La investigación del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd) revelará la independencia de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo. En su discurso de posesión, Camargo juró ser una fiscal imparcial frente al gobierno. Para ese entonces, su promesa se mediría en dos casos clave: el proceso contra Nicolás Petro, el hijo del presidente y el llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe.
Pero el nuevo escándalo que tocó la puerta de la Fiscalía es hondo y pone en juego los símbolos del cambio que representa el presidente Petro. No se trata solamente de la contratación torcida de carrotanques en La Guajira, sino de un nudo repleto de funcionarios que, al parecer, compraron a más de una docena de congresistas para que aprobaran las reformas sociales del gobierno que la ternó.
El proceso judicial apenas comienza. Y la independencia de Camargo se medirá por tres factores. Primero, por la manera como va comunicando los resultados de la investigación. Segundo, por la selección del fiscal encargado del caso. Y tercero, por el manejo de la figura del principio de oportunidad, que el fiscal encargado pueda otorgar a quienes den más pruebas del caso y que se utiliza para que los testigos delaten a personas de mayor jerarquía en el caso que dejó sedientas a las personas de cuatro municipios de La Guajira.
Un caso que requiere parecer y ser
El caso de presunta corrupción por sobrecostos en la contratación de carrotanques que llevarían agua a distintas zonas de La Guajira no se abrió en la fiscalía de Camargo. El 20 de febrero, un mes antes de que se posesionara la nueva fiscal, la Fiscalía abrió una investigación por presuntas irregularidades al interior de la Ungrd que posiblemente favorecieron a un contratista para la compra de 40 carrotanques. Para ese entonces, los medios ya habían puesto la lupa sobre el contrato por $46.800 millones de pesos que a la fecha no ha beneficiado con una sola gota de agua a los habitantes de La Guajira.
Para febrero el caso estaba en que los carrotanques que empezaron a llegar desde noviembre del año pasado seguían parqueados en la base militar de Uribia. La Ungrd explicó que los vehículos estaban siendo adecuados con motobombas y mangueras pero que el 22 de febrero todos los carrotanques estarían en pleno funcionamiento. Aun así, el 29 de febrero, Andres Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, denunció penalmente a Olmedo López, el director de la Ungrd que lideró la compra de los vehículos. Hasta ahí, recibió el caso Luz Adriana Camargo cuando ingresó a la entidad.
Luego, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd que ya se encontraba bajo investigación, prendió el ventilador ante los medios el pasado 3 de mayo, y empezó dar nombres de posibles involucrados en el caso. El proceso era más profundo y con más matices.
Pinilla habló de pagos de sobornos a congresistas para impulsar las reformas del gobierno Petro. Según su versión, la plata que se entregó a Iván Name, presidente del Senado y a Andrés Calle, presidente de la Cámara, venía de los contratos torcidos de la Ungrd. Y con Pinilla filtrando información a los medios, Olmedo López, exdirector de la entidad, se animó a dar nombres también. Entonces salpicó al secretario de Transparencia, Andrés Idárraga. Su defensa, el abogado, José Moreno, reveló unos mensajes en los que habla de colaborar activamente con él.
Con la Ungrd como tendencia en las redes sociales, el gobierno emitió el primer comunicado que le mediría el aceite a la nueva fiscal. “Para facilitar la actuación independiente de la Fiscalía, el presidente ordenó la formación de una Mesa Técnica de Coordinación encargada de documentar casos de uso indebido de recursos públicos”. El mensaje era capcioso porque reconocía la independencia de la Fiscalía pero al tiempo invitaba a la entidad a colaborar con el gobierno cuyos funcionarios están bajo sospecha.
La respuesta de la Fiscalía tuvo dos mensajes clave: agradeció y reconoció la iniciativa pero al tiempo anunció que la mesa técnica no modificaba las facultades de la entidad para adelantar sus investigaciones. La manera como esos mensajes han sido recibidos refleja el reto de comunicar que tiene Camargo. Para el abogado penalista, Fabio Humar, la respuesta fue una mala señal. “La mesa no es de creación legal, fue un invento del presidente que la Fiscalía no debió respaldar”, dijo. Por el contrario, Francisco Bernate, penalista y profesor de la Universidad del Rosario, resaltó que la fiscal reivindicara el mensaje de que la decisión e investigación formal está en manos de la Fiscalía.
Para la abogada y ex miembro de la terna a la fiscalía, Angela María Buitrago, el tema del apoyo a la mesa técnica tiene sus matices. “Las mesas técnicas son una estrategia común que se hace entre entidades que revisan un mismo caso desde distintas ópticas”, contó. Sin embargo, “lo clave es revisar quiénes asisten a estas mesas porque lo que no puede pasar es que la Fiscalía mande a un delegado a la misma mesa donde están los actores investigados”, concluyó. Y el tema de no mezclar funcionarios que investigan y salpicados es complejo porque en la mesa se sentaría el secretario de transparencia que el presidente Petro decidió mantener en su gobierno.
Aun así, la respuesta a la iniciativa del gobierno le costó a la fiscal titulares en los que se cuestionó su imparcialidad.
Por ahora, la estrategia de comunicación de Camargo ha sido contenida, en contraste con su antecesor, Barbosa. Lo hace por escrito, en algunos comunicados oficiales que firma ella, otros a nombre de la Fiscalía, pero no ha dado entrevistas recientes y, hasta ahora, las filtraciones parecen venir de los implicados.
Ayer, en medio del remolino de entrevistas, audios y mensajes, la Fiscalía envió un mensaje institucional bajando los ánimos: “se hace un llamado a la prudencia, a respetar el debido proceso que les asisten a los ciudadanos, y evitar presiones indebidas que afecten el normal desarrollo de la administración de justicia”.
De ese mensaje en adelante, la Fiscalía ha sido hermética en la información que da a conocer. Comunicó que brindaría seguridad a Pinilla y a López, quienes manifestaron colaborar dando más información y anunció que se espera que ambos acudan a la entidad a rendir sus versiones sobre el caso. Ayer se presentó Olmedo López a dar su testimonio y la Fiscalía no reveló nada sobre sus pronunciamientos, cosa que demuestra que por ahora la investigación se está manejando con cautela y sin filtraciones.
La elección de la cabeza del caso
Camargo ha tomado dos decisiones sobre quién será el encargado o encargada de adelantar toda la investigación del caso. En febrero nombró a la fiscal anticorrupción, Andrea Muñoz como cabeza del proceso. Pero el lunes se supo que Muñoz pasaría a ser fiscal de apoyo de la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Cristina Patiño González, quien estará a cargo de ahora en adelante.
“Si bien Patiño no debe consultar cada una de las decisiones que tome con la Fiscal General, la Fiscal General sí puede meter la mano en la decisión de otorgar un principio de oportunidad, por ejemplo”, explica Fabio Humar. “Ella escoge a los delegados que evalúan la viabilidad de esas decisiones, luego tiene injerencia directa en ellas”, concluye.
Muñoz fue la fiscal encargada del caso de corrupción de la Unión Temporal, Centros Poblados, que se quedó con $70.000 millones de pesos de un contrato para instalar puntos digitales en zonas vulnerables del país. Su gestión en ese caso fue cuestionado por Mauricio Lizcano, ministro de las TIC de Petro, que ha intentado retomar el proyecto de conectividad en el país. Específicamente, por el preacuerdo que acordó con Emilio Tapia, quien falsificó documentos privados de empresas para simular que cumplían con los requisitos de contratación impuestos por el MinTic, cuando en realidad no lo hacían. Este acuerdo no se dio gracias a la colaboración de Tapia otorgando nueva información del caso sino porque accedió a devolver una suma de dinero fruto del entramado de corrupción.
Pero desde este lunes, la Fiscal General cambió a Muñoz por María Cristina Patiño, una abogada penalista que llegó a la Fiscalía luego de trabajar más de nueve años en la Rama Judicial.
Para Bernate, el cambio se da por dos motivos: “por lo grande que es el escándalo, se requiere a alguien de mayor nivel y además está de por medio un director de departamento administrativo que es Olmedo López”, opinó.
Patiño no ha llevado casos como fiscal todavía. Trabajó hasta finales de 2023 como magistrada auxiliar en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En la Corte trabajó como magistrada auxiliar del exmagistrado Leonidas Bustos, presuntamente involucrado en el “Cartel de la toga” por recibir sobornos para alterar procesos de funcionarios de alto perfil. Luego pasó a ser auxiliar de José Francisco Acuña, reemplazo de Bustos en la magistratura.
La nueva fiscal a cargo escuchó ayer la versión de Olmedo López y oficiará la diligencia hoy con Sneyder Pinilla. Los testimonios se harán en presencia de la ex encargada y ahora fiscal de apoyo Andrea Muñoz.
Un principio de oportunidad en el justo medio
La información que tienen Olmedo López y de Sneyder Pinilla tiene un precio. Ambos están pidiendo a cambio de sus declaraciones que la Fiscalía les otorgue un principio de oportunidad y les rebaje alguno de los delitos por los que son investigados. López pide inmunidad total.
El principio de oportunidad es una ventaja que ofrece la Fiscalía a quienes hayan hecho parte de la comisión de un delito a cambio de que revelen información que permita llegar más a fondo en la investigación. Esa ventaja se traduce en abandonar la imputación de alguno o algunos de los delitos o en imputar delitos con penas menores. Pero la clave está en que el investigado aporte información que no tenga ya la Fiscalía y que pueda soportar de alguna manera.
“Es una carrera de quién dice más y más rápido”, dice Humar, quien fue fiscal durante varios años. Tanto Pinilla como Olmedo dicen tener información de la Ungrd, pero puede que tengan la misma. Quien llegue a un trato primero tendría los mayores beneficios. Además, la fiscal debe evaluar qué tan importante es la información y la calidad de las pruebas que están dispuestos a aportar. En ese sentido, será clave qué tanto empuja la Fiscalía a los testigos a revelar verdades aún ocultas, por ejemplo, quién dio la orden dentro del gobierno para sobornar a congresistas, un tema que salpica ya al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y podría ir más arriba.
Si bien el principio de oportunidad que se ofrezca a quienes otorguen información debe pasar por un comité y un juez de control de garantías para aprobarse, la negociación depende del fiscal o la fiscal a cargo del caso. En este caso el acuerdo depende de la fiscal Muñoz.
Pero ganarse un trato con la Fiscalía es una carrera contra el tiempo porque la investigación ya ha avanzado desde febrero. “La Fiscalía ya puede tener varios elementos que le permitan saber cómo fueron los hechos entonces puede que ni le interese mucho de lo que cuenten Pinilla y López”, dijo Angela María Buitrago. Además, “tampoco es como que ellos puedan condicionar sus declaraciones a tener la garantía de que tienen un principio de oportunidad porque es la fiscal quien decide si la información que recibe es realmente novedosa”, añadió.
La cantidad de información que han filtrado tanto los dos ex Ungrd como sus defensores tampoco es buena estrategia si se quiere tener algo de inmunidad. “Eso ya entra como información pública, no cuenta como información novedosa que se le esté dando a la Fiscalía”, comentó el abogado Humar. “Es una estrategia mediática para presionar o mostrar que se saben cosas del caso”, considera Buitrago. Pero lo cierto es que todas las capturas de pantalla, audios y videos de entrevistas son un punto menos en el tablero que los evalúa para ganarse alguna ventaja.
El manejo de las ventajas a quienes den más información será un arma de doble filo para medir la imparcialidad de la nueva Fiscalía. La entidad debe encargarse de promover la colaboración para que los testigos no se vuelvan herméticos pero asegurarse de que los tratos no sean excesivamente garantistas. Por ejemplo, la inmunidad total, para Buitrago, no debería ser una opción.
“El principio de oportunidad tampoco puede convertirse en la salida por la puerta de atrás de los sinvergüenzas”, opina la abogada penalista. Para ella, el caso debe verse desde un componente mayor y es que el entramado hizo que miles de personas no puedan acceder a una fuente de agua.
El país político estará observando para ver señas de qué tan jugada está la Fiscal frente a hechos que compromete al gobierno del presidente que la ternó.
