes para la integración de la población migrante.
Además, se han evidenciado dificultades en la regularización de los migrantes a través del Estatuto Temporal de Protección (Etpv), que arrancó en el gobierno anterior.
“Si el Estado no toma medidas para identificar a toda su población y se promueven narrativas de securitización, el no seguir avanzando en integración es una bomba social y genera sanciones sociales más fuertes para la población migrante”, asegura Robayo, del Rosario. “En una sociedad donde hay más integración, hay menos xenofobia”, agrega.
“La construcción de una narrativa antimigrantes fortalece la exclusión y hace más difícil que esta población acceda a la integración”, dice Daly, del Barómetro. “Nos preocupa que no haya un enfoque estratégico sobre cómo esta población le aporta al país, que es a través de la integración”, afirma.
La forma en la que se habla de la población migrante es central en la prevención de la xenofobia. Para Andrés Segura, quien trabajó en la Gerencia de Fronteras, las narrativas que se enfocan en el migrante tienden hacia la xenofobia.
“Desde la Gerencia, nuestro esfuerzo era voltear las narrativas hacia la comunidad de acogida, para hablar de integración el protagonista tiene que ser el otro. ‘Los bogotanos son unos verracos por acoger a la población migrante’, por ejemplo”, afirma. “El tema de solidaridad ya no funciona, toca cambiar la narrativa”, concluye Segura.
Como ha ocurrido en otros sectores, la política de integración ha cambiado hacia un enfoque participativo. Para combatir la xenofobia, Migración Colombia ha buscado promover la integración de quienes llegan al país con los locales. Según le respondieron desde la entidad a La Silla, el énfasis ha estado en los Diálogos Fronterizos por la Vida y en campañas integrales de prevención.
Esos diálogos consisten en “una conversación directa entre las comunidades colombianas de acogida y los migrantes, con entidades del gobierno nacional, con el fin de que construyan soluciones conjuntas a los desafíos que enfrentan en las zonas de frontera”, explicaron desde Migración. Desde noviembre, el gobierno ha organizado 14 diálogos.
Por ahora, la campaña de prevención contra la xenofobia la han hecho en Boyacá. Esta tiene el objetivo de “fomentar acciones que prevengan actitudes xenófobas y contribuyan a una convivencia” entre las comunidades de acogida y los migrantes.
“La forma de desactivar los prejuicios es volteando las narrativas tanto hacia la población migrante como hacia la comunidad de acogida”, dice Segura.
Con los atisbos iniciales de xenofobia que ya se ven en la campaña, estas acciones del gobierno nacional tendrán que ser cada vez más frecuentes. Pero, al tiempo, corren el riesgo de politizar los esfuerzos contra la xenofobia. “Si el gobierno empieza a decir que no digan xenofobia, le van a decir que se está metiendo en campaña o se termina por pintar la lucha contra la xenofobia con un color político”, concluye.
