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El discurso pronunciado por el nuevo presidente peruano, Pedro Castillo, cuando asumió el mando el pasado 28 de julio fue bien recibido por su moderación en virtud de los temores que su llegada al poder ha despertado en sectores de la sociedad peruana y la comunidad internacional. Sus palabras fueron también muy aplaudidas por su acentuado contenido social en un país ávido de reformas que reduzcan las profundas brechas socioeconómicas que dividen a la sociedad y que explican parcialmente el triunfo electoral del dirigente sindical.
Sin embargo en medio de las polémicas y los trepidantes acontecimientos que han sucedido en Perú en los primeros días del nuevo Gobierno, una corta frase pronunciada al final del discurso ha pasado bastante desapercibida y no ha merecido mayores comentarios, al menos en la prensa internacional: “Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país y, finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar”, dijo sin inmutarse en medio del alborozo y de ruidosos aplausos de los parlamentarios que lo apoyan.
Pedro Castillo impone 72 horas de plazo para expulsar a “delincuentes extranjeros” y asegura que jóvenes que no estudian ni trabajan “deben acudir al servicio militar”
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— T13 (@T13) July 28, 2021
En un país con más de un millón de migrantes y refugiados venezolanos que se encuentran en situación migratoria irregular sobreviviendo como pueden en el día a día, ya sabemos que la referencia a “delincuentes extranjeros” no se circunscribe solamente a personas que efectivamente hayan podido cometer algún delito y hayan sido juzgadas por este. La declaración se hace extensiva a miles de vulnerables ciudadanos desplazados en los últimos años por la pavorosa crisis política, económica y social de Venezuela.
El fenómeno de asociar la migración venezolana con hechos negativos y criminalidad por parte de sectores de la sociedad peruana ha sido recogido por encuestas, como la de Ipsos, que indica que el porcentaje de peruanos que tiene una percepción negativa de los venezolanos pasó de 43 por ciento a 67 por ciento entre los años 2018 y 2019.
Igualmente, un estudio de opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) publicado en febrero de 2021 muestra que la población peruana, en promedio, tiende a sobreestimar las cifras de migrantes venezolanos que cometen actos delictivos. El Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica de Perú reflejó que en el período entre 2018 y 2019 aumentó de 55 % a 81 % el número de peruanos que consideran que son muchos los venezolanos que se dedican a actividades delictivas.
Así las cosas, la mesa está servida para que el discurso populista y xenófobo haya campeado a sus anchas en Perú en busca de votos y apoyo político, algo que se pudo apreciar claramente en la pasada campaña electoral presidencial donde varios candidatos, entre ellos el propio Pedro Castillo y su contrincante Keiko Fujimori, echaron mano al argumento ultranacionalista y de criminalización de los extranjeros.
Lo curioso es que el discurso xenófobo sea enarbolado por alguien como el presidente Castillo que se sitúa en la izquierda del arco ideológico y que en teoría debería tener una posición más abierta en temas como el de la migración, más aún cuando la mayoría de los migrantes venezolanos a los que pone en la mira de sus sospechas son tan pobres como aquellos peruanos que lo han ayudado a ser elegido.
La poca empatía de Pedro Castillo con las causas progresistas no se circunscribe al tema migratorio, sino que se aprecia también en la segunda parte de la frase de su discurso al que hemos hecho referencia. Al mandar a prestar el servicio militar a “los jóvenes que ni estudian ni trabajan” está decantándose por una práctica histórica de las élites que dice combatir, que siempre ha nutrido a la tropa de las fuerzas armadas con los más desfavorecidos de la sociedad. Los más acomodados no son quienes van a ser reclutados.
Cifras contra mitos
Si bien vivimos tiempos donde la xenofobia está a flor de piel en gobernantes como Donald Trump en Estados Unidos o Viktor Orban en Hungría, también es verdad que la sociedad hoy está mucho más alerta a manifestaciones discriminatorias como las expresadas por el presidente Castillo. El Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, en Perú, en la Propuesta de Política Pública número 19, bajo el título Mitos sobre la criminalidad y la inmigración venezolana al Perú, desnudó los argumentos de quienes endilgan a la migración venezolana en ese país un supuesto aumento de la criminalidad.
El informe, firmado por Feline Freier y Óscar Rosales, comienza por desmentir con números en mano que los índices delictivos hayan crecido en los últimos años en Perú y, de seguidas, demuestra con datos oficiales que la incidencia de ciudadanos venezolanos en actividades delictivas no solo no es mayor que la de los peruanos, sino, por el contrario, sustancialmente menor.
Para la muestra un botón. Solo un 0,5 % del total de denuncias por comisión de hechos delictivos presentadas entre el 2016 y el primer trimestre del 2019 corresponde a ciudadanos venezolanos según la Policía Nacional de Perú. Esta cifra contrasta con el hecho que para 2019 los migrantes venezolanos ya representaban más del 2,5 % del total de la población del Perú.
Es con argumentos incontrovertibles y con datos duros de fuentes serias que podremos derrumbar mitos como el de la supuesta responsabilidad de la migración venezolana en el aumento de la criminalidad, como parece sugerir el nuevo presidente peruano. Una tentación a la que no hemos estado inmunes en Colombia, donde autoridades de primer nivel también han recurrido a plantear estas tesis. Nos acercamos a tiempos electorales y no faltarán incentivos para esto.
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