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El presidente Gustavo Petro dijo que “lo que produjo la migración venezolana por millones se llama bloqueo económico”. Pero es falso: desde antes de las sanciones de Estados Unidos, Venezuela tenía una crisis económica y social que provocó un éxodo masivo desde 2015.
El viernes pasado, Petro habló en el panel de apertura de la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania. Entre otras cosas, Petro se refirió a la migración por la crisis climática: “El sur expulsa su población porque su agua se seca, por ser zona tórrida. Y va hacia el norte, porque los hielos se deshielan en el norte, y hay más agua líquida”, dijo.
Un día después, un usuario en Twitter (ahora X) cuestionó ese argumento con el ejemplo de Venezuela: “La migración de venezolanos a Colombia es de 2,8 millones, ¿quiere decir que el cambio climático afecta a Venezuela más que a Colombia? No, solo quiere decir que Petro no acepta que es el socialismo la real causa de esta migración”, escribió.
Petro, que en su intervención en Alemania no se refirió específicamente a Venezuela, le respondió al usuario que “lo que produjo la migración venezolana por millones se llama bloqueo económico y un gobierno colombiano ayudó a hacerlo”. En el pasado, Petro ya ha señalado que es el bloqueo económico a Venezuela el causante de la migración (aquí, aquí y aquí).
En su reciente trino, el presidente agregó que Venezuela dependía del petróleo y que el bloqueo de su venta internacional produjo pobreza y la consiguiente migración. Petro acusó de esa política a los expresidentes Donald Trump e Iván Duque.
Como nuestros usuarios nos pidieron revisarlo, le pasamos el Detector de Mentiras a las afirmaciones chequeables y encontramos que es falso que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela, en su mayoría dentro del gobierno Trump, hubieran originado la migración venezolana. Desde antes de esas sanciones existía una crisis económica y social en el país que provocó desde 2015 el éxodo masivo de venezolanos a otros países. Pero es cierto que Duque acompañó esas políticas sancionatorias de EE.UU. a Venezuela.
La crisis de Venezuela venía desde antes de las sanciones de Estados Unidos
Aunque las sanciones de Estados Unidos a Venezuela empezaron en 2015, fue realmente desde 2017, bajo la presidencia de Donald Trump, que empezaron a tener un efecto más general, y desde 2019 que tuvieron un efecto más directo en el sector petrolero de Venezuela y, por ende, en toda la economía del país.
A finales de 2014, como respuesta a la represión estatal a las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley 113-278. Esta le otorgaba poderes especiales al presidente para imponer sanciones económicas (como el bloqueo de activos que se encontraran dentro de los Estados Unidos o que estuvieran en posesión o control de una persona estadounidense) a los responsables por violaciones de derechos humanos en Venezuela contra los manifestantes antigubernamentales.
La primera orden ejecutiva bajo esa ley fue impuesta en marzo de 2015, cuando el presidente de EE.UU., Barack Obama, firmó el Decreto 13692 en el que declaró una “emergencia nacional” por la situación en Venezuela y sancionó a siete funcionarios, acusándolos de violaciones de derechos humanos y corrupción. Entre las sanciones estaba el bloqueo de sus propiedades en Estados Unidos y la prohibición de la entrada a ese país. El bloqueo significa que esas propiedades no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse.
Pero las sanciones económicas empezaron en 2017 y para 2019 fueron más duras, como muestra este artículo de la investigadora Yamile Montenegro, publicado en la Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada.
El segundo Decreto, el 13808, lo expide el presidente Donald Trump en agosto de 2017 por considerar ilegítima la Asamblea Constitucional instalada en Venezuela. Ese decreto prohibió las transacciones desde Estados Unidos con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) relacionadas con la compra de bonos y el pago de dividendos al gobierno de Venezuela.
La siguiente sanción fue impuesta por el Decreto 13827, en marzo de 2018, a la luz de la creación de una moneda digital en Venezuela, que para Estados Unidos tenía el objetivo de “eludir las sanciones”. El Decreto de Trump prohibía cualquier transacción, provisión o financiamiento por parte de estadounidenses o residentes en Estados Unidos con esa moneda digital.
El cuarto Decreto, el 13835, se expidió en mayo de 2018 y prohibía la compra de deuda contraída con el gobierno de Venezuela por parte de un estadounidense o residente de EE.UU., y la venta o transferencia como garantía de participación en empresas en las que el gobierno de Venezuela tuviera una participación del 50% o más.
En noviembre de 2018 fue impuesta la siguiente sanción a través del Decreto 13850. Este bloqueaba las transacciones relacionadas con propiedades en Estados Unidos y que operen en el sector de oro de Venezuela; así como con las responsables y patrocinadores de transacciones engañosas o corruptas, y las relacionadas con programas administrados por el gobierno de Venezuela.
Un siguiente Decreto, de enero de 2019, aclaró que por “gobierno de Venezuela” se referían tanto al estado y gobierno de Venezuela, como a cualquier subdivisión o agencia, como el Banco Central de Venezuela y Pdvsa, y a cualquier persona que directa o indirectamente actuara en nombre de esas entidades como miembro del régimen de Maduro. Es decir, todas las propiedades en Estados Unidos de estas entidades o personas pasaban a estar bloqueadas, y los estadounidenses a tener prohibidos los negocios con esas empresas.
También ese mes, Pdvsa fue incluida en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Nacionales Bloqueados (SDN, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como dice este artículo del Centro de Investigación Económica y Política (Cepr, por sus siglas en inglés), “esto congeló los activos estadounidenses de Pdvsa y prohibió a los estadounidenses hacer negocios con la empresa”.
El último decreto fue el 13884 de agosto de 2019, que bloqueó todos los activos del gobierno de Maduro en EE.UU. y prohibió cualquier transacción con los bienes en Estados Unidos en propiedad del gobierno de Venezuela.
El artículo de Yamile Montenegro indica que, “a pesar de las sanciones impuestas en 2017, Estados Unidos aún era en un destino importante para el petróleo venezolano, sin embargo, después de las sanciones de 2019, Venezuela buscó otros destinos para la exportación”.
El artículo del Cepr, escrito por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, también indica que las de 2019 fueron las sanciones más severas, dado que “redujeron drásticamente la capacidad de Venezuela para producir y vender petróleo y para vender cualquier activo extranjero del Gobierno”.
Esto tuvo gran impacto porque cortó a Venezuela de su mercado de petróleo más grande: “Estados Unidos, que había comprado el 35.6% de las exportaciones de petróleo de Venezuela en 2018, o unos 586.000 barriles en promedio por día”, dicen los economistas Sachs y Weisbrot.
La crisis económica de Venezuela viene antes del 2017
Aunque las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra Venezuela sí pudieron agravar su situación económica, esta ya venía deteriorada desde antes. Así lo demuestran las cifras de pobreza, PIB, producción petrolera e inflación.
- Pobreza
Desde 2014, antes de las sanciones económicas, la pobreza monetaria y pobreza extrema se han disparado en Venezuela.
Una persona está en pobreza monetaria si no tiene el suficiente dinero para adquirir una canasta básica de alimentos, servicios y otros bienes mínimos para vivir. Por su lado, la pobreza extrema se mide únicamente por la falta de dinero para comprar una canasta de alimentos.
Según un informe del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) —una organización no gubernamental independiente venezolana—, entre 1996 y 2001 hubo una caída de la pobreza monetaria en Venezuela: pasó de 76% a 45%, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo mismo pasó con la pobreza extrema, que pasó de estar en 43%, en 1996, a 17% en 2001.
Luego, la pobreza aumentó en 2003 hasta 61%, pero en los años posteriores volvió a caer, llegando hasta un 33% en 2007. Desde ahí y hasta 2013, cuando fue de 34%, se mantuvo estable, según los datos del INE. Como dice Provea, para 2015 el INE dejó de publicar cifras de pobreza y pobreza extrema a partir de la metodología de ingresos.
Pero, según Encovi, una encuesta sobre condiciones de vida hecha por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, la pobreza y pobreza extrema viene en aumento, justamente, desde 2014. Ese año la pobreza y pobreza extrema pasaron a 53% y 25%, respectivamente. En 2015 la pobreza se disparó a 76% y la pobreza extrema a 53%. Para 2016, la pobreza fue de 83% y la pobreza extrema de 51%. En 2017 subieron nuevamente los indicadores, la pobreza estuvo en 92% y la pobreza extrema en 64%. Para 2018 estuvo en 93% la pobreza y 76% la pobreza extrema.
Es decir, entre 2014 y 2018, antes de las sanciones más severas por parte de Estados Unidos, la pobreza en Venezuela se disparó: de 53% a 93%. Y la pobreza extrema pasó de 25% a 76%.
- Producto Interno Bruto (PIB)
El Producto Interno Bruto (PIB) muestra el valor de todos los bienes y servicios finales que son producidos en un país. Aunque es un indicador imperfecto, es utilizado frecuentemente para evaluar la actividad productiva de una nación. Por su parte, el PIB per cápita, calcula la distribución del PIB entre sus habitantes, es decir, es el promedio por persona de lo producido en un país.
Según datos de Statista, que vienen del Fondo Monetario Internacional, el PIB per cápita de Venezuela viene en caída desde 2013. Ese año fue de 12.688 dólares; un año siguiente cayó hasta 8.692 dólares; en 2014 llegó a 7.107 dólares, en 2015 disminuyó hasta 4.096 dólares. En 2016 también cayó hasta 3.676 dólares, y un año después subió ligeramente a 3.806 dólares. Es decir, antes de las sanciones de Estados Unidos, la producción económica total de Venezuela, por persona, venía en caída.
Desde 2017 ese dato siguió cayendo hasta 1.566 dólares en 2020. Luego subió hasta 3.640 dólares en 2023.
- Los efectos de la caída del precio del petróleo
Entre 2014 y 2016, los precios internacionales del petróleo tuvieron una fuerte caída que agravaron la crisis económica de Venezuela, dado que el país depende fuertemente de ese crudo.
El desplome del petróleo en el mundo alcanzó un 70% y fue una de las tres mayores caídas registradas desde la segunda guerra mundial, así como la más larga desde la caída de 1986, explicaron economistas del Banco Mundial. Esta caída se debió a un exceso de oferta (por un auge de producción en Estados Unidos) y una caída de la demanda.
Por eso, de 2015 a 2017 las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron un 19%.
Como explica EIA, una organización gringa independiente que recolecta y analiza información sobre energía, Pdvsa es la mayor fuente de ingresos del gobierno venezolano. Tuvo gran autonomía hasta los 90, cuando el gobierno estableció un impuesto del 40% al 45%. Es decir, “el Estado venezolano ha utilizado a la compañía petrolera estatal como fuente de ingresos para financiar una variedad de programas sociales, particularmente durante los presidentes Chávez y Maduro”. Ese control estatal, explica esa organización, ha impedido la reinversión de las ganancias, lo que dificulta la producción de petróleo en ese país.
Según muestran datos de EIA, la producción de petróleo en Venezuela comenzó a caer antes de 2017, el año en el que empezaron las sanciones económicas más fuertes.
Pasó de un poco más de 2.5 millones de barriles al día a finales de 2014 a 2 millones de barriles a finales de 2016. Para finales de 2017 cayó la producción hasta 1.5 millones de barriles diarios, y continuó así hasta un poco más de 500.000 de barriles diarios a inicios de 2020. Desde entonces ha subido hasta los 700.000 de barriles en 2023.
- La hiperinflación
Ante una disminución de la financiación del gobierno por cuenta de la caída en los ingresos por petróleo, el Gobierno imprimió más dinero para alimentar sus programas sociales, lo que generó inflación.
En 2012, la inflación fue de 21%, según datos del FMI publicados por Statista. Un año después casi se duplicó: llegó a 40%. En los años posteriores siguió subiendo: 62% en 2014; 121% en 2015; 254% en 2016, y 438% en 2017. Es decir, antes de las sanciones la inflación ya venía en aumento.
Su punto más crítico fue en 2018, cuando la inflación alcanzó un pico de 63.374%. En los años siguientes ha caído, pero aún continúa alta: 359% en 2023.
La migración venezolana comenzó antes de las sanciones de EE.UU., contrario a lo que dice Petro
Actualmente, no existen cifras históricas oficiales del gobierno venezolano sobre la migración de ese país. Sin embargo, hay varias organizaciones no gubernamentales, sociales, así como investigaciones universitarias que han documentado algunas cifras de migración venezolana y sus causas.
Según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4V, —liderada por la agencia de refugiado de la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones— actualmente, con corte de 2023, hay más de 7 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo.
Como explicamos, las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela comenzaron en 2017 durante el gobierno de Trump, pero la migración venezolana inició mucho antes de eso y estuvo relacionada con la caída de los indicadores económicos y sociales de ese país que empezó en 2014.
Como explica este informe del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, —una organización no gubernamental independiente venezolana— y esta investigación de Iván de la Vega, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, la migración de ese país ha tenido diferentes olas que comenzaron en el 2000.
En un principio, el flujo migratorio fue leve. Fueron personas de algunos sectores económicos y profesionales, mayoritariamente de la industria petrolera (que habían sido despedidos), quienes migraron a otros países en tres oleadas distintas. Después, entre 2015 y 2016, dos años antes de las sanciones de Estados Unidos, la migración venezolana se disparó y personas de todas las clases sociales comenzaron a emigrar.
Así también lo muestra el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según sus datos para 2017 ya eran alrededor de dos millones de venezolanos los que habían abandonado su país.
Esa alza del flujo migratorio coincide con el aumento de la llegada de migrantes venezolanos a Colombia, que según la R4V es el país que más migrantes ha recibido. Según cifras de Migración Colombia, en 2014 había 23.573 migrantes venezolanos en el país, en 2015 la cifra subió a 31.471 y desde ese año siguió en aumento hasta su pico en diciembre de 2022 con 2.896.748 migrantes venezolanos en el país.
Txomin Las Heras Leizaola, periodista de nacionalidad venezolana y experto de La Silla Llena en temas de migración venezolana, le dijo a La Silla que la migración venezolana se disparó en 2015 por la situación económica del país. “Esa migración comenzó porque los indicadores económicos comenzaron a tener un grave deterioro antes de las sanciones económicas (de Estados Unidos)”, explicó Leizaola.
En 2015, según datos del Banco Central de Venezuela, el país tuvo una inflación de 180,9% y su PIB cayó un 5,7%, en su segundo año consecutivo de caída. A principios de 2016 el bolívar tuvo una devaluación de 37% y el régimen de Nicolás Maduro anunció un alza de más de 6.000% en los precios de la gasolina que habían estado congelados durante 20 años.
Además, como mostramos más arriba, desde 2014, según la encuesta Encovi, la pobreza se disparó en Venezuela y esto también llevó a que más venezolanos emigraran a otros países, como lo explica Claudia Vargas Ribas, investigadora y profesora de la Universidad Simón Bolívar.
María Gabriela Trompetero, investigadora venezolana y candidata al doctorado en sociología en la Universidad de Bielefeld, explicó que además de esos factores, también se suma que “desde el 2014 los niveles dramáticos de desabastecimiento de alimentos y medicinas han empujado a los venezolanos a salir del país masivamente desde 2015”.
En eso coincide Leizaola, quien también señaló el desabastecimiento de alimentos de 2015 impulsó la migración. Una encuesta de 2015 de la encuestadora Datanálisis, estimó que para ese momento en el 80% de los supermercados venezolanos había escasez de los productos básicos.
Una de las razones de ese desabastecimiento, que venía desde 2014 y se profundizó en 2015, además de la crisis económica del país, estuvo ligada a Ley Orgánica de Costos y Precios Justos promulgada en noviembre de 2015, que estableció varios precios máximos en diferentes productos, debajo del valor del mercado, para “contener la espiral alcista de los precios”, como detalla este artículo publicado en la Revista Lasallista de Investigación y como registraron varios medios en su momento (acá, acá y aquí)
“Los precios máximos para productos de consumo masivo desalientan la producción de los mismos y generan una profunda escasez en los centros comerciales, largas colas en los supermercados para conseguir los productos y un amplio mercado negro”, explica el artículo de la Revista Lasallista de Investigación.
En su momento, la oposición venezolana también señaló al control de los precios como el causante del desabastecimiento de alimentos, mientras que el chavismo dijo que era producto de una “guerra económica en contra de la revolución socialista”.
Por otro lado, este informe de Provea también muestra que cinco picos migratorios ocurridos entre 2016 y 2018 están relacionados como eventos políticos y económicos del país. Por ejemplo, entre marzo y mayo de 2018 hubo un pico que coincide con las elecciones presidenciales de ese año en las que Maduro fue reelegido como presidente, tras una jornada electoral donde más de la mitad de la población no acudió a las urnas.
Es decir, contario a lo que señaló Petro, la migración venezolana inició años antes de las sanciones económicas de Estados Unidos y estuvo relacionada con la crisis interna que vivía ese país.
El gobierno Duque sí apoyó las sanciones de Estados Unidos a Venezuela
En la respuesta del presidente Petro en Twitter (ahora X), además de asegurar que “lo que produjo la migración venezolana por millones se llama bloqueo económico”, también dijo que “la política profundamente equivocada de Duque y Trump crearon un nuevo actor de la violencia que estalla en todas las sociedades de América”.
Durante el gobierno de Duque sí existió una política frente al régimen bolivariano, que estuvo de la mano con el gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump.
Colombia implementó, a principios de 2019, el llamado “cerco diplomático”. Este tenía como objetivo sacar a Nicolás Maduro del poder ante el rechazo internacional por su reelección. El gobierno Duque trabajó esta estrategia junto con el Grupo de Lima, los países miembros de la OEA, y convocó líderes de la Unión Europea para que se unieran.
El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela. Ese mismo día, Trump declaró su apoyo a Guaidó y horas más tarde lo hizo Iván Duque. Esto rompió, una vez más, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela.
En febrero de 2019, Guaidó organizó, con ayuda de Estados Unidos y Colombia, el ingreso de ayudas humanitarias a Venezuela. Pero, Maduro las rechazó y ordenó al ejército venezolano bloquear el puente de Tienditas, ubicado en la frontera con Cúcuta, alegando “un plan de intervención”.
Entre el 13 y 16 de febrero de 2019, el expresidente Duque viajó a Washington donde se reunió con Donald Trump. La agenda giró en torno a la crisis de Venezuela y Trump ratificó la importancia de Colombia como aliado en la región. Duque también recalcó: “con el presidente Donald Trump compartimos ese objetivo: liberar a Venezuela de la dictadura, un objetivo que comparte la gran mayoría de países del hemisferio y que también comparte la gran mayoría de países de la Unión Europea”.
Después, Duque le entregó a Guaidó un cargamento con ayudas humanitarias y aseguró que “impedir la ayuda humanitaria es un atentado contra los derechos humanos y podría constituir un crimen de lesa humanidad”.
El 23 de febrero de 2019 fue el día que Guaidó intentó llevar los camiones cargados con medicina y alimentos a Venezuela, pero hubo choques entre el ejército venezolano y manifestantes que estaban reunidos en el puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, luego de que Maduro mandara cerrar la frontera temporalmente.
En mayo de 2019, Guaidó y Maduro iniciaron conversaciones para negociar una salida de la crisis que vivía Venezuela. Para septiembre de 2019 los diálogos terminaron sin ninguna solución para el país. Durante esta coyuntura el gobierno Duque permaneció en silencio.
En marzo de 2020, el gobierno Trump formuló el “marco para la Transición Democrática y Pacífica en Venezuela”. Según la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, “este marco insta a establecer un gobierno de transición ampliamente aceptable para organizar elecciones presidenciales libres y justas, así como una vía para el levantamiento de las sanciones de los Estados Unidos relacionadas con Venezuela”.
Ese mismo día, Duque mostró su apoyo a la política del gobierno Trump diciendo que estaba alineada con las cuatro premisas que han sido parte de la discusión permanente con el Grupo de Lima, el gobierno de Estados Unidos y que Guaidó también ha defendido. Estas son: “el cese de la usurpación y fin de la dictadura, un gobierno de transición con participación amplia, la convocatoria de elecciones libres y la activación de un plan de recuperación económica”. Además, dijo que no era el fracaso del “cerco diplomático” sino “una evolución positiva”.
Según Sandra Borda, profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, “lo cierto es que tanto el gobierno estadounidense como el colombiano fracasaron en su intento de buscar una salida forzada al régimen de Maduro, y ante ese fracaso, hoy están buscando formas de acercarse a una transición negociada”.
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