Apuntes sobre algunos retos del nuevo gobierno con el campesinado

Queremos tierra en la tierra, 

y arar la vida de esperanza, 

cosechar el pan y la letra 

y acabar con la triste errancia

Gilberto Ramírez Santacruz, poeta paraguayo

Con las esperanzas puestas en el próximo gobierno encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez, algunos sectores excluidos tienen grandes expectativas sobre el cumplimiento de las propuestas previstas en el plan de gobierno. El campesinado, la principal víctima del conflicto armado en el país, como lo reconoce la Comisión de la Verdad, tiene las esperanzas puestas en el cumplimiento de acuerdos firmados en el marco de diferentes movilizaciones, el desarrollo de sus agendas campesinas con apoyo estatal, el cumplimiento del Acuerdo de Paz y, por supuesto, una reforma agraria que disminuya la desigualdad en la distribución de la tierra, y fortalezca las economías campesinas y los procesos de formalización de la tierra.

La ministra designada, Cecilia López, ha señalado que se hará una reforma agraria sin timidez, esto es, una reforma agraria que redistribuye la tierra fértil que no está siendo producida o se paguen altos impuestos definidos con la actualización del catastro. Sin embargo, como dice la ministra designada, el desafío no solo está en la repartición de tierras, sino la integración con otras políticas relacionadas con el cambio climático, la justicia ambiental y la soberanía alimentaria.

Hace algunos días salió una declaración por parte de las organizaciones campesinas donde instan al gobierno entrante a cumplir con acuerdos recientes e históricos que han suscrito en diferentes paros y movilizaciones: el Mandato Agrario del 2003, los acuerdos del Paro del Catatumbo de 2013, el Paro Agrario de 2013, lo acordado en el marco de la Cumbre Agraria, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria del 2016, la sentencia de tutela T-052 de 2017, la Minga del Suroccidente del 2019, la Minga Nacional del 2020, el Paro Nacional del 2021, el Pacto Histórico del 2022, el Acuerdo Final de Paz, entre otros. Ver: Declaración de la Agenda Nacional Campesina de Colombia.

El reto para el gobierno entrante no es menor si se tiene en cuenta que, más allá del cumplimiento del Acuerdo de Paz, la propuesta de hacer una reforma agraria genera inquietud por la oposición de sectores que siempre han estado en contra de la democratización de la tierra y el reconocimiento del campesinado como actor político. Por otro lado, la exigencia de las organizaciones debe pasar por el cambio de paradigmas y de enfoques internacionales sobre la cuestión agraria, la política de drogas, las medidas ambientales y el cambio climático. A continuación, explicaré brevemente algunos puntos que considero fundamentales:

La tierra…siempre la tierra

Según Oxfam, con base en el Censo Agropecuario de 2014, en el país el 1% de las explotaciones de mayor tamaño maneja más del 80% de la tierra y el 20% restante,  el 99% de la tierra. Colombia se ubica en primer lugar en América Latina con respecto a la desigualdad en la tenencia de la tierra. Las iniciativas legales, desde la Ley 200 de 1936 (solución de los conflictos a través de la jurisdicción agraria, la extinción de dominio por incumplimiento de la función social de la propiedad), la Ley 135 de 1961 (la desconcentración de la tierra, evitar el fraccionamiento antieconómico y mejorar las explotaciones agropecuarias), hasta la Ley 160 de 1994 (mercado asistido de tierras), han encontrado la resistencia de sectores políticos ligados al latifundio, aún cuando estas legislaciones tuvieran elementos que favorecían a este sector.

Su contraposición a democratizar la tierra ha contrariado la generación de consensos sobre la redistribución de la tierra y de un contrato social rural (como lo llama la ministra designada) para la generación de acuerdos en torno al modelo de desarrollo, la distribución de la tierra, la soberanía alimentaria y la participación campesina en la política pública agraria y ambiental.

La implementación del Acuerdo de Paz es un reto para el nuevo gobierno teniendo en cuenta que gran parte de las tierras ocupadas por campesinos pobres están en áreas de difícil acceso, con pocos servicios públicos e infraestructura y conflictos por uso y tenencia en áreas protegidas. Según el informe de la Procuraduría General de la Nación (2021) los baldíos entregados en áreas focalizadas como Pdet corresponden a microfundios, es decir se estaría entregando por debajo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF). Por otro lado, tan solo el 18.909 ha de 1.190.331 ha del área ingresada al Fondo de Tierras no presenta ocupaciones previas ¿de dónde saldrá la tierra para el campesinado?

Por otro lado, una de las figuras claves que abanderan diferentes organizaciones como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), que es parte de la Ley 160 de 1994 y que quedó en el marco del Acuerdo de Paz, ha encontrado todo tipo de obstáculos por parte de las entidades encargadas de constituirlas como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y en algunos casos las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). 

Actualmente hay siete ZRC constituidas y siete por constituir, pero son más de 30 procesos a lo largo del país que están en diferentes fases del proceso, desde la fase de conocimiento de la figura hasta la celebración de la audiencia para constituirse como Reserva Campesina. Parte de la oposición a está figura está en los límites que impone para evitar la acumulación de tierras y prohibir el latifundio en las zonas donde se constituyan. No obstante, algunas ZRC tienen conflictos asociados a la acumulación de tierras, un ejemplo claro es la ZRC del Guaviare y la ZRC del Valle del río Cimitarra principalmente con economías relacionadas con el monocultivo de palma (FAO, 2018).

En el caso de la ZRC de Sumapaz, que ha surtido todo el trámite, ha encontrado toda clase de obstáculos por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Agencia Nacional de Tierras alegando que la constitución se haría únicamente si se ha adelantado la zonificación ambiental del páramo Sumapaz-Cruz Verde. Este requerimiento no es necesario para constituirse como ZRC. Por su parte, las ZRC de Agrogüejar-Cafre y Losada-Guayabero han encontrado obstáculos por la presencia de cultivos de uso ilícito en ambas Zonas y el proceso de constitución dependería del número de solicitudes realizadas y la actualización del Plan de Desarrollo Sostenible (Dejusticia, 2020). Justamente, las ZRC se crean con el fin de fortalecer las economías campesinas y fortalecer los programas de sustitución de cultivos de coca. 

A esto se suman los conflictos interculturales en departamentos como el Cauca o Cesar. En estas zonas hay agendas políticas por parte de diferentes grupos rurales (campesinado e indígenas) que proyectan constituir legalmente sus territorialidades (zonas de reserva campesina o resguardos indígenas) y que han generado enfrentamientos desafortunados. En particular, en el departamento del Cauca hay por lo menos 20 solicitudes de ZRC de las cuales 16 tendrían conflictos con comunidades étnicas. Este panorama coincide con los microfundios campesinos, el hacinamiento rural y la concentración de tierras (Duarte, 2019).

La sustitución de cultivos señalados de ilícitos

Hablar de la sustitución de cultivos de coca sin hablar de un nuevo paradigma de la política antidrogas que promueva un tránsito hacia la regulación y legalización es repetir la misma receta de hace más de 30 años. Los programas de desarrollo alternativo implementados desde la década de los 80 han primado la securitización por encima de las políticas agrarias y el desarrollo rural como la formalización de la tierra, el bienestar social y los derechos humanos de las poblaciones que dependen del cultivo de coca. Con el Plan Colombia se potenció el componente militar para la intervención en la lucha antidrogas y la lucha contrainsurgente, afectando principalmente a las comunidades cultivadoras señaladas de “narcocultivadoras” o de “ser apoyo de las Farc”. Las medidas de éxito de estas políticas siempre han estado relacionadas con las hectáreas erradicadas y fumigadas y el cumplimiento de tratados internacionales (Buxton, 2015).

Un paso importante propuesto por las comunidades y organizaciones campesinas es la gradualidad, la concertación y la solución estructural del problema agrario. La gradualidad entendida no solamente como la disminución del número de hectáreas de coca en un tiempo determinado; es la sustitución de la actividad productiva de la coca por otras economías.

Sin embargo, con los nuevos debates en torno a la legalización y regulación el reto ya no solo es el Pnis para generar alternativas económicas. Lo que ha dejado más de 30 años de implementaciones de los Planes de Desarrollo Alternativo es que solo unos contados casos han sido exitosos en cuanto al tránsito que han hecho algunas comunidades de las economías “ilegales” a las “legales”. 

Ya existen algunas propuestas interesantes sobre la transformación de la coca para usos medicinales y alimenticios como ya lo hacen empresas como Coca Nasa. Por otro lado, está la propuesta de regular toda la cadena de valor de la hoja de coca y la cocaína para uso recreativo y que sea el Estado quien le compre al campesinado (quien decide autónomamente continuar con esta economía) la producción de pasta base.

Para ello también es necesario potenciar la economía regional. La producción de cocaína no solo ha beneficiado a las élites, narcos y grupos que se quedan con las rentas de la cocaína; también ha sido parte de la economía regional. Como lo mostró la CEV, al implementar políticas de interdicción, la economía formal regional se ve afectada, principalmente la destrucción de laboratorios tiene efectos negativos sobre las transacciones en efectivo en algunos municipios. Sin embargo, la peor parte se la lleva el campesino cocalero al no beneficiarse de ganancias justas en el negocio y ser víctima de una política de drogas obsoleta y violadora de los derechos humanos. 

No obstante, con la legalización tal vez sigan persistiendo violencias, propias de una economía capitalista, como pasa con otros cultivos legales como la palma y el banano, economías asociadas en algunas regiones al fenómeno paramilitar (Sanín; Machuca, 2022). Por lo menos en un marco regulatorio, se deja de lado la estigmatización de la población campesina y consumidora y se podría abrir otros debates sobre la legalización.

La justicia ambiental y las áreas protegidas

Un eje central del programa de gobierno es la justicia ambiental y el cambio climático. La Amazonía es uno de los ecosistemas que tienen prioridad en las agendas multilaterales internacionales por su diversidad biológica, por sus recursos estratégicos y el desarrollo de procesos productivos. En este contexto, la presión de los países del norte global y de grandes potencias económicas sobre los países del sur (quienes poseen fuentes materiales para su consumo) ha aumentado para proteger los ecosistemas. 

La aplicación de la Convención sobre Cambio Climático (entre los que se incluye el Acuerdo de París) son algunos de los tratados internacionales vinculantes jurídicamente en la materia. En torno a esta diplomacia ambiental se ha trasladado parte de las responsabilidades sobre las comunidades locales que viven en zonas con importantes recursos naturales.

Por otro lado, la declaración de áreas protegidas enmarcadas en la Agenda 30×30, meta establecida en la Conferencia sobre el Cambio Climático, COP26, es parte de las estrategias internacionales para la protección medioambiental. Estas iniciativas han agudizado los conflictos territoriales, los despojos en nombre de la protección de la naturaleza (Bocarejo; Ojeda, 2015) y procesos de judicialización sobre campesinos e indígenas pobres, principalmente en la Amazonía. 

Algunas estrategias como la Campaña Artemisa han generado animadversión y desconfianza en las comunidades locales. Esta campaña liderada por el gobierno de Duque fracturó las relaciones y acuerdos que se venían adelantando con las comunidades y puso en el foco de la “solución” de la deforestación las acciones de judicialización en poblaciones con una historia de asentamiento y permanencia en áreas de PNN y en ZRF.

Estas acciones se han hecho con el supuesto de implementar la Sentencia 4360 de 2018 de la Amazonía y en el marco de la Ley sobre Delitos Ambientales. Sin embargo, al mirar las cifras sobre deforestación, la estrategia de militarización de la gestión ambiental es ineficiente. A noviembre de 2021 se habían realizado 13 operativos con un foco importante sobre el PNN Serranía del Chiribiquete con un área intervenida de 22.627 ha, según las Fuerzas Militares. Por otro lado, estas estrategias se constituyen como una nueva fase de intervención militar en zonas con una historia de guerra como la Macarena y que da cuenta de múltiples atropellos contra la población local desde el Plan Colombia, el Plan Patriota y el Plan Consolidación.

Lo paradójico del asunto es que países del norte global, que financian estrategias contra la deforestación en el país, tienen legislaciones en sus países que, si bien conflictúan con las actividades agropecuarias desarrolladas por comunidades locales, no expulsan a sus pobladores de manera violenta como sucede en la Amazonía colombiana y cuyas estrategias vienen financiadas por estos países en el paquete económico de las políticas públicas contra la deforestación.

Los retos son múltiples para el nuevo gobierno. Los compromisos internacionales frente al cambio climático acordados por Colombia deben incorporar en el ámbito local una perspectiva de derechos humanos, la articulación con la reforma agraria, la participación social en la conservación y la posibilidad de celebrar acuerdos con las comunidades locales o de retomar los existentes durante la Mesa Nacional de Concertación. 

En este escenario, se propuso un régimen especial de manejo con el campesinado en los Parques Nacionales Naturales como instrumento de planeación y co-manejo con el fin de solucionar de manera integral la situación de las comunidades campesinas, la satisfacción del goce efectivo de sus derechos y la conservación sostenible del ambiente en el marco de alternativas equilibradas entre ambiente, bienestar y buen vivir, y mediante la implementación de Sistemas Agrarios Sostenibles para la Conservación (MNC, 2017).

La soberanía alimentaria

Con la apertura económica de principios de 1990, las prioridades del país se volcaron a fortalecer la inversión extranjera y la integración del país al mercado mundial. La firma de Tratados de Libre Comercio con socios como Estados Unidos y la Unión Europea, que tienen subsidios integrales para sus agricultores, va en clara desventaja sobre los campesinos colombianos, quienes a parte de la desprotección estatal en materia económica suman otras variables como la dificultad en acceso a créditos agrarios, la informalidad de la tierra, la violencia y el desplazamiento forzado. La dependencia a unos productos específicos como banano, caña de azúcar, café, cacao, plantaciones forestales, palma y ganado hace complejo la implementación del desarrollo rural inclusivo, integral y con diversificación productiva (FAO, 2017).

Colombia actualmente importa cerca del 30% de los alimentos, principalmente en cereales como soya, maíz y trigo. El país pasó de importar un millón de toneladas a más de 12 millones en dos décadas, lo cual ha generado una dependencia alimentaria (Santana., et al, 2022). Hay productos importados que incluso son parte de la tradición agrícola del país, como el café que se importa de Perú. Por otra parte, el país ha priorizado el modelo agroindustrial, apuesta que está ligada al problema agrario: promueve la concentración de tierras, focaliza en algunos cultivos el apoyo estatal, genera daños ambientales y fragmenta las poblaciones rurales y la organización rural (Fajardo, 2022).

Sumado a lo anterior está la cuestión crítica sobre el hambre en el país: 16 millones de colombianos viven con una o dos comidas al día y cerca de 21 millones de colombianos no cuentan con recursos para una canasta básica alimentaria (Dane). Con este panorama el reto es doble: garantizar el apoyo a los pequeños campesinos y productores con medidas subsidiarias para la producción y potenciar redes de comercialización regional y las compras por parte del Estado para garantizar que las personas que están pasando hambre tengan acceso a una dieta balanceada. Para ello el Acuerdo de Paz tiene la propuesta Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria que ha tenido pocos avances.

La relación de la reforma agraria con la soberanía alimentaria está intrínsecamente ligada. La concentración de la tierra genera improductividad y está asociada a procesos especulativos y la captación de rentas. 

Las políticas trazadas a través de los TLC no han reducido el hambre, por el contrario un país como Colombia con posibilidades de diversificar la producción agrícola, está en una crisis de hambruna como lo alertó recientemente la FAO (2022). Las políticas de la reforma agraria deben ir aunadas a la protección estatal de la producción de alimentos, la protección del campesinado frente a los precios bajos de los productos importados, el acceso a mercados locales y el reconocimiento de la territorialidad campesina para potenciar la organización comunitaria y la producción agrícola.

La Declaración de los Derechos del Campesinado

El reconocimiento de los Declaración de los derechos del Campesinado no es un asunto menor si se tiene en cuenta que el gobierno entrante tendría que renegociar tratados internacionales que han desfavorecido la protección estatal del campesinado; frenar la extranjerización de tierras; promover una reforma agraria para que el acceso a la tierra sea más democrático; adelantar una política de drogas autónoma y soberana para la paz; y definir estrategias de cambio climático y de conservación que no generen cargas y violencias sobre los campesinos más pobres que viven en zonas protegidas y ambientales importantes.

El reto en materia agraria y ambiental es enorme si se tiene en cuenta que las entidades más importantes para cumplir con estos objetivos son parte de las más desfinanciadas. El Ministerio de Ambiente depende gran parte de su financiamiento de la cooperación internacional y el Ministerio de Agricultura cuenta apenas con el 1% del presupuesto general de la nación (Informe empalme, 2022). La gestión de los problemas ambientales y agrarios requieren una visión a largo plazo, la coordinación interinstitucional, una institucionalidad fuerte y la participación decisiva del campesinado. 

Sin duda, el problema de la tierra no se resuelve de la noche a la mañana, pero parece que se avizora posibilidades mejores y otro buen comienzo para el campesinado.

Bibliografía

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