Las denuncias existen desde hace años. Cada nuevo director que llega a la Dirección Nacional de Estupefacientes denuncia el desorden de la entidad, o la corrupción. Esta vez parece ser diferente
El Director Nacional de Estupefacientes, Juan Carlos Restrepo, anunció la decisión de intervenir la institución para desenmascarar el foco de corrupción que funciona en el interior de la entidad.
Foto: Sara Rojas
Las denuncias existen desde hace años. Cada nuevo director que llega a la Dirección Nacional de Estupefacientes denuncia el desorden de la entidad, o la corrupción. Esta vez parece ser diferente.
El 16 de agosto de 2007, cuando el periódico El Tiempo denunció que el Grupo Nule había logrado hacer el cierre financiero de la concesión de la doble calzada Bogotá – Girardot gracias a un préstamo por más de 25 mil millones de pesos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el mismo presidente Uribe salió en los medios a reprochar el mal uso de los recursos públicos de la entidad.
Dos años después, en agosto de 2009, el entonces Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio anunció una auditoria al DNE después de que la ingeniera agronoma Liliana Garavito denunció con grabaciones en la mano que le tocó pagar a Adolfo Figueroa, padre del antiguo director de Estupefacientes Omar Figueroa, 210 millones de pesos para que le adjudicaran dos fincas arroceras incautadas en Puerto López, Meta. Entregó a la Fiscalía hasta la grabación del acuerdo verbal.
Y un año después, cuando el 15 de septiembre de 2010, el Espectador denunció que la sociedad Transciba que fue incautada a ‘el Loco Barrera’ terminó en manos como depositario de Justo Pastor Báez, quien resultó ser el ahijado de matrimonio del capo de la mafia, el entonces director Albornoz anunció la revocatoria de la administración de los bienes entregados a Báez y nuevas medidas.
El nuevo director de Estupefacientes no fue la excepción. Apenas se posesionó, Juan Carlos Restrepo anunció que depuraría los listados de los encargados de administrar los bienes incautados a la mafia.
Parecía otra declaración de buenas intenciones, como las hicieron sus antecesores. Sin embargo, dos cosas eran diferentes: Restrepo anunciaba las medidas antes de que lo salpicara algún escándalo y dos, pasó de las declaraciones a los hechos y hoy se produjo la ‘intervención’ de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Es imposible ‘intervenir’ una entidad pública, que ya está bajo la tutela del Gobierno, ya que esta es una figura que normalmente aplica el Estado a empresas privadas como los bancos. Pero es una forma de decir que las autoridades competentes ‘intervendrán’ para finalmente ponerle coto a la corrupción y el desorden que reinan en esa entidad desde hace años. Y en eso radica la gracia de lo ocurrido ayer.
Desde hace más de treinta años, la Dirección Nacional de Estupefacientes incauta los bienes de los mafiosos y los administra hasta que se declara la extinción de dominio. Se calcula –porque parte del problema es que nadie lo sabe con certeza- que existen unos 76 mil bienes incautados que pueden ir desde caballos de paso fino hasta fincas de grandes extensiones o empresas. Como para una entidad es imposible tener el control físico de todos estos bienes, la DNE adjudica estos bienes a particulares para que los administren, los alquilen o los usufructen. Por ejemplo, le entrega a alguien una estación de gasolina para que la trabaje y a cambio se quede con el 8 por ciento de las utilidades, y el resto las revierta al Estado.
Pero como pocas cosas ofenden tanto a un mafioso como que le quiten sus bienes, ellos suelen encontrar la forma de ‘recuperarlos’ por la derecha. Y la forma de hacerlo es poner a un testaferro como adjudicatario del bien de la DNE. En casos menos graves, simplemente se han adjudicado estos bienes con criterio político a congresistas o sus amigos, o incluso a funcionarios de la institución. Como en todo caso, la adjudicación del bien en muchos casos era caprichosa, funcionarios corruptos de la institución aprovechaban para presionar al adjudicatario para que les diera una comisión a cambio de no quitarles el bien.
Las nuevas medidas
Juan Carlos Restrepo, abogado de la Universidad de los Andes con una maestría en seguridad y defensa de la Escuela de Guerra, viene de trabajar como directivo de la multinacional tabacalera British American Tabacco. Y conoció a Santos cuando creó la Fundación Querido Soldado, que le enviaba cartas de agradecimiento de los ciudadanos a los soldados en todo el país y kits con elementos básicos para mejorar su vida cotidiana. Esto los acercó. Cuando Restrepo asumió el cargo, lo hizo con el compromiso de darle un vuelco a la entidad y convertirla en una verdadera agencia anti-drogas. Atacar los focos de corrupción era el primer paso.
Por eso, apenas Restrepo llegó a la dirección de Estupefacientes lo primero que hizo fue pedirle al Subdirector de Sistemas Luis Molino que le instalara en su computador el FALCO, como se llama el software donado hace ocho años por el gobierno gringo para llevar el inventario de bienes. Restrepo dice que tardaron tres semanas en instalárselo. Y cuando finalmente lo tuvo se dio cuenta que casi cualquier persona tenía acceso al sistema. Y no cualquier acceso. Podían no solo leer la información sino también modificarla. Cambiar el número de matrícula inmobiliaria del bien o borrar un bien o cambiar un nombre.
Restrepo le pidió entonces a una persona de su confianza que revisara la seguridad del sistema y sus informes dieron para concluir que había indicios suficientes para pensar que se podría tratar de un caso de corrupción.
Algunos de los hallazgos indican que bienes de la entidad ya no son parte de su patrimonio porque volvieron a manos de los narcos o pasaron a las de algunos tenedores y que muchos precios de activos o terrenos fueron adulterados.
Con esta información, Restrepo puso una denuncia en averiguación (es decir contra nadie en particular) ante el Fiscal General, quien a su vez designó al director de la Dijin para que iniciara la investigación. Y también le puso la queja a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Supersociedades para que acompañen todo el proceso.
La unidad de delitos informáticos de la Dijin, que es el organismo de inteligencia de la Policía, se centrará sobre todo en analizar qué información fue borrada del sistema FALCO, para reconstruir los delitos cometidos.
Por otro lado, Restrepo entabló la semana pasada una Acción de Recuperación contra el consorcio SSUMMA, integrado por las empresas Consulcontaf Ltda, Geospatial Ltda, Links SA y Royal Technologies. Este consorcio firmó en 2005 con la DNE un contrato por casi 4 mil millones de pesos para realizar el inventario y la depuración de la información sobre los bienes incautados, y nunca entregó nada. Razón por la cual la DNE liquidó unilateralmente el contrato en septiembre de 2009.
La última acción de Restrepo fue expedir una resolución creando nuevos requisitos para recibir un bien como adjudicatario, que incluye una prueba de polígrafo y una confesión ante notario de no ser un testaferro de los narcos. Y comenzó a tomar medidas para evitar que continúe el pago de comisiones por recibir un bien, práctica que ya era común en la entidad.
Restrepo espera que estas medidas sean el primer paso para volver la entidad ‘una pecera’. El tiempo dirá si lo logra. Pero por lo menos intentarlo es ya un logro.
