El proyecto de ley que toca el negocio de trámites de tránsito que ha amasado el clan Torres, en cabeza del empresario Euclides Torres, está a un paso de ser ley. Llega al último debate en medio de nuevas alertas de gremios del sector por un artículo que favorecería a las empresas de los Torres en una billonaria licitación que debe entregar el gobierno de Gustavo Petro.
Como reveló esta investigación de La Silla, desde hace más de una década, el clan Torres viene impulsando leyes desde el Congreso que obligan a pagar revisiones técnico-mecánicas, cursos y exámenes de conducción, a través de un sistema conocido como Sicov. Su poder para hacerlo bajo este gobierno se ha redoblado, pues tiene un representante, Dolcey Torres, y un senador, Pedro Flórez.
Al mismo tiempo, una red de empresas de Euclides Torres, aliadas con grandes grupos económicos, aseguraron comisiones y ganancias cada vez más altas con ese negocio.
El nuevo proyecto de ley que está a un debate de ser una realidad viene impulsado por Pedro Flórez, el senador del Pacto Histórico señalado por Nicolás Petro de ser el vehículo de la financiación irregular de Euclides Torres a la campaña presidencial. Si se aprueba la ley, según denuncian congresistas y gremios, el monopolio de los Torres sobre trámites de transporte que pagan los ciudadanos se ampliará.
Le bajaron a un ruido, pero abrieron otro
En noviembre de 2023 llegó a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el proyecto de movilidad que toca el negocio montado por los Torres. En esa comisión los Torres tienen voz y voto porque ahí está el representante Dolcey Torres, hermano de Euclides.
El proyecto llegó a esa instancia con un artículo que le abría más puertas al negocio de los Torres. Porque facultó a la Superintendencia de Transporte a implementar en todos sus vigilados un Sistema de Control y Vigilancia, llamado Sicov, que es controlado por los Torres
En la práctica, el Sicov es una herramienta que permite monitorear y registrar todas las operaciones que ejecuten empresas que emiten certificados para licencias de conducción, las que hacen técnico-mecánicas, o las que enseñan a manejar un vehículo. El Sicov recibe plata cada vez que un ciudadano hace un trámite de esos. En Bogotá, por ejemplo, recibe entre 25 mil y 100 mil pesos por cada trámite. Según cifras oficiales, desde su puesta en marcha, el Sicov ha recogido alrededor de 186 mil millones de pesos.
Con ese artículo los Torres podían hacer crecer su emporio porque empezarían a facturar por barcos, trenes, aviones y cualquier sistema de transporte en Colombia. El senador Pedro Flórez – que está casado con una sobrina de Euclides Torres- fue el que patinó el proyecto en los dos primeros debates como ponente.
Flórez le dijo a La Silla que el artículo no generaría “un beneficio directo” para el negocio de su tío político. “El artículo que ha generado discusión en los medios de comunicación, lo que busca es fortalecer los controles que realiza la Superintendencia de Transporte a sus vigilados, en un marco de transparencia”, agregó.
Sin embargo, tras la revelación de La Silla Vacía, la iniciativa entró en el radar de los congresistas que no se habían percatado de los alcances del negocio.
Cuatro senadores que habían firmado el proyecto original, cuyo propósito es reducir los índices de accidentes de tránsito, le quitaron el respaldo antes de que se sometiera a ese tercer debate. El senador David Luna, de Cambio Radical, pidió archivarlo citando la investigación de La Silla Vacía.
Proposición de archivo Davi… by La Silla Vacía
Los tres senadores del movimiento Mira – Carlos Guevara, Ana Paola Agudelo y Manuel Virguez- pidieron retirar sus firmas ante las dudas de los posibles conflictos de intereses.
El día del tercer debate el representante Dolcey Torres se declaró impedido porque admitió que tiene familiares en primer grado en negocios de tránsito. Pero estuvo pendiente en todo momento del debate que al final no fue debate.
El ponente para el tercer debate, el liberal Luis Carlos Ochoa, compañero de asiento y bancada de Torres, buscó bajarle a los cuestionamientos al proyecto. Dijo que se eliminó el artículo que ampliaba el Sicov, no por los ruidos, sino porque, comentó, esa ampliación ya se podía hacer por otras leyes aprobadas recientemente. Habló de 9 mil nuevos vigilados a los que se podían aplicar y facturar trámites del Sicov.
Sin embargo, para oponerse a la propuesta de archivo del senador Luna, el representante Ochoa dijo que habían metido un nuevo artículo para despejar las dudas de un posible favorecimiento. Es el artículo 15 y dice que la Superintendencia de Transportes no puede contratar la operación del Sicov a quien haya tenido relación con un organismo de tránsito. Y así se aprobó por mayorías de la comisión donde los Torres tienen voz y voto.
Ahí se abrió otro frente de cuestionamientos al proyecto. Resulta que una ley de 2020 autorizó a la Superintendencia de Transportes a contratar toda la operación del Sicov a través de una concesión a 10 años a un único operador. Un negocio que está estimado en unos 2.9 billones de pesos. La Super echó a rodar ese proceso el año pasado con un estudio de mercado.
La propuesta del artículo nuevo del ponente Ochoa pide modificar esa ley para que esa contratación tenga restricciones. Según él, es para blindar el proceso y hacerlo más transparente. Pero esa movida en vez de calmar las aguas ha generado más cuestionamientos por posibles favorecimientos.
“Este artículo, como está redactado, pretende que quien maneja el Sicov ahora no tenga posibles competidores. Es una vagabundería. Prácticamente, le ordenamos a la Superintendencia que le entreguemos ese negocio a alguien. Estamos armando un ‘negoción’ a través de una pequeña ley”, dijo el representante conservador Ape Cuello, quien fue el único que lanzó advertencias cuando se debatió en la Comisión Sexta.
Las empresas de Torres están operando el Sicov desde el 2012 y son las que parten con ventaja porque son las que más tienen experiencia y tienen todo el andamiaje de la operación andando. Cartelizaron ese negocio y por eso fueron investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, quien les impuso medidas que las empresas de los Torres han burlado.
En el debate, Cuello pidió, inicialmente, eliminar ese artículo. De 16 representantes asistentes a esa sesión, 15 dijeron que no. Después propuso modificarlo para que en esa licitación no pudieran participar las empresas que son o han sido vigiladas por la Superintendencia, como las de los Torres. “En esta ley no estamos garantizando la vida, sino legalizando un negocio para quitarle la competencia a la operación de un sistema millonario. ¿Saben a quién estamos habilitando?”, añadió. Esa propuesta tampoco prosperó.
Los ruidos por el presunto favorecimiento con el nuevo artículo del ponente Ochoa no han cesado desde entonces.
Los gremios también alertan
El proyecto de ley está camino al cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Desde noviembre, al menos dos gremios del sector transporte y de telecomunicaciones han vuelto a reiterar alertas.
La Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías de la Información, Fedesoft, le escribió al ponente Ochoa para pedirle eliminar el artículo nuevo. Su directora, Ximena Duque, dijo que les sorprendió que se metiera ese artículo cuando ese tema no había aparecido en los primeros dos debates. Y advirtió que eso limitaría la libre competencia.
“Introduciría una barrera anticompetitiva que niega la participación de diversos proveedores del sector de Software y TI en los procesos de contratación o delegación, lo cual va en contra del espíritu de las normas constitucionales que buscan respetar la iniciativa privada y promover la libre competencia”, dice la carta.
La directora Duque explicó que desde el sector temen un impacto negativo. “Esto no solo limita la competencia justa entre las empresas del sector dedicadas a la movilidad, sino que también restringe la capacidad de los organismos de tránsito para elegir la tecnología más adecuada para sus necesidades específicas”, dijo.
En esa misma línea se quejó la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones – CCIT. El director, Alberto Samuel Yohai, dijo que de aprobarse ese artículo sería inconstitucional. “Salta a la vista que el tema de facultades de contratación de la Superintendencia de Transporte no está directa o indirectamente relacionado con el título del Proyecto de Ley”, dijo Yohai.
“Así las cosas, respetuosamente solicitamos la eliminación del artículo 15 y llamamos la atención que, si el artículo fuera aprobado, este sería inconstitucional, toda vez que no cumple con el principio de unidad de materia”, añadió.
Estas preocupaciones de los gremios van en sintonía con otras planteadas cuando la Superintendencia echó a rodar la idea de entregar en concesión el Sicov. Empresas que hicieron comentarios a los estudios de mercado advirtieron que, de acuerdo a como se está proyectando la licitación, las empresas de Torres y los aliados con los que se cartelizó el negocio entran con ventaja porque son los únicos que tienen todo el andamiaje de la operación andando.
Hasta ahora la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, no ha objetado el proyecto. Según le dijo a la Fiscalía Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, Ospina fue nombrada en ese cargo como cuota de Euclides Torres.
Con todos estos ruidos en el camino, el proyecto ahora pasa al cuarto debate.
