Cada vez que usted hace un trámite de tránsito, Euclides Torres factura. Torres es la cabeza de un poderoso clan político del caribe, está al frente de emporios empresariales que se lucran con millonarios recursos públicos, y fue salpicado en el escándalo de financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro.
En un interrogatorio realizado en agosto pasado por la Fiscalía y publicado por Semana ayer, Nicolás Petro, hijo del presidente, aseguró que “(Gustavo Petro) sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña” en el caribe.
Según las declaraciones de Petro hijo, Torres pagó varios eventos a los que asistió el presidente como candidato. También confirmó que, tal y como lo había revelado La Silla Vacía, Torres pagó la tarima en forma de P con la que Petro arrancó su precampaña presidencial.
La combinación de política y contratos, que revela esta investigación de La Silla Vacía, muestra cómo Torres montó y se apoderó de un lucrativo negocio que le impone cada vez más trámites obligatorios a los ciudadanos, eleva las tarifas, y se ha saltado la libre competencia.
Desde hace más de una década, el clan Torres viene impulsando leyes desde el Congreso que obligan a pagar revisiones técnico-mecánicas, cursos y exámenes de conducción, a través de un sistema conocido como Sicov. Al mismo tiempo, una red de empresas de Torres, aliadas con grandes grupos económicos, aseguraron comisiones y ganancias cada vez más altas con ese negocio.
En 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio les formuló pliego de cargos por cartelización a varias empresas de Torres y a sus aliados. A cambio de frenar la investigación, todos los involucrados dieron garantías de que descartelizarían el negocio. Pero La Silla Vacía encontró que varias de esas garantías fueron incumplidas.
En estos momentos en el Congreso avanza un proyecto de ley que podría multiplicar las ganancias del clan Torres en ese negocio. Es impulsado por Pedro Flórez, el senador del Pacto Histórico señalado por Nicolás Petro de ser el vehículo de la financiación irregular de Euclides Torres a la campaña presidencial. Una licitación, por casi 3 billones de pesos, podría ser el premio gordo para un grupo que tiene un acceso privilegiado en el gobierno de Gustavo Petro.
El volador legislativo al negocio de Euclides Torres
“La invitación a esta plenaria es a darles respuestas a los colombianos en el tema de siniestralidad. Están dadas las justificaciones para que la plenaria apruebe este proyecto de ley”, dijo el senador Flórez, quien se avaló por el Polo Democrático en la coalición del Pacto, cuando expuso ante la Plenaria del Senado el proyecto de ley que promueve la “movilidad segura” en el país.
Veinte minutos después logró que lo aprobaran en bloque, omitiendo el debate y la votación artículo por artículo. El interés de Flórez por superar ese trámite fue tan evidente que avaló las 35 proposiciones de modificaciones que hicieron otros senadores, algo que no es usual en la mecánica legislativa. Pero en ninguna de esas modificaciones, ni en el corto debate, se tocó un artículo particular que apunta a incrementar el poder del clan Torres en el negocio de la vigilancia del sector de transportes.
Se trata de una gabela que no hacía parte del proyecto original que se radicó en agosto del año pasado, pero que Flórez, como ponente del proyecto, avaló y ha defendido.
Ese artículo dice que la Superintendencia de Transporte “podrá implementar los mecanismos de inspección, vigilancia y control para todos sus vigilados”. Debajo de la letra menuda, es un cambio de interés del clan Torres y le abre la puerta a ingresos multimillonarios a las empresas de su tío político, Euclides Torres.
“Es para ampliar el espectro”, le dijo a La Silla el senador Julio Elías Vidal de La U, quien firmó la proposición avalada. El artículo se propuso antes del segundo debate y fue presentada en una hoja en blanco que no tiene el membrete oficial de ningún senador. Sin embargo, dos asesores legislativos de la comisión Sexta dijeron que quien la pasó para ser firmada fue el senador Pedro Flórez.
El sistema que usa la Supertransporte para vigilar trámites hasta ahora solo opera para carros y motos. Se llama Sistema de Control y Vigilancia, Sicov, y en la práctica es una herramienta que permite monitorear y registrar todas las operaciones que ejecuten empresas que emiten certificados para licencias de conducción, las que hacen técnico-mecánicas, o los que enseñan a manejar un vehículo. Esa información debe ser trasmitida al Runt, el centro de control de la información de tránsito en todo el país, obligatoriamente a través del Sicov.
El Sicov recibe plata cada vez que un ciudadano hace un trámite de esos. En Bogotá, por ejemplo, recibe entre 25 mil y 100 mil pesos por cada trámite.
Y al año se hacen millones de transacciones de tránsito.
Según cifras oficiales, desde su puesta en marcha, el Sicov ha recogido al rededor de 186 mil millones de pesos. Esa cifra es similar al presupuesto que Petro le ha asignado a cofinanciar la infraestructura hospitalaria el país desde que arrancó su gobierno.
Si el proyecto del que es ponente el senador Flórez se aprueba en Cámara, que es donde deberá surtir sus dos últimos debates, ese negocio pasará a ser la gallina de los huevos de oro. Empezará a facturar por barcos, trenes, aviones y cualquier sistema de transporte en Colombia. Otra proposición del senador Elías, también presentada en hoja sin membretes pero avalada por Flórez, ya establece, que el servicio “se cobrarán como recuperación de los costos de la operación del sistema”.
“No te sabría decir si el senador Flórez tiene negocios o intereses particulares en el proyecto. No tengo idea, ni conozco a ningún Torres, ni a ningún Euclides”, dijo Elías sobre el particular.
Flórez pidió que las preguntas fueran remitidas a través de sus asesores. La Silla Vacía se las formuló siguiendo ese conducto, pero no obtuvo respuesta.
En la última parte del trámite, ese proyecto entra con impulso. Se debatirá en la comisión Sexta, en la que el clan Torres estratégicamente tiene a otro congresista. Su nombre es Dolcey Torres, se eligió por el Partido Liberal, y es hermano de Euclides Torres.
El representante Torres hace parte de los congresistas liberales que están jugados con el gobierno Petro y ha liderado la rebelión al presidente de ese partido, César Gaviria.
En los últimos 20 años, Euclides Torres ha tenido asiento en el Congreso con familiares y aliados. Antes que a Flórez y a Dolcey, tuvo en la Cámara a su hijo Efraín Torres (2010-2018), y a su cuñada Martha Villalba (2014-2022). Villalba también estuvo en la comisión donde se debaten temas de tránsito y transporte. Además, es aliado cercano del excongresista, Armando Benedetti, a quien le financió campañas.
Fue a través de Benedetti que los Torres ganaron influencia con Petro. Tanta que Flórez fue incluido en la lista al Senado del Pacto Histórico en una posición privilegiada, sin haber tenido un recorrido en la izquierda, y méritos discretos, más allá de estar casado con la sobrina de Euclides Torres.
La legislación que le sonríe al negocio de los Torres en el gobierno Petro arrancó en el Plan Nacional de Desarrollo. Un artículo fue aprobado sin mayor debate, y que robustece el flujo de caja del negocio, estableció que:
- El tiempo para hacer la técnico-mecánica obligatoria para vehículos nuevos se reduce de 6 a 5 años. Es decir, los trámites deben hacerse más seguido, lo que se traduce en ingresos en periodos de tiempo más cortos.
- Los Centros Integrales de Atención, a los que debe acudir un ciudadano para obtener descuentos en los comparendos, deben integrarse obligatoriamente al Sicov. Es decir, el grupo de Torres también facturará cuando usted pague por cursos y pedagogía para rebajar una multa.
El cambio de normas y regulaciones que favorecen los intereses empresariales de Euclides Torres no es un caso aislado ni se limita al gobierno Petro. La historia de ese sistema está cruzada por afortunadas coincidencias para Torres, quien ha sido santista, duquista y petrista. Desde 2011, resoluciones, decretos y leyes le han abierto el camino para asegurarse un negocio cada vez más rentable y redondo.
El andamiaje estatal para Euclides Torres
La racha legislativa que le abrió las puertas al negocio de Euclides Torres con el Sicov arrancó sobre el 2010. Para ese momento, el empresario costeño pasaba por las vacas flacas.
Torres es dueño de Simetric SA, una empresa que hace exámenes para acceder a licencias de conducción y autorizaciones de porte armas y tiene, según registros de la Cámara de Comercio, 23 sedes en todo el país.
El negocio no estaba funcionando porque había otros centros que expedían certificados falsos, y eso estaba generándole pérdidas a los que sí cumplían con la norma. Por lo que Torres, aprovechando que era uno de los jugadores grandes en el mercado, empezó a moverse para lograr que se sistematizaran esos servicios.
Hizo un lobby fallido durante dos años dentro de su propio gremio. Pero el panorama le cambió en abril de 2011, cuando se discutía el Plan de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos. El entonces senador liberal, Álvaro Ashton, logró incluir un artículo, avalado por el gobierno Santos, que le cambió el panorama a Torres. Ashton es oriundo de Barranquilla y estuvo en el Congreso desde 1998 hasta el 2017, cuando fue capturado por presuntos vínculos con paramilitares.
En resumen, el artículo que Ashton metió en el Plan de Desarrollo de Santos le dio la orden a la Superintendencia de Transporte de “expedir una reglamentación” sobre la implementación de sistemas de seguridad para “garantizar la legitimidad” de los documentos que expedían organismos como los Centros de Reconocimiento de Conductores. Es decir, para crear el Sicov.
Con ese espaldarazo legislativo, Torres buscó aliados para apalancarse y desarrollar la plataforma de vigilancia. Estaba tan seguro que ese negocio iba a mover tanta plata que logró convencer al Grupo Colpatria de que se metiera como su aliado. De hecho, les dijo que les garantizaba transacciones mensuales de al menos 590 millones de pesos.
Desde finales de 2011, Torres ya había definido el andamiaje de cómo operaría el negocio. Un año después, la Supertransporte publicó las condiciones para implementar el sistema de vigilancia de 2012 aprobado en el Plan de Desarrollo. Es decir, Torres arrancó con ventaja. El superintendente que abrió esa puerta se llama Juan Miguel Durán Prieto.
El Grupo Colpatria y la empresa de Torres acordaron que los costos de la implementación del sistema los asumirían los ciudadanos. Así, por cada examen que se tramitara, Torres recibía el 45 por ciento de la plata que se recaudara y el Grupo Colpatria el 55 por ciento restante. Un gana-gana.
Para febrero de 2013, cuando la Supertransporte dijo que iba a autorizar operadores de la plataforma, varias empresas acordaron con Torres simular una competencia por el negocio, según una investigación posterior de la SIC, la entidad encargada de vigilar que haya libre competencia. La restricción de competidores, que incrementa los costos, es una de las características de los procesos de selección en los que las empresas de Torres suelen participar (Vea en esta investigación cómo se aseguró concesiones de alumbrado público el año pasado),
Por esa razón, el Grupo Colpatria, en alianza con Torres, fue el único que asumió la prestación del servicio de vigilancia, Sicov. La simulación de la falsa competencia fue tan evidente que otro operador que alcanzó a ser habilitado por la Supertransporte se salió del negocio al poco tiempo luego de que Torres y el Grupo Colpatria le pagaran 50 millones de pesos (como prueban correos electrónicos en poder de la SIC).
Paralelamente, Torres se había asegurado de que nadie le pudiera competir en el negocio y para eso también tuvo empujón público.
Desde 2012 empezó a buscar la patente del software del sistema de seguridad con el que implementaría el Sicov. En 2013 la obtuvo y un año más tarde la Supertransporte expidió otra resolución, que ayudó a redactar uno de los empleados de Torres, según consta en el expediente de la SIC. En la resolución, la Supertransporte dijo que era obligatorio que el software debía tener patente.
Punto para Torres. Después de obtener la patente, la empresa de Torres que la obtuvo le dio licencia exclusiva al Grupo Colpatria, socio de Torres. Así se consolidó como la única prestadora del servicio. Nadie podía competirle porque nadie más tenía la patente.
En febrero de 2014, otra resolución, esta vez del Ministerio de Transporte, le dio un nuevo impulso para que el negocio fuera redondo: les dijo a los dueños de los Centros de Reconocimiento de Conductores, los que hacen los exámenes para las licencias de conducción, que si no implementaban el Sicov, les cancelaban la autorización para operar. Es decir, le aseguró los clientes al sistema de Torres.
En correos electrónicos, cruzados entre personal del Grupo Colpatria, queda prueba de que sabían que Torres tenía “altas influencias políticas” y poder de “influenciar la redacción de las reglamentaciones técnicas” que hacían entidades del gobierno.
Con ese camino legal, la sociedad entre Torres y el Grupo Colpatria manejó exclusivamente el negocio hasta 2016. Eso le dio para poner el precio que pagan los ciudadanos y representó que las tarifas se duplicaran. Posteriormente, el Ministerio de Transporte avaló esa alza. Desde entonces, han seguido subiendo.
“Este es un negocio tan bueno, que a nadie le importaba que Euclides se llevara la tajada más grande, porque las demás tajadas eran enormes”, explicó a La Silla Vacía una fuente que hizo parte de la red de aliados de Torres en el negocio y que pidió la reserva de su identidad para hablar con detalles. “El poder de Euclides en el gobierno era evidente. Siempre que había algo que dificultaba el camino, salía algún tema legal que nos solucionaba. Yo no lo vi hablando con ministros o senadores, pero allá era en donde nos arreglaban el camino porque de allá salen las resoluciones y las leyes”.
Ese año, 2016, la Supertransporte de Juan Manuel Santos le dio otro impulso al negocio de Torres. Ordenó que no solo los Centros de Reconocimiento de Conductores, sino también los CDA (hacen revisiones técnico-mecánicas), los CEA (los que enseñan a manejar) y los CIA (los que capacitan a infractores para obtener descuentos en multas de tránsito) también debían usar el Sicov. Los dos primeros lo hicieron inmediatamente.
De nuevo, antes de que la Supertransporte sacara la norma, Torres ya tenía todo montado para sacar la mayor tajada del negocio, con acuerdos privados con otros jugadores del mercado. Hay documentos, que hicieron parte de la investigación de la SIC por cartelización del Sicov, que prueban que desde 2015 Torres empezó a cerrar acuerdos con todos los que se convirtieron en participantes del mercado:
- Acordó con el Grupo Colpatria que un consorcio en el que él tenía mayoría prestaría el servicio del Sicov en el 30 por ciento del mercado. En el 70 por ciento restante, manejado por Colpatria, él cobraría el 45 por ciento de cada operación por el uso del software.
- En los centros que enseñan a manejar acordó su participación en el 70 por ciento del mercado. Y por el uso del software, el 45 por ciento de lo que factura el Grupo Colpatria, que maneja otro 30 por ciento restante del mercado.
- En los centros de revisión técnico-mecánica acordó, por el uso del software, el 30 por ciento de lo que factura el que maneja el mercado, que es la española Indra junto con otra empresa llamada CI2.
Pero Torres fue aún más allá. También montó una empresa llamada Paynet, que se encarga del recaudo de la plata que pagan los ciudadanos por el Sicov. Así que ganaba porque tenía empresas directamente prestando los servicios, porque comisionaba por el software de seguridad con el que otros prestan los servicios, y porque intermediaba el recaudo.
Es decir, Torres se aseguró de que llegara a sus bolsillos un buen un porcentaje de la plata que paga cada ciudadano por hacer cualquier trámite tránsito. Todo, con el guiño de los gobiernos de turno.
Este control férreo del negocio, en el que se extinguió la competencia, hizo que las tarifas de los trámites de tránsito casi que se duplicaran en todo el país. El acuerdo de Torres con sus aliados llegó en 2014 al radar de la SIC a través de quejas por cartelización.
La SIC investigó durante cinco años, mientras el Sicov facturaba. En julio de 2019, la SIC les formuló pliego de cargos a Torres, a varios de sus funcionarios y a sus asociados por presunta cartelización del negocio del Sicov. Un año más tarde, en junio de 2020, todos los investigados llegaron a un acuerdo con la SIC para que les archivaran la investigación a cambio de descartelizar el negocio.
Sin embargo, La Silla Vacía encontró que Torres incumplió varias de las condiciones, y que sigue facturando por punta y punta.
La burla a la descartelización
Las condiciones que acordaron el grupo de Torres y sus asociados con la SIC debían mantenerse por al menos cinco años, que vencen en 2025.
En total eran 12 garantías, que debían servir para desconcentrar el mercado y permitir que otros actores entraran a prestar servicios. Pero en la práctica eso no fue lo que pasó. Ninguna empresa nueva entró a prestar el servicio y los mismos operadores se mantuvieron.
Encima, La Silla encontró que hay al menos tres condiciones que se incumplieron:
- La anulación de todos los acuerdos de repartición del mercado que hicieron el Grupo Colpatria y el de Torres.
- La entrega del software a un tercero neutral, que, a su vez, se lo diera gratuitamente a otras empresas que quisieran prestar ese servicio.
- La venta por parte del grupo de Euclides Torres de una empresa llamada Sectegpro, que fue con la que intermedió todas las comisiones que recibía de cada proveedor por el uso del software.
La Silla Vacía encontró, mediante una revisión de actas societaria y de juntas directivas, que la garantía de la venta Sectegpro fue burlada por Torres. Aunque la empresa fue vendida en 2022, Torres volvió a controlarla este año, con una operación de camuflaje empresarial que se asemeja a una matrioskha, la muñeca rusa que adentro esconde varias versiones de sí misma.
Después del acuerdo con la SIC, Sactegpro fue vendida a Servicios Especializados de Registro de Información de Tránsito, Serit SAS, una empresa sin relaciones con Torres. Pero entre marzo y junio 2023, Serit vendió Segtecpro a Ilusol, una empresa del grupo Torres. En mayo, Ilusol fue comprada por Kappa Ingeniería, una empresa cuyo único accionista es Sebastián Herrera, quien creó la empresa siendo empleado de Torres. Kappa se comporta exactamente igual que todas las empresas del grupo Torres: hacen negocios entre ellas mismas y sus caras son empleados de Torres.
Así se ve la maniobra.
Además, el trato con la SIC incluía soltar la patente del software del Sicov, y entregar su operación a un tercero neutral.
El tercero que empezó a manejar el software es una organización que se llama Confederación Nacional de Organismos de Apoyo al Tránsito, Confeorg. El presidente de Confeorg es Juan Miguel Durán Prieto, quien era supertransporte en 2012 cuando se abrió el negocio del Sicov y en cuya administración se expidieron varias reglamentaciones que le dieron impulso al negocio del clan Torres. Más allá de esa relación, esa garantía se incumplió porque uno de sus integrantes hizo negocios con Torres.
Se trata de Jaime Orlando Salazar, quien es el dueño de Servicios Especializados de Registro de Información de Tránsito, Serit SAS, el mismo que se prestó para camuflar la venta Segtecpro. Salazar es uno de los miembros de Confeorg. Al haber tenido negocios con Torres, violó la garantía de neutralidad del tercero.
Desde Serit respondieron sobre la reventa de la empresa al grupo Torres: “no tenemos certeza, pero, al parecer, no guarda relación con el señor Euclides Torres, así como tampoco tiene injerencia en ninguno de sus órganos de dirección según su certificado de existencia y representación legal”. Sin embargo, Ilusol, la empresa que le compró ET Progresiva, hace parte del grupo de Torres a través de Kappa Ingeniería.
Confeorg no respondió a las preguntas enviadas por La Silla Vacía.
Que Torres burló el acuerdo con la SIC también está probado en que mantuvo relaciones comerciales con el Grupo Colpatria. La Silla encontró pruebas de que Torres siguió cobrándoles plata por uso del software del Sicov.
En las notas de los estados financieros de la empresa de Torres, Segtecpro (hoy ET Progresiva), hay registros de que les cobró 35 mil millones de pesos, entre 2021 y junio de 2022, al Grupo Colpatria. La relación comercial se debía disolver en julio de 2020.
En las notas a los estados financieros de Olimpia, la empresa del Grupo Colpatria, también quedó registro de que para 2022 guardaron 8 mil millones para pagarle a la empresa del grupo de Torres.
Olimpia IT, la empresa del Grupo Colpatria, que hizo negocios con Torres, aseguró que desde 2020 acabó los acuerdos empresariales con el grupo de Euclides Torres. Le explicó a La Silla que la plata en sus cuentas obedece “a que las partes acordaron que Olimpia pagaría unas sumas, con ocasión de la liquidación de la prestación de los servicios” y que esos pagos se hicieron entre 2020 y 2022 por el flujo de caja de la compañía.
Sin embargo, no es claro a qué hacían referencia los pagos “con ocasión de la liquidación” si la repartición de la plata del Sicov se hacía con base en el recaudo. Además, en los estados contables de las empresas de Torres se registró que los acuerdos siguieron vigentes hasta junio de 2022: “(…)los contratos que se mantienen con Olimpia que tiene por objeto la prestación de servicios tecnológicos de plataforma”.
En ET Progresiva una empleada contestó un número registrado en cámara de comercio, pero se negó a dar cualquier información y colgó. Por su parte, Euclides Torres no respondió a las preguntas enviadas por La Silla Vacía al correo electrónico que tiene registrado en la SIC.
Jairo Rubio, abogado del grupo Torres ante la SIC, explicó que, de acuerdo a los documentos que le habían entregado las empresas y el grupo que representa, las garantías se habían cumplido. Cuando La Silla le expuso los hechos, aseguró que desconocía esos movimientos y agregó: “si están incumpliendo, deben ser sancionados”.
El Grupo Colpatria es un recurrente financiador de los partidos políticos con asiento en el Congreso. Solo en 2022 les donó cerca de 2 mil millones de pesos a los seis partidos más grandes.
A la par de la burla al acuerdo con la SIC, algo que le acarrea millonarias multas a quien las incumpla, el grupo empresarial de Euclides Torres ha seguido cosechando nuevas leyes que le permiten seguir ampliando su emporio.
El nuevo modelo del billonario negocio
En 2020 el Congreso aprobó una ley que obligó a la Supertransporte a contratar toda la operación del Sicov a través de un concurso público. A inicios de 2021 la Supertransporte contrató un estudio para fijar las reglas de juego de esa licitación.
De entrada, la recomendación de ese estudio fue que el Sicov se entregara a través de una concesión a 10 años a un único operador.
Este año, la Supertransporte ya echó a rodar la etapa previa de la licitación para entregar la concesión. Y de una vez aparecieron los ruidos de que podría terminar favoreciendo la posición dominante de Euclides Torres.
Empresas que hicieron comentarios a los estudios de mercado advirtieron que, de acuerdo a como se está proyectando la licitación, las empresas de Torres y los aliados con los que se cartelizó el negocio entran con ventaja, porque los tiempos que la Supertransporte está considerando darle al que se gane el negocio no serían suficientes para hacer la transición. Torres y sus aliados son los únicos que tienen todo el andamiaje de la operación de andando.
El negocio está tasado en 2,9 billones de pesos. Pero puede ser más jugoso si el clan Torres logra que el Congreso apruebe el proyecto que está moviendo el senador Pedro Flórez y que ya llegó a la comisión Sexta de la Cámara, donde está Dolcey Torres, el hermano de Euclides.
Por ahora, ni el senador Flórez ni el representante Torres han hecho públicos sus posibles conflictos de intereses con este tipo de proyectos.
Pero si la iniciativa se aprueba como está, con la excusa de reducir los índices de accidentes de tránsito, una justificación común en cada ley que favorece al clan Torres, el Sicov se ampliará a trámites de aviones, trenes, barcos y concesiones viales. Eso multiplicará su facturación.
De nuevo, está sobre la mesa la capacidad de Euclides Torres de anticiparse a las decisiones del gobierno. En el caso de Petro existe una cercanía probada. Además de su presunto rol como financiador, hay evidencia de que Torres se mueve en el círculo íntimo del presidente. El empresario fue uno de los invitados privilegiados a la celebración en el apartamento del entonces candidato, cuando Petro ganó la segunda vuelta, como reveló La Silla en un video.
La decisión sobre la concesión más grande que podría llegar a ganar Torres está ahora en manos de Ayda Lucy Ospina Arias, la Supertransporte nombrada por Petro. Según le dijo a la Fiscalía Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, Ospina fue nombrada en ese cargo como cuota de Euclides Torres.
La licitación que publique la Supertransporte de Petro mostrará si la competencia será abierta, o si le dará ventaja a uno de los señalados de financiar por debajo de la mesa la campaña presidencial.
