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El Gobierno colombiano debe prepararse para promover una transición energética planificada, principalmente en las regiones productoras de combustibles fósiles.

Colombia tiene que prepararse para un probable escenario de declive estructural en la demanda de carbón térmico a nivel global. El carbón es la principal exportación minera del país y una fuente importante de divisas y de contribuciones al sistema de regalías. 

Departamentos productores como La Guajira y Cesar son altamente dependientes de la economía del carbón para sus presupuestos públicos y dinámica productiva local. De acuerdo con un informe reciente del Natural Resource Governance Institute (Nrgi), en ambos departamentos la principal actividad económica es la explotación de minas y canteras, que en 2019 representó el 38,4 por ciento del PIB departamental en La Guajira y 35,5 por ciento en Cesar. En este contexto, Colombia requiere de un esfuerzo serio y concertado de planificación frente a los escenarios que se abren con el declive del carbón.

No puede afirmarse con seguridad cómo evolucionarán los precios de los combustibles fósiles ni cómo será en detalle el futuro del carbón. Pero sí está claro que el mundo no puede simultáneamente detener el calentamiento global y continuar con los mismos patrones de consumo de combustibles fósiles. Estas son opciones excluyentes. 

Mientras más ambiciosos los objetivos de detener el calentamiento global, mayor descarbonización de la economía. En esta lógica, si los esfuerzos por cambiar hacia energías renovables más limpias se concretan, en el futuro habrá menor demanda de petróleo y de carbón. Y en el caso del carbón, la reducción de la demanda ya se nota con claridad a nivel global. 

La demanda de carbón colombiano de Estados Unidos se ha reducido a medida que avanza el consumo de gas en ese país. La opción de enviar carbón a mercados asiáticos se complica porque las minas están hacia el Atlántico, lo que aumenta los costos de flete al tener que pasar por el canal de Panamá. La demanda de carbón en Europa también tiene proyección a la baja, en tanto ese continente apuesta por descarbonizar la economía y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. 

En este contexto, el reciente anuncio por parte de Glencore del cierre de minas de su filial Prodeco en el departamento del Cesar aparece como el inicio del fin de la industria del carbón térmico en Colombia. 

La propia industria minera y el Gobierno dan señales de reconocer que el problema es estructural y que es necesario pensar en estrategias para hacerle frente. La idea de destinar el carbón térmico para uso doméstico —de considerarse, tendría que debatirse en profundidad—, contemplando sus dimensiones energéticas, económicas, logísticas y ambientales, además de las consideraciones sobre la imagen internacional de Colombia en un mundo que, en teoría, avanza hacia la descarbonización de la economía. 

Si Colombia opta por una transición que deje atrás la industria del carbón, esta debe ser una transición justa. Es decir, una transición que considere no solo los aspectos económicos a nivel corporativo y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también aborde la problemática de los trabajadores, las comunidades articuladas o impactadas por esta actividad, los desafíos para los gobiernos subnacionales que dependen de las regalías de este mineral y las agendas pendientes de remediación ambiental y conflicto social en los territorios productores. En suma, una transición justa debe abordar las diferentes dimensiones alrededor de la economía del carbón. 

Por estas razones, Colombia debe iniciar con mucha seriedad una discusión pública sobre el futuro de la industria del carbón y los desafíos de un potencial declive de esta actividad, principalmente en los departamentos productores. A pesar de la magnitud del problema, las respuestas oficiales de política pública frente a los riesgos descritos son todavía muy incipientes.

Juan Luis Dammert es Doctor en Geografía por Clark University, Massachusetts y Licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (Pucp). Actualmente es Director para América Latina del Natural Resource Governance Institute (Nrgi).