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Doce días después del inicio del paro, no se evidencia una salida real y próxima a la crisis institucional que vivimos en la ciudad. La orfandad de liderazgo es la constante por estos días.

Esta columna fue escrita en coautoría con Mariana Otoya.

Somos caleñas que trabajamos durante el Proceso de Paz de La Habana como asesoras de la delegación del Gobierno Nacional. Hoy vemos con profunda preocupación y dolor la situación que vive nuestra ciudad. Hacemos un llamado de urgencia para que el resto del país y el mundo sean conscientes de la gravedad de la situación, que pone en riesgo nuestras instituciones y nuestra democracia.

Desde el 28 de abril, los caleños vivimos en medio de sonidos de sirenas, explosiones, helicópteros y disparos. La zozobra y la angustia están presentes en cada rincón porque, a diferencia de otros lugares del país, la confrontación en Cali está ocurriendo en toda la ciudad, afectando a personas de todos los estratos y sectores. 

El Paro Nacional, que fue convocado con el objetivo principal de tumbar la reforma tributaria y reivindicar una serie de inconformidades que habían sido agravadas por la pandemia, se convirtió en una olla de presión que explotó en Cali. Hoy, doce días después, la radiografía de lo que ocurre en la ciudad es distinta a la del resto del país. Las protestas pacíficas se vieron opacadas por la destrucción de la infraestructura pública, los saqueos, la destrucción de locales comerciales, estaciones de servicio y barricadas de personas encapuchadas que restringen la movilidad en distintas partes de la ciudad. 18 de las 55 estaciones del MIO fueron vandalizadas, 9 buses incinerados, 65 de las 120 estaciones de servicio resultaron saqueadas y decenas de supermercados, locales comerciales, centrales de abastos y sucursales bancarias destruidas.

Para intentar controlar estos desmanes, se han presentado enfrentamientos que han llevado al uso desmedido de la fuerza de algunos miembros de la policía, el Esmad y el Ejército y ataques por parte de civiles armados, cuya participación aún no ha sido esclarecida. En las redes sociales hemos visto videos aterradores de lo que son las noches en Cali y múltiples denuncias de abusos, que han llegado al punto de atentar contra misiones internacionales. Hace dos noches, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos escribió en Twitter “seguimos con preocupación reportes de tiroteos esta noche en diferentes puntos de Cali, donde habría al menos dos heridos. Urgimos respetar a la misión médica”.

Pero eso no es lo único que está pasando en Cali. El desabastecimiento y sus consecuencias necesitan de nuestra atención y acción urgente.

A diferencia del resto del país, Cali se encuentra bloqueada en su totalidad y con retenes ilegales que atraviesan la ciudad. No hay alimentos, no hay gasolina y no hay insumos médicos. La crisis es evidente y los esfuerzos por habilitar un corredor humanitario son insuficientes. Mientras se escribía esta columna empezaron a circular audios de personas en diversos puntos de la ciudad señalando que estaba totalmente sitiada, las ambulancias y patrullas de policía no tienen gasolina; en los supermercados ya no se encuentran frutas ni verduras y los huevos escasean. Los caleños que han madrugado a intentar echar gasolina se enfrentan a filas interminables con esperas de más de 6 horas para terminar regresando a sus casas con las manos vacías porque se acabó lo que tenía la estación o porque el camión que iba a llegar nunca lo dejaron pasar de Yumbo. En una semana la libra de plátano verde pasó de costar $1.200 a $5.000. La libra de tomate subió de $2.000 a $5.000 y el precio del limón se duplicó (en los pocos lugares que han podido abastecerse a partir de lo que entra por los corredores). Hoy la ciudad se aproxima a una inminente crisis de hambre si no encontramos maneras de dialogar y de tramitar los problemas que nos apremian.

Podría decirse que esto se debe a la manera como la pandemia golpeó a Cali, que pasó de tener una economía pujante a una cifra de pobreza extrema que se triplicó.

Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, hace un mes retrataba al Valle del Cauca como “líder en el ranking de sofisticación y diversificación económica de acuerdo al último informe del Consejo Privado de Competitividad”. En el Valle, la economía no solo era empujada por la industria azucarera, sino también por ser el primer productor de cerdo del país (Cervalle), el segundo de pollo (Cargill/Bucanero), por tener 2 de las mayores granjas avícolas (Huevos Oro y Santa Anita-Nápoles), por ser cuna de las mayores empresas de software (Carvajal TyS (la número 1), Open, Siesa y Compunet), así como de startups digitales con proyección latinoamericana como Rappi, Movii, Truora y Muncher.

Pero al Valle, y especialmente a Cali, la pandemia la golpeó muy duro. En el 2020 el 34,5 por ciento de la población del Valle estaba en la pobreza, y en Cali 221.522 personas pasaron a hacer parte de la pobreza extrema (indigencia), cifra que se triplicó en comparación con el registro del Dane del año anterior. Y junto con la pobreza, esta región también se ha venido deteriorando en materia de seguridad. El aumento de los cultivos de uso ilícito en el departamento del Cauca y el fortalecimiento de grupos criminales, se convirtió en una olla de presión que eventualmente iba a estallar, como ocurrió el pasado 28 de abril en el marco del Paro Nacional.

Es evidente que la prolongación de los bloqueos y la organización de los grupos en la formación de barricadas al interior y en las salidas de la ciudad demuestran que el descontento social está siendo aprovechado (y, según diversas fuentes, financiada) por organizaciones criminales pertenecientes a disidencias de las Farc, ELN y narcotráfico. Diego Molano, ministro de Defensa le dijo a El País de Cali que “Cali estuvo bajo ataque sistemático de organizaciones vandálicas criminales, porque lo que vimos no fue a unos pocos, como algunos medios han calificado, que dañaron la jornada. Realmente hubo un ataque sistemático y criminal organizado, coordinado y financiado contra unos objetivos específicos”.

Más allá de las denuncias

En este sentido, Cali tiene hoy un grave problema con el potencial de convertirse en una crisis sin precedentes: la inmanejable situación de orden público puede terminar en una sociedad rota, enfrentada, adolorida, sin gobierno, sin instituciones y sin seguridad.

Los caleños necesitamos que las denuncias y todo el material que producen nuestras noches llenas de miedo no solo sirvan para ser compartidas y para alzar la voz. También  necesitamos que la sociedad, el Gobierno y las organizaciones sociales que promueven la protesta y el paro nos ayuden proponiendo soluciones. Como caleños y como país también tenemos la responsabilidad de proteger la fuerza productiva vallecaucana que lleva más de 12 días parada, poniendo en riesgo miles de empleos y que hoy representa uno de los motores principales para contribuir a las transformaciones sociales que han sido el reclamo principal de muchos de los participantes del paro.

Doce días después, no se evidencia una salida real y próxima a la crisis institucional que vivimos en la ciudad. La orfandad de liderazgo es la constante por estos días, pues a la fecha no hay líderes que estén canalizando las peticiones de la ciudadanía a través de la institucionalidad. ¿Dónde están el alcalde, la gobernadora, los 16 representantes a la Cámara y los 21 diputados del departamento? Esto pareciera mostrar que los políticos y las instituciones tradicionales hoy no son un punto de referencia de la ciudadanía, ni por su representatividad, ni por su impacto, ni por su legitimidad. Esto agrava el problema y dificulta ver una claridad en el oscuro panorama que enfrentamos.

Hoy la crisis de la ciudad supera el pliego de peticiones del Comité del Paro Nacional y requiere medidas dirigidas a las problemáticas que han sido exacerbadas en los últimos doce días.

Es hora de que el presidente venga (y no solo por un par de horas, como lo hizo anoche) y atienda personalmente a una ciudad que está en cuidados intensivos. Tiene que asumir el liderazgo de la situación con un plan. Tiene que estar dispuesto a: primero, sentarse a escuchar a la ciudadanía; segundo, liderar con las autoridades locales un trabajo articulado y serio que habilite corredores humanitarios las 24 horas del día para abastecer la ciudad en materia de alimentos, medicamentos y gasolina; tercero, desmontar las barricadas al interior de la ciudad para que las personas se puedan movilizar y las empresas puedan volver a funcionar; y cuarto, garantizar la continuidad de los esquemas de vacunación y pruebas de covid para que esta crisis no se vea agravada (aún más) por la propagación del virus.

A largo plazo, la ciudad necesita entender que cualquier aproximación al desarrollo de Cali no está aislada de lo que ocurre en el norte del Cauca y el resto de pacífico colombiano. Por esa razón necesita una estrategia de seguridad robusta que incluya un enfoque serio de inteligencia y desarticulación de las bandas criminales, al igual que la puesta en marcha de programas sociales articulados con medidas que reactiven la economía y respondan a las necesidades de los caleños y su población migrante. También es urgente que los medios de comunicación y la comunidad internacional muestren la otra cara de la moneda: la del desabastecimiento, el hambre y la amenaza a la institucionalidad y la democracia.

Por último, necesitamos que los caleños no pierdan la esperanza, que las empresas no se vayan y que la rabia no nos nuble la capacidad de ser empáticos con el otro y dialogar. Ante la ausencia de liderazgos políticos, es el momento de que surjan liderazgos ciudadanos, que hoy puedan ayudar a Cali a salir de esta crisis y rescatar la poca institucionalidad que nos queda para tener cómo tramitar nuestras diferencias en el escenario democrático. A los caleños nos une el amor por Cali y el Valle y es el momento de usar ese sentimiento como brújula de nuestras acciones para encontrar soluciones a esta crisis.

Soy abogada de la Universidad del Rosario con Maestría en DDDHH y Democratización de la Universidad del Externado. Trabajé en el proceso de paz, la campaña presidencial de Humberto de la Calle y ahora como investigadora asociada de IFIT para Colombia y México en temas de paz, seguridad y género.