Un año del estallido social en Colombia

Hoy, 28 de abril, se cumple un año del estallido social que generó diversas movilizaciones y actos de protesta que se mantuvieron vigentes durante varios meses. Las manifestaciones no solo se presentaron en Bogotá, donde suelen concentrarse, sino que se replicaron en diferentes ciudades tales como Cali (recordemos Puerto Resistencia), Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Pasto, Villavicencio, e incluso Medellín, entre otras. En total, entre el 28 de abril y el 4 de junio, el Estado colombiano reportó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) la realización de 12.478 protestas que tuvieron lugar en los 32 departamentos del país.

Antes de continuar, merece la pena recordar que el reciente ciclo de protesta en Colombia inició desde el 21 de noviembre del 2019 y que el pliego de peticiones presentado por el Comité Nacional del Paro (CNP), que recogió en su momento 104 puntos, refleja la diversidad de reivindicaciones de distintos colectivos que se vienen reiterando y ampliando al gobierno nacional desde entonces.

Actores y agenda

En el 2021, el detonante de la movilización fue la reforma tributaria encabezada por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pero justamente la duración y la intensidad de las manifestaciones se debieron a la confluencia de actores que participaron en las mismas, así como a la multiplicidad de temas frente a los que la población expresó su descontento. Todo esto se desarrolló en el marco de un escenario social tenso y económicamente debilitado por los efectos de la pandemia.

A la participación del CNP, conformado principalmente por sindicatos, se sumaron víctimas de la violencia, campesinos, indígenas, transportistas, ciudadanos que veían afectada dramáticamente su calidad de vida, pero sobre todo jóvenes y estudiantes fueron protagonistas de las movilizaciones.

La reforma tributaria se cayó, pero los reclamos se diversificaron: cumplimiento de los acuerdos de paz, rechazo a la corrupción, respuesta a la crisis económica, avances en el proceso de vacunación contra el covid, aumento de inversión presupuestal en la educación superior, reforma al sistema de salud, acciones contra el asesinato de líderes sociales, protección del medio ambiente, entre otras, alimentaron la agenda de las demandas hechas al Gobierno.

Las negociaciones para poner fin al paro nacional se caracterizaron por la falta de consensos y las tensiones fueron permanentes, principalmente sobre las posiciones referidas al levantamiento de los bloqueos y las garantías para la protesta. Motivo de preocupación fueron los reportes de ONG nacionales y distintas instituciones internacionales sobre el manejo dado por parte del Gobierno colombiano a las protestas.

Uso de la Fuerza Pública

El reporte del 7 de julio de 2021 de la Cidh criticó fuertemente el uso desproporcionado de la fuerza, las desapariciones, la violencia ejercida contra los periodistas y las misiones médicas y el uso de la asistencia militar. La ONG Temblores registró el uso de violencia homicida, física y sexual y, en el informe elaborado junto a Indepaz, señalan que entre el 28 de abril y el 28 de junio de 2021 hubo 75 asesinatos (44 con presunta autoría de la Fuerza Pública), 83 víctimas de violencia ocular, 28 víctimas de violencia sexual, 1.832 detenciones arbitrarias y 1.468 casos de violencia física, para la sumatoria total de 3.486 casos de violencia policial. Por su parte, el Estado colombiano registró 1.253 policías heridos.

Aunque hasta el momento se han logrado avances significativos en temas como la vacunación contra el covid (a 11 de abril del presente año el 68,82 % de la población cuenta con el esquema de vacunación completo) y el Gobierno anunció la gratuidad en la educación pública universitaria, tecnológica y técnica para los estratos 1, 2 y 3 a partir del segundo semestre de 2021, en el panorama actual, varias de las demandas que causaron el estallido social siguen estando muy vigentes.

Algunos de los temas pendientes

El Acuerdo de Paz: el presidente Duque intervino el pasado 12 de abril ante el Consejo de Seguridad de la ONU para presentar un informe de su política de Paz con Legalidad. Previo a la intervención, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, resaltó los esfuerzos para la consolidación de la paz, pero también recalcó que los niveles de avance de la implementación de los puntos del acuerdo son distintos y sugirió la necesidad de tomar medidas para mejorar la situación.

Por su parte, António Guterres, secretario general de la ONU, instó al cumplimiento integral de los acuerdos y advirtió sobre la creciente violencia en algunas regiones del país y su impacto particular en las comunidades indígenas y afrocolombianas. Señaló que en el último informe trimestral (enero-marzo) sobre la implementación del acuerdo se destaca el asesinato de 11 exguerrilleros de las Farc-EP, alcanzando una cifra de 315 asesinados desde la firma del mismo. Asimismo, el pasado 28 de marzo 11 personas fueron asesinadas en Puerto Leguízamo, Putumayo, y organizaciones de la sociedad civil aseguran que entre los muertos se encuentran civiles, incluyendo un líder indígena y un menor de 16 años.

Los líderes sociales y la problemática ambiental: la Defensoría del Pueblo reportó 52 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2022 (13 en enero, 18 en febrero y 21 en abril). La mayoría de los casos se han registrado en Cauca (8), Putumayo (7), y en Nariño, Arauca y Norte de Santander, con 4 casos en cada uno de estos departamentos. La mayoría de los líderes y lideresas asesinadas trabajaban en pro de la defensa de la tierra y el medio ambiente. Sobre este último, puede mencionarse que a pesar que 24 Estados de la región han firmado el Acuerdo de Escazú, Colombia aún no lo ratifica, lo que ha sido muy criticado por expertos en el tema, debido a la emergencia ambiental y social presente en el país.

Pobreza: el martes pasado, el Dane presentó los datos de pobreza monetaria en Colombia para 2021 y, aunque hubo una disminución de 3,2 puntos porcentuales, la cifra se ubica en el 39,3 %. Juan Daniel Oviedo, director del Dane, expresó que sin las ayudas institucionales la cifra hubiera aumentado hasta el 42,9 % y que la inflación no permitió que la misma bajara hasta el 35,9 %. La pobreza monetaria extrema también se redujo en 2,9 %, pero afecta al 12,2 % de los habitantes del país.

Aunque ciudades como Bucaramanga y Villavicencio presentaron una mejoría, Quibdó (64,8 %) y 3 ciudades del Caribe tales como Riohacha (57,1%), Santa Marta (55,1 %) y Valledupar (53,35 %), tienen a más del 50 % de su población en situación de pobreza monetaria. A su vez, Quibdó (30,4 %) y Riohacha (27,5 %) son las ciudades con la mayor incidencia de la pobreza monetaria extrema.

Adicional a esto, el 31 % de la población nacional se considera vulnerable, y solo el 27,8 % pertenece a la clase media y el 1,8 % a la clase alta. El Dane publicará durante hoy jueves las cifras de pobreza multidimensional.

Los jóvenes: la principal preocupación de los jóvenes tiene que ver con la falta de oportunidades y empleo. Según el Pnud, en el segundo trimestre de 2021 la tasa de ocupación de los jóvenes fue de 42,3 % y la tasa del desempleo fue de 23,1 %. Desde 2016 ambas tasas se han precarizado, pues la ocupación ha tenido caídas sostenidas y el desempleo ha aumentado de manera generalizada.

De manera particular, las mujeres jóvenes han tenido incrementos más marcados en la tasa histórica de desempleo, que se ha profundizado en el marco de la pandemia, lo que aumenta la brecha de género.

Frente a las precarias respuestas del gobierno actual, el futuro o la futura presidente de Colombia tendrá en sus manos la gestión de estos desafíos.

Para no olvidar

Haciendo un balance del estallido social de 2021, es importante mencionar que la gran mayoría, el 89 % de las protestas (de acuerdo el informe presentado por el Gobierno colombiano a la Cidh), se desarrollaron sin registrar hechos de violencia y contaron con el acompañamiento de las personerías municipales, gestores de convivencia, funcionarios de la defensoría del pueblo y agentes policiales. Esto nos recuerda la importancia de garantizar el derecho a la protesta, lo que implica tener claridad sobre la respuesta de la Fuerza Pública a las movilizaciones sociales, que debe estar siempre guiada por el respeto a los derechos humanos de todos los manifestantes.

Igualmente, no resulta conveniente echar en saco roto las recomendaciones de la Cidh y se debe hacer seguimiento a los casos de violencia (recientemente la Fiscalía comunicó que llevará a juicio a tres policías por su presunto rol en varios homicidios cometidos durante el paro nacional de 2021, en Cali), así como adelantar la reparación integral a las víctimas.