Una certificación pendiente del Consejo Nacional Electoral teíae frenada la consulta popular que respaldaron más de tres millones de ciudadanos. Con ella, los verdes tienen nueva bandera de campaña.
Cuando los candidatos que pasaron la prueba estaban sacando pecho por sus firmas y diciendo que se ‘deben’ a ellas, se hizo más evidente la ignorada a los más de tres millones de colombianos que firmaron a favor de una consulta anticorrupción y cuya iniciativa está engavetada en el Consejo Nacional Electoral hace más de seis meses a la espera de un certificado. A pesar de eso, el CNE lo sacó una semana después y abrió la oportunidad para convertirla en una herramienta de campaña de la coalición de Sergio Fajardo.
Hace casi un año, la senadora Claudia López y la representante Angélica Lozano lanzaron la iniciativa de hacer una gran consulta popular anticorrupción para hacer que el próximo gobierno y Congreso tengan que adoptar 7 normas para “domesticar a la clase política”.
El 22 de julio de 2017 presentaron 4,2 millones de firmas y el 17 de septiembre la Registraduría Nacional avaló 3’092.138 (se requerían 1‘762.080). Sin embargo, la consulta está paralizada desde que el 29 de julio ambas congresistas le entregaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) las cuentas de financiación de la recolección de apoyos.
“Han pasado casi 6 meses desde que entregamos las firmas y el CNE aprovecha el vacío legal de la falta de término”, le dijo a La Silla la representante Angélica Lozano el día en que se revelaron las firmas de los candidatos, y dijo que comenzarían a “elevar la presión” sobre el organismo si no les dan el certificado esa semana. Efectivamente, hicieron un plantón el martes 23.
Lo que sucede es que el CNE, a diferencia de la Registraduría, que tiene máximo 45 días para validar las firmas, no tiene plazo para revisar que las cuentas no superen los topes exigidos. Un fallo dice que debe hacerse en “un plazo razonable”.
Y según supo La Silla Vacía, el Fondo de Financiación del organismo, que es el que expide los certificados, tuvo un vuelco cuyo efecto más inmediato ha sido trabar las consultas populares.
Por esa misma razón, se demoraron en darle el visto bueno a las cuentas del comité que promueve el referendo revocatorio contra Peñalosa, que consiguió más de 458 mil firmas válidas y que presentó las cuentas en mayo.
Según supo La Silla por una fuente del CNE, las cuentas de la consulta anticorrupción las tenía el contador que es cuota del magistrado liberal Emiliano Rivera y el tema de la consulta verde no se había mencionado ni una sola vez en la sala plena.
Lozano y Claudia López creían que el CNE certificaría las cuentas de la consulta anticorrupción antes del 16 de marzo, cuando inicia el último periodo de sesiones del Congreso actual, para que la consulta pase a manos del Senado, pero parecía improbable que fuera a suceder en los próximos meses porque eso solo beneficiaría al candidato rival de los partidos de los magistrados del CNE. Sin embargo, ocurrió.
Con ese certificado, la senadora López lo presentará al Senado, que tendría un mes para aprobar por mayoría simple una proposición respaldando la conveniencia de convocar la consulta. Después, el presidente Santos tendría máximo un mes para fijar la fecha de la consulta, que por ley debería ser en los tres meses siguientes al concepto del Senado. Es decir, a mediados de junio en el mejor de los casos.
“Puede fijarla el día anterior a la segunda vuelta, por lo que la consulta está rotundamente viva y con timing político”, dijo Lozano.
El último paso lo darían los ciudadanos al salir a las urnas y juntar por lo menos 11 millones de votos.
Es una votación enorme, pero dado el desprestigio de la clase política y que la consulta obligaría a los congresistas a bajarse el sueldo, a limitar sus posibilidades de reelección y que tengan que rendir cuentas de sus votaciones y asistencia, no es imposible que la logren.
El desafío sería lograr que el Senado lo apruebe, pero si no lo hace o la embolata, los Verdes lo capitalizarán a favor en plena campaña electoral.
Una consulta sin luz verde
El senador Antonio Navarro, uno de los principales aliados de Lozano y López en esta iniciativa, cree que no hay ambiente para la aprobación de la consulta en el Congreso y ni siquiera para que el partido se organice para promover el tema durante la campaña electoral.
“El tema llegará después del 11 de marzo al Congreso y aún en ese momento lo más probable es que el Senado la vote negativamente. El Congreso viene de terminar un periodo con mucha polarización”, dijo Navarro.
Sin embargo, Claudia López dice que dará la pelea ahora.
Y seguramente la dará porque es su último período en el Congreso dado que no aspira a reelegirse y porque es una gran bandera electoral para su fórmula Lozano, que salta al Senado, y para su candidato Fajardo, cuya campaña gira alrededor del eje anticorrupción.
Si la consulta llegara al Senado, obligaría no solo a los respectivos partidos sino a sus respectivos candidatos a asumir una posición al respecto.
Por ejemplo, a Iván Duque, que es senador y candidato del Centro Democrático, y que además tiene un discurso anticorrupción, le quedará muy difícil que su Partido no vote a favor. Lo mismo el Partido Liberal, cuyo candidato Humberto de la Calle destinó parte de su discurso de lanzamiento de campaña a criticar el clientelismo y a proponer un “pacto por la transparencia”.
Pero, obviamente, contará con la resistencia de los mismos congresistas que ellos necesitan que les ayuden en la campaña para ganar.
Por eso, ahora que el CNE finalmente le dio vía libre a la iniciativa, está lista la oportunidad para que Claudia López la use en campaña para mantener vivo el tema anticorrupción y diferenciar a Fajardo de los demás candidatos.
Nota del editor: actualizamos esta historia el miércoles 24 de enero, después de que el CNE le dio luz verde a la consulta.
