Hace tres días, un juez de Barrancabermeja suspendió los pilotos de fracking en Puerto Wilches. Pero incluso antes de que se volvieran una realidad, la violencia en este puerto sobre el Río Magdalena se ha intensificado en los últimos meses, y aunque no hay un nexo probado entre lo uno y lo otro, muchos pobladores los relacionan.
Hace dos semanas, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz publicó una alerta sobre el incremento de amenazas de muerte contra líderes ambientales en Santander, el departamento donde más han amenazado a personas que “se oponen a proyectos de extracción petrolera o minera públicamente”.
Según el informe, en los últimos 18 meses, han matado a nueve de esos líderes en Puerto Wilches. La Silla Vacía estuvo allá hace dos semanas y el temor es evidente.
Un puerto atemorizado
La Silla llegó a Puerto Wilches pasadas las doce. La ruta del mediodía que viene del municipio de San Pablo aún no llega al muelle de Puerto Wilches. El río Magdalena está crecido y los lancheros que a diario traen y llevan gente desde los pueblos del Sur de Bolívar hacia el Magdalena Medio santandereano andan más despacio, esquivando los troncos que arrastra el fuerte caudal.
Bajo la sombra de una lámina de zinc del terminal fluvial, dos jóvenes maleteros charlan mientras esperan el equipaje para subir o bajar a la lancha que está retrasada. Los interrumpe el grito de una señora, que discute con el conductor de un motocarro en la acera de enfrente: “¡Por eso es que los matan, por malandros! no le estoy diciendo que me regale la plata…”.
Según uno de los maleteros, el señor es un prestamista. “Pero quién se va a poner a pelear aquí, frente a todo mundo…eso es buscar la muerte”, dice, mientras niega con la cabeza.
“No, pero eso le pasa a los que andan en cosas…que los pescan con vicio”, le responde el otro. Es su parte de tranquilidad sobre la ola de homicidios desatada en el municipio desde finales de septiembre pasado. Aún así, apenas se atreve a susurrarlo.
El homicidio más reciente fue el martes 19 de abril. Al mediodía dos hombres en una moto balearon a Wilmar Mojica, un reciclador de 34 años que al parecer consumía drogas. Su cuerpo quedó tendido a un lado de una calle del barrio La Ciénaga.
Con él, en lo que va del año han sido acribilladas once personas en Puerto Wilches. Son nueve más que durante el mismo periodo de 2021. Todo en el marco de la incursión del Clan del Golfo —que opera en gran parte del Magdalena Medio y acaba de llegar a Puerto Wilches— y su puja con dos bandas criminales de vieja data que operan en allí.
La Policía del Magdalena Medio ha esclarecido cuatro de los casos y tres de ellos son de peleas entre organizaciones criminales por controlar el puerto.
En Puerto Wilches sucede, básicamente, lo mismo que en varias partes del país donde han explotado varios conflictos entre bandas que se disputan las rentas ilegales aprovechando el vacío que dejó la salida de las Farc y la incapacidad del Estado de ocuparlo.
La particularidad del puerto es que al combustible del microtráfico se ha sumado la expectativa de la plata que le podría entrar al municipio por cuenta del fracking.
Solo durante el año del proyecto piloto de Ecopetrol, habría 250 empleos, 3 mil millones de pesos en inversión social, y el 8 y 6,5 por ciento de lo que produzca el piloto en petróleo y gas, respectivamente, en regalías para el municipio.
Hablamos con dos autoridades de la región, dos periodistas, un líder de derechos humanos y tres empresarios que aceptaron hablar de manera confidencial por seguridad y todos, desde sus posiciones, coincidieron en que el anuncio del piloto hace dos años se convirtió en caldo de cultivo para que los grupos armados profundizaran la violencia con miras a tener el control del territorio para extraer las rentas de esta explotación energética.
La incursión
Desde hace al menos diez años, dos bandas criminales locales que viven del microtráfico de Puerto Wilches y poblaciones aledañas más pequeñas se dividen el negocio ilegal por barrios y corregimientos. No son estructuras de más de 30 personas y cambian de nombre y de miembros constantemente. Actualmente se identifican como ‘los del Ñongo’ y los de alias ‘Juan Pablo’.
La primera y más conocida, está al mando del exparamilitar Armando Ávila, quien está preso desde 2014 y define desde la cárcel quienes venden la droga en buena parte de Puerto Wilches.
Los de alias ‘Juan Pablo’, según nos dijo una fuente oficial, operan respaldados por el ELN, guerrilla que tiene el control territorial y social de varios municipios del Sur de Bolívar, cruzando el río Magdalena. “Esa banda trabaja como una franquicia del ELN”, dijo.
A través de ellos, el ELN no ejerce control territorial en Puerto Wilches pero mantiene rutas de narcotráfico, tráfico de armas y de oro que explotan ilegalmente en el Sur de Bolívar. Además, lo utiliza como un lugar de resguardo temporal.
Estos grupos mantenían una calma chicha, pero la incursión de una facción del Clan del Golfo que viene del Sur de Bolívar ha alterado el precario equilibrio desde que llegaron en septiembre.
El 29 de marzo a las tres de la mañana, estalló una granada en el pórtico de una casa en el barrio La Ceiba de Puerto Wilches. Justo en frente del Centro de Integración Ciudadana, donde el Gobierno ha hecho la mayoría de socializaciones sobre el proyecto de fracking y a unos cinco minutos en motocarro del río Magdalena.
La explosión voló parte del techo de la casa y la ventana vecina pero no dejó heridos. En medios dijeron que había sido un ataque contra un jefe de seguridad de una empresa palmicultora. Sin embargo, una fuente institucional y otra de la fuerza pública que atendieron el caso, le dijeron a La Silla que eso era falso.
“A esa hora de la madrugada, en la casa había una mujer y un joven. Solo dijeron que habían llegado hace poco al municipio y que arrendaron cuartos en esa casa. No supieron responder quién era el dueño o arrendatario”, nos dijo una de las fuentes.
“El responsable de la casa tendría relación con la estructura del Clan del Golfo recién llegada y la granada fue un recado: ‘váyanse’”, nos dijo la otra.
Fue un escalamiento de la violencia que ya se venía cocinando. Tal y como nos dijeron todas las fuentes con las que hablamos, desde finales de septiembre, cualquier comerciante, desde el dueño de un negocio grande como un restaurante o un hotel, hasta el tendero que vende mecato en la sala de su casa, tiene una historia de extorsión que contar.
La verdadera plata, sin embargo, no está allí. Está directamente en la contratación del sector petrolero. Y el temor es que se profundice cuando arranque el fracking.
El negocio de los contratos
Desde hacía unos días estaba circulando en los whatsapp de gente del municipio un panfleto del ELN que arrancaba con la frase: “Se les informa de los ajusticiamientos que se han realizado en la zona por nuestras tropas” y a continuación, los nombres de víctimas recientemente asesinadas por ellos a quienes acusan de ser colaboradores del Clan del Golfo.
Uno de los que menciona es Luis Gabriel López, un hombre de 30 años que trabajaba como mototaxista. El 1 de abril, su cuerpo fue hallado flotando a la orilla del río Magdalena. Tenía varias contusiones en la cabeza y en toda la espalda una marca sobre su piel con aerosol negro que decía “ELN”.
El panfleto incluía amenazas a varias personas presumiblemente integrantes de bandas criminales pues varias de ellas aparecen identificadas con alias, pero también incluía el nombre de un líder social conocido en el municipio. Varios de los consultados por La Silla entendieron su inclusión como un mensaje de que su actividad, muy relacionada con la gestión de empleo dentro de la industria petrolera, está incomodando.
En la misma línea, hace cinco días circuló otro panfleto, esta vez membreteado por el Clan del Golfo. Ahí declaran objetivo militar a un puñado de líderes sociales y ambientales de varios municipios del Magdalena Medio, entre esos, a tres de Puerto Wilches. Dos de ellos, además de su activismo social, gestionan la contratación de suministros para la industria petrolera.
Y es que en este momento, más que el liderazgo ambiental, lo que está poniendo en riesgo a los líderes en Puerto Wilches es el rol que juegan en la gestión de empleos para la industria extractiva.
El negocio de los empleos
Como en muchas zonas petroleras, en Puerto Wilches, Ecopetrol ha pactado con los sindicatos “una bolsa de empleo”, que consiste en un sistema de cupos para acceder a las ofertas de empleo de la empresa estatal, bien sea directamente o a través de subcontratistas.
En teoría, quien quiera trabajar presenta su hoja de vida en una bolsa de empleo y según su perfil y las ofertas, es seleccionado por las asociaciones o federaciones de empleados a la que pertenezca.
Sin embargo, en la práctica lo que pasa es que para entrar a esa bolsa de empleo muchos tienen que pagar por su cupo, que gestionan a través de líderes comunitarios o sindicalistas en una red informal de corrupción dentro del sistema. “El cupo puede ser hasta de un millón de pesos”, nos dijo una fuente de la Alcaldía.
Como hay plata allí, las bandas criminales se han metido y “presionan a los líderes para que ellos consigan puestos de trabajo a su gente o para que vacunen a la gente que sale favorecida para trabajar”, nos dijo una fuente de la Fuerza Pública. Los que se oponen o no siguen sus lineamientos sufren un castigo, así como los que le son funcionales a la otra banda.
En noviembre, mataron a un líder que justamente tenía injerencia en los cupos de la bolsa de empleo. Era Robinson Jiménez, miembro de la Unión Sindical Obrera y líder de la Asociación de Taladreros del municipio. Como representante de la asociación manejaba la inclusión de hojas de vida en la bolsa de empleo. En octubre, Jiménez estaba saliendo de su turno de trabajo, en inmediaciones del río Magdalena, cuando le pegaron seis tiros. Estuvo 32 días en la clínica y finalmente falleció.
Ese hecho acrecentó el temor de líderes sociales y ambientalistas que desde la Alianza Colombia Libre de Fracking denunciaron amenazas de muerte en febrero de 2021. Y es que las amenazas hacia los líderes no son necesariamente para callarlos. También para presionarlos a que trabajen para ellos o se hagan a un lado.
Seis fuentes, entre líderes, fuentes oficiales y empresarios del sector, nos confirmaron que las bandas criminales —como lo hacía en el pasado el ELN en Barrancabermeja— en el municipio también tienen injerencia en la contratación de personal de las empresas que le prestan servicios o suministros a Ecopetrol.
El mecanismo, según ellos, es amenazar y presionar a esas empresas para que les den puestos de trabajo, donde ubican personas que mantienen afinidad con sus estructuras criminales y quienes, a su vez, gestionan empleos y contratos para otras personas.
“La mayoría, si no todos los suministros en Wilches están intermediados por intereses de las bandas”, nos dijo un pequeño empresario que el año pasado tuvo un contrato de logística con una empresa más grande, operadora de Ecopetrol.
El servicio que prestan se necesita constantemente y a final de año, cuando les dijeron que no les iban a renovar el contrato, intentaron persuadir a sus contratantes para que los mantuvieran en el cargo.
“Ahí nos enteramos de que iban a contratar una empresa de afuera y nos paramos en la raya”, dice.
Tal y como contamos en esta historia, la pelea de la comunidad porque la industria le de trabajo a la gente de la región y no importe empleados, es histórica. Esa fue justamente la primera gran discusión que se dio alrededor del piloto de fracking a principios de 2021. Miembros de sindicatos y federaciones de desempleados protestaron contra Ecopetrol el día que llegó al municipio con una caravana de camionetas e ingenieros foráneos.
Cuando se iban a quedar sin el contrato, organizaron a sus trabajadores y pararon los servicios que prestaban en señal de protesta, impidiendo la jornada normal laboral. “A los dos días nos mandaron a callar”, cuenta uno de ellos, susurrando. “Un man que yo no había visto nos buscó ahí y nos dio el recado frente a todos”.
Les dijo que debían presentarse inmediatamente a una dirección específica. “Era una casa normal, de vivienda. Entramos y en un cuarto solo había un man detrás de un escritorio. Se presentó como miembro del Clan del Golfo y así como amable nos preguntó por qué protestábamos”, recuerda el empresario.
Dice que no vieron que tuvieran armas, pero que igual sintieron mucho miedo. Al desconocido vestido de negro que les pedía explicaciones, le dijeron que no querían perder su contrato de servicios. “Es que ya lo perdieron”, les respondió el hombre. “Es mejor que dejen eso así”.
La protesta y el trabajo terminaron ahí mismo.
De modo que la pelea entre bandas en Puerto Wilches no es solo por el microtráfico y la extorsión. También es por el control de los cupos laborales y los contratos. No solo de los actuales, sino de los que podría haber en caso de que el fracking avance a pesar de la tutela que le puso freno de mano.
