La guerra civil de colombiana (2013 – 2018) fue el producto del escalamiento a nivel militar de las confrontaciones políticas entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y sus copartidarios. El enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y el Gran Ejercito de la U, la fuerza bélica de oposición, terminó gracias al acuerdo político que convocó una Asamblea Nacional Constituyente que modificó la Constitución Política de Colombia y revocó la prohibición de un tercer mandado presidencial permitiéndole a Uribe ser reelegido como presidente del país.
La guerra se originó a partir de las diferencias entre el Gobierno Santos, de carácter civil y ultracosmopolita, y el de su antecesor presidencial, Uribe, de tipo militar y parroquial. En 2012, a raíz de algunos fallos y procesos judiciales, el enfrentamiento entre los dos modelos de país llegó a un punto de no retorno. Uribe declaró que los funcionarios de su gobierno eran víctimas de una persecución judicial y dio su apoyo para que buscaran asilo político en otros países. A la vez, extendió una invitación a las fuerzas militares para que no acataran los dictados judiciales adversos emitidos por algunos tribunales de justicia.
En sus primeras etapas, la guerra civil colombiana se caracterizó por limitarse a enfrentamientos de opinión entre las partes opuestas pero pronto se detectó una creciente resistencia en amplios sectores de las fuerzas armadas del estado para dar cumplimiento estricto a las ordenes del Gobierno en la lucha contra la guerrilla, el narcotráfico y el crimen. Aun cuando la percepción de la inseguridad creció, y esto afectó al Gobierno Santos en las encuestas, las mayoría de partidos y fuerzas políticas se mantuvieron dentro de la alianza de la Unidad Nacional consolidada por el presidente al comienzo de su mandato.
Esto cambió radicalmente en el año 2015, luego de la reelección presidencial de Santos, cuando se difundió una noticia sobre un atentado sufrido por Uribe en su finca, del que al parecer salió ileso y “Patriota”, su caballo, resultó muerto. A pesar de que la información del incidente fue imprecisa y solo se difundió la imagen del animal muerto, el incidente causó un gran revuelo a nivel social y, tras algunas manifestaciones de apoyo popular a Uribe, se activó un gran movimiento de unidad alrededor del Partido de la U, que convocó al sector empresarial, civil y militar y en varios lugares del país se declaró la desobediencia civil y la rebeldía ante el gobierno de Santos.
El país se dividió entre uribistas y santistas y en los territorios dominados por el Gran Ejercito de la U se cerraron fronteras, se decretó la autonomía territorial y fiscal, y se desató una persecución a cualquier forma de oposición política. Los alzamientos contra el gobierno lograron un dominio total de los departamentos de Córdoba y Antioquia, un control importante en Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, Boyaca, Casanare, Vaupés, Nariño y a esto se sumaron decenas de municipios salpicados por toda la abrupta geografía del país. Las masacres contra la población civil aumentaron en estos lugares y los centros carcelarios no dieron abasto, algunas universidades públicas fueron cerradas y se adaptaron como centros de detención. Bogotá se mantuvo en poder del Gobierno Santos y solo sufrió algunos atentados, cortes de luz y desabastecimiento de comida en barrios periféricos.
En 2017, en un combate que tuvo lugar en una rica zona minera del Chocó, se comprobó que un grupo guerrillero de las FARC se había aliado con fuerzas del Estado para atacar al Gran Ejercito de la U, en el combate murieron 2 contratistas estadounidenses. Este hecho, más evidencias que extendían el origen del combate al rompimiento de una tregua entre todos los actores armados que durante años habían protegido un corredor del narcotráfico, propició que Estados Unidos convocará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para invocar una intervención militar a gran escala en Colombia. Ante esta perspectiva el Gobierno Santos convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y con el regreso de Uribe al poder terminó la guerra.
La guerra civil colombiana dejó un saldo no precisado de muertos. El Gobierno Uribe mantiene que fueron 30.000, el Gobierno Santos afirma que fueron 100.000 y Amnistía Internacional informa de 300.000 casos. La Constitución del 2017, además de formular nuevos controles y restricciones a la prensa y a la libertad de cátedra, estableció una ley de perdón y olvido que no permite que se adelanten investigaciones sobre este periodo.
El ex presidente Santos, algunos de sus funcionarios y sus familias pidieron asilo y se exiliaron en el Reino Unido bajo el pretexto de sufrir una “persecución judicial”. El periodo comprendido entre el segundo y el tercer periodo presidencial de Uribe se conoce como “La Patria Santa”.
