En el mes largo que lleva el estallido social que vive Colombia, Cali —y el Valle— han registrado el mayor número de muertos durante las protestas: La Fiscalía documentó 10 hasta el 31 de mayo; Indepaz cuenta 38 y Human Rights Watch, 18.
El Valle también ha estado marcado por la violencia en otros aspectos: fue incendiado el hotel La Luna en el Oriente de la capital valluna, el palacio de justicia en Tuluá, funcionarios de la alcaldía de Jamundí han tenido que salir de la región por amenazas y persisten 10 bloqueos en Cali.
¿Qué explica que el paro allí se haya vivido con tanta violencia?
“Hemos podido determinar que los actos criminales en Cali corresponden a organizaciones terroristas”, fue la explicación que dio el ministro de Defensa, Diego Molano, el 1 de mayo, tres días después del inicio del paro.
La tesis del Gobierno durante la crisis es que la infiltración de los grupos disidentes de Gentil Duarte, la Dagoberto Ramos y la Segunda Marquetalia, además del ELN, en alianza con bandas locales, explica la violencia en la capital del Valle durante el paro que hoy completa 43 días.
La infiltración de disidencias es un factor de la violencia que ha vivido la ciudad. Pero no el único, según 18 fuentes consultadas por La Silla.
El paro ha cosechado la violencia que por décadas se ha sembrado en Cali: el resultado de una herencia narca, de la presencia de cuatro grupos guerrilleros, de ser un punto clave en el corredor narco que une al norte del Cauca con el puerto de Buenaventura, de albergar cientos de pandillas y de una gran desigualdad.
Incluso antes del paro, Cali ya era la capital con más homicidios por 100 mil habitantes. En 2020 hubo 47.7 asesinatos en promedio, la cifra más baja en 28 años, pero que siguió superando a ciudades como Bogotá o Medellín. Mayo de 2021 fue el mes más violento en al menos cinco años, con 163 homicidios.
“Esos antecedentes no están en el paro de sorpresa. Preexisten al paro”, nos dijo Carlos Duarte, profesor y experto del Grupo de Investigación Interculturalidad, Estado y Sociedad del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.
Y la respuesta del Gobierno Duque a un problema tan complejo, por ahora, se enfoca estrictamente en lo militar.
La tesis de la infiltración
El sustento del Gobierno Nacional y de la Policía y el Ejército para hablar de infiltración de las disidencias y guerrillas se basa en las siguientes capturas e interceptaciones hechas durante el último mes en Cauca y Valle, que sirvieron de base para que el viernes 28 de mayo Duque ordenara la asistencia militar a la ciudad con más de 10 mil uniformados en las calles, traídos desde Tolemaida, Barranquilla, Bogotá y Caquetá.
Puntualmente, existen las capturas de once personas que, según las autoridades, son integrantes de la disidencia Dagoberto Ramos, del norte del Cauca; de la Segunda Marquetalia, que maneja Iván Márquez desde Venezuela; y de las redes urbanas del ELN.
Del ELN el 7 de mayo, las autoridades capturaron a alias “Lerma” y alias “Quiricu”, señalados por la Policía de ser miembros de la red de milicias urbanas José María Becerra de esa guerrilla. “Lerma” ya había sido capturado en 2018 y “planeaba activar una granada en medio de una manifestación para luego señalar a la policía como supuesta responsable”, dijo el ministro Molano.
De la Dagoberto han sido capturados alias “Jacobo” (el 13 de mayo) y alias “Solterosky” (el 26). De acuerdo con la Fiscalía, “Solterosky” habría participado en los desmanes entre manifestantes y Fuerza Pública. Y “Jacobo” sería autor de quemas a CAI en Puerto Rellena en el oriente de Cali, estaciones del sistema MIO en Calipso y actos de vandalismo en Siloé. Además, ambos estarían implicados en “coordinar movilizaciones”.
De la Segunda Marquetalia fueron capturados alias “Richard” y otros seis presuntos militantes. Según la Fiscalía “serían los principales promotores de ataques al comercio, entidades bancarias y sedes gubernamentales; además de agresiones a la Fuerza Pública y obstrucción de vías en Cali y su área metropolitana”.
Según informes de inteligencia citados por Semana, “Richard” recibió instrucciones en Venezuela de Márquez para “financiar y ejecutar hechos de vandalismo” en Cali. Las autoridades calculan que fueron 160 mil dólares (más de 500 millones de pesos), según la publicación.
“Un punto de bloqueo en Cali se conforma así: 40 por ciento es gente del comité del paro, 30 por ciento son personas inconformes o gente del barrio y 30 por ciento grupos armados y bandas delincuenciales”, nos dijo para esta historia un alto mando del Ejército que nos explicó la visión militar de lo que pasa en la ciudad, pero que pidió no ser citado por no ser el vocero de la entidad.
Sin dar porcentajes, un alto funcionario de la Alcaldía de Cali que está en los Puestos de Mando Unificado (PMU) nos ratificó que dentro de las protestas han visto “todo tipo de crimen organizado”.
“Hemos hecho capturas a mandos medios (de disidentes) en las comunas 13, 15 y 21”, dijo la fuente, en referencia a tres de las zonas más convulsionadas por la violencia en el paro.
Por muchos años, esas comunas —y la 14, también en el Oriente— fueron centro de operaciones de redes urbanas de Farc, del ELN y de las autodefensas al mando de alias “HH”, como constató esta alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en 2018.
Para el Ejército, las pruebas de inteligencia militar muestran que la Segunda Marquetalia y el ELN “tienen control de las barricadas (bloqueos)”, según nos dijo el alto oficial. Sostiene que hay pagos en la primera línea de los bloqueos; entre 80 mil pesos “por día cumplido de protestas” y 50 mil pesos a la gente “para hacer bulto”. O sea, para mantener las marchas.
Los investigadores y funcionarios locales y regionales consultados para esta historia confirman la posibilidad de que las disidencias estén infiltradas en las movilizaciones de Cali. Pero dudaron de que sea del nivel que el Gobierno y las autoridades están mostrando oficialmente.
“Sería inocente desconocer la infiltración, pero que la primera línea está llena de guerrilleros es una tesis muy conveniente para el Gobierno”, nos dijo el profesor Duarte y en similar forma nos respondieron 15 fuentes más.
Eso por dos razones.
La primera es que controlar los bloqueos por tanto tiempo requeriría de una capacidad inmensa que ni las Farc en armas logró tener allá. Investigadores del conflicto, como la FIP, que han estudiado la Segunda Marquetalia en el terreno, consideran que la capacidad operativa real de este grupo creado por Iván Márquez es todavía bastante limitado.
Santiago Cepeda, exguerrillero y exlíder de la extinta célula urbana Manuel Cepeda de las Farc —que hizo presencia en Cali por casi dos décadas— nos dijo que en la lógica guerrillera controlar un bloqueo de ese tamaño para la ciudad requeriría de “cientos de personas” alineadas con la causa ilegal.
Recordó que en el “mejor” momento de esa guerrilla secuestraron a los 12 exdiputados del Valle. Fueron 18 guerrilleros que llegaron a la Asamblea, a plena luz del día en el centro de Cali. Alcanzaron a estar allí cerca de 15 minutos, tiempo en el que sacaron a los diputados en una buseta. Cepeda planeó la operación y estuvo preso de 2008 a 2017 por ese crimen.
La segunda razón es que la tesis del Ejército de que los manifestantes de la primera línea —que es la que enfrenta al Esmad y hace varios de los bloqueos— son pagos choca con una realidad que han denunciado desde la Alcaldía hasta ediles consultados para esta historia: los peajes ilegales en los barrios.
“Que grupos como la Segunda Marquetalia financian todo no casa con que la gente pida plata en los bloqueos”, dice Kyle Johnson, investigador de Conflict Responses (Core) y experto en grupos ilegales del Suroccidente. “Piden plata porque lo necesitan o porque tienen otras motivaciones. Además, la Segunda Marquetalia no tiene estructura fija en Cali”.
Dos líderes de las primeras líneas con los que hablamos para esta reportería en Uniresistencia (sur de Cali, por la Universidad del Valle) y en La Luna (en la autopista Suroriental con calle 13) nos negaron que cobren en sus bloqueos.
Como ocurre en el Portal Americas, rebautizado por los manifestantes como Portal de la Resistencia (en Bogotá), los manifestantes dicen surtirse de ollas comunitarias y de lo que les regale la gente.
“Aquí nos sostenemos con donativos de las personas, ya sea con dinero que nos quieran dar, no pedimos porque no tenemos cuotas ni nada, quien quiera apoyar se acerca a los líderes a dar el dinero o lo que tengan en especies”, nos dijo Alejandro, de Uniresistencia.
Alejandro es un vendedor ambulante y como prueba de que no le pagan nos cuenta que “llevo mes y medio trabajando y dando (al bloqueo) todo lo que me gano aquí, por la causa”. Nos pide disculpas por no mirarnos a los ojos. Dice que debe estar pendiente de todo lo que pasa, mientras mira de reojo a unos 30 militares que cruzan la calle una cuadra más abajo.
Al igual que el de la primera línea de La Luna, niega que los jóvenes en esa zona tengan armas. Sin embargo, en este video reconstruido por La Silla sobre el bloqueo en La Luna se ven civiles armados.
Para Elizabeth Dickinson, investigadora para Colombia del International Crisis Group, la falta de autoridad y de control en las zonas de bloqueo sí ha dado un papayazo para actividades ilegales de muchos actores más allá de las disidencias.
“La marcha no es motivada, ni organizada por intereses violentos”, nos dijo la investigadora que prepara un informe sobre la ciudad. “Ahora, muchos actores tienen algún margen de economías ilícitas, de criminalidad que sí se están aprovechando de la situación”.
En la reportería para esta historia encontramos denuncias de barrios en Cali donde la gente tiene que pasar por peajes ilegales. Otro miembro del PMU de la Alcaldía nos dijo, a condición de no revelar su nombre, que les entregan fichas diarias para poder llegar a sus casas. “Hay barrios completamente cooptados por ilegales”.
Y es que la realidad de los bloqueos no es blanco y negro.
Bloqueos de todos los tonos
En Palmira, el municipio que colinda con Cali por el norte y es casi un barrio dormitorio más de la ciudad, ha habido 31 bloqueos durante el mes. Se concentran en las entradas a Cali, el aeropuerto y las zonas rurales. Seis de ellos se mantienen. Uno era controlado por las disidencias, según nos dijo Óscar Escobar, el alcalde de esa ciudad.
“Les decían a la gente que tenían que bloquear o los mataban. Duró una semana hasta que llegaron Ejército y Policía y desbloquearon”, nos dijo. “Pero la gente sigue asustada porque no teníamos presencia de este tipo de crimen desde hace dos décadas y tan cerca al casco urbano”.
Para este joven alcalde que derrotó a los políticos tradicionales en 2019, la mayoría de bloqueos han sido pacíficos y sus peticiones son muy locales. En uno, una líder les exigía la construcción de un acueducto para levantar el bloqueo. “Dijo que no se iban a vender por migajas. Desde hace 40 años piden esa obra”, contó Escobar.
”La marcha no está motivada por intereses violentos, pero los ilegales se han aprovechado”
Peticiones de orden comunitario que han sorprendido a las funcionarias nacionales que Duque envió a la región para desbloquear la entrada a Cali.
“Susana Correa (directora del DPS) y Lina Arbeláez (directora del Icbf) no podían creer que la gente les pidiera más presencia de la Policía”, nos dijo Escobar. “La gente relaciona en sus pliegos la insatisfacción del paro con sus necesidades locales”.
A pesar de los diálogos, permanecen puntos críticos. Como el Puente del Comercio, en Cali, que en Palmira sienten como propio porque conecta la salida de la ciudad hacia el municipio y las veredas dependen de esa vía para su economía.
“En ese bloqueo hay gente fuertemente armada, han cometido delitos. En zonas como La Ye la policía puede hablar con la gente. Pero a vos se te aparece un policía en el Puente y lo sacan a bala”, nos dijo Escobar.
El viernes 4 de junio la Alcaldía de Cali desbloqueó ese punto, pero en la noche volvieron los enfrentamientos con la Policía. El sábado 5 fueron reportados dos civiles muertos, cuatro uniformados y 28 vecinos heridos.
Ese punto muestra una constante en Cali: la presencia de bandas criminales y pandillas de todos los tamaños que conforman un circuito de macro y micro criminalidad.
Una auditoría hecha por la Oficina de la ONU contra la droga (Unodc) para 2019 encontró 182 grupos criminales: van desde parches de menores de 14 años o menos hasta bandas criminales con nexos con grupos narco de la región Pacífico.
El estudio —que es insumo para la Alcaldía y diversos análisis sobre la criminalidad en la ciudad— muestra que en las comunas del oriente y norte de Cali (21, 20, 16, 15, 14 y 13) “reportan 119 agrupaciones juveniles vinculadas a la ilegalidad y ‘pandillas’, de un total de 150, dedicadas principalmente al hurto y a la distribución droga en espacios públicos”.
”Un punto de bloqueo tiene 30 por ciento de infiltración”
Esos puntos son, a su vez, los más vulnerables de la ciudad.
En esta columna de La Silla Llena, el profesor Carlos Duarte evidencia que los puntos de bloqueo son también los lugares con mayor pobreza multidimensional de Cali, que aumentó con la pandemia, el cierre de la economía y las cuarentenas estrictas.
En los barrios esto se traduce en cobro de extorsiones, fronteras invisibles y dinámicas de control del territorio que están haciéndose visibles en estos momentos de caos. Hay varios ejemplos de este cambio de dinámica.
La investigadora Dickinson y dos fuentes de las secretarías de Gobierno y de Seguridad de la Alcaldía nos confirmaron que en Siloé —uno de los barrios más pobres de Cali y donde hay otro punto permanente de bloqueo— desde el inicio del paro arrancó un “pacto” entre cuatro pandillas que controlan varios puntos de la zona.
“Hace un par de años ellos entraron en una guerra para dividir el territorio, había muchas fronteras invisibles”, relata Dickinson. “Pero arrancó el paro y las bandas hicieron un pacto de no agresión. No amenazan a los manifestantes, ni cobran vacunas”.
Desde la Alcaldía creen que esto puede ser una estrategia para “cansar” a la Policía. “A veces solo les interesa enfrentarse a la Fuerza Pública, lo que lleva a un desgaste institucional que es lo que estamos viviendo estos días”, nos dijo una fuente del PMU.
La articulación de bandas se reproduce en otros sectores. En Calipso, un barrio de la comuna 13, un líder local nos dijo que los saqueos de las dos primeras semanas del paro estaban coordinados.
“Estaban organizados para saquear los negocios y se topaban con retenes ilegales donde otras personas trataban de quedarse con una parte de lo que robaban”, nos dijo esa fuente. “La información que tenemos por gente que conoce la comuna es que las bandas de diferentes barrios que están en la comuna hicieron una tregua para que todo lo que roben y saqueen les toque por igual”.
”La gente relaciona en sus pliegos la insatisfacción del paro con sus necesidades locales”
Uno de los almacenes saqueados fue el Éxito de ese barrio, que se volvió viral por una noticia falsa, retuiteada por Gustavo Petro, que indicaba que allá había un “centro de tortura”.
Una de las dos fuentes del PMU con la que hablamos tiene la hipótesis, por una persona que lo conoció de primera mano, de que al menos cinco pandillas estaban coordinadas para atacar ese comercio, mientras que la primera línea que estaba protestando allá se retiró de la zona para no estar involucrados.
Como la Policía y el Ejército están enfocados en el desbloqueo, las otras lógicas criminales quedan desatendidas, tanto dentro de la ciudad como en el departamento, que es paso obligado para sacar la coca del Cauca por Buenaventura.
“Cuando la prestación de servicio no está dedicada a disuadir el delito, investigar o judicializar criminales, vas a sufrir consecuencias como cuentas saldadas que se pagan, dinámicas delictivas que se pagan con mayor narcotráfico, búsqueda de control territorial, venganzas mucho más fáciles porque no está el policía”, nos dijo el experto en seguridad caleña Álvaro Pretel.
Eso ya se ha visto en la comuna 19, al otro extremo de la ciudad. El edil de esa comuna, Carlos Ortíz, nos dijo que durante el paro los “jíbaros” y expendedores de droga han regresado al barrio. “Diciembre es el mes con más atracos acá, pero ahora han aumentado”, alerta. “Las bandas se están centrando en robar comercios y viviendas”.
“Hay barrios donde las bandas han aprovechado que la Policía está distraída controlando la protesta para disputarse barrios o zonas o consolidar su presencia en estos. Al retirar ese frágil control estatal, el escenario se presta para enfrentamientos abiertos”, indicó Juan Camilo Cock, profesor y ex subsecretario de los Territorios de Inclusión y Oportunidades de Cali.
A todo esto se suma otro componente en la ciudad: la cantidad de armas que circulan libremente en la ciudad.
La cultura narco en una ciudad armada
Las imágenes del 9 de mayo en el que caleños del sur de la ciudad les dispararon a miembros de la guardia indígena. O las del 28 de mayo, en las que el publicista Andrés Escobar, al lado de policías cómplices, estaba disparando al aire una pistola de fogueo, no son nuevas en Cali.
Son similares a las de la noche de pánico y confusión del 21N de 2019: en pleno toque de queda en la ciudad fueron virales los videos de civiles repeliendo a bala a “los que se meten a la unidad del lado” con armas y fusiles.
Veinte personas que entrevistamos para una historia que publicamos tras los desmanes de ese día, nos dijeron que estaban dispuestas a armarse ante la presencia de “gente rara”, “malandrines” o “invasores” que llegaban a sus barrios.
Una disponibilidad para armarse y disparar que refleja la herencia narco de una ciudad que fue el reino de los Rodríguez Orejuela en los ochentas y noventas y hasta hace 15 años, de alias Chupeta.
Como contamos en esta historia, ni la Alcaldía ni la Policía saben cuántas armas hay en la ciudad, pero, como reportó El País de Cali, hay armerías ilegales que surten a grupos criminales y pandillas y los mismos carteles y grupos ilegales que convergen en Cali las traen a la ciudad.
Según supo La Silla por un investigador judicial, hay armas que llegan por pedazos a Cali y son ensambladas en la ciudad para suplir a bandas criminales, pandillas, pero también a ciudadanos. Escobar, por ejemplo, dijo a medios que la suya la compró en Mercado Libre.
”Es una ciudad partida y estratificada. Todo se resuelve con armas”
Las armas también se han visto en varias movilizaciones de la ciudad. Un edil, una periodista que cubrió las marchas y una investigadora nos dijeron, por aparte, que vieron personas con pistolas, machetes o cuchillos durante las marchas. “Es una situación intimidante”, nos relató una colega, quien entró a varios puntos de bloqueo con “escoltas” del barrio. Todos armados.
Eso no quiere decir que todas las marchas están armadas. Pero sí que, comparado con otras ciudades, en Cali es más fácil acceder a ellas. Tanto que en la encuesta de victimización de 2018, la última realizada por la Alcaldía, muestra que el 69 por ciento de los hurtos en la ciudad son con armas de fuego. En Bogotá llegó al 18 por ciento ese mismo año.
Y no solo es un asunto de fácil acceso a armas, sino también una cuestión de valores, como explica la profesora Inge Valencia, del Icesi.
“Es una ciudad partida y estratificada, y lo narco se mueve entre negocio y cultura. Las dos cosas son clave nombrarlas”, dice. “Hay valores que están incrustados en eso. Todo se resuelve con gente armada”.
Ejemplo de eso es lo que sucedió en las zonas más acomodadas de Cali.
Según nos dijo un funcionario de la Alcaldía, días antes de que la minga indígena llegara el domingo 9 de mayo a Ciudad Jardín, al sur de Cali, había chats de vecinos de la zona que decían que “se estaban preparando para frentearse a esos hp indios”.
Grupos de whatsapp como en los que estaba la médica Juliana Rojas, quien fue despedida de la clínica Imbanaco luego de que Noticias Uno revelara el chat en donde decía que estaba dispuesta a pagar para que mataran “a unos 1000 indios”.
Ciudad Jardín se encuentra en la comuna 22. Allá queda todo el distrito de universidades de Cali y sus vías principales conducen a Jamundí. Además de ser un epicentro educativo y cultural de clase alta de la ciudad, es referida por las autoridades caleñas como un foco de presencia de nuevos capos y de “lavaperros” de narcotraficantes. Como contamos en su momento capos como Martín Bala Jr., se mimetizan en el sur para lavar activos.
”Esos antecedentes no están en el paro de sorpresa. Preexisten al paro”
“La respuesta que se ha tenido ante los hurtos y el vandalismo es la radicalización de muchos ciudadanos que ven a alguien que no es normal en su barrio”, analiza Álvaro Pretel, experto en seguridad caleña de La Silla Llena.
“Sale otro repertorio de violencia de clases más acomodadas que están contra el paro”, complementa el profesor Carlos Duarte.
“Estos hechos preocupan, no solo por su gravedad intrínseca, sino porque además dejaron ver una evidente parcialización de los organismos de seguridad”, escribieron para esta columna en La Silla los profesores Carlos Duarte e Inge Valencia.
Para los consultados, lo que sucedió en Ciudad Jardín muestra la discriminación y fragmentación de una ciudad que se ha construido como epicentro del Pacífico, a donde llegan la mayoría de víctimas del conflicto de esa región (200 mil, según la unidad de víctimas) y donde convergen mestizos, afro e indígenas.
Por toda esta mezcla de violencias fragmentadas y desorganizadas, desigualdad social, lucha de clases y racismo es que es complejo que la tesis del Gobierno Nacional alrededor de una sola causa de violencia se sostenga.
Principalmente porque de mantener ese enfoque, los polvorines desatados desde hace dos años en el 21N y repetidos durante todo mayo y el arranque de junio pueden mantenerse sin que el Presidente o los altos mandos tengan una mejor solución que concentrar más militares y policías en las calles.
