Transición Energética 2: gradualidad espacial y eficacia simbólica

Esta columna fue escrita en coautoría con María Alejandra Quintero.

En días pasados publicamos la primera parte de la presente reflexión sobre el tema de la transición energética en la que está por embarcarse el país. En este esfuerzo anterior, nos focalizamos en el contexto y los conceptos que esta decisión implica tanto a nivel global como nacional. 

En esta segunda parte, nos proponemos reflexionar sobre los desafíos sociales de la Transición Energética Justa (TEJ). Por lo tanto revisaremos de manera sintética los actores sociales a tener en cuenta en este proceso, los pasivos ambientales pasados y futuros de la industria y desembocaremos en dos recomendaciones que nos parecen cruciales al respecto: la necesaria gradualidad de la TEJ y la eficacia simbólica de construir consensos.

Para este ejercicio hemos tomado como referencia el documento “Diálogo Social para definir la hoja de ruta de la transición energética justa en Colombia”. Seguramente la propuesta de MinMinas ha podido evolucionar en estos frenéticos últimos días de discusión al respecto. Sin embargo, aquí nos remitimos al documento público que se encuentra accesible.

1. Los sine qua non sociales de la transición

La propuesta de MinEnergía sobre Transición Justa parte por reconocer que, dada su importancia y sus implicaciones en nuestro país, el proceso de transición energética debe ser participativo.

Bajo el paraguas de un ejercicio de diálogo social se deben definir sus principales lineamientos. Sin embargo, es preciso realizar algunos aportes que pueden complementar los parámetros sociales a que apunta la propuesta actual.

Fortalecer la pluralidad de la transicionalidad

En primer lugar, los componentes generales y técnicos identificados por el ministerio en su documento de referencia -analizado en la entrada anterior- podrían complementarse más allá de lo productivo y tecnológico. Se pueden incorporar algunos componentes sociales igualmente relevantes para la TEJ.

La transición energética, por su impacto en la sociedad, necesariamente se articula con distintos tipos de metamorfosis. Hablamos de las transiciones económicas (como las fiscales), productivas (formas de producción, empleabilidad) e incluso culturales (prácticas sostenibles de consumo energético) que se deben contemplar para que la transición energética sea, en efecto, “justa”.

En ese sentido, además de incorporar la perspectiva étnica, territorial y de género, podría decantarse con mayor claridad. Por ejemplo, explicando cómo los anteriores elementos serán efectivamente incorporados en las metodologías de diálogo social; y cómo se implementará la hoja de ruta que se construya, más allá de la creación de subcomponentes para las comunidades indígenas y para las comunidades afrodescendientes (como se señala en el Eje 3 de la propuesta).

Llama la atención que, por ejemplo, se proponga la incorporación del enfoque étnico y territorial específicamente en las regiones pacífico, caribe y amazonía (página 26 del documento de MinEnergía), aunque luego se mencione que se realizarán talleres en Buenaventura, Riohacha, Yopal, Barrancabermeja, Cauca y Villavicencio (página 45). En este sentido, sería recomendable incluir también a regiones como los llanos orientales y el magdalena medio.

Al menos dos escenarios posibles deben tenerse en cuenta tan solo con la inclusión de este enfoque. Ambos están relacionados con el esquema de reconocimiento de derechos diferenciados a las comunidades étnicas bajo el modelo multiculturalista de nuestro país.

El primero, sería la cuestión acerca de la procedencia o no de eventuales procesos de Consulta Previa para las comunidades étnicas. Especialmente se debe considerar para los territorios priorizados para la implementación de la TEJ y teniendo en cuenta las implicaciones de la hoja de ruta misma.

El anterior, no es un tema menor. Pues bien vale recordar, precisamente, el debate jurídico que suscitó la reclamación de Consulta Previa por parte de una comunidad afrodescendiente del municipio donde se pretendía adelantar los Proyectos Piloto de Investigación Integral de fracking.

Recordemos que el principio de debida diligencia va más allá de la consulta sobre la presencia de comunidades étnicas al Ministerio del Interior en territorios con influencia de la industria minero-energética.

Un segundo escenario tiene que ver con las asimetrías propias del modelo multiculturalista colombiano, en el que el reconocimiento de derechos entre comunidades étnica y culturalmente diferenciadas ha suscitado, históricamente, numerosos conflictos interétnicos e interculturales por la tierra.

Así pues, sería acertado que la propuesta no solo reconociera la participación en términos de perspectiva étnica y cultural a manera de “islas”, para comunidades “por separado”. Sino que también se pensaran los diálogos en clave de construcción de relaciones interculturales, de manera que no se acentuaran asimetrías y conflictividades sociales existentes.

Acerca de estos últimos, debemos considerar que, hablando del escenario de explotación de combustibles fósiles, al corte del año 2022 de 381 contratos vigentes 35 se encontraban suspendidos 18 de los cuales estaban suspendidos debido a conflictividad social (MinEnergía, 2022).

Esto nos evidencia que, aunque se trata de un gobierno progresista, lo anterior no es una patente de corso en el ámbito de la inclusión participativa. Por lo tanto, conviene recordar que el diálogo y la concertación social son temas neurálgicos en el campo de la extracción de hidrocarburos y en la proyección que se perfila desde la TEJ.

Sobre la relegación sistemática del campesinado

Ahora bien, en lo que tiene que ver con los enfoques diferenciales, la propuesta debe considerar que los derroteros de la jurisprudencia nacional e internacional, recientemente alcanzados por la movilización campesina en el país, conllevan también la incorporación de una perspectiva que contemple a los campesinos(as) junto con los indígenas y afrodescendientes, como sujetos de derecho y especial protección constitucional.

Al respecto, el corpus iuris vigente sobre el reconocimiento del campesinado en Colombia está integrado, entre otros, por la Ley 160 de 1994, la Ley 731 de 2002, la Sentencia C-077-17 de la Corte Constitucional, el fallo de la Corte Suprema de Justicia STP2028-2018, la Directiva 007 del 11 de junio de 2019 de la Procuraduría General de la Nación; y en el orden internacional están la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales adoptada por la ONU en el 2018.

A propósito de los derechos del campesinado y la explotación de recursos naturales, la mencionada Sentencia C-077-17, puntualiza que

“los campesinos y los trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios (…) atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente, de una parte, y, de la otra, a los cambios profundos que se están produciendo, tanto en materia de producción de alimentos, como en los usos y la explotación de los recursos naturales. Teniendo en cuenta la estrecha relación que se entreteje entre el nivel de vulnerabilidad y la relación de los campesinos con la tierra, nuestro ordenamiento jurídico también reconoce en el “campo” un bien jurídico de especial protección constitucional, y establece en cabeza de los campesinos un Corpus iuris orientado a garantizar su subsistencia y promover la realización de su proyecto de vida” (énfasis añadido).

La incorporación del enfoque campesino adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que, en territorios hoy por hoy enclaves de la industria minero-energética como el magdalena medio, los procesos organizativos campesinos tienen un papel preponderante cuando de ordenamiento territorial, cultura, organizaciones sociales y productividad se refiere.

Este es el caso de procesos como el de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Resolución No. 028 de diciembre 10 de 2002) y la ZRC de Morales-Arenal (Resolución No. 054 de junio 22 de 1999).

Debemos considerar, además, que la reciente definición de campesinado elaborada de la mano de los procesos organizativos campesinos y de la Comisión de Expertos del Campesinado [1] no solo nos habla de un campesinado productivamente vinculado con labores propias de la agricultura y el trabajo de la tierra, sino con la naturaleza en general. Reconoce en ello su diversidad productiva, que se extiende también a labores como la pesca y la minería artesanal, ampliamente practicadas por procesos organizativos campesinos como la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagrobismol), entre otras.

El tema de la TEJ no es ajeno a las organizaciones campesinas. En la recientemente celebrada Convención Nacional Campesina (2022) donde se abordó, entre otras, la propuesta para la inclusión del campesinado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, una de las mesas de discusión versó sobre la TEJ para el campesinado. A continuación señalamos las observaciones consignadas en dicha mesa.

• Es de vital importancia la articulación del trabajo de los Ministerios e instituciones para una ejecución efectiva de la transición minero-energética a la producción de energías renovables limpias para que se favorezcan nuestros territorios más apartados y olvidados.
• Se debe tener en cuenta las particularidades específicas de cada región, así mismo se debe contar con las sugerencias y puntos de vista de las comunidades raizales de los territorios para así ejecutarlos de la mejor manera al vincular a todos los sectores de las comunidades implicadas en el desarrollo e impacto del proyecto.
• Existen problemas de orden social por el paramilitarismo. Y, es difícil competir con la empresa ya que ellos ofrecen 200 – 300 millones a los campesinos para que accedan en el marco de la consulta previa.
• Los estudios de viabilidad para establecer paneles solares para la generación energética deben contemplar las necesidades reales del campesinado. Es decir, deben contar con que se requiere encender la molienda, el trapiche, etc., no sólo el uso doméstico. También deben cuidar de que no se restrinja el acceso a energías limpias, como en el caso de los alimentos orgánicos.
• Un reto para el gobierno es cómo hacer nacional la TEJ (democratizar el acceso) y hacerla comunitaria. Desde la agroecología y los biodigestores comunitarios se puede lograr y luego distribuir entre la comunidad. El gobierno puede brindar insumos, equipos y elementos para que las comunidades construyan y trabajen los biodigestores. Comunidades del Lago de Tota utilizan los proyectos de energía fotovoltaica para el sistema de riego durante 5 o 7 meses y el resto la venden a la bolsa en el SIN con lo que disminuye en 50 TEC. (Convención Nacional Campesina, 2022).

2. No por ser energías limpias y renovables están exentas de conflictos

Un elemento sobre el cual no se suele debatir mucho en la actualidad tiene que ver con la conflictividad social que la extracción de energías limpias y renovables pueden causar en sus áreas directas de influencia.

Estas posibilidades, que ya comienzan a avizorar tímidamente sin duda, deben ser consideradas como un punto a tratar en el marco de la misma TEJ. En palabras coloquiales, podría decirse que: las nuevas fuentes de energía por ser limpias y renovables no están necesariamente exentas de generar escenarios de conflictividad social.

Algunos escenarios de conflictividad social asociada a proyectos de fuentes de energía renovables son ya palpables en la realidad de territorios como La Guajira con la confluencia de proyectos de parques eólicos y las territorialidades de comunidades indígenas wayuú.

El mapa de la conflictividad social asociada a la industria minero-energética puede constituir, por tanto, una valiosa fuente de lecciones aprendidas en materia de estrategias para su abordaje y gestión en el nuevo escenario que propone la TEJ. Tomando en consideración que los territorios de la actual explotación de recursos no renovables posiblemente coincidan con territorios estratégicos para la implementación de los distintos tipos de transición este mapa toma aun más relevancia.

La complejidad social de los territorios estratégicos para la TEJ se puede evidenciar en casos como la Guajira (ver Mapa 1), donde los mencionados parques eólicos se traslapan hoy con la figura de Resguardo indígena constituido; así como en Cartagena (ver Mapa 2), donde la presencia de “Parques Solares” eventualmente puede coincidir con la de comunidades afrodescendientes con Títulos Colectivos de Comunidades Negras reconocidos y/o en proceso de solicitud; y en Sucre (ver Mapa 3), donde también la presencia de Parques Solares puede llegar a coincidir con la de comunidades étnicas, pero además con la presencia de comunidades campesinas con procesos de constitución de ZRC adelantados.

Mapa 1 Parques eólicos de La Guajira, figuras de ordenamiento ambiental y presencia de comunidades étnicas

Mapa 2 Parque solar Bayunca, figuras de ordenamiento ambiental y presencia de comunidades étnicas

Mapa 3 Parque solar La Sierpe, figuras de ordenamiento ambiental y presencia de comunidades étnicas

3. Los pasivos ambientales y los errores por corregir en el relacionamiento social de la industria energética

Un último elemento a considerar, pero no por eso menos importante, tiene que ver con la conflictividad social “heredada” de la industria minero-energética en la producción convencional de energías no renovables. Se debe considerar tanto en el periodo de lo que quede de E&P de fuentes fósiles, como para la puesta en marcha de la nueva producción energética de fuentes renovables. Estos “pasivos sociales y ambientales”, sin duda, constituirán el corazón de la TEJ desde una perspectiva social.

En trabajos anteriores desarrollados por el IEI-PUJ Cali hemos adelantado algunos insumos que podrían resultar útiles a tener en cuenta en este último punto. Vale la pena mencionar la siguiente: tipología de conflictos sociales asociados a la cadena de valor del sector de hidrocarburos en Colombia, que fue construida a partir de la recolección de información de fuentes primarias y secundarias. Dicha tipología corresponde a los siguientes puntos.

• Conflictos asociados a tierras y territorio: hay tensiones y disputas sociales relacionadas a la reclamación, el acceso, el uso y la tenencia de la tierra en el marco de la cadena de valor de los hidrocarburos. En estos conflictos, por su carácter territorial, intervienen las comunidades campesinas, étnicas y semiurbanas, las instituciones estatales– de carácter local, regional y/o nacional –, las operadoras petroleras, actores armados, población flotante, entre otros.
• Conflictos asociados a la contratación de bienes y servicios: hay conflictos entre comunidades locales y operadoras petroleras a raíz de la percepción de debilidad en las políticas de proveedores (vehículos, compra de material de construcción, comercio local de insumos, entre otros) e incumplimiento de acuerdos pactados sobre la prestación de servicios y bienes presentados o acuerdos incumplidos en la previsión de bienes y servicios (Agencia Nacional de Hidrocarburos [ANH] y otros, 2016).
• Conflictos asociados al medio ambiente: hay tensiones que surgen por el uso y el ordenamiento ambiental entre comunidades – campesinas, étnicas y suburbanas –, el Estado y actores particulares, como lo son las empresas petroleras. De manera particular, estas controversias se presentan, en su mayoría, por valores referidos al acceso, disponibilidad, calidad y condiciones del suelo, agua y medio ambiente, que afectan la calidad de vida de las personas (Rimisp, 2020). Los conflictos ambientales no solo abordan lo medioambiental, sino que también lo jurídico y ético, pues los actores ponen en tensión tanto los intereses propios sobre los recursos naturales, como asuntos como la viabilidad y responsabilidad en la asignación de concesiones, autorizaciones y permisos para el desarrollo de proyectos, en este caso, de hidrocarburos.
• Conflictos asociados a la seguridad y grupos armados: que se divide en 3 sub-problemáticas identificadas en la literatura disponible. A) La primera está ligada a la presencia y afectación de grupos armados. B) La segunda está relacionada con las economías ilícitas y cultivos para uso ilícito. C) La tercera es por la previsión de seguridad y coerción del Estado. Dentro de estas tres categorías se vinculan problemáticas específicas como la violencia del conflicto armado y urbana, la militarización, extracción ilegal de recursos y la siembra extensiva de coca, marihuana y amapola.
• Conflictos asociados al cumplimiento derechos fundamentales: hay reclamaciones y percepciones que tienen las comunidades frente al reconocimiento y la representatividad que tienen en la toma de decisiones en las fases de la cadena de valor y todo lo que la actividad petrolera circunscribe. Las comunidades étnicas, campesinas y semiurbanas expresan inconformidades sobre el reconocimiento de los derechos territoriales que tienen y que el Estado está en el deber de garantizar la pervivencia de cada pueblo, siendo necesario para ello la vigencia plena de sus derechos constitucionales. Especialmente, las organizaciones étnicas gozan del derecho a la Consulta Previa, en la que brindan o no consentimiento de acción sobre su territorio y no debe ser omitido de aplicabilidad (Indepaz, 2011). Estos conflictos no solo tienen motivaciones sociales, sino implicaciones jurídicas y éticas por parte del Estado y los particulares que tiene el poder de transformar el desenlace de las tensiones.
• Conflictos asociados a la participación y percepción ciudadana: hay afectaciones a las condiciones sociales y económicas en las comunidades cercanas a las actividades vinculadas a la cadena de valor (Sandoval, Marín y Almanza, 2017). Algunos de los factores demandados son: crecimiento poblacional, aumento del desempleo, alza en precios de productos y servicios, desplazamiento y afectaciones a ordenamientos territoriales. Similar es la concepción de Rimisp (2020) sobre los conflictos socioculturales, en los que se ven afectadas costumbres y tradiciones sociales, políticas y económicas de comunidades étnicas.

Así mismo, el trabajo del IEI identificó los siguientes factores de riesgo en espacios de diálogo social de la industria minero-energética y que constituyen errores protuberantes a la hora de implementar modelos de diálogo social entre la industria minero energética y sus entornos sociales de influencia.

Convocatoria parcial de los actores estratégicos presentes en el entorno

• La valoración de la convocatoria, es decir elegir a “quién sí y a quién no” invitar, no debe depender de una única perspectiva desde la “securitización” del espacio de diálogo.
• Se debe invitar al opositor. No hay que dar por sentado que no acudirán al espacio. Es mejor invitar y que lo rechacen, que no invitar, pues no hacerlo da cabida a reclamaciones sobre la no garantía del derecho a la participación.

Delegar la convocatoria 100% en terceros

• Puede conducir a dinámicas clientelistas a favor de actores que buscan réditos políticos y/o económicos de las circunstancias.
• Aunque no se sea el responsable de la convocatoria, la no verificación de la inclusión de la totalidad de actores estratégicos puede perjudicar al conjunto de los actores que participan en el espacio, imposibilitar su realización e incluso su desacreditación por vía legal y/o legítima.

Destinar un grupo de representantes que no estén preparados para el espacio

• Que no conozcan el contexto, incluyendo a los actores y las relaciones entre ellos.
• Que cambien con mucha frecuencia.
• Que no se cuente con un grupo específico dialogante, de tiempo completo, en terreno.

Desarticulación entre actores estratégicos empresa-estado

• Aunque no se trate de que empresas y entidades estatales deban estar 100% de acuerdo en todo, hay que tener en cuenta que para la comunidad tiende a haber una noción de asociación directa entre el gremio y el gobierno, por lo que las decisiones de uno pueden impactar significativamente la percepción sobre el otro.

No contemplar las garantías logísticas que asisten el derecho a la participación efectiva

• Contemplar las capacidades reales de los actores participantes. Por ejemplo: necesidad -y costos- de desplazarse de un lugar a otro, canales de comunicación y acceso a internet.
• Mínimos logísticos en igualdad de condiciones, por ejemplo, en la alimentación durante las jornadas de diálogo.

Subvalorar la importancia de la preparación articulada de los espacios de diálogo

• Esta debe hacerse entre los actores estratégicos que participarán en ellos, particularmente en el caso de las entidades estatales.

Descuidar el seguimiento y cumplimiento de compromisos

• Sistematización y distribución efectiva de la información al interior de las entidades participantes.
• Tecnificación de los sistemas para el seguimiento.

Asumir que todos los actores cuentan con iguales capacidades para el diálogo

• El fortalecimiento de capacidades para el diálogo mediante estrategias de formación debe ir en doble vía, tanto para el equipo propio como para los demás actores dialogantes.

Respuestas reactivas a situaciones coyunturales con orígenes estructurales

• El monitoreo de entorno debe estar en capacidad de anticipar las coyunturas de conflictividad social.
• La caracterización de la conflictividad social puede contribuir a formular estrategias más efectivas para su gestión.

4. Recomendaciones nucleares para la Transición Energética Justa: la gradualidad del proceso y la metodología del diálogo social

Uno de los aspectos que mayor resalta de la propuesta de MinEnergía es la temporalidad en la que se espera desarrollar el grueso de las actividades que la componen. Específicamente, las fases expuestas en líneas anteriores de planeación y preparación, creación de visión conjunta y diseño de hoja de ruta comprenden un total de seis (6) meses para su desarrollo.

Dos recomendaciones surgen entonces a considerar en lo que refiere a la complejidad del proceso, tomando como referente la experiencia del IEI-PUJ Cali en espacios de diálogo social.

1. Por un lado, la necesidad de incorporar la gradualidad en el desarrollo del proceso, tanto en el diálogo para la formulación de una hoja de ruta para la TEJ como para su implementación, atendiendo las particularidades del territorio en que se pretenda abordar.
2. Por otro lado, la necesidad de considerar también las diferentes etapas del proceso de diálogo social en sí mismo, de nuevo, más aún tomando en consideración la preponderancia del tema en nuestro país.

La gradualidad espacial

En cuanto al primer escenario relativo a la preocupación sobre la gradualidad de la propuesta, debemos tener en cuenta que la preponderancia de la industria minero-energética, especialmente en lo que atañe a la E&P de recursos no renovables, guarda hoy una distribución territorial diferenciada a lo largo del país.

Esto seguramente tendrá profundas implicaciones al hablar de TEJ en diferentes contextos territoriales. En otras palabras, no es lo mismo hablar de petróleo en territorios como Barrancabermeja (Santander) y Puerto Gaitán (Meta), que en Bogotá o Cali (Valle del Cauca).

Las cifras para el periodo enero-septiembre del 2022 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre producción fiscalizada de crudo y gas, por ejemplo, dibujan un panorama claro de preponderancia de la industria que puede discriminarse por departamentos, como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1 Producción fiscalizada de petróleo y gas enero-septiembre 2022 por departamento

En lo que refiere a producción de petróleo las cifras apuntan a departamentos como el Meta (que concentra el 51,6% de la producción), Casanare, Arauca y Santander. Mientras que, al hablar de producción de gas resaltan departamentos como Casanare (que concentra el 66,2% de la producción), Guajira, Córdoba y Sucre.

Lo anterior solo tiene como referente uno de los eslabones (el de producción) en la amplia cadena de valor del sector de hidrocarburos. Recordemos que esta está integrada por: 1) exploración y sísmica, 2) exploración y perforación, 3) producción, 4) refinación, 5) transporte y 6) comercialización.

De acuerdo con los datos anteriores, cobra aún mayor vigencia la recomendación esbozada previamente en la primera parte de este texto, relativo a la inclusión de enfoques diferenciales también para regiones como el magdalena medio y los llanos orientales.

Retomando la idea de utilizar como insumo base los ejercicios diagnósticos de conflictividad social asociada a la industria minero-energética para la construcción de los lineamientos de la TEJ encontramos que un antecedente útil en cuanto a propuestas de regionalización se encuentra en las regiones analizadas en el Diagnóstico de Conflictividad Social realizado por la ANH (2016) y en el Diagnóstico de la Conflictividad Social de la misma ANH y el MinInterior (2020).

Las regiones destacadas son: 1) Arauca, 2) Caquetá, 3) Casanare, 4) Córdoba – Sucre, 5) Huila, 6) Tolima, 7) La Guajira, 8) Magdalena Medio; 9) Meta, 10) Norte de Santander, 11) Boyacá y 12) Putumayo.

La temporalidad y los niveles lógicos de los diálogos

Por su parte, en lo que respecta al segundo escenario relativo a la preocupación sobre la temporalidad de la propuesta, y tomando como referente la experiencia del IEI-PUJ Cali en materia de diálogo social, consideramos pertinente la evaluación de la temporalidad que se plantea para el desarrollo del ejercicio de diálogo como tal (recordemos, seis meses).

Partimos entonces por reconocer que si bien no existe un parámetro único para determinar cuánto tiempo debería durar un ejercicio de diálogo social, este debe ser asumido como un proceso y no como un evento o una serie de eventos específicos. El IEI-PUJ Cali ha tomado como uno de sus referentes las tipologías de diálogo social y diálogos improbables de John Paul Lederach, ajustándolo a los contextos particulares de nuestro país.

Modelo de Lederach sobre Diálogos Improbables adaptado por el IEI – 2022

Así pues, siguiendo la analogía de un árbol, los tipos de diálogo social que se pueden presentar en un proceso como el que se propone para la elaboración de la hoja de ruta de la TEJ son: i) diálogo de fruto (negociación, proyectos y soluciones), ii) diálogo de tronco (intereses, planes y propuestas) y iii) diálogo de raíz (confianza, visiones y estrategias).

Se trata de tipos de diálogo que no cuentan necesariamente con un orden preestablecido -pueden darse incluso de manera simultánea- pero que constituyen una perspectiva integral que, en todo caso, puede contribuir a generar los cambios estructurales que se requieren para escenarios de alta complejidad como el de la transición energética.

Nos permitiremos entonces ahondar en las tipologías previamente mencionadas, tratando de establecer una articulación de las mismas con relación a la propuesta de diálogo social que propone el MinEnergía, entendiendo que la importancia de la TEJ en el contexto nacional debería abordar de manera progresiva los distintos tipos de diálogo.

En primer lugar, hablamos de diálogo de frutos cuando nos referimos a escenarios que surgen, fundamentalmente, bajo la lógica de negociaciones que apuntan a la consecución de resultados concretos, establecer agendas y operar bajo lógicas de transaccionalidad.

Se trata de escenarios de diálogo que usualmente surgen ante coyunturas que demandan alcanzar acuerdos en periodos relativamente cortos de tiempo. Se posibilitan acciones transformadoras que no necesariamente atienden las razones estructurales de fondo de las problemáticas sobre las cuales se negocia, sino más bien atienden sus efectos más visibles e inmediatos. Tienden a ser, además, escenarios públicos.

Por su parte, hablamos de diálogo de tronco cuando nos encontramos ante escenarios que atienden a la búsqueda de soluciones más estructurales, que no necesariamente responden a coyunturas de atención inmediata y conllevan la consecución de acuerdos que parten del diálogo entre intereses particulares versus intereses comunes. Generalmente, son además semi-confidenciales, para darles la oxigenación y la maduración que difícilmente se alcanza cuando son expuestos tempranamente y sin mayor contexto a la opinión pública.

Por último, hablamos de diálogos de raíz cuando nos encontramos ante escenarios típicamente protagonizados por actores con intereses contrapuestos. Es entonces posible hablar de diálogo de contrarios, cuya finalidad apunta a la construcción de confianza y de visiones compartidas sobre puntos de interés común. En este nivel de diálogo, la contradicción es tan evidente que no se debe pensar ingenuamente en alcanzar consensos sino en construir puentes de confianza que allanen caminos futuros.

Nos referimos a la raíz del diálogo en la medida que contribuyen a que las negociaciones y acuerdos propios de los diálogos de frutos y tronco cuenten con los cimientos necesarios para lograr cambios estructurales y sostenibles en el tiempo. Ya que parten de la ausencia de confianza entre los actores dialogantes tienden a ser diálogos confidenciales.

¿Cuál es entonces la relación entre los tipos de diálogo y la propuesta de MinEnergía?

Reconocemos que es necesario aplicar el diálogo de tronco y frutos en escenarios de atención inmediata que demanda hoy por hoy la TEJ. Este es el caso del corredor minero del Cesar y los conflictos identificados en La Guajira a raíz de los proyectos de energía eólica en territorios wayuú.

No obstante, la transición energética demanda también pensarse en escenarios de diálogos de raíz de mediano y largo plazo si pretende lograr los cambios estructurales y sostenibles requeridos para cumplir con los objetivos que como nación seguramente buscamos proponernos frente al cambio climático. Se trata, por tanto, de construir visiones conjuntas sobre qué entendemos por TEJ, lo contrario de ninguna manera se puede dar por hecho.

[1] Campesino(a): Sujeto* intercultural, que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza; inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado y/o en la venta de su fuerza de trabajo.

*“Sujeto campesino” es una categoría social que incluye a todas las personas, sin distingo de edad, sexo y género (Comisión de Expertos, 2018, p. 4).