Ministro Correa, el patrimonio no puede quedar en puntos suspensivos

La cultura es como una planta cuyas raíces son el patrimonio y sus ramas son las artes. Ministro Juan David Correa, no lo deje en puntos suspensivos… 

Una metáfora sencilla que destaca la relación de necesidad entre dos campos que el Ministerio no ha logrado componer. Hoy por hoy el patrimonio se marchita, invisible y huérfano, en algún archivador, un patrimonio que la inercia administrativa arruina y no deja florecer.

El Ministerio, más allá de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política cultural, tiene la responsabilidad a través de ella de garantizar las condiciones para que las personas puedan ser, crear y sentir.

Sin embargo, los grupos que conforman la nación se silencian en las fracturas de un aparato que ha estado inerte durante más de un año, en particular, en lo que hace referencia al fomento regional y al patrimonio.

Es urgente entender el patrimonio como algo más que un adjetivo que adorna un sustantivo (objetos patrimoniales, lugares patrimoniales y prácticas patrimoniales), para pensarlo mejor como un adverbio que califica un verbo y otorga una nueva condición a una acción (pensar patrimonialmente, soñar patrimonialmente o actuar patrimonialmente).

De esta forma, el conocimiento y la valoración, la formación y la divulgación, y la protección y la sostenibilidad en la base de la administración del patrimonio podrían abrigar relaciones realmente significativas.

El país merece algo más que un órgano ejecutor afanado por naderías y abalorios, se merece un espacio de diálogo que amplíe los conocimientos, ayude a las personas a ajustar cuentas con la historia y a concebir otros futuros posibles. 

Cómo encuadrar la historia 

En pocas palabras, el patrimonio es un recurso comunitario que sirve para dar sentido y fin a una realidad colectiva. Su gestión desde el Estado debería albergar la diferencia, empoderar ciudadanías y, sobre todo, mejorar las condiciones de vida de las personas.

Estas ideas, si bien están desatendidas, son principios transversales que pueden ser rastreados en el Plan Decenal de Cultura 2022-2032 y en el Plan Nacional de Desarrollo, como lo señalamos en estas dos columnas acá.

En particular, el Ministerio podría entender que:

• La justicia social y la ambiental pueden orientar políticas que conciban el paisaje como eje de articulación y unidad de medida de territorios, comunidades, bienes, manifestaciones, hechos urbanos y arquitectónicos.
• Solo a partir de que las personas tengan la posibilidad de relacionarse material y simbólicamente con el entorno, de forma armónica, se puede hablar de patrimonio. Y esto solo es posible si se garantiza la vida y el cuidado de las personas.
• El ordenamiento territorial y los planes de vida de las comunidades son procesos activos que actúan como un recurso emocional que recrea y actualiza las memorias comunes y las narrativas comunitarias. Los patrimonios más que hechos acabados son elementos en constante devenir. 

• Los patrimonios son un bien público para entablar diálogos sobre la diferencia y la diversidad. Y, en esta medida, discuten narraciones hegemónicas y ayudan a tomar distancia sobre las violencias ontológicas y epistémicas sobre las que se ha construido el proyecto nacional.

• La revitalización y la regeneración de ciudades y territorios deben ser respetuosas con el medio ambiente y la memoria de sus habitantes a través de la reutilización, la rehabilitación y el reciclaje de estructuras y fragmentos sustentables.

Pero para contar esta historia no es suficiente cambiar la palabra patrimonio por saberes, o fomento por gobernanza. Esto no se logra rotulando todo como una iniciativa de paz.

El cambio debe ir más allá del storytelling que dicta el marketing corporativo. El cambio debe construirse desde una apuesta metodológica de intercambio activo entre la academia y las comunidades, que incida realmente en cada sujeto de la oración.

Flaco favor hace una estrategia de comunicación y una gestión de redes basada en documentar la agenda de los funcionarios. Los álbumes de fotos de reuniones son tediosos, intercambian a los protagonistas de las historias y acentúan la distancia entre el aparato y las personas. Al tiempo que dejan en el aire una pregunta gruesa sobre el modo en el que se gastan los recursos públicos.

Qué historias desarrollar 

Son muchos los temas en la agenda y tantísimas las preguntas que albergan. Pero vale la pena destacar algunos pocos de la galaxia patrimonial, cuyo desenlace marcará la gestión del nuevo ministro.

El primero tiene que ver con la imperiosa necesidad de modificar la ley que reglamenta el patrimonio sumergido, para proteger los intereses de la nación frente a las empresas que se lucran de la comercialización directa del patrimonio. 

En lo relativo al Galeón San José, la falta de avance en las mesas técnicas reduce el ejercicio prospectivo a plantear escenarios de manejo del hallazgo. Eso trae como consecuencia falta de claridad en las definiciones, presupuestos, implicaciones, límites y alcances de cada uno.

Urge una aproximación científica real, que vaya más allá de proyectos desarticulados e insustanciales, que defina un norte y, entre otras cosas, forme a un Plan de Manejo Arqueológico.

El segundo, con el complejo hospitalario San Juan de Dios, que, si bien cuenta con una hoja de ruta de rehabilitación y reapertura, agoniza al ajustar el cronograma a los tiempos muertos que arrastran sus procesos administrativos.

Cultura no puede delegar el San Juan a otras instituciones, la historia de la administración pública de la salud y de los avances científicos en el campo de la medicina en el país, el testimonio del desarrollo urbano y arquitectónico de nuestras ciudades y la memoria de la significación social, las formas de resistencia y su componente de género, lo hacen un universo simbólico que resume las tensiones que son la razón del ser del Ministerio.  

El tercero tiene que ver con la necesidad impostergable de transformar el Sistema Nacional de Patrimonio, cuya función es la de contribuir a la valoración, la preservación, la salvaguardia, la protección, la recuperación, la conservación, la sostenibilidad, la divulgación y la apropiación social del patrimonio cultural.

Las competencias, mecanismos, procedimientos, criterios, definiciones e instrumentos y controles sobre el patrimonio deben actualizarse.

Hoy por hoy no hay articulación territorial ni diálogo entre instancias, los espacios de deliberación no son representativos, las definiciones de los conceptos y los criterios de valoración caducos y las herramientas como los Planes Especiales de Manejo y Protección, los Planes Especiales de Salvaguardia y los Planes de Manejo Arqueológico son hoyos negros descontrolados.

Claramente, el cambio al Sistema Nacional de Patrimonio se enmarca bien en la revisión de la Ley General de Cultura, y consecuentemente en la materialización de una reforma que impulse un cambio en el sector, para lo cual el diálogo y el intercambio con la Comisión Accidental de Cultura del Congreso resulta absolutamente fundamental.

Tal vez de carambola sea posible desmontar las monstruosas declaratorias como Patrimonio Cultural de la Nación que otorga el legislativo.

El cuarto sale de poner la lupa en la articulación con el Congreso y la necesidad de reglamentar sus disposiciones. Temas como La Ley del Viche, La Ley de Partería, La Ley de Oficios Culturales, la Ley de Vivienda de Interés Cultural, por nombrar los más urgentes, requieren toda la atención.

En particular, se debe revisar la representatividad y la participación comunitaria. Así como la regulación del usufructo económico en términos de comercialización y reglamentación vía impuestos, armonizar los planes especiales de protección con las normas territoriales y explorar a fondo las relaciones de tradición, ancestralidad y género, grandes ausentes en los documentos.

El quinto, también derivado de la revisión del Sistema Nacional de Patrimonio y sus herramientas e instrumentos de gestión, tiene que ver con el desarrollo de un laboratorio de intervención estratégica de centros históricos urbanos del país.

El estado actual de los Planes Especiales de Manejo y Protección de los centros declarados en el país es lamentable. Algunos nunca se hicieron, otros están encallados en alguna oficina jurídica, otros están desactualizados y otros van en proceso con muchas dificultades.

Es necesario pensar de otra manera, trabajar por problemas, transformar la escala, colaborar con las comunidades. 

En síntesis, ir más allá de la definición de las áreas y los niveles de intervención tan apetecidos por el mercado inmobiliario. Concentrar los recursos públicos en estrategias de mediano aliento más que en la gestión del día a día del andén o la fachada. Es deseable que al nombrar el centro histórico de Villa de Leyva, Cartagena o Bogotá no nos den escalofríos.

Y un sexto, ya para cerrar, la relación entre el centro y los territorios requiere igualmente atención. Una crítica amplificada está en la disociación entre centros y periferias en la gestión de lo cultural. Para el caso de patrimonio en este sentido no es necesario inventar nada nuevo, sino reforzar lo que ya existe.

El Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural es una estrategia de participación ciudadana que difunde, reconoce y mantiene de forma voluntaria el patrimonio. Es una pena que la experiencia y la dedicación de sus delegados no se reconozca y que su voz no se amplifique en espacios de decisión. A veces la imaginación de escritorio es miope frente a la realidad colombiana.

Qué se puede proponer 

No hay nada nuevo en afirmar que la gestión del patrimonio debe hacerse de forma integral, y que para lograrlo se requiere de la concurrencia de múltiples especialidades, el desafío es ajustar la lógica y la arquitectura institucional para hacer justamente eso.

No hay novedad en afirmar que se oye a las personas y se atiende a sus necesidades si no existe una metodología para recolectar, sistematizar y analizar los testimonios, de modo que sean incluidos en las grandes políticas. 

Poco se hace al afirmar la importancia y la centralidad del agua, la restauración ecológica y la biodiversidad cuando no se han regulado las particularidades de los paisajes culturales o las cargas y compensaciones asociadas al turismo cultural, o cuando los cuerpos de agua que son sujetos de derecho, y los que no siguen empeorando y enfermando a las personas que viven en sus cauces.

Ministro Correa, el patrimonio no puede quedar en puntos suspensivos. No se pueden interrumpir ni el discurso ni el diálogo que exige la gestión del patrimonio. No permita que la cultura se marchite y no florezca por desatender a sus raíces.