Phanor Guazaquillo Peña fue asesinado por un sicario cuando salía del funeral de Manuel Carlosama, un líder indígena que murió en un accidente de moto en Puerto Asís. Guazaquillo Peña era exconcejal y gobernador del cabildo Nasa Kwesx Kiwe Chorrolargo en ese mismo municipio del Putumayo.
Era una figura reconocida a nivel nacional, pues había sido parte de la mesa de negociación que discutió el capítulo étnico en el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana.
Su asesinato llegó hasta el Congreso en boca del representante por la curul de paz de Meta-Guaviare, Willian Aljure, quien pidió un minuto de silencio por su amigo Guazaquillo Peña en la plenaria de la Cámara cuando se discutía la reforma a la salud.
“Ministro Velasco, gracias por venir”, le dijo Aljure a Luis Fernando Velasco, cabeza del minInterior. “Estoy hablando de Phanor Peña, el hombre que le presenté, que le rogué que lo cuidáramos y ayer lo mataron. Yo hoy en día también soy gobierno, pero de qué me sirve si nos siguen matando”, agregó.
Guazaquillo Peña es uno de 177 líderes que fueron asesinados en 2023, en 116 municipios de 26 departamentos del país. A pesar de que el gobierno de Gustavo Petro lleva más de un año buscando convertir a Colombia en una “potencia mundial de la vida”, persiste el fenómeno que tanto denunció como oposición, aunque ahora los asesinatos tengan menos resonancia en los círculos de denuncia de la izquierda.
Por la alta cifra de líderes asesinados este año, la Corte Constitucional declaró el lunes pasado que no hay concordancia entre la violencia contra este grupo y “la capacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos”, se lee en el comunicado sobre el fallo.
La Silla Vacía revisó la información del seguimiento que hicieron la ONG Indepaz, Human Rights Watch y la JEP al asesinato de líderes sociales a lo largo del año para consolidar una base de datos propia. Para hacerlo, La Silla tomó la información de los líderes que coinciden en más de una base de datos y complementó esa información con reportería propia sobre cada uno de los casos para establecer qué tipo de liderazgo ejercían las víctimas.
El resultado, comparado con 2022, muestra una disminución en este tipo de asesinatos de 21, es decir, 10 por ciento. Así fue la variación mensual de estas muertes a lo largo del 2023:
La definición de líder social usada, para efectos de este seguimiento, es la persona que defiende una causa específica, vela por los derechos de su comunidad o denuncia la violación de sus derechos.
Estos son los principales patrones identificados en esa revisión:
Cauca y Antioquia son aún los más violentos, pero hay nuevos focos
El 11 de septiembre, Alba Karina Velasco fue asesinada por hombres desconocidos que entraron a su casa en Santander de Quilichao, Cauca. Era una lideresa que defendía los derechos de la comunidad Lgbti y madre cabeza de familia.
Cauca cierra el año con un total de 36 líderes asesinados en el departamento, como Velasco. Así se consolida como el departamento más peligroso para los líderes sociales.
Por tercer año consecutivo, Cauca, Antioquia y Nariño se mantienen como las tres regiones más peligrosas para los líderes. Antioquia es el segundo con 22 asesinatos y Nariño el tercero con 18.
Pero este año también ha habido nuevos focos de violencia.
Jaime Silva tenía 60 años. Lo mataron el 5 de septiembre en zona rural de Algeciras, Huila. Era un líder campesino, que había sido vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Pinares. Se dedicaba a la agricultura y seguía trabajando en actividades de la JAC en la localidad.
El asesinato de Silva se ubica en uno de los nuevos focos de violencia que se recrudecieron este año. Huila cerró el 2022 con un solo asesinato en su territorio, mientras que este año la cifra asciende a ocho líderes.
“Ese aumento corresponde, especialmente, al fortalecimiento de la Isaías Rendón, la columna de las disidencias del Estado Mayor Central que está en ese departamento y ha ido creciendo hacia La Plata (Huila) para tener conexión con el Norte del Cauca, en donde está el mismo bloque”, explica Leonardo González, director de Indepaz.
En Huila, por ejemplo, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ha alertado sobre el aumento de secuestros y extorsiones por la presencia del Estado Mayor Central.
La mesa de paz de Buenaventura no ha mejorado la seguridad de líderes
Una de las apuestas de la paz total del gobierno tiene lugar, precisamente, en Buenaventura, en donde busca la paz urbana a través de un diálogo con Los Shottas y los Espartanos, dos grupos criminales urbanos de la zona.
Con la instalación de la mesa, el municipio pasó de dos líderes asesinados el año pasado a tres:
Joan Marcelo Montaño
Fue asesinado el 9/05/2023
Líder social. Hacía actividades con la comunidad. Era miembro del grupo Activos y Pendientes Buenaventura, con el que hacía denuncias.
Hever Gamboa Gamboa
Fue asesinado el 7/07/2023
Líder y Guardia Mayor del Cabildo Nonam Dur. Hizo parte de la Asociación de Comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas unidas por la Construcción de la Paz en Colombia (Conpazcol).
Gustavo Adolfo Ortiz Murillo
Fue asesinado el 9/10/2023
Líder juvenil quien hacía parte de la Asociación de Víctimas del Calima, la Asociación de Comunidades Construyendo Paz en Colombia y la Juntanza Interétnica, Social y Popular de Buenaventura.
Sin embargo, en términos de seguridad de los bonaverenses, Leonardo González, director de Indepaz, asegura que “sí se ha disminuido la violencia, porque los principales accionantes de la violencia son los Shottas y los Espartanos.
“Para la gente que vive allí ha sido un alivio que estén negociando, que hicieran una tregua por un tiempo, aunque no fuera perfecta y hubo asesinatos, hubo un alivio y permitió que la actividad económica pudiera tener vida y le dio esperanza a mucha gente“, explica Gimena Sánchez, directora de Los Andes de la Oficina de Washington para América Latina (Wola), un centro de pensamiento con sede en Washington.
Las alertas tempranas siguen siendo “un saludo a la bandera”
Antonio “Toño” Fondi Otero era un líder social, miembro de la Junta de Acción Comunal de su vereda en Miranda, Cauca, desde la cual incentivaba el deporte para niños. Fue asesinado el 14 de noviembre en el barrio Suerte 40, por hombres desconocidos que lo interceptaron en moto.
Miranda es uno de los 706 municipios que incluye la alerta temprana 019, que busca visibilizar las difíciles condiciones de seguridad para líderes sociales y defensores de derechos humanos. Es decir, en el 64 por ciento de los 1.101 municipios del país existe el riesgo de ser asesinado por ser líder social.
Dentro de la misma alerta está Malambo, Atlántico, a 1.145 kilómetros de Miranda. Allí asesinaron a Fondi. Se trataba de Franklin Pabón Camacho, el primer líder que se identifica como género no binario de la base de datos de La Silla. Trabajaba promoviendo iniciativas para la comunidad Lgtbi con la Alcaldía.
Desde 2001, la idea de estas alertas que emite la Defensoría es advertir y monitorear situaciones de riesgo que hacen parte de los efectos del conflicto armado. Para emitirlas, esa entidad verifica y analiza la información recaudada y hace recomendaciones a las autoridades locales. Pero es en los siguientes 10 días de la alerta que el ministerio del Interior debe convocar a la Comisión Interseccional de Respuesta a la Alerta Temprana (Ciprat) para que las autoridades adopten las medidas necesarias.
Según Ricardo Arias, defensor delegado para los Derechos Humanos y Sistema de Alertas Tempranas, la 019 es la segunda específica que se lanzó en el país que busca alertar sobre el riesgo para defensores de derechos humanos. Arias le explicó a La Silla que la alerta se emite con el análisis de cuatro factores: los factores de amenaza, las vulnerabilidades alrededor de las amenazas y se sopesan sobre la capacidad del Estado para responder tanto a amenazas como a vulnerabilidades.
La diferencia con esta alerta, de carácter estructural, es que tiene un seguimiento más largo y se hace a partir de vulnerabilidades menos específicas. Esto en contraste con las alertas de inminencia, que buscan advertir sobre un episodio o evento particular, como el desplazamiento de una comunidad, por ejemplo.
“Las alertas de inminencia deben tener un efecto inmediato, pero esta alerta es estructural y está diseñada para generar cambios en la política pública de acuerdo a lo advertido”, explica González, de Indepaz.
A pesar de ser un mecanismo de alerta, Arias, de la Defensoría, dice que se debe mejorar el seguimiento de las alertas. “Hoy la Ciprat es un saludo a la bandera, se podría hacer un seguimiento mucho más juicioso y específico a las Alertas Tempranas”, agrega.
Los líderes comunales siguen siendo los más amenazados
Daniel Andrés Rivas era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Coqueto, en el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo. Además de líder comunal, Rivas era vocero de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Alto Mecaya (Atcam) y de la Red de Derechos Humanos del Putumayo.
Fue asesinado el 12 de noviembre por hombres que entraron en moto a la vereda en la que vivía y le dispararon.
Como ocurrió con Rivas, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal en todo el país se han convertido en blanco de los grupos armados porque ejercen una gobernanza particular en sus veredas o barrios.
“Estos líderes viven en zonas del país en donde la presencia del Estado es limitada y ellos cumplen con tareas casi estatales de protección de sus comunidades, promoción de programas del acuerdo de paz, y prevención de reclutamiento”, explica Juan Pappier, subdirector de la división de las Américas de Human Rights Watch.
Según Pappier, desde el Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el Estado no entró en esos territorios antes controlados por la guerrilla o intentó entrar a través de estos líderes, pero sin darles la protección necesaria. “Por momentos el Estado puso a su cargo la promoción de políticas de implementación del Acuerdo y, al final, ellos y ellas son los que terminan poniendo el cuerpo y los muertos”, agrega.
Ese es el caso de Hugo Arley Muñoz, un miembro destacado de la JAC Las Auras, en Briceño, Antioquia, quien también hacía parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos (Pnis). Fue asesinado el 20 de noviembre, cuando cerca de 200 hombres del Clan del Golfo llegaron a la vereda en la que vivía, retuvieron a Muñoz y a otras cuatro personas antes de matarlos a él y a otros dos.
En lo que va del gobierno Petro, además, las Juntas de Acción Comunal han adquirido una mayor relevancia por la propuesta del presidente para que sean esos órganos quienes se encarguen de programas clave como los de alimentación escolar (PAE), ser los encargados de la conectividad de fibra óptica y la generación de energía.
Aunque esas iniciativas no han aterrizado, un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, alertó sobre cómo los asesinatos de líderes comunales podrían ser utilizados por las disidencias y el Clan del Golfo como una estrategia para “capturar rentas públicas y aumentar sus fuentes de financiación”, se lee en el informe.
En proporción, los indígenas son los líderes más victimizados
Milton Santacruz fue presidente de la Asociación Indígena de Antioquia. Era el organizador del congreso binacional entre Colombia y Panamá, y gestionó acercamientos de Migración Colombia, Cancillería y otras entidades sobre la situación humanitaria de los migrantes que cruzan el Darién. Apareció muerto en su casa el 25 de septiembre en Necoclí, Antioquia.
Como él, 14 de los 34 líderes indígenas asesinados eran autoridades en sus comunidades, cabildos o resguardos. Otros 12 hacían parte de las guardias indígenas, como Yesid Pechené Musicué, quien pertenecía a la guardia indígena O Kiwe Thegna y era miembro de Plan de Vida Proyecto Nasa, un proyecto para el empoderamiento comunitario.
Como ocurre con los liderazgos comunales, los grupos armados atacan a las autoridades indígenas porque son grupos organizados. “Lo que están tratando de hacer es un control social, especialmente poder tener a las organizaciones sociales en favor de ellos. En resguardos y cabildos buscan tener control, pero como las organizaciones se les oponen se ha venido presentando ese ataque hacia ellos”, explica González, de Indepaz.
La victimización de los líderes indígenas es desproporcional con la población total que representan las comunidades. Si bien solo el 3,85 por ciento de la población colombiana se reconoce como indígena, los líderes asesinados de este grupo poblacional representan casi el 19 por ciento en 2023
Además de que son liderazgos que se oponen a los actores armados, para Pappier “existe un abandono histórico en las zonas indígenas del país, vemos menor presencia de mecanismos estatales de protección y prevención, y por eso resulta más fácil que estos crímenes se cometan con impunidad”, concluye.
