Cuando el pasado 19 de junio, terminó la labor de desminado humanitario en Bajo Grande, en el corregimiento de San Jacinto, Bolívar, el Vicepresidente Francisco Santos dijo que este pueblo “sería atropellado por el progreso”. Tenía razón, aunque quizás no con el progreso que imaginaba.
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| Este pelotón de desminado en el municipio de San Jacinto trabajó durante un año en Bajo Grande ubicando y desenterrando las minas antipersonales. Detrás de los soldados, llegó una empresa comprándole tierras a los campesinos a 300,000 pesos la hectárea. Foto: www.cgfm.mil.co |
Cuando el pasado 19 de junio, terminó la labor de desminado humanitario en Bajo Grande, en el corregimiento de San Jacinto, Bolívar, el Vicepresidente Francisco Santos dijo que este pueblo “sería atropellado por el progreso”. Tenía razón, aunque quizás no con el progreso que imaginaba.
Durante la ceremonia en la que habló el Vicepresidente, estuvieron presentes los embajadores de Estados Unidos, de la Unión Europea e incluso el de Japón. Fue un evento importante. El desminado realizado en Bajo Grande serviría como primera experiencia piloto exitosa para la recuperación integral de otras zonas minadas en el país.
Con una inversión cercana a los mil millones de pesos aportados por el Gobierno y la OEA, 41 soldados del IV pelotón de la Compañía de Desminado Humanitario duraron un año rastreando un área de 103 mil metros cuadrados buscando minas antipersonales. Y aunque al final de su labor en diciembre del año pasado sólo encontraron tres artefactos explosivos y cuatro municiones sin explotar, el Gobierno podía declarar (ver comunicado) con tranquilidad que el territorio era seguro para que las 125 familias que se desplazaron en los últimos ocho años volvieran a sus tierras.
Según lo reportó el periódico El Universal de Cartagena, el Vicepresidente anunció a los pocos moradores y muchos periodistas que estuvieron presentes que existía un plan institucional para las familias que quisieran retornar. Prometió que arreglarían la vía de acceso, adecuarían la escuela y el puesto de salud, reconstruirían las casas. “Además, existen proyectos de compras de tierras para que allí los campesinos desarrollen proyectos productivos,” dijo.
Era una promesa creíble. El gobierno de Japón había donado 180 mil dólares (casi 400 millones de pesos) para recuperar la vía de San Jacinto a Bajo Grande, pasando por las Palmas. La USAID puso plata para proyectos de generación de ingresos. Y el de China, 300 mil dólares o 600 millones de pesos, para comprar una finca aledaña al pueblo donde los campesinos podrán desarrollar proyectos productivos con Coltabaco.
Sin embargo, ocho meses después de concluir el desminado y casi dos desde que Santos hizo sus promesas, salvo por el arreglo de la carretera que ya arrancó, no ha pasado mucho más.
Según denunciaron dos moradores de San Jacinto a la Silla Vacía, el corregimiento de Bajo Grande sigue sin luz eléctrica, sin agua potable, sin proyectos productivos y obviamente, dadas estas condiciones, sin gente. “No hay ningún tipo de servicio público, todo ha quedado en promesa. Proyectos productivos no hay absolutamente nada. Les iban a comprar unas tierras a la gente pero eso no se ha dado. Lo único que ha pasado es la llegada de los cachacos”, dijo uno de ellos, desilusionado, porque había acompañado a los que hicieron el desminado y había creído que su tierra finalmente dejaría de ser un pueblo fantasma.
El mismo coordinador de desminado humanitario en América Latina del Departamento de Estado de E.U., que ha aportado cerca de cuatro millones de dólares para desminado, criticó las experiencias de Bolívar y de San Francisco, en Antioquia. “En Bajo Grande, la ausencia de una infraestructura para la comunidad y de proyectos económicos dificultan que la entrega de este proyecto a la gente sea un éxito”, dice el informe de Edmund Trimakas.
Salvo por 50 hombres que desde hace un par de años viven en San Jacinto y van de vez en cuando a Bajo Grande a trabajar su tierra y otras cinco familias, nadie más ha retornado. Los que si llegaron, y en grande, fueron los compradores de grandes extensiones de tierras.
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| El Vicepresidente Francisco Santos lideró el 19 de junio la entrega de las áreas libres de minas antipersonal a la población del corregimiento de Bajo Grande, Bolívar. En la foto, lo acompañan el Embajador de Japón, Tatsumaro Terazawa, representantes de la comunidad y el comandante del Cuarto Pelotón de Desminado Humanitario del Ejército Nacional, Tte. Edwin Cedeño Borrero. Foto: www.vicepresidencia.gov.co |
Los nuevos compradores
Detrás de los soldados que desminaron, llegó la empresa Agropecuaria El Carmen S.A., pagando 300 mil pesos por hectárea. En la zona dicen que la empresa está comprando estas tierras para sembrar palma, maíz para biocombustibles y para ganadería extensiva.
“Los factores que incidieron para la venta es que los dueños veían sus tierras abandonadas, llenas de maleza, y con deudas con los bancos. Estos señores llegaron pagando las deudas de los bancos, y la gente se quedaba con alguna plata”, dijo otro de los líderes de la zona.
En la Gobernación de Bolívar el tema de la compra de tierras en toda la zona alrededor de El Carmen de Bolívar comienza a verse con preocupación. “El Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada determinó que no existen las condiciones para autorizar la venta de 3.624 hectáreas de tierra en los Montes de María”, dice un artículo reciente de El Universal. “La preocupación del comité estriba en la posibilidad de que una vez fuera de sus tierras, los campesinos terminen desplazándose por no tener donde laborar. Se conoció que un solo comprador está interesado en la adquisición de 1.600 hectáreas en la región.”
Cira Velásquez, funcionaria de la Gobernación, explicó a la Silla Vacía que la preocupación del gobierno departamental es que la gran mayoría de campesinos de esa zona de Montes de María tenían contratos de aparcería, mediante los cuales los hacendados les daban una porción de tierra para que la cultivaran. “Al desaparecer esa posibilidad, llega gente con nuevas costumbres y ¿de qué va a vivir la gente? ¿Cómo va a desarrollar su proyecto de vida? Por eso la idea es cómo frentear la venta de la tierra.”
En el municipio de San Jacinto, a donde pertenece el corregimiento de Bajo Grande donde se hizo el desminado, el anterior alcalde había tomado la decisión de no dejar vender ningún predio de los desplazados. Pero el nuevo alcalde levantó la medida. Ya sin minas, la tierra se valoriza y se vuelve atractiva para compradores de fuera de la región. Para los dueños originales, la tierra significa poco si no tienen las más mínimas condiciones de servicios públicos para vivir.
Aunque las 128 solicitudes de autorización de venta de tierra de desplazados que han llegado a la Gobernación llevan como anexo una declaración extra juicio de los campesinos declarando que están vendiendo libremente y no bajo presión o amenaza, el Comité Departamental de Atención a Desplazados ha decidido adelantar una inspección personal en los lugares de venta y le ha pedido al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que certifique los precios de la tierra en la región para proteger aún más a los campesinos de los Montes de María.
Esta acción se llevará a cabo en el Carmen de Bolívar, pero según los líderes de la zona con los que habló la Silla Vacía en la zona de Bajo Grande ya se ha vendido mucha tierra.
La gran pregunta
La pregunta, entonces, permanece: ¿Para quién se desmina?
Carmen de Bolívar es uno de los municipios insignes de Montes de María, una región que nunca fue importante para el cultivo de coca pero si jugó un papel crucial para el tráfico de la droga producida en la Serranía de San Lucas y en el Bajo Cauca antioqueño porque por los ríos San Jorge y Cauca salía la coca hacia el Caribe. Y el Carmen de Bolívar, era “el centro económico más importante y esencial en la logística y obtención de recursos para las organizaciones al margen de la ley,” según explica un informe sobre el conflicto en Bolívar del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
Las Farc entraron a la zona en 1991 y destruyeron decenas de pueblos, volaron las torres de energía, el oleoducto Caño Limón Coveñas, atacaron estaciones de policías y bases militares y sembraron minas por doquier. La retaliación de las AUC de Carlos Castaño no fue menos macabra. Desde que incursionaron con fuerza en la zona en 1999, el Bloque Héroes de los Montes de María cometió varias masacres, entre ellas la de El Salado, Chengue y Macayepo.
En los corregimientos vecinos de Bajo Grande y las Palmas, los paramilitares cometieron el 28 de septiembre de 1999 una masacre que provocó el desplazamiento de casi toda la población.
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| Así quedó Bajo Grande luego de la masacre perpetrada por las Auc en la población. Hasta hoy, los desplazados no han regresado. |
Ese día, según cuenta una crónica del Heraldo, las autodefensas convocaron a todos los habitantes del pueblo, incluidos los estudiantes de los dos colegios y en un ‘consejo de guerra’, llamaron con nombre propio a seis personas. Con un tiro de gracia, asesinaron a cuatro de ellos, los otros dos lograron salir corriendo. Apenas se marcharon los asesinos, comenzó el éxodo.
Así, la gran despensa agrícola de San Jacinto, que producía unas 2.000 toneladas de maíz blanco al año y 400.000 mil kilos de tabaco se convirtió en un monte pelado. Un monte pelado y minado. De las 545 víctimas de minas en Bolívar desde 1990, 21 vivían en el municipio de San Jacinto.
Dada la importancia estratégica de Montes de María en la guerra, el gobierno declaró a 26 municipios de la región, incluido San Jacinto, “zona de rehabilitación” a finales de 2002 para recuperar con facultades extraordinarias a los militares el orden público.
Aunque cometieron varios abusos con su política de arrestos masivos, el Ejército y la Infantería de Marina realizaron una labor quijotesca para devolverle a la zona una sensación de prosperidad. Muchos soldados murieron o quedaron lisiados por las minas antipersonales y otros perecieron en combate. Y en octubre de 2007 dieron de baja en las montañas de Carmen de Bolívar a ‘Martín Caballero’, jefe de los frentes 34 y 35 de las FARC, acusado de numerosos atentados y secuestros en la región, como la del ahora precandidato presidencial Fernando Araújo.
Con la muerte de ‘Caballero’ y la desmovilización de las AUC, la zona arrancó el 2008 con un futuro más prometedor.
La pregunta es si después de todo el sacrificio de los militares, de miles de desplazados, decenas de muertos –entre militares y civiles- y un sufrimiento que no se refleja en cifras, lo que queda es la tierra en manos de uno o dos grandes terratenientes mientras los desplazados siguen apretujados en algún cambuche porque llegan las cercas de los nuevos dueños pero no la luz, ni el agua ni los proyectos productivos que les permitirían retomar su vida.
¿Es eso lo que Pacho Santos le va a mostrar a los 150 delegados de los países participantes en la Segunda Conferencia de Revisión de la Convención de Otawa cuando vuelva en noviembre, como lo prometió, a Bajo Grande para mostrarles los éxitos del desminado humanitario?
